La Revolución Liberal en el Reinado de Isabel II: Carlismo y la Construcción del Estado Liberal

Durante el reinado de Isabel II se construyó y consolidó el Estado liberal.

En su primera etapa predominó el proyecto liberal progresista, el cual desmanteló la legislación del Antiguo Régimen. En la segunda etapa, la opción política protagonista fue la liberal moderada, que construyó un sistema autoritario y oligárquico con el cual se alcanzó una gran estabilidad política.

Carlismo y Guerra Civil

Los primeros pasos del régimen liberal en España, durante la minoría de edad de Isabel II (1833-1843), coincidieron con la Primera Guerra Carlista (1833-1840) entre las fuerzas del gobierno liberal y los partidarios del absolutismo. La guerra carlista volvió a estallar en dos ocasiones más a lo largo del siglo XIX.

En 1830 nace la futura reina Isabel y, precisamente meses antes de su nacimiento, Fernando VII publicó la Pragmática Sanción que anulaba a su vez la borbónica Ley Sálica y, por tanto, las mujeres sí podrían reinar (siempre que no hubiese un varón). Los partidarios de don Carlos no se quedaron quietos y, encabezados por el ministro Calomarde, aprovecharon la enfermedad de Fernando VII en 1832 para que derogase la Pragmática. Pero al restablecerse de su enfermedad volvió a imponerla y expulsó de su entorno a quienes se mostraron contrarios a que su hija heredase el trono. Al morir en 1833, Isabel es proclamada heredera y su madre asumía la regencia como Reina Gobernadora. Esto supuso que don Carlos y sus partidarios iniciasen una guerra civil para reclamar su derecho al trono, autoproclamándose rey con el título de Carlos V.

El carlismo se convierte en la más firme oposición a la regente y plantea, al iniciar la guerra civil, no solo un conflicto dinástico, sino también ideológico, ya que se trata de una lucha entre los defensores del Antiguo Régimen. El lema carlista “Dios, Patria y Rey” resume la ideología del carlismo y, junto a ello, la defensa del foralismo.

Los sectores sociales que apoyaron el carlismo fueron los nostálgicos del Antiguo Régimen (parte de la nobleza y del clero) y el campesinado. Defendían la monarquía absoluta, la preeminencia social de la Iglesia y la conservación de los fueros frente a la centralización administrativa impuesta por los liberales.

Los focos más importantes de la insurrección carlista surgieron en el País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y Valencia.

Los isabelinos tenían el apoyo de la jerarquía de la Iglesia y de la nobleza cortesana, pero, sobre todo, de la burguesía y de las clases populares urbanas.

La guerra se prolongó durante siete años (1833-1840), pero los carlistas no consiguieron nunca ni extender el conflicto a todo el territorio español ni ocupar ninguna ciudad importante. La tardanza en enviar tropas al norte por parte del nuevo gobierno isabelino, con escasos recursos económicos, permitió al general carlista Zumalacárregui formar un importante ejército de 200.000 hombres uniendo las fuerzas de Navarra y País Vasco. Animado por esta fuerza y los primeros triunfos, don Carlos ordenó tomar la ciudad de Bilbao en 1835. Desde 1835 a 1837 la guerra se equilibró y solo destacarán las expediciones del general Gómez recorriendo la península para animar a sumarse al levantamiento carlista y la Expedición Real de don Carlos hacia Madrid, que fracasaron al no conseguir los apoyos necesarios entre las poblaciones que recorrieron. El general liberal Espartero comenzó a recuperar el terreno y solo el carlista Cabrera en la zona levantina obtenía triunfos mediante la guerra de guerrillas. Pero ya la guerra se decantaba hacia el lado liberal, sobre todo tras la llegada de fondos por la desamortización iniciada por Mendizábal. Los carlistas terminaron por dividirse entre quienes pretendían seguir luchando hasta el final y los que pretendían llegar a un acuerdo honroso que salvase las posibilidades para el futuro de los seguidores de don Carlos. Estos últimos, liderados por el general Maroto, terminaron por imponerse y se llegó a la firma del Convenio de Vergara (agosto de 1839), entre este y Espartero, lo que puso fin a la guerra en el norte. Por el convenio se reconoce a Isabel II como reina legítima de España y se reconocen los empleos, grados y pensiones de los miembros del ejército carlista. Se recomienda armonizar la constitución con los fueros de Navarra y provincias vascas, pero el conflicto carlista se mantuvo en la zona dominada por Cabrera casi durante un año y posteriormente a lo largo de casi todo el siglo XIX.

Construcción y Evolución del Estado Liberal

La Minoría de Edad de Isabel II o el Triunfo del Liberalismo (1833-1843)

La necesidad de contar con firmes apoyos para enfrentarse a los carlistas impulsó a María Cristina a formar un gobierno liberal. Pero los liberales se hallaban divididos en facciones: los moderados, también llamados “doceañistas”, partidarios de hacer reformas políticas y económicas limitadas, y los progresistas, también llamados “exaltados”, que querían desmantelar toda la estructura del Antiguo Régimen.

La Regente concedió el poder a los moderados, pero la presión popular y el pronunciamiento militar de los sargentos de la Granja hicieron que, en 1835, subieran los progresistas al poder presididos por Mendizábal. Esta sublevación resultó definitiva para la ruptura con el Antiguo Régimen.

