La Primera Guerra Carlista
Tras la muerte de Fernando VII, los partidarios de Carlos María Isidro iniciaron una rebelión ante la percibida debilidad del gobierno de la reina regente. Así, estalló la guerra civil entre los defensores de Carlos (absolutistas) y los partidarios del trono de Isabel II.
Los carlistas, por un lado, tenían a la Iglesia como institución vertebradora; defendían el mantenimiento de los antiguos fueros y se oponían al liberalismo.
Entre quienes apoyaban el carlismo se encontraban el estamento del clero y la pequeña nobleza agraria. Muchos eran pequeños propietarios empobrecidos, artesanos arruinados y arrendatarios que recelaban de los nuevos impuestos estatales.
Por otro lado, los isabelinos estaban compuestos por la alta nobleza, funcionarios y un sector de la jerarquía eclesiástica. Para hacer frente al carlismo, la regente se vio obligada a buscar el apoyo de los liberales, por lo que accedió a sus demandas, que exigían el fin del absolutismo.
El Desarrollo de la Guerra
La guerra carlista tomó fuerza en el norte de España, donde los carlistas consiguieron mayor poder y apoyo.
Don Carlos se instaló en Navarra, donde organizó un pequeño Estado con su propio gobierno, administración, moneda, etc., y formó un ejército al mando del general Zumalacárregui.
El segundo foco carlista se creó en Cataluña, donde acosaban a las poblaciones liberales, y en el Bajo Aragón, con tropas al mando de Ramón Cabrera.
El Final del Conflicto
La debilidad del carlismo favoreció las divisiones internas entre los transaccionistas (partidarios de establecer un acuerdo con los liberales) y los intransigentes (defensores de continuar la guerra). El general Maroto, finalmente, firmó el Convenio de Vergara con el general liberal Espartero. Este acuerdo mantenía los fueros e integraba oficialmente a los carlistas en el ejército real. Sin embargo, el pacto no fue aceptado por los sectores más intransigentes, que optaron por el exilio o por continuar con la resistencia, como el general Cabrera, quien fue derrotado en 1840. El balance de la guerra fue muy negativo.
Proceso de Revolución Liberal
María Cristina puso al frente del gobierno a Francisco Cea Bermúdez, un absolutista moderado.
Se propusieron una serie de reformas, entre ellas, una amnistía, una nueva división territorial y el desarrollo de la administración, pero resultaron insuficientes para atraer a los liberales. La monarquía isabelina necesitaba más apoyo, por lo que nombró un nuevo gobierno, encabezado por el moderado Martínez de la Rosa, quien propuso la creación del Estatuto Real de 1834. Este era una carta otorgada para formar unas Cortes estamentales con dos cámaras de carácter consultivo y subordinado al monarca. El malestar social crecía. Al hambre y las epidemias se añadían los ataques carlistas a poblaciones protegidas solo por milicianos locales. La situación acentuaba la animadversión popular hacia los insurrectos y el descontento por la inacción del gobierno. Se produjeron protestas, motines, asaltos, quema de conventos, y se crearon juntas que demandaban el restablecimiento de la Constitución de 1812. La regente, finalmente, nombró un nuevo gobierno encabezado por un liberal progresista, Juan Álvarez Mendizábal.
La Revuelta de 1836: Los Progresistas al Poder
El primer objetivo del nuevo gobierno era derrotar al carlismo. Para ello, se convocó una quinta de 100 000 hombres y se buscó la ayuda de Reino Unido, Francia y Portugal.
En segundo lugar, se transformó el Estado en un sentido liberal. Para ello, se convocaron elecciones a Cortes para reformar el Estatuto Real y se emprendió la reforma agraria con la aprobación de las desamortizaciones de tierras eclesiásticas y la eliminación de las asociaciones eclesiásticas. El proyecto reformista favoreció la división dentro del liberalismo entre moderados y progresistas.
María Cristina finalmente destituyó a Mendizábal y entregó el gobierno a los moderados, decisión que alarmó a los progresistas. Esto también supuso el inicio de un movimiento revolucionario en Andalucía a favor de la Constitución de 1812 y el estallido de un motín de sargentos en La Granja, donde veraneaba la familia real. Este suceso obligó a la regente a aceptar la Constitución de 1812.
