Introducción al Decreto de Desamortización de Mendizábal

El presente texto comenta el documento titulado “Decreto de Desamortización de Mendizábal”, un fragmento de fuente primaria, clasificable como un texto argumentativo, político e ideológico. Se trata, concretamente, del preámbulo de dicho decreto, elaborado por Juan Álvarez de Mendizábal, político liberal progresista que fue llamado al gobierno y ejerció como diputado a Cortes. De carácter público, aunque dirigido a la Reina Regente María Cristina, con el fin de que firmara el decreto que impulsaría la obra desamortizadora. Redactado en Madrid, sede de las Cortes y capital del Estado, fue publicado en la Gaceta de Madrid (precursora del BOE) el 21 de febrero de 1836, durante la Primera Guerra Carlista y la Regencia de María Cristina.

Contexto Histórico y Propósitos del Decreto

El Tema Central y sus Objetivos

El tema fundamental del texto es la argumentación de las reformas que se llevarían a cabo, entre las que se expone que la puesta en venta de las tierras aportaría un beneficio económico que contribuiría a aumentar la riqueza pública y a solventar la deuda nacional. Esto, a su vez, acabaría con el inmovilismo de los anteriores propietarios de las tierras, estimularía la industria y el comercio, y, finalmente, conseguiría crear una masa de propietarios afines al liberalismo y a las instituciones en torno al trono de Isabel II.

El Escenario Político: Primera Guerra Carlista y Regencia

Este decreto se sitúa durante el transcurso de la Primera Guerra Carlista y la Regencia de María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. El contexto que envuelve a este decreto tuvo su origen, aparentemente, en el conflicto sucesorio acaecido tras la muerte de Fernando VII. Un sector absolutista apoyaba entonces el derecho al trono del infante Carlos María Isidro, en contra de la facción liberal reunida en torno a la heredera al trono Isabel II, bajo la regencia de María Cristina. Los ultrarrealistas, defensores reaccionarios del infante, realizaron numerosos levantamientos en defensa de sus ideales, que acabaron desembocando en la Primera Guerra Carlista. Pero este conflicto era, en realidad, un enfrentamiento entre dos sectores de la sociedad con ideologías y concepciones políticas y económicas opuestas: liberales y absolutistas. De este modo, la guerra se generalizó, causando grandes desequilibrios económicos en el país y un déficit considerable, agravado por el impago de la deuda externa. Es por esto que, en septiembre de 1835, la regente llamó a Juan Álvarez Mendizábal, quien llevó a cabo la creación de un proyecto desamortizador de los bienes eclesiásticos, el mencionado en el texto.

La Ideología Liberal y la Propiedad

Este proceso encajó en la corriente liberal, que consideraba la propiedad un derecho natural. Su aplicación solo era posible con amplias libertades e igualdad de oportunidades, que debían ser garantizadas por el Estado. La Revolución Liberal Burguesa actuó sobre la tenencia y propiedad de los bienes mediante el proceso desamortizador, que desvinculaba estos bienes (principalmente tierras) para su puesta en subasta pública y el consiguiente enriquecimiento nacional, como consecuencia del aumento de propiedades.

La Desamortización en el Antiguo Régimen y sus Fases

La Propiedad de la Tierra antes de la Desamortización

En el Antiguo Régimen, la mayoría de las tierras estaban vinculadas, lo que significaba que se encontraban fuera del mercado, sin tributar y sin poder ser vendidas, capitalizadas ni mejoradas. Estas tierras pertenecían, por un lado, a la nobleza, cuyas propiedades debían pasar por un proceso de desvinculación para que las tierras de los señoríos jurisdiccionales y los mayorazgos pasaran de ser usufructuarias a ser de plena propiedad, permitiendo así su venta. Por otra parte, también pertenecían a la Iglesia y a los municipios, cuyas desamortizaciones nacionalizaron sus bienes para su posterior puesta en subasta pública, contribuyendo así al pago de las deudas exteriores.

Alcance y Fases de la Desamortización de Mendizábal

En España, el proceso desamortizador, llevado a cabo a lo largo de la historia (desde las primeras iniciativas de Carlos III hasta las últimas de 1924), afectó a aproximadamente el 39% de las tierras españolas. Las más importantes fueron las desamortizaciones de Mendizábal, también conocidas como eclesiásticas, debido al gran volumen de tierras a las que afectaron. Tuvieron, además, dos fases: la primera afectó a los bienes del clero regular y la segunda a los del secular. Si bien el decreto de Mendizábal se promulgó en 1836, la desamortización de los bienes del clero secular, aunque iniciada, se extendió y fue progresivamente realizada, con una fase importante durante la regencia de Espartero en 1841.

Impacto y Legado: Consecuencias de la Desamortización

Principales Consecuencias del Proceso Desamortizador

Las consecuencias de la desamortización fueron numerosas y significativas, entre las principales destacan:

• El surgimiento de una nueva clase burguesa con condición de propietaria agraria, que en muchos casos actuó de manera similar a la antigua nobleza.
• El beneficio de la aristocracia, la nobleza y la burguesía, al no ir acompañada de una reforma agraria que redistribuyera la tierra de manera más equitativa.
• La acentuación de los minifundios en el norte y los latifundios en el centro-sur, debido a un reparto de las tierras poco equilibrado.
• El surgimiento de un proletariado agrario de más de dos millones de campesinos, a causa de la pérdida de las tierras comunales.
• Una menor productividad agrícola debido al escaso desarrollo técnico, a pesar del aumento de las tierras cultivadas.
• La pérdida de patrimonio cultural, por la venta de obras de arte desamortizadas a precio de saldo.
• La debilitación económica de la Iglesia por la pérdida del diezmo y sus propiedades.
• La contribución a la victoria liberal en la Guerra Carlista, al haber permitido financiar al ejército isabelino y saldar parte de la deuda, lo que supuso el fin del absolutismo en España.

Conclusión: La Relevancia del Decreto

La importancia de este decreto reside en las profundas consecuencias que su aprobación conllevó para la sociedad y la economía españolas.