Antecedentes de la Crisis del Sistema de la Restauración

La Semana Trágica de Barcelona, ocurrida del 26 de julio al 1 de agosto de 1909, fue un evento clave. Una huelga general, motivada por la guerra de Marruecos y el envío de reservistas, degeneró en una insurrección que el ejército reprimió con un saldo de más de 800 muertos. El líder anarquista Ferrer Guardia fue fusilado, y Maura tuvo que dimitir.

La crisis de 1917, la inestabilidad política, la radicalización del movimiento obrero y su contrapartida patronal, y el desastre militar de Annual (1921) fueron decisivos para el pronunciamiento militar de Primo de Rivera en 1923.

La Crisis de 1917: Un Punto de Inflexión

Algunos historiadores consideran que la crisis de 1917 fue crucial durante el reinado de Alfonso XIII, acelerando la caída del sistema liberal y de la monarquía.

Tuvo su origen en la crisis del sistema político de la Restauración y en los efectos de la Primera Guerra Mundial. Esta neutralidad y no intervención dividió a los españoles en dos bandos (aliadófilos, asociados a las izquierdas, y germanófilos, a las derechas). Si bien enriqueció a la burguesía gracias a los negocios de exportación que beneficiaron a los países beligerantes, empobreció a las clases medias y trabajadoras debido a la subida de precios y los bajos salarios, lo que fomentó la crispación social y las huelgas.

La crisis estalló en el verano de 1917, y en ella confluyeron tres dimensiones: la militar, la política y la obrera.

El Ejército y las Juntas de Defensa

Desde principios de siglo, los militares volvieron a convertirse en un grupo de presión política. Un ejemplo fue la Ley de Jurisdicciones de 1906, que establecía que las ofensas al ejército y a la patria serían juzgadas en tribunales militares.

Además, los oficiales comenzaron a organizarse en Juntas de Defensa (sindicatos militares) para defender sus intereses económicos (mejoras salariales) y profesionales (regulación de los ascensos por antigüedad, en contraposición a los méritos de guerra que favorecían a los militares “africanistas”). Estas demandas fueron expuestas en el Manifiesto de las Juntas en junio de 1917. El Gobierno, ante el temor de una rebelión militar, tuvo que admitir estas peticiones y promulgó en 1918 la Ley del Ejército.

La Asamblea de Parlamentarios

Desde febrero de 1917, las Cortes estaban cerradas y el Gobierno de Dato gobernaba mediante decretos, ignorando al poder legislativo y a la oposición. En julio de 1917, Francesc Cambó convocó una asamblea de parlamentarios en Barcelona, que exigió al Gobierno de Dato la convocatoria de unas Cortes Constituyentes, el fin del turnismo y la posibilidad de un régimen autonómico para Cataluña. Solo asistieron 68 parlamentarios. Aunque la iniciativa fue bien recibida socialmente, la Asamblea fue disuelta por el Gobierno, que la tachó de separatista.

El Movimiento Obrero y la Huelga General de 1917

En 1916 se produjo una huelga para abaratar los productos de primera necesidad (que tuvo éxito). La UGT y la CNT convocaron una huelga general indefinida para el 13 de agosto de 1917, creyendo contar con el apoyo de la Asamblea de Parlamentarios y de las Juntas de Defensa.

Protestaban de forma pacífica por el incremento de los precios de alimentos básicos. No obstante, la situación podía derivar en una revolución que derrocara al régimen establecido y estableciera una República democrática. El Gobierno declaró la Ley Marcial y envió al ejército contra los huelguistas, con un saldo de más de 70 muertes y 2000 detenidos.

Factores de Descomposición del Sistema: Inestabilidad y Radicalización

La Inestabilidad Política

A partir de la crisis de 1917, el sistema de la Restauración comenzó a descomponerse. Conservadores y liberales, sin líderes claros y profundamente divididos, eran incapaces de mantener el turnismo, conseguir mayorías parlamentarias suficientes y formar gobiernos estables. Desde 1917 se recurrió a los “gobiernos de concentración”, integrados por políticos influyentes de diversos partidos monárquicos, para salvar situaciones conflictivas. Sin embargo, las crisis gubernamentales eran continuas: desde noviembre de 1917 hasta septiembre de 1923 se produjeron 11 cambios de gobierno.

