Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812

1) Las Cortes de Cádiz

A lo largo de la Guerra de Independencia (1808-1813) se fue gestando un nuevo régimen político promovido por los españoles que no acataban ni apoyaban a José Bonaparte y el Estatuto de Bayona. Se produjo una auténtica revolución política, pues surgieron una serie de instituciones nuevas que decían actuar en nombre del rey, pero cuya única legitimidad procedía del pueblo español, que las creó y apoyó. Entre esas instituciones, las más importantes fueron las juntas, organismos de ámbito local y provincial compuestos por ilustrados, clérigos y nobles absolutistas y burgueses liberales.

La necesidad de coordinarse política y militarmente obligó a formar una Junta Central Suprema con sede en Aranjuez (septiembre de 1808). Constaba de 35 miembros, la mayoría de ellos nobles reformistas y, aunque su presidente inicial fue el conde de Floridablanca, su figura más representativa fue Jovellanos. La Junta Central Suprema tuvo que establecerse en Cádiz (1810), huyendo del ejército francés. Ante el fracaso de aquélla, se disolvió y, en su lugar, se nombró una Regencia, que decidió convocar las Cortes Generales y Extraordinarias del reino como única salida al vacío de poder y a la situación política extraordinaria que se vivía. La primera sesión se celebró en Cádiz en septiembre de 1810.

A diferencia de las Cortes medievales, divididas en estamentos, las de Cádiz reunían a todos los diputados o representantes llegados de distintos lugares de España en una misma asamblea. Incluso las provincias que estaban sometidas por el ejército invasor y no podían enviar diputados estuvieron representadas por ciudadanos que se encontraban en Cádiz en esas fechas. Las Cortes funcionaron hasta septiembre de 1814; el número de diputados aumentó constantemente pasando, en tres años, de 100 a 223. La mayoría eran clérigos, abogados, funcionarios y militares; había también algunos nobles y unos cuantos comerciantes y propietarios. Puede decirse que la clase media urbana fue la protagonista de las Cortes de Cádiz. Los diputados reunidos en las Cortes de Cádiz pertenecían a tres grupos ideológicos:

• Izquierda: los liberales, partidarios de emprender cambios radicales y de dotar a las Cortes, como asamblea nacional, de toda la soberanía. Entre ellos destacó Argüelles; fueron los auténticos triunfadores, ya que consiguieron imponer sus criterios (mayoría de representantes liberales de la periferia, dado que por la ocupación francesa apenas llegaron los absolutistas del interior peninsular).
• Centro: los llamados «jovellanistas» (reformistas), es decir, los seguidores de Jovellanos, que abogaban por establecer un compromiso entre la nación y el rey a través de unas Cortes en las que existiera una asamblea representativa de notables del reino.
• Derecha: los absolutistas, enemigos de las reformas y partidarios del sistema tradicional (Cortes estamentales) en el que la soberanía del rey emanaba de Dios.

2) La Constitución de 1812

Las Cortes aprobaron una serie de medidas que desmantelaban gran parte de los fundamentos políticos, sociales y económicos del Antiguo Régimen, y creaban un Estado nacional (se afirmó que la única fuente de autoridad y legitimidad era la nación, no el rey), unitario y centralizado (lo que implicaba el fin de privilegios territoriales, como los fueros vasco y navarro). Los diputados representaban a la nación, por lo que se eliminaba cualquier representación regional.

La legislación de las Cortes de Cádiz (1810-1813) respondió a dos objetivos básicos: elaborar una Constitución y promover reformas socioeconómicas. Entre las reformas políticas, la más importante fue la aprobación de la Constitución (marzo de 1812), una extensa norma que reflejaba el programa de los liberales. Constituyó la primera ley fundamental aprobada por un parlamento nacional en la historia de España. Sus principios básicos se inspiraban en la Constitución de la Revolución francesa de 1791 y eran los siguientes:

• Soberanía nacional, inspirada en el «Contrato Social» de Rousseau. La soberanía residía en la nación (la «reunión de todos los españoles»), incluidos los habitantes de las colonias.
• División de poderes, según la teoría de Montesquieu. El poder legislativo residía en las Cortes unicamerales; el poder ejecutivo lo ostentaba el rey; el judicial correspondía a los tribunales, formados por jueces y magistrados.

El régimen político era, por tanto, una monarquía parlamentaria: el gobierno en torno al rey era responsable ante la ley y ante el parlamento o Cortes. El poder del monarca estaba muy limitado y la superioridad del poder legislativo era evidente.

Reconocimiento de derechos individuales, según ideas de la ilustración (como Voltaire): la libertad, la propiedad, la igualdad jurídica y fiscal, la inviolabilidad del domicilio, las garantías penales y la libertad de imprenta, entre otros. Sin embargo, no existió una declaración de derechos individuales al modo de la Revolución francesa. Estado confesional: se proclamó el catolicismo como religión única y oficial del Estado y se prohibió el ejercicio de cualquier otra.

