Las Cortes de Cádiz (1810-1813)

A pesar de los impedimentos del Consejo de Regencia, las Cortes abrieron sus sesiones el 24 de septiembre de 1810 de forma provisional en un teatro de la Isla de San Fernando. Meses más tarde se trasladaron a Cádiz (24 de febrero de 1811), a la iglesia de San Felipe Neri. Permanecieron reunidas durante tres años hasta su clausura el 14 de septiembre de 1813. El número de diputados fue aumentando desde los cien de las primeras sesiones hasta llegar a unos trescientos. Entre ellos se encontraban curas y frailes (el grupo mayoritario), algún obispo, abogados, magistrados, catedráticos universitarios, militares y algunos propietarios y comerciantes, repartidos en tres grupos ideológicos:

• El ala izquierda, constituida por liberales que demandaban toda la soberanía para la nación y que fueron los triunfadores en Cádiz.
• Los jovellanistas, que pretendían una soberanía absolutista y compartida nación-rey, y cuyo criterio se impuso más tarde a lo largo del siglo XIX.
• Y los absolutistas, partidarios de la soberanía del rey emanada de Dios.

Pero lo verdaderamente significativo fue el sistema de voto acordado, que fue individual y no por estamentos. Así pues, las Cortes de Cádiz fueron las primeras Cortes modernas de España, réplica de la Asamblea francesa.

La Obra Legislativa de las Cortes de Cádiz

La labor de las Cortes de Cádiz se orientó a destruir los fundamentos del Antiguo Régimen y a aplicar las ideas de los intelectuales ilustrados. Su obra legislativa se plasmó en la Constitución de 1812 y en una serie de decretos:

1. El primero de estos decretos proclama el principio de Soberanía Nacional. Fue aprobado en la misma sesión de apertura de las Cortes a iniciativa de los diputados más liberales y propuesto por el sacerdote liberal Diego Muñoz Terrero. En este mismo decreto se reconocía como rey a Fernando VII, considerando nula su renuncia por “falta de consentimiento de la nación”.
2. El segundo establecía la libertad de imprenta. Su debate enfrentó a diputados eclesiásticos conservadores y liberales por considerar los primeros que la libertad de imprenta era contraria a la religión católica. No obstante, se estableció una junta de censura que dictaminaría sobre lo publicado en cuestiones políticas.
3. Se abolía el señorío jurisdiccional. Se suprimían los monopolios señoriales y la capacidad del señorío para aplicar justicia en sus tierras.
4. Se abolía la Inquisición. No obstante, esta medida quedaba muy atenuada, pues se autorizaba a los obispos a intervenir en las cuestiones que juzgasen contrarias a la religión católica para que la justicia civil pudiera condenar incluso con cárcel a los considerados herejes.
5. Se permitía a los propietarios la libertad de contratación en el campo y en las fábricas, lo que implicaba la supresión del sistema gremial. Estas medidas afectaban negativamente a los campesinos, que podían ver alterado el tiempo o la renta de su arrendamiento.
6. También perjudicaba a artesanos y trabajadores fabriles, porque permitía alargar la jornada y bajar los salarios.
7. El sexto establecía la incautación de bienes y rentas de los traidores, la Inquisición, las órdenes militares y conventos suprimidos, lo cual marcaba la intención de iniciar una desamortización que no llegaría a producirse.
8. El séptimo clausuraba las Cortes constituyentes y en octubre se abrían las sesiones de las Cortes ordinarias, dando paso así a la normalización del funcionamiento de un Estado constitucional liberal que sustituía a la monarquía absoluta propia del Antiguo Régimen, si bien es cierto que esto se producía en el marco de una España en plena Guerra de la Independencia y con un rey no reconocido por las Cortes (José I Bonaparte en el trono) y otro sí reconocido (Fernando VII) fuera de España.

La Constitución de 1812: “La Pepa”

Paralelamente a la aprobación de estos decretos, las Cortes de Cádiz debatieron y aprobaron una Constitución. A finales de 1810, las Cortes Extraordinarias reunidas en Cádiz decidieron la formación de una comisión que habría de elaborar el texto constitucional. Esta comisión fue presidida por Muñoz Terrero y en la elaboración tuvo especial relevancia Agustín Argüelles. El trabajo de la comisión tuvo como base un texto elaborado por Antonio Ranz Romanillos, puesto en vigor en el territorio español controlado por los franceses.

La Constitución de Cádiz es también conocida como la de 1812 por haberse proclamado el 19 de marzo y también como “La Pepa”, por su festividad del día de su proclamación.

