El Reinado de Isabel II (1833-1868)

En 1830, Fernando VII tuvo una hija, la futura Isabel II. Según la Ley Sálica, esta no podía acceder al trono por ser mujer, por lo que la Corona le correspondería al hermano del rey, Carlos María Isidro. Sin embargo, Fernando VII, antes de morir, promulgó la Pragmática Sanción, derogando la ley anterior y nombrando heredera a su hija. Cuando el rey falleció, su esposa, María Cristina de Borbón, se encargó de la regencia de Isabel II hasta que esta alcanzara la mayoría de edad. Los partidarios del infante Carlos se negaron a aceptar el testamento de Fernando VII y se alzaron en contra de la regencia, dando inicio a las Guerras Carlistas.

La Década Moderada (1844-1854)

Con solo 13 años, Isabel II asumió el trono de España y encargó la formación de Gobierno al general Narváez. Este gobierno, con el apoyo de los sectores más conservadores, se mantuvo durante diez años. Una de sus primeras medidas fue suprimir la Constitución de 1837 y redactar una nueva en 1845, en la que se otorgaba más poder a la Corona y al Gobierno que al Parlamento.

El sistema legislativo era bicameral (Senado y Congreso de los Diputados) y mantenía el sufragio censitario, lo que significaba que solo podían votar los ciudadanos del sector social que poseían un determinado nivel de propiedades y renta.

Durante este período se llevaron a cabo importantes reformas político-administrativas:

• Reforma fiscal.
• Aprobación del Código Civil y el Código Penal.
• Creación de la Guardia Civil (1844).
• Implementación de un sistema educativo centralizado con medidas como el Plan de Estudios de Pidal.
• Acercamiento a la Iglesia Católica, deteriorado tras las desamortizaciones.

Los gobiernos de esta etapa favorecieron los negocios financieros y permitieron la construcción de obras públicas y la provisión de material para el Estado.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Se inició con el pronunciamiento militar conocido como “La Vicalvarada”, cuyo promotor fue O’Donnell, líder del nuevo Partido de la Unión Liberal. Este movimiento pretendía forzar a Isabel II a admitir las reformas democráticas interrumpidas en 1844. Tras el éxito del pronunciamiento, Isabel II encargó a Espartero que formara Gobierno. Se adoptaron medidas radicales y se aplicó la segunda gran desamortización (la de Madoz), que provocó que se cultivaran tierras hasta entonces improductivas, pero también que las condiciones de los jornaleros y agricultores con pocas tierras empeoraran. Se impulsó la modernización económica con la Ley de Ferrocarriles, la Ley Bancaria y la Ley de Minas. El Bienio Progresista coincidió con un momento de auge económico internacional, en parte por la guerra de Crimea (Turquía, Francia y Reino Unido contra Rusia).

La Unión Liberal y la Crisis del Reinado (1856-1868)

Tras un breve período de dos años con Narváez de nuevo en el poder, O’Donnell y la Unión Liberal volvieron al gobierno. Esta época estuvo marcada por una cierta euforia económica y una activa política exterior que incluyó la guerra de Marruecos, el intento fallido de recuperar Santo Domingo, la intervención en México y las guerras contra Perú y Chile.

Al volver Narváez en 1863, se inició el último período moderado, que acabó desembocando en una grave crisis económica y política. La represión de protestas como el motín de San Gil y el autoritarismo del gobierno llevaron a la oposición a unirse en el Pacto de Ostende (1866) con el objetivo de derribar a Isabel II y al régimen moderado.

El Sexenio Democrático (1868-1874): Intentos Democratizadores

El control de los mecanismos electorales por parte de los caciques y la corrupción generalizada provocaron un nuevo pronunciamiento militar. Demócratas y progresistas habían firmado el Pacto de Ostende para destronar a Isabel II.

La Revolución de 1868: “La Gloriosa”

En septiembre de 1868, la armada española dirigida por el almirante Topete se sublevó contra Isabel II. En pocos días, la revolución, conocida como “La Gloriosa”, triunfó en todo el país. Este levantamiento puso fin al régimen liberal autoritario que había gobernado España durante veinticinco años, a excepción del Bienio Progresista, y forzó a la reina a exiliarse.

