La II República (1931-1936)

1. La caída de la Monarquía de Alfonso XIII y la proclamación de la II República

Tras la dimisión de Primo de Rivera el 28 de enero de 1930, el nuevo gobierno presidido por el general Berenguer pretendió la vuelta a la normalidad constitucional.

En el Pacto de San Sebastián, republicanos, socialistas y catalanistas de izquierdas se pusieron de acuerdo para exigir la apertura de un proceso constituyente para instaurar un régimen republicano y reconocer el derecho de Cataluña a un estatuto de autonomía. Ante la negativa de Berenguer de conceder estas peticiones, los republicanos recurren a las conspiraciones:

• 12 de diciembre de 1930: Insurrección de Jaca, que fue reprimida.
• 15 de diciembre de 1930: Ocupación del aeródromo de Cuatro Vientos. Los líderes del Pacto de San Sebastián fueron acusados de dirigir estos levantamientos.

El nuevo gobierno presidido por el almirante Aznar había aceptado convocar elecciones municipales para abril de 1931.

El resultado, a simple vista, favoreció a los monárquicos, pero por el caciquismo en los pueblos y el triunfo de los republicanos en las grandes ciudades, la situación cambió. La campaña electoral dividió las fuerzas políticas en dos bandos: monárquico y republicano.

Ante los resultados, el día 13 de abril las multitudes empezaron a tomar la calle, mientras que el ejército y la Guardia Civil no intervinieron para restablecer el orden. Romanones aconsejó al rey salir del país; este salió hacia Cartagena camino del exilio mientras se constituía el Gobierno Provisional de la República.

Este primer gobierno republicano estaba integrado por republicanos católicos de derecha, republicanos de centro-izquierda, socialistas, nacionalistas catalanes y gallegos. Representaba a la pequeña burguesía y a un sector de la clase obrera.

2. El periodo constituyente

El Gobierno Provisional se comprometió a convocar Cortes Constituyentes.

Los primeros conflictos llegaron pronto: el 11 y 12 de mayo del 31 se produjo la quema de conventos, que impresionó a importantes sectores católicos. A esto se le sumó el recorte de los privilegios de la Iglesia, por lo que el episcopado pasó a la oposición.

Las elecciones de junio de 1931 se celebraron con gran civismo. Las Cortes Constituyentes elaboraron una nueva Constitución con las siguientes características:

• Cámara única.
• Sufragio universal, ampliado a mujeres y soldados.
• El Estado era «integral», no federal, pero se daba la oportunidad a las «regiones» para acceder a la autonomía.
• Se reconocían ampliamente los derechos individuales.
• El gobierno podía expropiar bienes considerados de utilidad pública.

Alcalá Zamora fue elegido Presidente de la República y Azaña presidía el gobierno formado por republicanos, socialistas y nacionalistas. Se inicia entonces el bienio radical-socialista.

3. El bienio reformista

El nuevo gobierno va a afrontar una serie de reformas estructurales:

La cuestión religiosa

La separación de la Iglesia y el Estado y la laicización fueron objetivos prioritarios de los primeros gobiernos republicanos.

En las raíces de este conflicto tenemos el anticlericalismo tradicional de gran parte de la pequeña burguesía y la actitud de gran parte del episcopado, celoso de sus prerrogativas. La Iglesia tenía un considerable poder económico y su influencia en la educación era indiscutible. Para modificar esta situación se promulgaron leyes como la Ley de Congregaciones de 1933, que prohibía a la Iglesia y a las órdenes religiosas la enseñanza, el comercio y la industria.

Modernización del ejército

La reforma del ejército se debió a Azaña, quien pretendía un régimen menos militarizado, reduciendo el coste e influencia política de los militares y limitando la función de las fuerzas armadas a la defensa exterior. Para modernizarlo, había que reducir el escalafón, mejorar la dotación técnica, la burocracia y la división entre ejército metropolitano y colonial.

Por la Ley Azaña de 1931, se permitía a los jefes oficiales que lo deseasen el retiro con el sueldo íntegro y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza. La derecha pretendió capitalizar el posible descontento que producían estos cambios y la oposición se puso de manifiesto mediante un golpe de Estado fracasado del general Sanjurjo en agosto de 1932 y con la creación de la Unión Militar Española como organización clandestina de militares de derechas.

Descentralización política

Las aspiraciones de autogobierno de Cataluña estaban recogidas en el Pacto de San Sebastián. El gobierno nunca pretendió crear una organización política y administrativa de carácter federal.

En Cataluña, después de una negociación con el gobierno provisional, se había resuelto el problema originado por la proclamación de la «República Catalana». La República quedaba anulada, pero se reconocía un gobierno autónomo que elaboraría un Estatuto que sería aprobado por las Cortes.

El Estatuto de Nuria fue presentado por Macià a las Cortes y, a pesar de afrontar la oposición de la derecha y las resistencias de los republicanos, al final fue aprobado con numerosos recortes en 1932. El gobierno catalán se materializó en la Generalitat, con un Parlamento y un Gobierno presidido por un Presidente.

La importancia del papel desarrollado en la elaboración del Estatut por ERC quedó de manifiesto en las elecciones al Parlament de Catalunya, en las que Francesc Macià fue elegido Presidente de la Generalitat.

La cuestión agraria

En la década de los 30, la importancia del sector primario en España era considerable. El Gobierno Provisional promulgó una serie de decretos que trataban de proteger a los arrendatarios y a los campesinos sin tierra, pero la verdadera reforma vino de la elaboración de una Ley de Reforma Agraria, aprobada por las Cortes en septiembre de 1932. Esta permitía expropiar sin indemnización solo las tierras de los Grandes de España, mientras que las demás solo se podían expropiar con una indemnización previa.