Sufragio: adopción del sufragio universal masculino (mayores de 26 años) e indirecto para elegir ayuntamientos, diputaciones provinciales y Cortes (las mujeres no votaban y los electores no elegían directamente a los diputados en Cortes, sino a representantes o compromisarios que se encargaban, a su vez, de designarlos). Los diputados representaban a la nación y no a las regiones. Estado unitario: los derechos de todos estaban por encima de los de los reinos. Por influencia de la nobleza y la Iglesia, se reconocieron las propiedades de los grupos privilegiados.

Importancia de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo español: siguiendo la argumentación de Joaquín Varela Suanzes-Carpegna, la influencia de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo español fue débil en el s. XIX, a excepción del modelo constitucional de 1869. Entonces fue mayor la influencia del Estatuto de Bayona de 1808. Sin embargo, Cádiz marcó el constitucionalismo español del s. XX, como se aprecia en las constituciones de 1931 y 1978. En realidad, 1869, 1931 y 1978 pueden considerarse textos constitucionales continuadores del de 1812.

Fernando VII: absolutismo y liberalismo. La emancipación de la América española

1) Absolutismo y liberalismo

El final del Imperio de Napoleón (1815) supuso la vuelta del Antiguo Régimen al continente europeo: la Restauración. En España, con el retorno de Fernando VII (1814-1833) se restableció la monarquía absoluta (vuelta al Antiguo Régimen). Pero el conflicto entre absolutismo y liberalismo estuvo presente durante todo el reinado y marcó tres etapas.

La «Década Ominosa» o Década Absolutista (1823-1833)

El retorno al absolutismo (1814-1820) tuvo antecedentes en el Tratado de Valençay (diciembre de 1813). Fernando VII recuperó el trono. A principios de 1814 retornó a España y recibió el apoyo de un grupo de diputados absolutistas que le entregaron en Valencia (abril de 1814) un documento, el Manifiesto de los Persas, donde se defendía la monarquía absoluta y se pedía la disolución de las Cortes. El Manifiesto justificaba ideológicamente un golpe de Estado, que el propio rey dio el 14 de mayo de 1814 al promulgar en Valencia un decreto que anulaba todas las reformas aprobadas en las Cortes, incluida la Constitución de 1812. El objetivo era acabar con la memoria de la Constitución de 1812.

Fernando VII entró en Madrid como monarca absoluto. Comenzó una dura persecución de liberales y afrancesados que provocó el exilio de muchos de ellos. Fueron años de gran inestabilidad en el Gobierno debido a la influencia de la camarilla (amigos y familiares del monarca contrarios a cualquier reforma, sobre todo de la Hacienda) y al mantenimiento de un sistema político no adecuado a la crítica situación del momento. El rey procedió a restablecer las instituciones monárquicas de 1808: la Inquisición, la jurisdicción señorial y sus privilegios (vuelta a las exenciones); se devolvió a la Mesta sus privilegios, tan perjudiciales para la agricultura, y se suspendió la desamortización emprendida en 1813. La crisis en la Hacienda estatal se agravó con la Guerra de Independencia y con el proceso de emancipación de los territorios americanos, que dificultaba el comercio y obligaba a enviar tropas, lo que suponía un gasto extraordinario. La vuelta al régimen fiscal anterior a las leyes de Cádiz hizo que en menos de dos años la deuda pública se incrementara peligrosamente.

La represión sistemática contra los liberales no logró frenar los intentos por implantar de nuevo la Constitución de 1812. Algunos militares que lucharon contra los franceses se opusieron a la restauración del Antiguo Régimen y conspiraron en la clandestinidad por el restablecimiento de las tesis de Cádiz con la ayuda de las sociedades patrióticas (integradas por militares, comerciantes, propietarios, artesanos, nobles y clérigos liberales) y la masonería. En el ejército convivían profesionales con campesinos ascendidos de la guerrilla y generales absolutistas con oficialidad liberal. Algunos oficiales promovieron una serie de intentonas golpistas —los pronunciamientos— para restablecer la Constitución de 1812 (Espoz y Mina, en Pamplona; Portales, en La Coruña, y Lacy, en Barcelona), que fracasaron.

2) El Trienio Liberal (1820-1823)

En 1820 (enero-marzo) el comandante Riego, al frente de un ejército dispuesto para viajar desde Cádiz a América a luchar contra los independentistas y con el apoyo de algunas guarniciones del Norte peninsular, logró que Fernando VII jurara la Constitución de 1812. Se restablecieron las leyes aprobadas en Cádiz, se reemprendió la desamortización de mayorazgos y se nacionalizaron los bienes de los monasterios y órdenes religiosas (Ley de Supresión de Monacales). Se creó la Milicia Nacional, formada por ciudadanos armados dispuestos a defender, al margen del ejército, la Constitución y el régimen liberal.