La Radicalización del Movimiento Obrero

La represión de la huelga de 1917, el impacto de la Revolución Bolchevique en los partidos socialistas de toda Europa y el empeoramiento de las condiciones de los trabajadores tras la Primera Guerra Mundial (con el aumento del paro y la subida de precios) radicalizaron los movimientos obreristas.

En el PSOE se debatió la incorporación a la Tercera Internacional. Finalmente, los socialistas decidieron no ingresar en ella, lo que provocó una escisión que dio origen al Partido Comunista de España (PCE) en 1922. Pese a ello, la presencia política y electoral de los socialistas siguió creciendo. La UGT, controlada por el PSOE, fue muy activa en estos años y alcanzó su madurez como sindicato industrial (en 1923 contaba con 200.000 afiliados). La CNT anarquista, por su parte, rebasaba los 700.000 afiliados en 1919.

La conflictividad laboral fue destacada en Cataluña, Extremadura y Andalucía, donde durante el “trienio bolchevique” (1918-1921) se produjeron ocupaciones y reparto de tierras, además de 23 huelgas.

Estos conflictos llevaron al cierre de empresas (lock-out), con amenazas y acciones violentas contra los líderes sindicales (pistolerismo) y con la fundación de una Federación Patronal. Los sindicatos, sobre todo los anarquistas, recurrieron al activismo violento y atentaron contra autoridades, patronos y fuerzas del orden. Desde 1918 hasta 1923 se produjeron más de 800 atentados con 270 muertos, entre ellos el presidente Eduardo Dato (1921). En la represión del movimiento sindical tuvo especial relevancia el general Severiano Martínez Anido, gobernador civil de Barcelona, que puso en práctica la controvertida Ley de Fugas.

El Desastre de Annual (1921)

En el primer tercio del siglo XX, Marruecos fue el eje de la política exterior española. Tras la Conferencia de Algeciras de 1906, Francia y España fijaron que a España le correspondía la zona norte (el Rif), donde desde 1909 los rifeños empezaron a atacar a los españoles (como en el Barranco del Lobo).

La intervención militar española en Marruecos era defendida por la mayor parte de los militares, banqueros, empresarios, por el Gobierno y por el propio monarca. Sin embargo, la opinión pública estaba en contra debido al elevado coste humano que requería.

El segundo gran incidente se produjo en 1921. El general Dámaso Berenguer, como alto comisario en Marruecos, inició un despliegue de tropas por el Protectorado. El general Manuel Fernández Silvestre, con el objetivo de controlar el Rif, puso en marcha una operación militar en la que las tropas españolas se alejaron de su base en Melilla con el objetivo de ocupar Alhucemas. Cercados en la población rifeña de Annual por las tropas de Abd-el-Krim, los soldados españoles huyeron en desbandada hacia Melilla. El resultado fue una catástrofe con más de 10.000 muertos, incluido el general Silvestre.

La catástrofe no tenía precedentes y sus consecuencias fueron gravísimas. Afectaron profundamente al Ejército, ya muy dividido entre “africanistas” (partidarios de seguir la guerra en Marruecos, como Francisco Franco) y “peninsulares” o “junteros” (partidarios de abandonar el conflicto, como Miguel Primo de Rivera).

El socialista Indalecio Prieto llegó a acusar al propio Rey de tener responsabilidad en el asunto. Los militares, por su parte, reprochaban a los políticos que les exigieran resultados sin proporcionarles los medios adecuados.

En 1923, se abrió un debate sobre las responsabilidades del desastre (el Expediente Picasso), donde quedaron claras las negligencias del general Dámaso Berenguer, entre otros. Además, el suceso fue utilizado como arma política para desacreditar al régimen, que respondió con sucesivos gobiernos de concentración.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Desde la primavera de 1923, algunos sectores del ejército querían derrocar al gobierno. Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, se convirtió en el jefe de la sublevación.

