Las Causas de la Dictadura de Primo de Rivera
Causas Exteriores
- El triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, que generó temor entre las clases burguesas al contagio revolucionario y esperanzas entre los obreros, para quienes fue un estímulo.
- El surgimiento del fascismo italiano y regímenes autoritarios en Europa Central, Japón y los Balcanes. Primo de Rivera era admirador de Mussolini.
- La crisis de las democracias. Solo Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos apostaban por el mantenimiento de la democracia. A nivel sociológico, esta aparecía como un sistema inoperante e incapaz de solucionar los problemas frente a los totalitarismos.
Causas Interiores
- En España se intensificó la crisis económica, debido al descenso de la demanda de productos, lo que provocó el cierre de empresas, el aumento del paro y la bajada de salarios, dando lugar a un incremento de la conflictividad social.
- La grave situación del orden público. Los problemas sociales se agudizaron. En Barcelona, en 1920, hubo 300 muertos en atentados, y en 1921 fue asesinado el presidente Dato.
- La radicalización del socialismo, con la fundación del Partido Comunista de España y de los anarquistas, junto al auge de los nacionalismos catalán y vasco.
- El agotamiento del sistema de la Restauración y la crisis de la monarquía parlamentaria. La debilidad de los partidos políticos desembocó en los gobiernos de concentración que terminaron con el turno de partidos.
- El creciente protagonismo del ejército en la vida política. Las Juntas Militares durante la crisis de 1917 y los problemas derivados del Desastre de Annual pusieron al ejército en el centro de la polémica política. Así, el problema de Marruecos fue uno de los detonantes del golpe de Estado.
Las Etapas de la Dictadura (1923-1930)
El Pronunciamiento y Primeras Medidas
En un contexto de crisis política y social, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronunció contra la legalidad constitucional, declaró el estado de guerra y se dirigió al monarca para exigir que el poder pasase a manos de los militares. También suspendió el régimen parlamentario constitucional.
Para controlar el país, se tomaron dos medidas principales:
- Control por parte del ejército de todos los resortes de la vida del país. Se declaró el estado de guerra en todo el territorio nacional y se sustituyeron los antiguos gobernadores civiles por militares.
- Disolución del Congreso y la parte electiva del Senado, la suspensión de las garantías constitucionales y otras libertades como el derecho de asociación y de reunión, y la ampliación de la censura de prensa, quedando prohibida cualquier crítica a la dictadura.
El Directorio Militar (1923-1925)
Desde 1923, gobernó un Directorio Militar, cuyos miembros eran militares de alta graduación. Las primeras medidas del Directorio Militar manifestaron su carácter dictatorial: se suprimió el régimen constitucional, se disolvieron las Cortes, se cesó a las autoridades civiles, se prohibieron las actividades de los partidos políticos y los sindicatos, entre otras. Esto se complementó con la militarización del orden público y con la represión del obrerismo más radical: los cenetistas y comunistas. Se tomaron medidas para eliminar el caciquismo (como el Estatuto Municipal y Provincial); se disolvieron los ayuntamientos, que a partir de entonces estarían formados por juntas de vocales integradas por los máximos contribuyentes locales y nombradas por los gobernadores civiles. La regeneración prometida quedó en una farsa, ya que se suspendieron todos los mecanismos electorales y la renovación política se limitó a sustituir unos caciques por otros.
Para promover la adhesión al nuevo sistema, se creó un partido único denominado Unión Patriótica, en 1924. Se trataba de un partido gubernamental, sin un programa ideológico definido y cuya misión primordial era proporcionar apoyo social a la dictadura y seguir las directrices del poder.
El Directorio Civil (1925-1930)
En 1925, se pasó a un Directorio Civil, aunque el peso de los militares continuó siendo importante y el carácter del régimen no abandonó el estilo dictatorial.
En 1925, se produce la Conferencia de Madrid tras ser atacadas zonas francesas en Marruecos, decidiéndose, en colaboración con Francia, el Desembarco de Alhucemas, el cual se desarrolló con gran éxito. Tras varias derrotas, Abd el-Krim se rindió y se entregó a las autoridades francesas. En 1927, el ejército español dio por concluida la ocupación efectiva de todo el Protectorado de Marruecos.
A partir de 1926, se fue abandonando la idea de una dictadura transitoria tras la que volvería el régimen constitucional, y Primo de Rivera intentó institucionalizar el régimen para darle continuidad y permanencia, tomando como modelo al fascismo italiano. Una de las medidas que consolidaron el régimen autoritario fue la convocatoria de una Asamblea Nacional Consultiva en 1927 para la elaboración de una nueva Constitución de carácter corporativo, pues sus miembros no eran elegidos por sufragio, sino nombrados entre los ciudadanos pertenecientes a las grandes instituciones públicas (universidades, municipios, administraciones, patronales y representantes obreros). El anteproyecto no prosperó por dos causas: su carácter ilegítimo y no contemplar la soberanía nacional ni la división de poderes.
La Reorganización del Estado
La Política Económica
La dictadura se benefició de la buena coyuntura económica internacional tras el fin de la Primera Guerra Mundial.
Primo de Rivera practicó una política económica intervencionista, poniendo en práctica diversas medidas cuyos resultados fueron muy positivos, con el aumento del empleo, la reducción de huelgas y la realización de modernas obras públicas.
