Posguerra y Autarquía (1939-1953)
En 1939, España era un país destruido y con una sociedad desestructurada por la guerra. El régimen franquista tuvo que acometer la reconstrucción del país y la conciliación del nuevo modelo político en unas duras condiciones internas y externas derivadas de la Segunda Guerra Mundial y del posterior aislamiento internacional. La posguerra fue una etapa de carencias. En 1940 se impuso la cartilla de racionamiento para asegurar el reparto de los insuficientes productos de primera necesidad. Las autoridades impusieron una estricta moral pública bajo influencia de la Iglesia, que afectó a la familia, a la educación y a las costumbres.
En la década de los 40 y hasta 1953, la política exterior del franquismo estuvo condicionada por los acontecimientos internacionales. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, España proclamó su neutralidad. En junio de 1940, coincidiendo con los triunfos del Eje, cambió su condición por la de potencia no beligerante y ocupó Tánger, enclave internacional junto al Protectorado. En octubre de 1940 se celebró en Hendaya la entrevista entre Franco y Hitler, en la que se negoció la entrada de España en la guerra, pero no se llegó a un acuerdo por las excesivas demandas españolas sobre las colonias francesas en el Norte de África. España envió al frente oriental a la División Azul, que era un cuerpo de voluntarios dirigido por Muñoz Grandes. El fin de la guerra supuso un momento de aislamiento crítico del franquismo, pero el inicio de la Guerra Fría permitió el acercamiento de España al bloque occidental por el anticomunismo del régimen.
La Autarquía
La autarquía fue la política económica seguida por el franquismo hasta 1959 y se caracterizaba por:
- La creación del Instituto Nacional de Industria (INI) para impulsar y financiar el desarrollo industrial ante la falta de iniciativa privada.
- El aprovechamiento de materias primas propias.
- La protección de la agricultura con proyectos de colonización de tierras, el establecimiento de precios de garantía e intervencionismo para regular la producción.
- La fijación de altas barreras arancelarias para proteger la industria española.
La autarquía y el intervencionismo no elevaron el nivel de producción ni su calidad, ya que no llegaron a España ni bienes de equipo ni materias primas. A pesar de ello, se creó una base industrial tras las destrucciones de la guerra.
La Ruptura del Aislamiento (1953-1959)
En 1953, dos acontecimientos marcaron el fin del aislamiento y el inicio de su reconocimiento internacional: la firma del Concordato con la Santa Sede y el Convenio de Amistad y Cooperación con los Estados Unidos. Este era un acuerdo militar y económico por el cual se cedía a este país el uso de bases militares, navales y aéreas a cambio del reconocimiento del régimen y algunas inversiones económicas. En 1955, España fue admitida en la ONU.
El Exilio y la Oposición
Tras la guerra, la oposición apenas si se dejó sentir. La guerrilla antifranquista, integrada por los llamados maquis, hostigó a las fuerzas de seguridad del régimen en las zonas montañosas, pero sus acciones no supusieron una verdadera amenaza. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, las instituciones de la República se reorganizaron, con la reunión de los restos de las Cortes de 1936 en México y la elección de Diego Martínez Barrio como Presidente de la República en el exilio.
La Oposición al Franquismo
En estos años, la oposición a la dictadura franquista se amplió dentro y fuera de España. Los aspectos más destacados de la oposición fueron:
- Reunión de Múnich: En 1962 se produjo en esta ciudad el encuentro de representantes de la oposición del interior y del exterior para exigir una democracia en España similar a la de los países de la CEE.
- Partido Comunista: El PCE aceptó a principios de los años 60 el pluralismo político y renunció al estalinismo.
- Católicos: Un sector de la Iglesia Católica española, influida por el espíritu de renovación del Concilio Vaticano II, se distinguió en labores de concienciación social y participó en la lucha por la democracia, aglutinando a parte de la oposición.
- Sindicatos: Los sindicatos UGT y CCOO organizaron huelgas y protestas desde la clandestinidad.
- Universitarios: Los estudiantes promovieron paros y manifestaciones, con las que se solidarizaron profesores como Tierno Galván y Aranguren, que fueron expulsados de sus cátedras. El gobierno decretó el cierre de algunas facultades y medidas represivas para desactivar las protestas.