Sus principios fundamentales fueron:

1. Esta Constitución diseñó un Estado basado en la monarquía parlamentaria.
2. Siguiendo las ideas liberales, el Estado se concebía como la garantía de los derechos de los ciudadanos. Estos derechos se enuncian de forma dispersa en la Constitución de 1812 y destacan de entre ellos el de propiedad privada y la libertad de pensamiento e imprenta. La nación se obliga a proteger estos derechos.
3. Se establece el principio de soberanía nacional.
4. Se establece el principio de separación de poderes (basado en el pensamiento de Montesquieu) quedando como sigue:
   • Legislativo: Las Cortes, en representación de la nación, elaboran las leyes, que son sancionadas y promulgadas por el rey. El monarca podía vetar hasta dos veces la aprobación de una ley. En las Cortes no hay representación por estamentos y no hay mandato imperativo sino representativo. Las Cortes son unicamerales.
   • Ejecutivo: El rey es el jefe del poder ejecutivo. Este nombra a siete secretarios de despacho que refrendan las órdenes regias. Un Consejo de Estado compuesto por 40 miembros nombrados por el rey le asesorará en materia de gobierno.
   • Judicial: Se establece el principio de igualdad ante la ley: uniformidad formal y procesal. La justicia se administra en nombre del rey por tribunales independientes en tres instancias. Los cargos judiciales son inamovibles para procurar su independencia.

El Reinado de Fernando VII (1814-1833)

La Restauración Absolutista (1814-1820)

A comienzos de 1813, la catastrófica campaña de Rusia y la presión de las tropas anglo-españolas dirigidas por Wellington en España llevaron a Napoleón a una estrategia de defensa del suelo francés, amenazado por las potencias europeas. Esta estrategia le llevó a negociar con Fernando VII y, en diciembre de 1813, firmaron el Tratado de Valençay por el que Fernando VII recuperó la corona de España a cambio de respetar la paz con Francia, desalojar a las tropas británicas de España, ser neutral en el conflicto entre Francia y sus enemigos y no tomar represalias contra los afrancesados. En marzo de 1814, Fernando VII regresó a España para comenzar un reinado que duró hasta su muerte en 1833.

El mismo día que entró en Valencia, Fernando VII fue instado a jurar la Constitución de Cádiz, condición indispensable para ser reconocido rey por las Cortes. Pero también recibió presiones de altos oficiales del ejército, de la Iglesia y de políticos absolutistas para que anulase la Constitución y los decretos de Cádiz, y disolviese las Cortes. Un documento firmado por 69 diputados absolutistas, conocido como el “Manifiesto de los Persas” por la frase que lo encabezaba, expresaba al rey el desacuerdo de los firmantes con el poder de las juntas durante la Guerra de la Independencia y con la convocatoria de las Cortes de Cádiz, que consideraban ilegales y no válidas. Además, solicitaban de Fernando VII el restablecimiento de las instituciones tradicionales y la colaboración del monarca con la aristocracia.

Al día siguiente, el general Elío puso sus tropas a disposición del rey para recuperar sus derechos anteriores a la Constitución de Cádiz. Viéndose apoyado por suficientes civiles y militares y por el pueblo, que lo aclamaba como símbolo de la paz, la legitimidad y la normalidad después de la honda guerra, Fernando VII promulgó el 4 de mayo un decreto que anulaba todas las reformas aprobadas por las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución de 1812. Los liberales fueron incapaces de ofrecer resistencia y Fernando VII, que fue “el Deseado” durante su ausencia, entró en Madrid aclamado por sus súbditos y comenzó la persecución de los liberales, que se exiliaban para evitar ser detenidos y acusados de “lesa majestad” y condenados a penas de cárcel o de muerte. Esta persecución incluyó a los afrancesados a pesar del compromiso de Fernando VII en el Tratado de Valençay.

Comenzó así el retorno del absolutismo, restaurando los consejos, la Inquisición, la jurisdicción y los privilegios. Además, se suspendió la desamortización comenzada en 1813, desapareció la prensa libre, las diputaciones y ayuntamientos constitucionales, se cerraron las Universidades y se restableció la organización gremial.

Fernando VII tenía ante sí la enorme tarea de poner orden en un país devastado por seis años de guerra, pero apenas contó con la ayuda de un par de estadistas de cierta talla. Los fracasos a la hora de resolver los problemas, especialmente los de Hacienda, llevaron a continuos cambios ministeriales. Estos problemas venían de antiguo, pero se habían agravado con la Guerra de la Independencia y con el proceso de independencia de las colonias que, además de privar de unos ingresos fundamentales, obligaba a cuantiosos gastos por el envío de tropas para sofocar las rebeliones en las colonias. Además, los privilegios económicos del Antiguo Régimen imposibilitaban recaudar lo necesario a pesar de los esfuerzos para que los privilegiados pagasen impuestos realizados por el ministro Martín de Garay.