Calatrava (progresista) fue entonces el encargado de formar gobierno, con Mendizábal como ministro de Hacienda. Se inició así un cambio de régimen con la intención de destruir el carlismo y crear un nuevo orden liberal.
El Nuevo Orden Constitucional
Los progresistas asumieron la tarea de implantar un régimen liberal, constitucional y de monarquía parlamentaria, en dos etapas:
- De septiembre de 1835 a mayo de 1836.
- De agosto de 1836 a finales de 1837.
El nuevo gobierno convocó elecciones a Cortes. Se redactó una nueva Constitución, aprobada en junio de 1837, cuyo objetivo principal era ser aceptada por las distintas opciones liberales.
La Constitución de 1837 reconocía los siguientes principios:
- Principio de soberanía nacional.
- Derechos de los ciudadanos.
- División de poderes.
- Confesionalidad católica del Estado y financiamiento de la Iglesia católica.
- Introducción del Senado.
- Concesión de amplios poderes a la Corona.
- Colonias gobernadas por leyes de excepción, lo que culminaría con la expulsión de los diputados americanos de la cámara.
Otras leyes complementaron el entramado jurídico constitucional, como:
- La Ley de Imprenta, que incrementó el control sobre los periódicos.
- La Ley Electoral, que fijó el sufragio restringido a los mayores de 25 años que pagasen una renta mínima.
Para formar parte de la Milicia Nacional también se requerían unos ingresos mínimos de 5 reales diarios.
La Reforma Agraria Liberal
El nuevo sistema liberal impulsó una profunda reforma agraria, que tuvo tres componentes principales:
- La abolición de los señoríos.
- La desvinculación de mayorazgos.
- La desamortización de bienes del clero regular y secular.
Sus objetivos principales eran:
- Obtener recursos para abastecer al ejército liberal.
- Disminuir el déficit de Hacienda.
- Mejorar las finanzas reales.
- Forjar una clase de propietarios defensores del liberalismo.
- Favorecer el desarrollo de la agricultura.
La liberalización del sistema económico se completó con la abolición del diezmo, de los privilegios de la Mesta y de los gremios, lo que a su vez consolidó la libertad de contratación, de industria y de comercio.
La Vuelta al Poder de los Moderados
Se convocaron nuevas elecciones en octubre de 1837, en las que los moderados obtuvieron la victoria. Asentaron algunos principios básicos, tales como:
- Suspender el funcionamiento de la Constitución.
- Gobernar de forma autoritaria mediante decretos.
- Restringir las libertades.
- Sostenimiento del clero mediante un presupuesto estatal.
Por otro lado, se acentuó la centralización política con la Ley de Ayuntamientos, que otorgaba a la Corona el poder de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia y reforzaba el control sobre las instituciones municipales.
Los progresistas iniciaron una insurrección para impedir la aprobación de la Ley de Ayuntamientos.
La regente María Cristina dio su apoyo a los moderados, pero los progresistas contaron con el respaldo del general Espartero. Ante la presión, la reina finalmente marchó al exilio.
La Regencia de Espartero
Espartero fue nombrado regente. Inició su mandato impulsando las libertades, lo que produjo un auge de la prensa, las publicaciones y las asociaciones. Sin embargo, su gobierno derivó hacia un autoritarismo: fue incapaz de cooperar con las Cortes y gobernó solo con su camarilla de militares afines. Aprobó un arancel librecambista, que abría el mercado español a los tejidos de algodón ingleses. La industria textil catalana se vio gravemente amenazada, lo que provocó un levantamiento en Barcelona. Espartero bombardeó la ciudad y proclamó el estado de guerra hasta conseguir su sumisión.
En 1843 se produjo un nuevo levantamiento en el que intervinieron los moderados y que forzó a Espartero a marchar al exilio. El régimen progresista se quebró, y las conspiraciones encabezadas por los generales O’Donnell y Narváez llevaron al poder a los moderados. Ante la inconveniencia de nombrar una nueva regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los trece años.