- Independentismo Vasco: En 1959, en el seno del PNV, se fraguó una escisión de jóvenes que fundaron ETA. Estaban unidos por el independentismo, la ideología marxista-leninista y la repulsa a la opresión del régimen. A partir de 1964, ETA empleó como estrategia la lucha terrorista y en agosto de 1968 inició su larga carrera de atentados con víctimas. A partir de entonces, ETA se debatió entre la lucha política y el terrorismo, línea que se impuso finalmente provocando la escisión de los sectores que renunciaron a la violencia.
El Desarrollismo (1959-1973)
A finales de los 50, el franquismo se encontraba consolidado y contaba con la aceptación pasiva de gran parte de la sociedad, al tiempo que había sido reconocido internacionalmente. Las principales preocupaciones eran económicas y en este sentido hay que entender la aprobación del Plan de Estabilización Nacional.
La economía española soportaba una inflación alta, un déficit público elevado y una deuda pública desmesurada. Carecía de reservas de divisas y la autarquía era incapaz de ampliar el tímido desarrollo industrial, al dificultar el crecimiento de sectores dinámicos y limitar la entrada de tecnología y capital extranjeros. Los políticos que habían accedido en 1957, siguiendo las recomendaciones del Banco Mundial, pusieron en marcha en 1959 el Plan de Estabilización Nacional que aplicó medidas técnicas como la devaluación de la peseta, la reducción del gasto público, la liberalización parcial del comercio exterior o la reducción de trabas a las inversiones extranjeras en España.
Muchos de los objetivos se lograron: la inflación se contuvo y la economía se liberalizó logrando el crecimiento económico. Sin embargo, tuvo elevados costes sociales: la congelación de salarios frenó el consumo, aumentó el paro y acentuó los desequilibrios entre la industria y la agricultura, que quedó relegada. Tras la estabilización, los Planes de Desarrollo canalizaron el crecimiento. Centraron su actuación en las regiones más industrializadas, aunque también promovieron la industrialización de ciudades de nivel medio gracias a la creación de 7 polos de desarrollo.
Factores del Desarrollo Económico
Los factores que contribuyeron al desarrollo económico español fueron:
- El Turismo Extranjero: Aumentó favorecido por los bajos precios, el clima, la aceptación internacional del régimen y la elevación del nivel de vida de los europeos. Estimuló el desarrollo de sectores como la construcción, la hostelería y el transporte e introdujo nuevos hábitos culturales y formas de vida. Pero sobre todo aportó gran cantidad de divisas, empleadas en equilibrar la balanza de pagos y en compras de equipamiento industrial.
- Emigración: Entre 1960 y 1970, más de 1 millón de trabajadores se desplazaron a países de la Europa desarrollada. La emigración alivió el problema del paro, sobre todo en el campo, y contribuyó al saneamiento del déficit comercial con la repatriación de divisas.
- Inversiones Extranjeras: Encontraron grandes facilidades por parte del gobierno español, sobre todo las norteamericanas. Las empresas extranjeras importaron su propia tecnología y contribuyeron al desarrollo industrial, obteniendo grandes beneficios.
A comienzos de los 70, España era el décimo país más industrializado del mundo, con una elevada producción de acero, cemento, electricidad, automóviles y barcos. Sin embargo, carecía de tecnología, capital y fuentes de energía propias, y padecía una fuerte dependencia del sector exterior. Además, persistía el tradicional atraso agrícola y acusados desequilibrios territoriales.
Transformaciones Sociales
El desarrollo económico implicó una transformación social de gran envergadura. Se estableció la sociedad de consumo, con el aumento de las clases medias, conformistas en lo político, volcadas hacia la adquisición de vivienda propia y de bienes como electrodomésticos o coches, que mandaban a sus hijos a la universidad y comenzaban a disfrutar del ocio y el turismo. Otra consecuencia de este desarrollo fue el éxodo rural hacia Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, lo que provocó su crecimiento incontrolado con graves problemas de infraestructuras y chabolismo.