La oposición liberal, al no poder expresarse libremente, conspiró a través de sociedades secretas como la masonería y, con el apoyo de sectores del Ejército y la burguesía, intentó sublevarse varias veces para restablecer la Constitución de 1812.

El Trienio Liberal (1820-1823)

En enero de 1820 estalló la sublevación de unas fuerzas que iban a partir a América para luchar contra la independencia. Aunque este pronunciamiento, encabezado por Rafael del Riego, no tuvo mucho éxito, el rey tampoco fue capaz de sofocarlo y, poco después, una sucesión de sublevaciones comenzó en Galicia y se extendió por toda España. Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución en Madrid el 10 de marzo de 1820, con la histórica frase: «Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional». Comenzó así el Trienio Liberal o Constitucional. Esta etapa supuso el intento de aplicar de nuevo los acuerdos de las Cortes de Cádiz:

• Se suprimió la Inquisición.
• Se abolió el régimen señorial.
• Se reemprendió la desamortización, ampliándola a los mayorazgos, que fueron suprimidos.
• Se comenzó a reducir el número de monasterios y órdenes religiosas.
• Se redujo el diezmo a la mitad.
• Se aprobó la primera legislación española sobre enseñanza.
• Se aprobó el primer Código Penal y se hizo una nueva división de España en 52 provincias.

Además, se creó la Milicia Nacional, formada por ciudadanos armados por los ayuntamientos y al margen del ejército, con la misión de defender la Constitución y el régimen liberal. Esta milicia sería un importante aliado del liberalismo más radical. Pero los liberales se dividieron en facciones: los doceañistas o moderados, que defendían las medidas de las Cortes de Cádiz, y los exaltados, protagonistas de la rebelión de 1820 y que querían reformas más radicales. Hasta 1822 gobernaron los moderados, como Agustín Argüelles, pero a partir de entonces lo hicieron los exaltados, como Mendizábal.

Aunque el rey aparentaba acatar la Constitución, conspiraba para restablecer el absolutismo apoyado por un sector del ejército, las élites del Antiguo Régimen, la mayor parte del clero y los campesinos. Esta oposición, conocida como absolutista, realista o apostólica, y despectivamente como serviles, protagonizó rebeliones contra el régimen liberal. Finalmente, la intervención del ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, bajo los auspicios de la Santa Alianza, restableció la monarquía absoluta en España.

La Ominosa Década (1823-1833)

Esta década supuso el restablecimiento de las instituciones de la monarquía absoluta, excepto la Inquisición, pero fue evolucionando hacia un despotismo ilustrado o reformista moderado. No obstante, en un primer momento se produjo una durísima represión de los liberales y el cierre de periódicos y universidades. A la vez se consumó la independencia del imperio español con la excepción de Cuba y Puerto Rico en América, y Filipinas, las Marianas y las Carolinas en el Pacífico. El agravamiento de la Hacienda y la incapacidad de las instituciones del Antiguo Régimen para proponer soluciones eficaces llevó al monarca a una paulatina reforma, creando instituciones más eficaces como el Consejo de Ministros (1823) con un nuevo ministerio, el de Fomento (1832). En esta época se elaboraron por primera vez en España los Presupuestos Generales del Estado. Se tomaron medidas para liberalizar la economía: Realización del Código de Comercio (1829); creación del Banco Real de San Fernando y la Bolsa de Madrid. Para esas reformas, el rey se apoyó en antiguos afrancesados. El esfuerzo reformador también se notó en la construcción de carreteras, la organización de una exposición industrial o la ayuda financiera a la fundación de la fábrica en Barcelona.

La falta de fondos hacía necesario pedir préstamos extranjeros. Pero los banqueros eran partidarios de los liberales, lo que llevó a Fernando VII a un mayor acercamiento a ellos. Esto distanció del rey a los realistas hasta tal punto que en Cataluña exigieron la restauración de la Inquisición, el exilio de los funcionarios y militares no absolutistas y la destitución del gobierno. Estas exigencias llegaron a expresarse en la revuelta armada de los malcontents. Fernando VII se desplazó a Cataluña y reaccionó con enorme dureza contra ellos, mandando ejecutar a los cabecillas. En agradecimiento, las clases medias barcelonesas concedieron un préstamo al rey, y este les correspondió con un arancel proteccionista que favorecía la industria catalana.