Entre 1835 y 1837, los progresistas asumieron la tarea de implantar un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria. Un conjunto de leyes permitieron la disolución del régimen señorial, la desamortización de las tierras del clero y la desvinculación de la propiedad, como también la supresión de las aduanas interiores y la extinción de los gremios y de la Mesta.

Este proceso culminó con la promulgación de la Constitución de 1837, que inauguró un largo período de monarquía constitucional en España. Este texto reconocía la soberanía nacional y los derechos individuales, pero aceptaba el papel moderador de la Corona a la que concedía algunos poderes (derecho de vetar las leyes, de disolver el parlamento), y el sistema electoral era censitario.

Los moderados, con el apoyo de la Regente, dominaron el Gobierno entre 1837 y 1840. Por lo cual, para recuperar el poder, los progresistas tuvieron que recurrir a un golpe militar, encabezado por el general Baldomero Espartero.

En 1840, Espartero, héroe popular tras la guerra carlista, desplazó a María Cristina como Regente e impuso un régimen liberal autoritario apoyado en el ejército. Este carácter autoritario suscitó la oposición de muchos progresistas. Las medidas librecambistas, que perjudicaron a la industria española, y el autoritarismo de que hizo gala le valieron la oposición de buena parte del país.

En 1843, todos los elementos de oposición convergieron en una insurrección general, civil y militar. En el transcurso del levantamiento, el general Narváez derrotó a las tropas de Espartero, que se exilió al Reino Unido. Las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina.

La Mayoría de Edad de Isabel II o el Triunfo de los Moderados (1843-1868)

La Década Moderada (1843-1854)

Durante la Década Moderada, y bajo los impulsos del general Narváez, se institucionalizó el nuevo Estado liberal conservador y centralista.

Este estado se basó en el predominio social de la burguesía conservadora, fundamentalmente agraria, que pretendía afianzar un nuevo orden político y social capaz de frenar las pretensiones absolutistas del carlismo, pero también de alejar del poder a los sectores más populares y progresistas. Se estableció un sistema político oligárquico, caracterizado por la estabilidad política, en el que la representatividad popular era escasa y primaba el orden sobre la libertad. Las Cortes fueron suspendidas a menudo, se produjo un continuo falseamiento electoral y se marginó a los progresistas.

Se promulgó una nueva Constitución, la de 1845, que establecía un sistema electoral con un sufragio restringido y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. También se produjo un acercamiento a la Iglesia, se firmó un Concordato con la Santa Sede (1851), en el que se configuraba un Estado confesional que se comprometía a la subvención del culto y del clero católico.

La administración estatal y municipal fue reorganizada desde una óptica uniformista y centralizadora para lo cual se fortalecieron los gobiernos civiles y militares en cada provincia. Solo el País Vasco y Navarra conservaron sus antiguos derechos forales, ante el temor al rebrote de un movimiento carlista.

Otras medidas moderadas fueron las leyes de Hacienda, que centralizaron los impuestos en manos del Estado y la elaboración de un Código Penal (1851), que unificó y racionalizó las leyes anteriores. También se disolvió la Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil (1844), un cuerpo encargado del mantenimiento del orden en el medio rural.

El Bienio Progresista (1854-1856)

En 1854 triunfó un pronunciamiento militar en Vicálvaro, apoyado por progresistas y por moderados descontentos que habían fundado la Unión Liberal de tendencia centrista y liderada por el general O’Donnell. Durante dos años, los progresistas de Espartero intentaron restaurar los principios del régimen constitucional de 1837 a través de la nueva Constitución de 1856, que nunca llegó a aprobarse.

Las reformas más importantes del nuevo gobierno progresista fueron de carácter económico. Así, se llevó a cabo la desamortización de Madoz, que afectó fundamentalmente a los bienes de los ayuntamientos y se impulsó la construcción de ferrocarriles y la creación de bancos.

En 1856, estallaron conflictos sociales en Barcelona y motines por la carestía de grano en Castilla. Estos conflictos provocaron la caída del Gobierno.

La Crisis del Sistema Isabelino (1856-1868)

En la última etapa del reinado de Isabel II, de alternancia en el poder entre los moderados y la Unión Liberal, se impulsó una política exterior de prestigio con pretensiones coloniales, sobre todo en Marruecos (Guerra de África).

En el interior, la actuación del gobierno fue muy autoritaria, actuando al margen de las Cortes y de los grupos políticos y ejerciendo una fuerte represión. La oposición al régimen fue en aumento y surgieron nuevos grupos políticos, como los demócratas, que defendían el sufragio universal, y los republicanos, que abogaban por la abolición de la monarquía.

Se puede afirmar que la no incorporación de las clases populares al sistema político y la falta de una alternancia real en el Gobierno condujeron a la caída del régimen moderado y también de la propia monarquía de Isabel II. La oposición, unida tras el Pacto de Ostende, alcanzó el poder tras la Revolución de 1868, denominada como “La Gloriosa”. Comenzaba la primera experiencia democrática de nuestra historia, conocida como Sexenio Revolucionario (1868-1874).