1. Transformaciones económicas
1.1. Proceso de desamortización y cambios agrarios
1.1.1. Antecedentes
Durante el reinado de Carlos III, se empezó a criticar la vinculación de bienes y tierras tanto a nobles como a la Iglesia y a los ayuntamientos, considerándolo como la principal causa del estancamiento agrario. De tal forma, se empezó a proponer la detención de la amortización e incluso su supresión.
A partir de 1795, con Godoy, se inicia una pequeña desamortización en la que se declaran en venta bienes eclesiásticos, destinando lo obtenido a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia.
Durante la Guerra de la Independencia, tanto el gobierno bonapartista como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas, poniendo a la venta sus propiedades. Sin embargo, con la restauración del absolutismo en 1814, estas leyes se anularon, aunque volverían a entrar en vigor en el Trienio Liberal (1820-1823).
1.1.2. La desamortización de Mendizábal
Con estos precedentes, a partir de 1833, el proceso de desamortización se aceleró por varias causas:
- La guerra obligaba al Estado a obtener recursos.
- Clima anticlerical por todo el país a causa del apoyo del clero al pretendiente carlista.
- Los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, presionaban al gobierno para que les devolviera sus bienes. Eran hombres ricos que formaban un grupo muy influyente, esencial para el bando cristino.
Por esto, no es extraño que los gobiernos liberales fueran poco a poco avanzando hacia la desamortización. En este contexto, se publicó la primera de las dos grandes leyes de desamortización: la de Mendizábal, en 1836, en la que se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular. Sus objetivos eran:
- Sanear la Hacienda reduciendo la deuda.
- Conseguir el acceso a la propiedad a los sectores burgueses.
- Crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.
Además, desde 1841, se incluyeron los bienes del clero secular. Fue finalmente con la vuelta de los moderados, en 1844, cuando se suspendieron las subastas, aunque el gobierno del general Narváez reconoció las ventas ya realizadas.
En total, entre 1836 y 1844 se vendieron propiedades por valor de unos 3.000 millones de reales, desamortizándose el 62% de las propiedades de la Iglesia. Sumando lo que se consiguió vender durante el Trienio, el Estado logró recaudar unos 4.500 millones de reales (la deuda era de 14.000 millones).
Consecuencias de esta desamortización:
- Desmantelamiento casi completo de la propiedad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo fue igualmente suprimido en 1837. Solo en 1845 se establecería una Contribución de culto y clero.
- La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo.
- No se produjo un aumento de la producción agraria, como se esperaba, ya que los nuevos propietarios, por lo general, no introdujeron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando rentas, sustituyendo el pago del diezmo o de derechos señoriales por contratos de arrendamiento.
- Se acentuó el latifundismo, ya que las tierras y fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes, a grandes inversores y especuladores, constituyendo la nueva élite terrateniente (caciques, viejos señores…) que controlará el poder durante el reinado de Isabel II, ya sea en el partido moderado o en el progresista.
Los que desde luego no compraron fueron los campesinos porque o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar o no tenían dinero para hacerlo. Además, normalmente las subastas estaban amañadas entre los grandes inversores y los que presidían la subasta.
En las ciudades ocurrió lo mismo: la desamortización contribuyó a que la alta burguesía acaparase los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, que se verán confinadas en viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.
1.1.3. La segunda gran desamortización: la ley Madoz
Se inició en 1855 con la Ley de Desamortización General, conocida como la Desamortización de Madoz. En ella se declaraban a la venta:
- Toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado.
- Toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes a la Iglesia.
- Las tierras de propios y baldíos de los municipios.
Pretendía completar y terminar el proceso iniciado por Mendizábal en 1836. Entre 1855 y 1856 se subastaron más de 43.000 fincas rústicas y unas 9.000 urbanas por un valor cercano a los 8.000 millones de reales, destinándose este dinero a amortizar la deuda y a cubrir las necesidades de la Hacienda tras la abolición del impuesto de consumos.
Las consecuencias de esta segunda desamortización fueron la eliminación de la propiedad comunal y de lo que quedaba de la eclesiástica. Esto provocó:
- Empeoramiento de la situación económica del campesinado.
- Ruptura de las relaciones con la Iglesia.
En conjunto, si se suman ambos procesos, entre 1836 y 1856 se transfirió la propiedad de 10 millones de hectáreas (20% de la superficie nacional). En realidad, la desamortización de Madoz estuvo en vigor hasta 1895, año en que fue derogada, pero desde 1856 apenas hubo ya subastas.