La Política Social
Primo de Rivera puso en marcha un modelo de regulación del trabajo que pretendía eliminar los conflictos laborales mediante la intervención del Estado y la represión de las organizaciones y agrupaciones más radicales. El ministro de Trabajo, Eduardo Aunós, se inspiró en la “Carta del Lavoro” de la Italia fascista, creando la Organización Corporativa del Trabajo, que agrupaba a patronos y obreros en sindicatos verticales y regulaba los conflictos laborales a través de Comités Paritarios, bajo la tutela del Estado. Su misión era la reglamentación de los salarios, las condiciones de trabajo, así como la mediación en caso de conflicto. Para acabar con el caciquismo, surgió el Estatuto Municipal de 1924, el cual pretendía la autonomía de los Ayuntamientos y la descentralización de la Administración. Resultó inoperante al otorgarse a los gobernadores demasiadas atribuciones sobre los municipios.
La Oposición al Régimen
A la dictadura se le opusieron algunos de los líderes de los partidos dinásticos, los republicanos, los nacionalistas, los comunistas, los anarquistas, ciertos sectores del ejército y casi la totalidad de los intelectuales. Los antiguos partidos dinásticos del turno mantuvieron al principio una postura expectante, pero ante su exclusión de la vida pública criticaron la excesiva duración del régimen y varios dirigentes participaron en conspiraciones militares como la “Sanjuanada” en junio de 1926.
La oposición más persistente la protagonizaron los republicanos y los nacionalistas, especialmente los catalanes. Primo de Rivera confundió el sentimiento regionalista con el separatismo. Suprimió casi inmediatamente la bandera catalana, también el himno, y decretó medidas contra el uso de la lengua catalana, incluso el baile de la sardana. Llegó a clausurar el Fútbol Club Barcelona y el Orfeó Català. Con estas medidas, la Lliga Regionalista, que era un firme apoyo monárquico en Cataluña, se fue debilitando, mientras crecían otras formas más radicales de catalanismo, decantándose hacia la izquierda y hacia el republicanismo, como Estat Català, cuyo líder fue Francesc Macià. Por todo ello, la burguesía catalana retiró su apoyo a la dictadura. En el País Vasco, la actitud de la dictadura fue muy similar, llegándose incluso a clausurar Aberri, el periódico del PNV. Los republicanos, aunque seguían divididos, fundaron en 1926 la Alianza Republicana, a la que se adhirió un gran número de académicos, intelectuales, estudiantes y algunos sectores del ejército, quienes se encargaron de desarrollar una amplia campaña propagandística en el exterior.
El anarquismo, con la CNT prácticamente desarticulada, sufrió la escisión interna entre los partidarios de las posturas más radicales y los que defendían posturas más posibilistas. En julio de 1927, los más radicales crearon la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
El socialismo sufrió una importante evolución, pasando de la aceptación del régimen en los primeros momentos y el aprovechamiento de los comités paritarios para mejorar las condiciones obreras, a un cambio de posición hacia 1929, cuando rechazó abiertamente los intentos continuistas del régimen y se pronunció a favor de una salida republicana. El régimen pretendió controlar a los intelectuales y universitarios mediante la censura y limitando la libertad. Se clausuró el Ateneo de Madrid por “republicanismo”. El enfrentamiento de los intelectuales con la dictadura estuvo protagonizado por figuras como Ortega y Gasset, Unamuno (en 1924 fue suspendido de empleo y sueldo y desterrado a Fuerteventura), Blasco Ibáñez y Menéndez Pidal. En 1926, escribieron un manifiesto contra la represión cultural, cuya represión no se hizo esperar: Unamuno fue detenido y Blasco Ibáñez se exilió al extranjero desde donde promovió una campaña contra el rey y el dictador.
El Hundimiento de la Monarquía y la Proclamación de la II República
Primo de Rivera fue sustituido por un gobierno provisional presidido por el general Dámaso Berenguer, con quien el rey pretendía volver al sistema de la Restauración y a la monarquía constitucional, pero el cambio fue tan lento que la oposición denominó a este gobierno como la “Dictablanda”.
Después de un año, muchos políticos perdieron la confianza en el futuro de la monarquía.
A partir de este momento, se organizó un gobierno provisional republicano presidido por Niceto Alcalá Zamora, que se reunía en el Ateneo de Madrid y contaba con el apoyo de intelectuales como Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez de Ayala. El gobierno de Berenguer tenía la misión de restablecer la normalidad constitucional sin hacer peligrar al rey con la celebración de unas elecciones. Gobernó por decreto y retrasó la convocatoria a las Cortes Constituyentes durante un año. Mientras tanto, creció la agitación social, estudiantil y republicana. La oposición comenzó a organizarse y en agosto de 1930, políticos republicanos, socialistas y catalanistas firmaron el Pacto de San Sebastián, un programa para presentarse a las elecciones y para derrocar la monarquía e instaurar la república. A partir del pacto, comenzó una gran campaña de prensa y de mítines antimonárquicos. Berenguer fue incapaz de preparar las elecciones, presentó su dimisión al rey, siendo sustituido en febrero de 1931 por un gobierno presidido por el almirante Juan Bautista Aznar, que puso en marcha los comicios a nivel municipal, provincial (diputaciones) y legislativos. El gobierno convocó primero las elecciones municipales por considerarlas como menos peligrosas para la monarquía, celebrándose el 12 de abril de 1931. Se pretendía volver a la normalidad como si nada hubiera pasado, pero Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y la oposición planteó las elecciones como una consulta a favor de la monarquía o la república. Los republicano-socialistas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia. Berenguer, como ministro de Guerra, envió una circular al ejército aconsejando orden y sumisión a la voluntad nacional. El rey optó por el exilio en Francia y el mismo 14 de abril, Niceto Alcalá Zamora proclamó la II República, a través de la radio, a todo el país, y formó un gobierno provisional constituido por republicanos, socialistas y regionalistas. El nuevo régimen quedó instaurado sin derramamiento de sangre.