Aspectos Políticos
Los cambios económicos no afectaron a la política del régimen, que culminó su larga institucionalización con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado en 1967. El hecho de mayor trascendencia política de este período fue la designación por las Cortes, a propuesta del Jefe del Estado, de Juan Carlos de Borbón como sucesor a título de Rey en julio de 1969. En algunos ministerios se observaron señales de una cierta apertura. Así, en 1966 entró en vigor la Ley de Prensa auspiciada por Manuel Fraga, que suprimió la censura previa, aunque la mantenía a posteriori. La Ley General de Educación de 1970 del ministro Villar Palasí, promovió la renovación de los estudios no universitarios y estableció por primera vez la obligatoriedad de la enseñanza básica. La política exterior de este período se caracterizó por la reivindicación permanente de Gibraltar, la dependencia militar de Estados Unidos, la descolonización de Guinea Ecuatorial, las buenas relaciones con los países árabes e hispanoamericanos y el discreto acercamiento comercial a algunos países de la Europa comunista. Sin embargo, fracasaron los intentos de adhesión a la CEE debido a la inexistencia de un régimen democrático en España.
El Final del Franquismo (1973-1975)
La dictadura franquista había entrado en una profunda crisis en 1973. La oposición democrática demandaba su desaparición y en el seno del régimen se enfrentaban un sector inmovilista, conocido como el Búnker, y otro partidario de reformas, a los que se denominó aperturistas. En 1973, Franco separó los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno y nombró para ocupar este puesto al almirante Carrero Blanco, representante del sector inmovilista y del continuismo de la dictadura. Remodeló el gabinete con la incorporación de conocidas figuras de su línea política partidarias a la oposición.
A partir de noviembre, la economía española sufrió las consecuencias de la crisis del petróleo con una subida vertiginosa de los precios del crudo que elevó la inflación. El gobierno emprendió medidas de estabilización que tuvieron una fuerte contestación social y la represión gubernamental se acentuó. El 20 de diciembre de 1973, un comando de ETA asesinó a Carrero Blanco, por lo que la incertidumbre sobre el futuro político se acentuó. Carlos Arias Navarro, Ministro de Gobernación y miembro de la línea inmovilista, fue designado por Franco como Presidente del Gobierno. Los problemas fundamentales eran la inflación, el descontento de los obreros y los estudiantes y el terrorismo.
El 12 de febrero de 1974, Arias Navarro pronunció ante las Cortes un discurso programático de gran repercusión política. En él defendió una apertura controlada del régimen, con la legalización de asociaciones políticas y una mayor participación en las instituciones. El Presidente del Gobierno, defensor del régimen, pero consciente de la necesidad de reformas, se debatió entre la resistencia del Búnker y la presión de los aperturistas.
La oposición se organizó configurando la Junta Democrática auspiciada por el PCE con la participación de CCOO, del Partido Socialista Popular, carlistas e independientes de prestigio. Su estrategia se basó en la ruptura democrática, por medio del triunfo de una huelga general política que pusiese fin de manera pacífica al régimen. En 1975 se fundó la Plataforma de Convergencia Democrática, que incluía al PSOE, la UGT, el PNV y otras formaciones democráticas y de izquierda. La Plataforma y la Junta pedían la ruptura democrática con la demanda de amnistía, el restablecimiento de las libertades y la celebración de elecciones libres.
En este ambiente tenso, en septiembre de 1975 fueron ejecutados 2 militantes de ETA y 3 del FRAP a pesar de las grandes protestas internacionales. En octubre, Franco cayó enfermo y Arias Navarro se encontró aislado. La situación se complicó con la cuestión del Sáhara Occidental. Marruecos reivindicaba el territorio y el rey Hassan II organizó la Marcha Verde, movilización de miles de súbditos desarmados que confluyeron en la frontera para ocupar el Sáhara, aunque finalmente desistieron de su propósito. El gobierno, paralizado por la grave situación interna del país, sin el apoyo decidido de la ONU y con la presión de Estados Unidos, suscribió el Tratado de Madrid en noviembre de 1975. A cambio de un acuerdo pesquero y garantías sobre Ceuta y Melilla, el Sáhara quedó sometido a una administración a cargo de Marruecos y Mauritania hasta la convocatoria de un referéndum de autodeterminación, que no se ha realizado aún.
El 20 de noviembre moría Franco en Madrid. El Presidente del Gobierno comunicó la noticia a los españoles y leyó el testamento político del dictador. Se cerraba así la etapa de la historia de España.