Al abrigo de la libertad de opinión nacieron numerosas tertulias y centros de debate, que, bajo la forma de sociedades patrióticas, promovieron periódicos en defensa del orden constitucional y esbozaron los primeros partidos políticos: los moderados, doceañistas, que querían reformar la Constitución para establecer el sufragio censitario y añadir una cámara alta (Senado) en las Cortes; los exaltados, jóvenes seguidores de Riego, defensores de la Constitución de 1812, que querían acelerar las reformas con una participación popular más activa; y los partidarios del absolutismo, que se opusieron desde el principio al régimen liberal. En 1821 ya estaban formadas numerosas partidas armadas de voluntarios realistas. Con el respaldo de Fernando VII protagonizaron conspiraciones en Navarra y País Vasco (a las que se sumó el descontento por la abolición de sus fueros), en Cataluña y buscaron el apoyo de la Santa Alianza. La contrarrevolución, dirigida por el clero y las élites del Antiguo Régimen, supo atraer al campesinado, que no simpatizaba con el liberalismo al percibirlo como un movimiento de clases medias urbanas que les convertía en simples asalariados y contribuyentes.

En abril de 1823 y por acuerdo del Congreso de Verona, la Santa Alianza envió el ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis y Fernando VII recuperó su poder absoluto (octubre de 1823).

3) La década absolutista (1823-1833)

Los liberales que habían destacado sufrieron la represión política y numerosos líderes (Riego, El Empecinado) fueron ejecutados. Algunos liberales se exiliaron a Inglaterra y, tras la oleada revolucionaria de 1830, también a Francia. La Milicia Nacional fue sustituida por los Voluntarios Realistas, cuerpo armado de defensa del absolutismo. Se restableció la monarquía absoluta, que evolucionó hacia un reformismo moderado. La oposición más beligerante vino de los absolutistas ultrarrealistas, contrarios a las reformas y partidarios de mantener el absolutismo sin cambios.

Destacaron las reformas de López Ballesteros, que llevó a cabo una reforma fiscal profunda. En 1823 se creó el Consejo de Ministros, un órgano consultivo del rey. Surgió una facción ultra que promovió movimientos como la revuelta de los agraviados en Cataluña (1827) y conspiraciones contra los ministros moderados de Fernando VII. Al frente de esta oposición estuvo Calomarde, que contó con el apoyo del infante don Carlos María Isidro, hermano del rey. Los ultrarrealistas se convirtieron en carlistas a raíz de la cuestión sucesoria.

En 1830 Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción, que derogaba la Ley Sálica (traída de Francia por Felipe V) que impedía a las mujeres la sucesión al trono. Fue una sorpresa para los ultrarrealistas, que esperaban que don Carlos sucediera al rey. Poco después nació Isabel y se abrió una grave crisis entre los partidarios de don Carlos y los defensores de la legitimidad de la Pragmática. Fernando se recuperó y confirmó los derechos de Isabel, se deshizo de sus colaboradores más reaccionarios y formó un nuevo gobierno con Cea Bermúdez al frente, apoyado en los liberales moderados. Fernando VII murió en 1833. Fue el inicio de la Primera Guerra Carlista (1833-1839) entre los partidarios de la regente María Cristina y de don Carlos.

2) El trienio liberal (1820-1823)

En 1820, el comandante Riego, al frente de un ejército dispuesto para viajar desde Cádiz a América a luchar contra los independentistas y con el apoyo de algunas guarniciones del Norte peninsular, logró que Fernando VII jurara la Constitución de 1812. Se restablecieron las leyes aprobadas en Cádiz, se reemprendió la desamortización de mayorazgos y se nacionalizaron los bienes de los monasterios y órdenes religiosas (Ley de Supresión de Monacales). Se creó la Milicia Nacional, formada por ciudadanos armados dispuestos a defender, al margen del ejército, la Constitución y el régimen liberal. Al abrigo de la libertad de opinión nacieron numerosas tertulias y centros de debate, que bajo la forma de sociedades patrióticas promovieron periódicos en defensa del orden constitucional y esbozaron los primeros partidos políticos: los moderados, doceañistas, que querían reformar la Constitución para establecer el sufragio censitario y añadir una cámara alta (Senado) en las Cortes; los exaltados, jóvenes seguidores de Riego, defensores de la Constitución de 1812, que querían acelerar las reformas para lo cual era necesaria la participación popular activa; los partidarios del absolutismo se opusieron desde el principio al régimen liberal. En 1821 ya estaban formadas numerosas partidas armadas de voluntarios realistas. Con el respaldo de Fernando VII protagonizaron conspiraciones en Navarra y País Vasco (a las que se sumó el descontento por la abolición de sus fueros), Cataluña y buscaron el apoyo de la Santa Alianza. La contrarrevolución, dirigida por el clero y las élites del Antiguo Régimen, supo atraer al campesinado, que no simpatizaba demasiado con el liberalismo al que percibían como un movimiento de clases medias urbanas que les convertía en simples asalariados y contribuyentes. En abril de 1823 y por acuerdo del Congreso de Verona, la Santa Alianza envió el ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis y Fernando VII recuperó su poder absoluto (octubre de 1823).

Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de partidos. La Constitución de 1876

1) El restablecimiento de la monarquía

La restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII (1875-1885), hijo de Isabel II, se produjo mediante el pronunciamiento militar de Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874. Cronológicamente hablando, se sitúa entre la vuelta de los Borbones al trono con Alfonso XII en 1875 y la proclamación de la II República en 1931. Pero el artífice del sistema político de la Restauración fue Cánovas del Castillo, autor del Manifiesto de Sandhurst (firmado por Alfonso XII), publicado pocos días antes del golpe militar y que condujo hacia la Restauración monárquica. Entre el 1 de enero de 1875 y el 15 de febrero de 1875, Cánovas tuvo la misión de presidir el nuevo gobierno de la Restauración.

Dentro del sistema de la Restauración cabría hablar de dos grandes momentos: el asentamiento de la misma (1875-1902) y la crisis del sistema a partir de 1902, coincidiendo con la mayoría de edad de Alfonso XIII tras la regencia ejercida por su madre, María Cristina, desde 1885. Nos centramos a continuación en la primera parte de la Restauración y más concretamente en su construcción por parte de Cánovas, así como en los movimientos políticos contestatarios con los que contaría desde sus inicios.

2) El sistema canovista

Los inicios de la Restauración tuvieron claros tintes castrenses, pues fue un pronunciamiento militar a cargo del general Martínez Campos (diciembre de 1874) el que facilitó la vuelta al trono de los Borbones, y más concretamente de Alfonso XII. Sin embargo, el auténtico arquitecto del sistema fue Antonio Cánovas, un político que había pasado por la Unión Liberal y el Partido Alfonsino durante el Sexenio. Precisamente, la presentación del nuevo monarca ante la opinión pública fue preparada por el propio Cánovas a través del Manifiesto de Sandhurst, que le permitiría justificar su acceso al trono derribando el régimen oficial, en aquellos momentos, la I República. En él se afirmaba que la única solución a los problemas de España residía en el restablecimiento de la monarquía tradicional. Volvía así la monarquía y regresaban los Borbones que habían sido empujados al exilio en 1868, articulándose un sistema diseñado por Cánovas.

Las bases del sistema canovista fueron el turno de partidos y la Constitución diseñada por él, a imitación del bipartidismo británico, con la creación de dos partidos que se adaptaron al juego político:

• Partido Conservador (antiguos moderados y alfonsinos de Cánovas), liderado por Cánovas (hasta 1897).
• Partido Liberal (antiguos progresistas), encabezado por Sagasta (hasta 1903).

Se estableció una monarquía amparada por un sistema liberal y autoritario (el Rey comparte soberanía con las Cortes) con alternancia pacífica de dos partidos (turno de partidos): los liberales y los conservadores. A pesar de lo que pudiera parecer, no existían notables diferencias entre ambos; ambas formaciones eran, a la postre, conservadoras, presentaban una clara organización clientelar en torno a un líder y todavía no podían considerarse partidos de masas, sino elitistas. De hecho, el fraude electoral, conocido como pucherazo, fue una constante durante la Restauración.

El procedimiento era el siguiente: en primer lugar, los dos partidos se relevaban en el poder de forma pacífica y previamente pactada; ambos aceptaban los cambios realizados por el partido en el poder y se comprometían a mantenerlos cuando ellos gobernaran. En segundo lugar, cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo en el disfrute del poder, o cuando un partido experimentaba desgaste en su gestión, lo pactaban con el otro partido y con el rey. El monarca, con el poder que le daba la Constitución, mandaba formar gobierno al nuevo partido, disolvía las Cortes y convocaba nuevas elecciones (manipuladas) que darían la mayoría al partido entrante. Por último, el partido saliente se convertía en oposición y esperaba su turno para gobernar.

Para garantizar la victoria electoral se recurría, entonces, al fraude, en el que intervenía una nueva figura: el cacique (persona con poder e influencia por su riqueza económica y/o prestigio). Los dos partidos tenían su propia red organizada para que, cuando les correspondiese el turno, los resultados fueran los adecuados. La red tenía la siguiente estructura: en primer lugar, en Madrid estaba la oligarquía (altos cargos políticos: ministros, diputados y clases dominantes: terratenientes, alta…)