El fluctuante entendimiento con los liberales y su persecución pone de relieve el interés particular del monarca por el poder más que por los intereses de la nación hasta el final del reinado. Así, en 1830, tras el triunfo revolucionario en Francia, reaparecieron en España algunos exiliados que intentaron restablecer el liberalismo. Contra ellos también actuó duramente el rey, con una represión a muerte (ejecución de Torrijos y Mariana Pineda, entre otros muchos).

La Cuestión Sucesoria y la Pragmática Sanción

Fernando VII había designado como sucesor a su hermano Carlos María Isidro. Pero en 1830 su esposa María Cristina quedó encinta y, ante la posibilidad de tener heredero, promulgó una Pragmática Sanción (marzo de 1830) que suprimía la Ley Sálica. Esa Pragmática había sido aprobada por las Cortes en 1789, pero no se había hecho efectiva al faltar el trámite de la promulgación. Con la Pragmática, si el rey no tenía heredero varón, heredaría su hija mayor, recuperando así la tradición castellana. Isabel, la futura reina Isabel II, nació en octubre de 1830 y fue proclamada heredera, lo que produjo malestar entre los partidarios del infante don Carlos. Con una amnistía y algunas reformas políticas, Fernando VII intentó ganar el apoyo de los liberales para su hija, al tiempo que destituía de los puestos de importancia a los partidarios de su hermano.

La Construcción y Evolución del Estado Liberal: El Reinado de Isabel II (1833-1868)

La Revolución Liberal y las Regencias (1833-1843)

Fernando VII murió en 1833, y María Cristina actuó de regente hasta 1840, cuando fue sustituida por Espartero hasta que en 1843 se declaró la mayoría de edad de Isabel II. Para asegurarse el apoyo liberal, María Cristina designó presidente del gobierno a Martínez de la Rosa y promulgó el Estatuto Real en 1834, una Carta Otorgada que establecía dos cámaras, un sufragio censitario y Cortes solo consultivas. También para contener a los liberales, Martínez de la Rosa decretó reformas: eliminación del monopolio de los gremios sobre la producción, libertad de industria y comercio, y supresión de la Inquisición. Estas reformas contentaron a los más moderados pero no a la mayoría de la población, por lo que estallaron revueltas que llegaron al saqueo de conventos y matanzas de frailes a los que se acusaba de complicidad con el carlismo.

Las revueltas llevaron a la regente a confiar el gobierno al liberal progresista Álvarez de Mendizábal, que promovió medidas revolucionarias como la creación de la Guardia Nacional y el decreto de desamortización de los bienes inmuebles de las órdenes religiosas previamente disueltas. Esta política fue considerada excesiva por la regente, que forzó la dimisión de Mendizábal. Entonces, temiendo un retroceso en las reformas, los progresistas volvieron a recurrir a las armas: Los sargentos de La Granja obligaron a la regente a jurar la Constitución de 1812 y formar un nuevo gobierno progresista que convocó Cortes extraordinarias para reformar la Constitución de 1812, pero finalmente, redactaron una nueva, promulgada en 1837, progresista con concesiones a los moderados, como el sufragio censitario.

La disconformidad con las restricciones en el sufragio desencadenó una revuelta progresista en 1840. La negativa de Espartero a reprimirla produjo una crisis que culminó con la destitución de María Cristina y el nombramiento de Espartero como presidente del consejo de Regencia. El nuevo regente aceleró las medidas de signo progresista, como la ampliación de la desamortización iniciada por Mendizábal al clero secular. Otras medidas fueron el intento de liberalizar el comercio con Inglaterra, que le granjeó la oposición de los industriales catalanes, y la liberalización del precio del alquiler de viviendas, que supuso un levantamiento popular en Barcelona. El creciente personalismo de su gobierno llevó a la oposición incluso de sus partidarios, lo que fue aprovechado por los generales moderados: Narváez protagonizó en 1843 un golpe de Estado que inauguraría una década de férreo dominio del liberalismo moderado.

Carlismo y Primera Guerra Carlista (1833-1840)

A la muerte de Fernando VII, su hermano se proclamó rey con el nombre de Carlos V e hizo un llamamiento a la rebelión, consiguiendo un gran apoyo de los Voluntarios Realistas. Comenzó así la Primera Guerra Carlista, que duraría siete años. La guerra, más que un conflicto sucesorio, fue el enfrentamiento de dos concepciones políticas y sociales: Absolutismo contra Liberalismo. Los grupos sociales adscritos a una u otra ideología lo estaban al margen de quien fuese el aspirante al trono, agrupándose como sigue:

• En el bando carlista: todos los que se oponían a la revolución liberal: pequeños nobles rurales, parte del bajo clero y muchos campesinos, sobre todo de la mitad norte del país. También navarros y vascos que temían perder sus fueros, y catalanes que temían no poder recuperarlos, si triunfaba el liberalismo.
• En el bando isabelino: se agruparon las altas jerarquías del ejército, de la Iglesia y del Estado, y a ellos se unieron los liberales, mayoritariamente pertenecientes a la nobleza urbana, la burguesía y profesionales.