El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869

Se formó un gobierno provisional que redactó una nueva Constitución, La Carta Magna de 1869, la más democrática hasta la fecha. Sus principales características eran:

• Establecía el sufragio universal masculino.
• Garantizaba amplias libertades de expresión, prensa, reunión y asociación.
• El Estado se comprometía al mantenimiento del culto y clero de la Iglesia católica.
• La monarquía se mantenía como forma de Estado, pero con poderes limitados.

El Reinado de Amadeo I (1871-1873)

Una vez aprobada la Constitución, el general Prim, hombre fuerte del momento, ofreció el trono a Amadeo de Saboya, de una dinastía liberal italiana. Reinó durante aproximadamente dos años y se encontró con un país con graves problemas políticos. Vivió un período de gobierno muy inestable y, para agravar la situación, Prim fue asesinado poco antes de su llegada a Madrid, perdiendo así a su principal valedor.

Los carlistas iniciaron la Tercera Guerra Carlista con revueltas en zonas de Cataluña, Valencia, Navarra y el País Vasco. Además, se produjeron revueltas urbanas de carácter federalista y republicano, y la guerra por la independencia de Cuba continuaba. Abrumado por la situación, Amadeo I abdicó y regresó a Italia.

La Primera República (1873-1874)

Tras la abdicación de Amadeo I, las Cortes (Congreso y Senado) votaron la proclamación de una República, cuyo primer presidente fue Estanislao Figueras. La falta de políticos convencidos y la desconfianza de amplios sectores sociales generaron problemas importantes desde el principio. La República tenía en contra a los políticos autoritarios y conservadores, a la jerarquía eclesiástica y a los carlistas.

Surgieron movimientos radicales: las juntas revolucionarias quisieron poner fin a los ayuntamientos gobernados por monárquicos y los jornaleros del sur pedían el reparto de los latifundios. En Cataluña, se intentó crear un Estado catalán dentro de la República Federal Española. Pi y Margall redactó un proyecto de constitución federal en el que España se organizaba en 17 estados. La inestabilidad, la Tercera Guerra Carlista y la guerra de Cuba impidieron la consolidación del régimen, que tuvo cuatro presidentes en menos de un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón y Castelar. Ninguno logró hacerse con las riendas del poder.

Finalmente, el golpe de Estado del general Pavía disolvió las Cortes y entregó el poder al general Francisco Serrano, quien gobernó de forma dictatorial durante un año hasta la restauración de la monarquía borbónica.

La Restauración Borbónica: El Sistema Canovista y la Constitución de 1876

El sistema político de la Restauración está indisolublemente ligado a la figura de Antonio Cánovas del Castillo, quien, aunque contrario al sufragio universal, buscó el consenso entre las fuerzas liberales sobre las que se cimentó el nuevo régimen. Fue asesinado en 1897 por el anarquista italiano Angiolillo.

Cánovas era partidario de mantener a los Borbones y defendía la idea de la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. Su proyecto se basaba en tres pilares:

• Alfonso XII debía reemplazar a su madre, Isabel II, para dar una imagen renovada a la monarquía.
• Terminar con las continuas intervenciones del ejército en la vida política.
• Crear un sistema bipartidista basado en la alternancia pacífica en el poder del Partido Conservador (liderado por él mismo) y el Partido Liberal (liderado por Sagasta).

La Constitución de 1876

Fue el marco legal del sistema de la Restauración. Sus principales rasgos eran:

• La soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, negando así la idea de soberanía nacional.
• Las Cortes eran bicamerales, con un Congreso de los Diputados electivo y un Senado de carácter más conservador y elitista.
• Un notable fortalecimiento del poder de la Corona, que ostentaba el poder ejecutivo y compartía el legislativo, pudiendo convocar, suspender o disolver las Cortes y ejercer el derecho de veto absoluto.
• Reconocimiento formal de derechos y libertades, aunque su desarrollo posterior a través de leyes ordinarias los limitó en la práctica.