El Reinado de Isabel II (1833-1868): La Década Moderada (1844-1854) y el Bienio Progresista (1854-1856)

En 1843, las Cortes, para evitar nombrar una nueva Regencia, votaron a Isabel II como mayor de edad, iniciándose un reinado de 25 años con unas características que permanecerían invariables a lo largo del tiempo:

Características Generales del Reinado de Isabel II

• Periodo de tendencia conservadora: Regulado por la Constitución de 1845, que establecía la participación política exclusiva de una oligarquía compuesta por propietarios, aristócratas, ricos burgueses, generales, prelados, etc., y excluía al resto (sufragio restringido). Los gobiernos eran autoritarios, defensores del «orden» y limitadores de las reformas sociales y las libertades individuales y colectivas.
• Intervención real: La Reina intervino activamente en la vida política, apoyando a los conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas.
• Protagonismo militar: La participación de los generales en el Gobierno fue continua. La exclusión de la oposición hacía que recurrieran a los «pronunciamientos» como forma de acceder al poder. Los conservadores, por su parte, veían en el ejército los únicos que podían garantizar el mantenimiento del orden liberal frente al carlismo o frente a la revolución social.
• Exclusión política: La mayoría del país estaba excluida de la vida política.

La Década Moderada (1844-1854)

Las elecciones de 1844 fueron ganadas por los moderados. Al frente del Gobierno se situó Narváez, líder de los moderados, quien sentó las bases del nuevo Estado moderado y organizó sus principales instituciones.

El régimen se asentó sobre el predominio social, económico y político de la burguesía terrateniente. Para estos era fundamental consolidar el nuevo orden social que protegiese las conquistas de la revolución liberal frente al carlismo y las clases populares. Es decir, un liberalismo conservador que reformara el Estado en interés de las clases dominantes. Para gobernar de acuerdo con estos principios, los moderados y la Corona elaboraron un nuevo texto constitucional.

La Constitución de 1845

La Constitución de 1845 recogió las ideas básicas del moderantismo:

• Rechazo a la soberanía nacional: Establecía la soberanía conjunta del Rey y las Cortes.
• Cortes bicamerales: Con un Senado vitalicio elegido por la Corona entre las élites de la nobleza, clero y ejército. El Congreso era electivo, pero con un sufragio muy restringido. Existía la posibilidad de su disolución a instancias de la Reina.
• Ampliación de los poderes del Ejecutivo.
• Exclusividad de la religión católica y su sostenimiento.
• Declaración de derechos individuales, pero limitados por leyes secundarias.
• Ayuntamientos y Diputaciones sometidos a la Administración central.
• Supresión de la Milicia Nacional.

A la Constitución le siguieron otras leyes dirigidas a reafirmar el carácter oligárquico del régimen^[1]. Se promulgó una ley de imprenta que introducía la censura y restringía la libertad de prensa. Se creó la Guardia Civil (1844) como cuerpo de organización militar al que se encargó de ejercer funciones de vigilancia y apoyo, pero sobre todo con el objetivo de mantener el orden y defender las propiedades en las zonas rurales. Se intentó mejorar las relaciones con la Iglesia. En 1851 se firmó el Concordato con la Santa Sede, en el que se establecía la suspensión de la venta de los bienes desamortizados y la financiación pública del culto y el clero. Así, la postura oficial de la Iglesia fue la de apoyar a Isabel II.

La Construcción del Estado Liberal Moderado

Los moderados iniciaron la construcción del Estado liberal en España, inspirado en el modelo francés, bajo los principios del centralismo y la uniformización. Una serie de leyes pusieron en marcha dicho proceso:

• Reforma fiscal y de Hacienda (1845): Cuyo objetivo era racionalizar el sistema impositivo y recaudatorio, centralizando los impuestos en manos del Estado y propiciando la contribución directa.^[2]
• Códigos Legal y Civil: Se promulgó el Código Penal de 1851 y un Código Civil que recopilaba y racionalizaba el conjunto de leyes anteriores.
• Reorganización de la Administración Territorial: Partiendo de la de 1833, reforzaba la estructura centralista basada en las provincias y en su control desde el Gobierno a través de los gobernadores civiles y militares.
• Control del Poder Municipal: Mediante la Ley de Administración Local de 1845, que disponía que los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia fueran nombrados por la Corona y los demás por el gobernador civil.
• Excepciones Forales: De esta estructura escaparon Vascongadas y Navarra, por el miedo a que la centralización pudiera desencadenar un nuevo rebrote carlista, manteniéndoles sus antiguos derechos forales.
• Educación Pública: La educación pasó a manos del Estado, estableciéndose un sistema de instrucción pública.^[3]
• Sistema de Pesas y Medidas: Se estableció un único sistema de pesas y medidas: el sistema métrico decimal.

La vida política no se desarrollaba en las Cortes, sino alrededor de la Corte, con la organización de grupos de presión o «camarillas» que buscaban el favor real, al margen de la vida parlamentaria. El restringido número de votantes (1,1%) y la manipulación y control electoral por parte del Gobierno dejaban sin sentido cualquier oposición.

Durante los primeros años de la década, el dominio de los moderados fue absoluto. El carlismo fue la fuerza de mayor oposición, con un nuevo levantamiento carlista entre 1848-1849, siendo el más importante la llamada guerra de «els matiners» en Cataluña. Pero a partir de 1849, el clima se fue deteriorando. Algunos progresistas radicales fundaron el Partido Demócrata, cuyos objetivos eran la defensa de los derechos individuales y el sufragio universal.

En 1854, la actitud del Gobierno, partidario de reformar la Constitución para fortalecer más los poderes del Ejecutivo en detrimento del Parlamento, provocó un levantamiento de los progresistas y de parte de los moderados, que desembocó en el pronunciamiento de Vicálvaro, a cuyo frente se situó O’Donnell, quien fracasó en un enfrentamiento contra las tropas del Gobierno. Pero sectores tanto moderados como progresistas, contrarios al Gobierno, elaboraron el Manifiesto de Manzanares en demanda del cumplimiento de la Constitución, la reforma de la ley electoral, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia Nacional. A este llamamiento se unieron otros jefes militares y se consiguió el apoyo popular. Isabel II formó Gobierno con Espartero y O’Donnell como ministro de la Guerra y se convocaron nuevas elecciones.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La revolución de 1854 fue un golpe de Estado que triunfó gracias al respaldo popular conseguido mediante una hábil propaganda. El pronunciamiento inicial de O’Donnell fracasó tras un enfrentamiento con las tropas del Gobierno en Vicálvaro (la Vicalvarada). Pero los rebeldes reaccionaron y publicaron una proclama, el Manifiesto de Manzanares, que consiguió el apoyo popular y provocó la revolución en julio. Otros jefes militares se unieron al golpe y obligaron a Isabel II a entregar el Gobierno al General Espartero, con O’Donnell como ministro de la Guerra. Se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes y se restablecieron algunas leyes de la época revolucionaria.

Para las elecciones se formó una nueva fuerza política, la Unión Liberal, liderada por O’Donnell. Pretendía ser una fuerza centrista. Progresistas y unionistas ganaron las elecciones y gobernaron de forma conjunta durante dos años.

Los progresistas querían una Constitución progresista, por lo que anularon la Constitución moderada de 1845 y, sobre las bases de la Constitución progresista de 1837, trataron de elaborar un nuevo texto constitucional, la Constitución de 1856, que, aunque aprobada por las Cortes, no llegó a entrar en vigor. No obstante, se otorgaron derechos al ciudadano, tales como la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la libertad de asociación política. Surgieron otros partidos políticos como el Partido Demócrata y el Partido Republicano, en el que militaban socialistas y federalistas. El panorama político se complicó mucho. Aprovechando las libertades, el movimiento obrero pasó a la acción, sobre todo a través de la huelga general. Los campesinos también se unieron a las protestas para mejorar su situación.

Reformas Económicas del Bienio Progresista

Los progresistas, defensores de los intereses de la burguesía mercantil, aprobaron una serie de leyes encaminadas a sentar las bases de la modernización económica del país:

• Desamortización de Madoz (1855): Se reanudó la desamortización eclesiástica y se puso en marcha una nueva, la Desamortización Civil o de Pascual Madoz (1855), que afectaba fundamentalmente a las tierras de la Iglesia aún no vendidas y a las de propiedad municipal. Buscaba conseguir dinero para financiar un plan de infraestructuras necesarias que modernizara la economía de España.
• Ley General de Ferrocarriles (1855):^[4]

El Bienio transcurrió con un permanente clima de conflictividad social (epidemia de cólera, malas cosechas, alza de precios, enfrentamientos patronos-obreros). Las clases populares, defraudadas por el incumplimiento de las promesas del Gobierno, retiraron su apoyo a los progresistas.^[5] Los levantamientos ocurridos en 1856 provocaron un enfrentamiento entre O’Donnell y Espartero. La dimisión de este dejó a O’Donnell al frente del Gobierno, quien reprimió duramente las protestas. La oposición de las Cortes y de la Milicia Nacional hacia el jefe del Gobierno terminó con el golpe de Estado de O’Donnell, lo que supuso el final del Bienio.

Notas al Pie

1. La ley electoral limitaba el derecho al voto a unos 100.000 españoles.

2. Impuestos directos, que suponían el 25% de los gastos totales, e indirectos, como las tarifas aduaneras, la transmisión de bienes y los consumos, que gravaban el consumo de algunos artículos de primera necesidad, como la carne, las bebidas, el jabón, etc.

3. Enseñanza gratuita y obligatoria de 6 a 9 años (Ley Moyano). Su aplicación quedó frustrada porque el Estado carecía de recursos y se desentendió de su financiación. En 1890, el 60% de la población estaba sin escolarizar. La mayoría de los centros de enseñanza eran católicos.

4. Se pretendía seguir el ejemplo de países como Bélgica o Gran Bretaña, que desde 1840 habían creado una red ferroviaria que estimulaba la economía, pues facilitaba los intercambios y potenciaba la industria siderometalúrgica. La Ley propiciaba la creación de compañías privadas que se encargarían de la construcción y explotación de la red. Sin embargo, las principales concesiones se otorgaron a compañías extranjeras que importaban el material ferroviario, con lo que no se estimuló la industria siderúrgica nacional. El capital privado español se destinó o bien a las tierras desamortizadas, o bien se invirtió en ferrocarriles, pero no en industrias. Se creó un sistema de transporte, pero con apenas mercancías que transportar, con lo que las compañías no podían recuperar lo invertido.

5. Levantamientos obreros en Barcelona, que pedían la reducción de los impuestos de consumos, la abolición de las quintas, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral. También hubo levantamientos campesinos, con incendios de fábricas y fincas.