En conjunto, el proceso desamortizador contribuyó claramente al cambio hacia una sociedad burguesa y significó el traspaso de una enorme masa de tierras a los nuevos propietarios y la fusión de la antigua aristocracia con la burguesía urbana para crear la nueva élite terrateniente.
Solo podemos entender la importancia de la desamortización si la relacionamos con los demás cambios que se producen:
- Eliminación definitiva de los mayorazgos.
- Abolición del régimen jurisdiccional.
- Libertad de cercamiento de las tierras y de comercio de los productos agrarios.
- Reorganización administrativa del país a iniciativa de Javier de Burgos en 1833, centralizando la Administración y dividiendo el Estado en las provincias actuales.
Sin embargo, y pese a los intentos desamortizadores para la modernización y aumento de la producción agraria, esta solo creció lentamente. Fue una agricultura estancada que ni suministraba mano de obra a la industria ni un mercado suficiente para los productos fabriles, suponiendo un lastre importante para el desarrollo de los demás sectores productivos.
1.2. Las peculiaridades de la incorporación de España a la Revolución Industrial
La evolución de la economía española hasta 1868 es lenta en relación con otros países europeos en el mismo periodo. Las causas de este retraso eran:
- Condiciones geográficas: La orografía compleja y un clima duro no facilitaban las comunicaciones, dificultando el desarrollo de un mercado nacional articulado y encareciendo el transporte.
- Escasez de materias primas: La falta de fuentes de energía y su dispersión geográfica hacían costosa la producción y obligaban a importar hierro.
- Lento crecimiento demográfico: Supuso falta de mano de obra industrial y carencia de un mercado interior capaz de absorber la producción.
- Pérdida de las colonias americanas: Significó la ausencia de mercados y fuentes de materias primas fundamentales para el despegue industrial.
- Falta de capitales: Impidió una inversión masiva para cambiar las técnicas de producción.
- Papel del Estado: La política proteccionista favoreció los intereses agrarios e impidió la competencia capitalista, potenciando el inmovilismo tecnológico.
1.2.1. Modernización de las infraestructuras: el sector industrial
Si había un retraso considerable en el sector agrario, la industria española estaba en similares condiciones; el bajo nivel de vida de la población era un obstáculo para la formación de un mercado potente.
Los salarios eran muy bajos porque sobraba mano de obra en el campo. Sin embargo, esta población sobrante no emigraba a las ciudades ante la falta de empleo industrial, y el escaso desarrollo de las industrias de consumo significaba una baja demanda de maquinaria.
Hacia 1830, solo un sector y una ciudad habían iniciado su industrialización: el textil de Barcelona. Las causas de ese despegue estaban en la mecanización acelerada y en la política proteccionista. La introducción de la energía de vapor y la mecanización de las fábricas textiles dio lugar a una disminución de costes y precios, pero con la pega de sustituir la mano de obra masculina por niños y mujeres con salarios mucho más bajos.
No es extraño, por lo tanto, que fueran los obreros catalanes los más concienciados y los primeros que se organizaron en defensa de sus derechos, naciendo entre ellos el movimiento obrero español. Los gobiernos de los años 30 y 40 realizaron una política proteccionista que permitió a los productos catalanes competir con ventaja. El intento de Espartero de introducir el librecambio es una de las claves de su fracaso y de revueltas como la de 1842.
Mucho menor fue el desarrollo del sector siderúrgico. Aunque la demanda de hierro creció a partir de 1830, no hubo un despegue propiamente dicho por la falta de mecanización, la importación de materiales extranjeros para el ferrocarril y el alto coste del carbón español. Hay tres etapas en la formación de la siderurgia española del XIX:
- Etapa inicial (1830-1860): Predominio de los altos hornos andaluces.
- Segunda etapa (1860-1880): Predominio de los altos hornos asturianos.
- Tercera etapa (desde 1880): Predominio vizcaíno.
Otras industrias como la harinera, aceitera o del calzado crecieron, pero a pequeña escala. En cuanto a la minería, los problemas financieros llevaron a entregar la explotación a acreedores extranjeros, quienes se llevaron los beneficios.
2. Transformaciones sociales
2.1. Crecimiento demográfico
La población española creció de forma importante en el siglo XIX, aunque a una tasa inferior a la media europea. El principal lastre era la alta mortalidad (27% a mediados de siglo) debido a:
- Sucesivas guerras en el primer tercio del siglo.