Políticamente, la reforma agraria provocó la reunificación de la derecha y que muchos campesinos se alejaran definitivamente de la República. El descontento campesino dio lugar a numerosos incidentes que pusieron en aprietos al gobierno de Azaña.

En Cataluña, el problema fue entre propietarios y arrendatarios, quienes consiguieron que el Parlament mejorase los contratos de cultivo sometidos en parte al arcaico sistema de la «rabassa morta». Esta ley fue recurrida por el Gobierno de derechas y el Tribunal de Garantías la rechazó al considerar al Parlament incompetente para legislar en la materia.

4. El bienio de derechas

La crisis de la coalición republicano-socialista

A lo largo de 1933 se hacía cada vez más evidente el desgaste de los políticos del bienio reformador. Grupos importantes de las clases medias se desplazaron hacia la derecha y aparecieron nuevas fuerzas como la CEDA de Gil Robles, de carácter demócrata-cristiano, que defendía a la Iglesia y los valores que esta representaba.

El centro-derecha se agrupaba en el Partido Republicano Radical de Lerroux, que consiguió el acercamiento de comerciantes, industriales liberales e, incluso, algunos grandes propietarios. Con estos grupos establecieron contacto los monárquicos alfonsinos, dirigidos por José Calvo Sotelo, y los carlistas.

Por otro lado, la ineficacia de las reformas en profundidad restó apoyos al gobierno; por ello, las fuerzas de izquierdas fueron radicalizándose: la UGT se desplazó a posiciones más radicales, mientras que en la CNT se impusieron las corrientes insurreccionales de la FAI frente a las tendencias moderadas. En estas condiciones, Alcalá Zamora aceptó la dimisión de Azaña y, mediante un gabinete presidido por Martínez Barrio, disolvió las Cortes en octubre de 1933. En las elecciones del 18 de noviembre, el centro-derecha alcanzó la mayoría parlamentaria.

La etapa de derechas (noviembre 1933 a diciembre de 1935)

Alcalá Zamora nombró a Alejandro Lerroux jefe de un gobierno compuesto solo por radicales, pero con el apoyo de los monárquicos y de la CEDA. Pronto comenzó la liquidación de la obra hecha en el bienio anterior.

El gobierno se enemistó con el gobierno de Cataluña por el problema «rabassaire» y, por otro lado, el nacionalismo vasco se alió con la izquierda en la oposición por el rechazo al Estatuto. Mientras tanto, se dejaba notar la crisis económica mundial y el paro aumentaba.

El temor al carácter fascistizante del grupo de Gil Robles condujo al PSOE a plantear la vía insurreccional como única respuesta al avance de la derecha. La situación estalló cuando Gil Robles impuso la entrada en el gobierno de tres miembros de la CEDA.

La revolución de octubre de 1934: Asturias y Cataluña

La llegada de miembros de la CEDA al gobierno fue interpretada por las fuerzas de izquierda como un camino abierto al fascismo. Se produjeron huelgas generales en las grandes ciudades que fracasaron por falta de coordinación.

A pesar de esto, en Cataluña y Asturias los acontecimientos alcanzaron especial importancia:

• En Cataluña: Lluís Companys, Presidente de la Generalitat, proclamó el 6 de octubre «l´Estat Catalá» (el Estado Catalán) dentro de la República Federal Española. Las tropas del general Batet controlaron la situación y el gobierno de la Generalitat fue detenido.
• En Asturias: Se creó una situación auténticamente revolucionaria. Anarquistas, comunistas y socialistas, unidos en las alianzas obreras, ocuparon la cuenca minera y proclamaron la Revolución Socialista de los Consejos Obreros. El movimiento fue aplastado por el ejército el 17 de octubre.

Consecuencias:

• 1934 fue un preludio de la Guerra Civil: la brutalidad del ejército de África y el liderazgo de Franco.
• Hubo muchos muertos, detenidos y heridos.
• Aumentó la influencia de la CEDA: Gil Robles fue ministro de la Guerra y Franco jefe del Estado Mayor. Se suspendió el régimen autonómico de Cataluña y se devolvieron propiedades a los jesuitas.

Finalmente, los casos de corrupción (como el Estraperlo) que salpicaron a Lerroux rompieron la alianza radical-cedista. En diciembre de 1935, Alcalá Zamora decidió convocar elecciones para febrero de 1936.

5. El Frente Popular

Durante los años 30 se fue consolidando en Europa una política de unión de las fuerzas liberales y de izquierdas para contrarrestar el fascismo. Para las elecciones de febrero del 36 se formó un Frente Popular con un programa centrado en la amnistía para los presos y represaliados, y una reforma de la legislación social y de la enseñanza.

Las elecciones de febrero de 1936

El Frente Popular consiguió una mayoría parlamentaria, especialmente en las grandes ciudades y zonas costeras. El nuevo gobierno estaba formado por republicanos de izquierdas, mientras los socialistas quedaron fuera. El gobierno pasó a estar presidido por Santiago Casares Quiroga, mientras que Manuel Azaña fue nombrado Presidente de la República en sustitución de Niceto Alcalá Zamora.

Hacia la Guerra Civil

El nuevo gobierno reinició las reformas, sobre todo la agraria. La impaciencia de los campesinos llevó a ocupaciones de tierras que el ministerio se veía obligado a legalizar. La CNT planteó la jornada de 36 horas y la expropiación de grandes fincas.

Todo ello provocó cierres patronales, huida de capitales y un recrudecimiento del terrorismo de ambos extremos. En estas circunstancias, parecía claro que estaba próximo un alzamiento militar. Franco había propuesto a Gil Robles la declaración del “estado de guerra”. En marzo, un grupo de generales unido a Franco acordó “un alzamiento que restableciese el orden”.