Durante esta Primera Guerra Carlista, el ejército liberal recibió apoyo de Portugal, Francia y Reino Unido, que formaron junto a España la Cuádruple Alianza. Este apoyo se concretó en armas, tropas y víveres. Por su parte, las potencias absolutistas de la Santa Alianza se limitaron a dar su apoyo moral a los carlistas. Las acciones bélicas se centraron principalmente en el País Vasco, Navarra, interior de Aragón, Cataluña y Valencia.

El verano de 1839, el general carlista Maroto rindió una parte importante de su ejército ante el general isabelino Espartero en un acto de concordia conocido como el Abrazo de Vergara. Poco después, Carlos V se exilió a Francia; el resto de las partidas carlistas acabaron desapareciendo. El convenio alcanzado en Vergara se limitaba a reconocer los grados y las pagas de los miembros del ejército carlista, que fueron licenciados en condiciones ventajosas o integrados en el ejército isabelino. Pero la cuestión foral y las demandas y temores de parte de la Iglesia y de la nobleza quedaban sin resolverse. Tampoco, obviamente, las aspiraciones de Carlos V. Después de esta guerra, el liberalismo se impondría definitivamente en España al absolutismo. Este quedó como un movimiento de oposición residual que volvería a reaparecer en otras dos guerras carlistas, pero ya sin opciones. Así pues, la evolución del liberalismo quedó ligada a la victoria en la I Guerra Carlista, lo que determinó el papel protagonista del ejército en la política durante el reinado de Isabel II y aún después.

Consolidación del Liberalismo Moderado y Crisis (1843-1868)

Con la mayoría de edad de Isabel II se instauró un régimen liberal de tendencia moderada fundamentado en una Constitución cuyos principios marcan las líneas políticas del reinado de Isabel II, con breves periodos de signo liberal progresista. La estela del régimen moderado con sus instituciones esenciales se mantendría durante la Restauración Borbónica en el último cuarto del siglo XIX y primer cuarto del XX. Pero el régimen moderado sería un sistema político marcado por la propia división de los moderados en diversas camarillas que influyen y presionan para beneficiarse a la vez de los negocios de la familia real, de los núcleos de poder militar o religioso y de la propia Reina. Mediante este tráfico de beneficios mutuos, se establecen conexiones entre el Estado y la oligarquía de grandes propietarios. Este corrupto sistema tiene su fundamento legal en el inmenso poder que la Constitución de 1845 otorga a la Corona: nombramiento del Gobierno, disolución de las Cortes, nombramiento del Senado vitalicio, y la falta general de libertades y derechos.

Así pues, estas camarillas se relevan en el poder de acuerdo con su grado de influencia en el momento y al margen de las mayorías parlamentarias. La marginación a la que este sistema condena a los progresistas les llevó a confiar en la sublevación como única vía para acabar con él: La Revolución de 1854, que pretendía la reinstauración de la Milicia Nacional, la supresión de la Constitución moderada de 1845 y una amplia amnistía para los presos políticos, logró dos años de gobierno progresista, con el liderazgo de los generales O’Donnell y Espartero, que presidió el gobierno, amparados por el clamor popular y financiada por el banquero Juan Bruil.

Conclusión

El reinado de Isabel II supuso la consolidación del liberalismo en España, en consonancia con lo que estaba ocurriendo en el resto de Europa, pero con la circunstancia diferenciadora de las Guerras Carlistas, que afianzaron el protagonismo militar en la política del reinado y alargaron sus secuelas hasta los golpes de Estado del siglo XX. Las guerras civiles podrían haberse producido tal vez sin el conflicto sucesorio, pero es cierto también que este fue el detonante y que la necesidad de apoyos militares por parte de Isabel II corrompió el sistema o régimen liberal moderado y abrió una brecha profunda entre moderados y progresistas. Ese régimen moderado se fundamentó en la Constitución de 1845, duramente criticada, tanto en su época como después, por ser poco liberal y por servir de base al dominio de la oligarquía sobre toda la sociedad, a través de una durísima represión con utilización del ejército, la Guardia Civil o el aparato judicial, frenando incluso el desarrollo del capitalismo mientras este se producía en Europa.