- Crisis agrarias cíclicas y subalimentación.
- Epidemias infecciosas como el cólera (especialmente en 1865 y 1885) y la tuberculosis, que afectó gravemente a las clases trabajadoras por sus malas condiciones de vida.
Influyeron en el descenso de la mortalidad los esfuerzos por mejorar la higiene urbana (recogida de basura, limpieza de calles), aunque la legislación fue poco eficaz. Hasta 1853, el gobierno impidió la emigración siguiendo teorías poblacionistas, pero ese año se permitió al ver que el país no garantizaba la subsistencia.
2.2. De la sociedad estamental a la sociedad de clases
A partir de mediados del siglo XIX, se consolida una sociedad de clases moderna. Las leyes de 1830 acabaron con los privilegios estamentales, aunque la nobleza conservó prestigio e influencia. El elemento diferenciador pasó a ser el dinero, permitiendo una mayor movilidad social. Esta sociedad se divide en:
- La clase dirigente.
- Las clases medias.
- Los sectores populares.
2.2.1. La clase dirigente
Formada por la vieja aristocracia, las altas jerarquías (clero, Ejército, Administración) y la alta burguesía. La vieja nobleza mantuvo su riqueza al convertir sus señoríos en propiedad privada e invirtió en negocios junto a la burguesía. El Ejército y la Iglesia ayudaron a sostener a la élite en el poder, evitando la democratización.
La alta burguesía se subdividía en:
- Terrateniente y rentista: Formada por la desamortización, vivía de la especulación y el lujo.
- Comerciantes: Armadores y exportadores que vivían de contratos estatales.
- Financiera: Banqueros que impulsaron el ferrocarril tras 1856.
- Profesional: Abogados y médicos de alto nivel.
- Grandes industriales: Principalmente catalanes, favorables al proteccionismo.
Su forma de vida se caracterizaba por la ostentación, el ocio y el monopolio de lugares de privilegio. Eran un grupo endogámico que pactaba matrimonios de conveniencia.
2.2.2. Las clases medias
Grupo heterogéneo (pequeños propietarios, mandos intermedios, profesionales liberales). Sus ingresos eran precarios, lo que les generaba inseguridad. Su ideología solía ser conservadora por miedo a la proletarización, apoyando el orden establecido, aunque un pequeño grupo de intelectuales se alineó con el partido demócrata.
2.2.3. Campesinos, artesanos y trabajadores de servicios
El campesinado constituía el 80% de la población y perdió nivel de vida durante el siglo. Era un mundo tradicionalista, analfabeto y controlado por el caciquismo y la Iglesia. Los artesanos reaccionaron de forma conservadora ante el libre mercado. Los trabajadores de servicios (Administración y servicio doméstico) fueron un grupo en expansión.
2.3. Génesis y desarrollo del movimiento obrero en España
En 1860 había unos 150.000 jornaleros industriales viviendo en condiciones infrahumanas: jornadas de 12-14 horas, barrios sin saneamiento y una esperanza de vida de 19 años. El analfabetismo era generalizado.
Hasta 1854, las reivindicaciones eran concretas (salarios, horarios). Existían sociedades de ayuda mutua, a menudo en la clandestinidad. Tras el Bienio Progresista, el movimiento obrero se politizó al ver que los progresistas defendían a los patronos. Se empezó a pedir el derecho de asociación y la reducción de la jornada laboral.
La Revolución Gloriosa de 1868 y la Constitución de 1869 supusieron la implantación de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores) en España. En 1870 se celebró el I Congreso de la AIT española en Barcelona, donde predominó la orientación anarquista.
En 1871, tras la Comuna de París, se persiguió a la Internacional. Sin embargo, los contactos continuaron y surgieron núcleos marxistas liderados por Pablo Iglesias. Con la República de 1873 hubo una oleada de huelgas, pero en 1874 se decretó la disolución de la Internacional.
El Sexenio trajo la introducción definitiva del anarquismo (Cataluña, Andalucía) y del marxismo (Madrid, Bilbao). En 1879 se fundó el PSOE, con objetivos como la abolición de clases y la propiedad colectiva. En 1888 se creó la UGT y, más tarde, en 1911, la CNT de tendencia anarquista.
Desde 1890, el PSOE presentó candidatos electorales. Su oposición a la Guerra de Cuba y su falta de responsabilidad en el desastre de 1898 popularizaron su imagen, aumentando considerablemente su número de afiliados a principios del siglo XX.