El debate en las Cortes sobre las responsabilidades del desastre de Annual, convocado para el 1 de octubre de 1923, no llegó a concluirse. En la noche del 12 al 13 de septiembre, Miguel Primo de Rivera declaró el estado de guerra y redactó un manifiesto (dirigido al país y al ejército español) donde, con un tono regeneracionista, prometía acabar con el terrorismo, los desórdenes públicos, la agitación separatista y la instrumentalización política de la Guerra de Marruecos.

La Dictadura de Primo de Rivera se divide en dos etapas:

El Directorio Militar (1923-1925)

Primo de Rivera presentaba su proyecto como una solución de carácter provisional, con el objetivo de restablecer el orden en el país. Pero durante los meses posteriores al golpe, Primo de Rivera, como “ministro único” del Directorio, puso en marcha una serie de medidas para “acabar con todo lo anterior”: destituyó a los presidentes de las Cortes y procedió a su disolución; implantó el estado de guerra en todo el país (hasta 1925); suspendió la Constitución y estableció la censura; los gobernadores civiles fueron sustituidos por militares; se nombraron delegados gubernativos militares en los ayuntamientos, y los concejales electos fueron reemplazados por “vocales asociados”, designados por sorteo.

Principales Problemas Abordados por el Directorio Militar:

• Problema político: Lo solucionó con la prohibición de las actividades de los partidos políticos y la creación de un partido único gubernamental (integrado por “patriotas de buena voluntad y enemigos del desorden”, con una base ideológica populista y autoritaria). Este partido fue la Unión Patriótica.
• El desorden social: Implementó una dura política represiva contra cualquier acto contrario al régimen. Para controlar el orden público, instauró en toda España una milicia cívica armada (creada en Cataluña por la derecha patronal para luchar contra el sindicalismo), supeditada al Ejército: el Somatén Nacional.
• El nacionalismo catalán: Prohibió el uso de la bandera y la lengua catalana en actos oficiales e ignoró el carácter político de la Mancomunitat de Catalunya. Los nacionalistas de izquierdas reaccionaron, destacando la figura de Francesc Macià.
• La cuestión de Marruecos: Para poner fin al conflicto marroquí, el dictador, tras contemplar la posibilidad de abandonar el protectorado, pasó a la ofensiva gracias a una operación militar conjunta franco-española que se inició con el Desembarco de Alhucemas (1925). En esta operación se logró someter a Abd-el-Krim y a las kábilas rifeñas. En 1927, terminaba una guerra que había costado a España más de 25.000 muertos y más de 5.000 millones de pesetas. La conclusión de este conflicto fue el mayor éxito de la Dictadura y reforzó la autoridad del Ejército.

El Directorio Civil (1925-1930)

El éxito conseguido por Primo de Rivera en Marruecos aumentó su prestigio político y popular. Hubiera sido el momento de abandonar la dictadura y restablecer el orden constitucional. Sin embargo, el dictador decidió permanecer en el poder e instituir un régimen estable y duradero. Así, en diciembre de 1925, sustituyó el Directorio Militar por un Directorio Civil, formando un Gobierno compuesto por una mayoría de políticos civiles de derecha (como José Calvo Sotelo, Eduardo Aunós y el conde de Guadalhorce) y algún militar (como Martínez Anido), aunque mantuvo la suspensión de la Constitución y continuó gobernando por decreto.

Medidas Políticas del Directorio Civil

• Para afianzar su Gobierno e institucionalizar el nuevo proyecto político, Primo de Rivera trató de consolidar el partido único, la Unión Patriótica, y un órgano de propaganda, el diario “La Nación“.
• Para regular la política local, encargó a Calvo Sotelo la elaboración del Estatuto Municipal.
• También propuso la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva (1926), integrada por representantes de instituciones y corporaciones, excluyendo a los políticos anteriores. Esta Asamblea debía elaborar una nueva Constitución que sustituyera a la de 1876 y legitimase el nuevo régimen, rompiendo así con el parlamentarismo liberal. Se elaboró una Constitución que instituía un Estado corporativo y conservador, a la manera italiana. Sin embargo, el texto no fue sancionado por la oposición del monarca, lo que puso de manifiesto la incapacidad del régimen para encontrar una fórmula institucional alternativa al parlamentarismo.