La Transición a la Democracia
Juan Carlos I fue proclamado Rey el 22 de noviembre de 1975. Apenas contaba con apoyos políticos, ya que el Búnker desconfiaba de él, la oposición democrática lo asociaba con Franco y los monárquicos se dividían entre quienes lo aceptaban y los que seguían la causa legitimista de su padre, el Conde de Barcelona. Los altos mandos militares mantuvieron la fidelidad hacia el Rey por haber sido designado por Franco, y la oficialidad se mantuvo unida a él gracias a su paso por las academias militares.
Arias Navarro fue ratificado por el Rey e impulsó una reforma que negoció con el franquismo más conservador, pero no con los aperturistas más próximos a la oposición democrática. La situación económica se complicó y aumentó la conflictividad social, al tiempo que el Rey se distanciaba de Arias Navarro. Este dimitió en julio de 1976 y el Rey nombró Presidente del Gobierno a Adolfo Suárez.
La propuesta de Suárez era la elaboración y posterior aprobación por referéndum de una Ley para la Reforma Política que permitía elegir unas Cortes bicamerales por sufragio universal y con potestad para modificar las Leyes Fundamentales. Las primeras elecciones se celebraron el 15 de junio de 1977 en una situación de gran tensión política por los atentados de ETA y el asesinato de cinco abogados laboristas en un despacho de la calle Atocha.
Tras la aprobación de la Ley de Reforma Política, Adolfo Suárez negoció con la oposición democrática. Se legalizaron todos los partidos políticos, incluido el PCE, a cambio de que el partido comunista aceptara la bandera oficial y la monarquía. También desaparecieron los tribunales especiales y los sindicatos verticales, se decretó una amnistía y el gobierno y la oposición negociaron las normas electorales. En las elecciones de junio de 1977 triunfó la UCD, coalición de centro-derecha moderada, presidida por Suárez y que integraba a socialdemócratas, liberales y democristianos junto a reformistas procedentes del franquismo. El PSOE, liderado por Felipe González, se convirtió en el primer partido de la oposición.
La Constitución de 1978
Siete diputados designados por UCD, PSOE, PCE-PSUC, AP y CiU elaboraron un anteproyecto de Constitución que presentaron al Congreso. Para conseguir el consenso, UCD y PSOE negociaron los puntos más delicados y los restantes grupos parlamentarios, excepto AP, aceptaron las decisiones. El 31 de octubre de 1978, las Cortes aprobaron el texto definitivo con el voto a favor de UCD, PSOE, PCE y Minoría Catalana, excepto uno de sus diputados que se abstuvo al igual que los del PNV y ERC. Los diputados de AP dividieron su voto entre el sí, el no y la abstención.
El 6 de diciembre de 1978, el proyecto de Constitución fue sometido a referéndum. Sobre una participación del 67%, el 88% votó a favor y el 29 de diciembre se promulgó ante las Cortes Generales. La Constitución consta de 169 artículos y en su contenido destaca:
- La soberanía popular y los principios de libertad, justicia y pluralismo político como valores superiores del ordenamiento constitucional.
- La Monarquía constitucional.
- Reconocimiento político parlamentario. El Gobierno requiere la confianza del Congreso de los Diputados. Este y el Senado constituyen las Cortes Generales, en las que reside el poder legislativo.
- Definición de España como un Estado descentralizado. La unidad de España es compatible con el reconocimiento de la autonomía de las regiones y nacionalidades que la integran.
- Fijación de un sistema de garantías. El Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo se encargan de controlar el cumplimiento de la Constitución y el ejercicio de las libertades.
Las Autonomías
De acuerdo con el Título VIII de la Constitución, el desarrollo del proceso autonómico comenzó con las llamadas Comunidades Históricas. En diciembre de 1979, el Congreso aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que previamente fue aprobado en plebiscito en la Comunidad. Más complejo fue el caso del País Vasco a causa del terrorismo de ETA y por los deseos de los nacionalistas de formar una única comunidad junto con Navarra. Sin embargo, se consensuó un Estatuto de Autonomía con el apoyo del PNV, que se aprobó al mismo tiempo que el catalán. También se aprobó el Estatuto de Galicia.
Para el resto de las comunidades se plantearon dos posibilidades: la del Artículo 143, llamado Vía Lenta, que posibilitaba asumir competencias mínimas, y la del Artículo 151 o Vía Rápida, que concedía el mismo grado de autonomía de las Comunidades Históricas. En un principio, la mayoría de las comunidades propusieron la Vía Rápida con los apoyos del PSOE y la UCD.