Medidas Sociales del Directorio Civil

• Para solucionar la conflictividad social, la intervención estatal en las decisiones económicas y en las relaciones laborales era imprescindible. Eduardo Aunós creó la Organización Corporativa Nacional (1926), con la que se pretendía suprimir las organizaciones patronales y los sindicatos obreros, integrándolos en Corporaciones que, a través de Comités Paritarios, resolverían los conflictos laborales.
• Además, se promulgaron una serie de leyes sociales paternalistas que aumentaron las prestaciones de la Seguridad Social y concedieron ayudas a las familias numerosas y por maternidad. Estas medidas contaron con la oposición del sindicato anarquista CNT, pero obtuvieron el apoyo del empresariado y de la UGT socialista.

Medidas Económicas del Directorio Civil

• Hubo un crecimiento económico hasta 1929, que permitió el incremento de los gastos estatales (en obras públicas, viviendas sociales e infraestructuras). Fue promovido por José Calvo Sotelo y el conde de Guadalhorce.
• Se impulsaron los monopolios estatales para obstaculizar la actuación de empresas extranjeras, como CAMPSA (petróleos) y la Compañía Telefónica Nacional de España.
• Mediante un Plan Nacional de Infraestructuras se crearon las Confederaciones Hidrográficas y se inauguraron numerosos pantanos, además de construirse carreteras y ferrocarriles.
• España organizó con éxito dos grandes Exposiciones Universales (en Sevilla y Barcelona), lo que disminuyó el desempleo. Sin embargo, la financiación de las mismas, mediante préstamos y deuda pública, produjo un gran déficit, ya que la ausencia de reformas fiscales limitaba los ingresos del Estado.

La Oposición a la Dictadura

La mayoría de la sociedad aceptó la Dictadura. Sin embargo, algunos sectores se opusieron:

• Políticos de los antiguos partidos de la Restauración, de cuyas filas surgieron muchos republicanos (como el liberal Niceto Alcalá-Zamora).
• Determinados sectores del Ejército, que se enfrentaron al dictador y organizaron conspiraciones contra el régimen de Primo de Rivera (como la Sanjuanada de 1926), motivadas por desacuerdos entre los Cuerpos del Ejército (especialmente el problema de los ascensos surgido entre el cuerpo militar de artilleros).
• La Iglesia.
• La mayoría de los intelectuales (con gran repercusión la polémica entre el dictador y Miguel de Unamuno, que fue expulsado de la Universidad de Salamanca y desterrado a Fuerteventura).
• A estos disidentes se unieron los perseguidos por la Dictadura: el nacionalismo catalán, la CNT y el PCE.

Consecuencias y el Camino Hacia la Segunda República (1930-1931)

Desde 1929 se incrementó la conflictividad social. En enero de 1930, el dictador dimitió y se exilió a París, donde murió poco después, dejando a Alfonso XIII frente a un grave problema de gobierno.

Dámaso Berenguer sustituyó a Primo de Rivera, prometiendo la vuelta a la situación anterior a 1923. Sin embargo, fue un proceso lento y conocido como la “Dictablanda“.

La oposición comenzó a organizarse, y los republicanos, el PSOE y otros grupos (como los catalanistas de izquierda) acordaron la firma conjunta del Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), comprometiéndose a proporcionar una alternativa republicana a la Monarquía.

El Rey se estaba quedando sin apoyos: toda la izquierda, el republicanismo, los intelectuales (como Ortega y Gasset, que escribía “Delenda est Monarchia” en noviembre de 1930 en su artículo “El error Berenguer“), los nacionalistas e incluso un sector del ejército. A finales de año se produjo un intento de pronunciamiento militar dirigido por Gonzalo Queipo de Llano en Cuatro Vientos, que fracasó, al igual que la intentona de sublevación general republicana puesta en marcha desde Jaca por Fermín Galán y Ángel García Hernández, quienes fueron fusilados.

El Rey mandó formar un gobierno de concentración al almirante Juan Bautista Aznar, quien intentó reconducir la situación con una doble propuesta dentro del sistema político: la celebración de elecciones municipales y la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes.