Transformaciones sociales y económicas. Política económica del franquismo

Durante la expansión económica, España inició su modernización e industrialización. La migración del campo a la ciudad causó problemas como el chabolismo y un profundo cambio de mentalidad en la sociedad. El turismo y las influencias culturales provenientes de Europa comenzaron a resquebrajar la estricta moral franquista. Surgió una incipiente sociedad de consumo, caracterizada por la progresiva adquisición de electrodomésticos, el automóvil utilitario (como el SEAT 600) y la llegada de la televisión en 1958. El fenómeno del “baby boom” demográfico impulsó la necesidad de expansión del sistema educativo, y gracias a diversas inversiones estatales, se logró una significativa reducción del analfabetismo. Aunque el régimen de Franco no favoreció activamente la emancipación femenina, se produjeron avances notables, como un mayor acceso de la mujer al mundo laboral. Las clases medias experimentaron un crecimiento considerable y la estructura social tradicional comenzó a transformarse. España se acercaba paulatinamente al modelo socioeconómico europeo, si bien este proceso no vino acompañado de una apertura política.

El Opus Dei fue aumentando su influencia en las esferas de poder, especialmente con el denominado “gobierno monocolor” de tecnócratas. España intentó formalizar su ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE), pero su solicitud fue rechazada, en parte debido a la oposición de los exiliados españoles manifestada en el llamado Contubernio de Múnich (1962).

Paralelamente, se fue consolidando una oposición creciente al régimen. Destacaron las Comisiones Obreras (CC. OO.), fundadas en la clandestinidad en 1964, las protestas estudiantiles en las universidades, los movimientos vecinales en los nuevos barrios obreros y la crítica de algunos sectores de la Iglesia católica, como fue el sonado caso del obispo Añoveros en Bilbao. En 1966 se aprobó la Ley de Prensa e Imprenta, impulsada por Manuel Fraga, que eliminó la censura previa, aunque no garantizaba plenamente la libertad de expresión, ya que se mantenían mecanismos de control y sanción. En 1967, la Ley de Libertad Religiosa reconoció una mayor igualdad entre las distintas confesiones religiosas, aunque manteniendo la preeminencia de la Iglesia Católica.

Política Económica del Franquismo: De la Autarquía al Desarrollismo

En materia económica, durante sus primeros años, el franquismo apostó por una política de autarquía, con el objetivo de que todo lo necesario fuese producido en el interior del país, minimizando la dependencia del exterior. Se estableció una fuerte intervención estatal en la economía, que incluía el control de precios y salarios, el racionamiento de productos básicos, y se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) en 1941 para impulsar la industrialización en sectores estratégicos. Además, el Servicio Nacional del Trigo regulaba la producción y comercialización agrícola. La escasez de materias primas, fuentes de energía y bienes de equipo paralizó en gran medida la economía española durante las décadas de 1940 y 1950. Esta situación generó un extendido mercado negro, conocido popularmente como estraperlo, caracterizado por precios abusivos y bajos salarios reales para la mayoría de la población.

España quedó inicialmente aislada del crecimiento económico internacional de la posguerra y no se benefició del Plan Marshall. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Fría, el régimen comenzó un acercamiento estratégico a Estados Unidos. En 1957, Franco renovó su gobierno e incluyó a los llamados tecnócratas, muchos de ellos vinculados al Opus Dei, que asumieron ministerios económicos clave. Estos nuevos ministros orientaron la política económica hacia la eficiencia técnica y la liberalización. En 1959 se aprobó el crucial Plan de Estabilización, diseñado para frenar la galopante inflación, liberalizar progresivamente la economía, estabilizar la peseta y atraer inversión extranjera. Aunque sus medidas iniciales provocaron un aumento del paro y una bajada de salarios, sentó las bases para que en la década de 1960 se impulsara una notable expansión económica.

Posteriormente, se pusieron en marcha los Planes de Desarrollo Económico y Social, dirigidos por Laureano López Rodó, que buscaban planificar indicativamente el crecimiento y alinear los objetivos del Estado con las iniciativas de las empresas privadas. Se crearon los Polos de Promoción y Desarrollo Industrial en zonas consideradas atrasadas, como Vigo, Burgos o Huelva, con el fin de atraer inversión y fomentar la industria local. La economía española creció a un ritmo acelerado durante los años 60 (el “milagro económico español”), destacando el dinamismo del sector secundario (industrias químicas, metalúrgicas, construcción) y el terciario (especialmente el turismo masivo). En el campo, la modernización de la agricultura (mecanización, nuevos cultivos) provocó un intenso éxodo rural hacia las ciudades y también hacia países industrializados de Europa.

El “desarrollismo” también trajo consigo efectos negativos importantes: se acentuaron los desequilibrios regionales entre una España industrializada y otra más agraria y despoblada; la despoblación de amplias zonas rurales; un escaso crecimiento del empleo en relación con el aumento de la producción (crecimiento sin empleo suficiente); y una fuerte emigración al extranjero en busca de trabajo. A pesar de un persistente déficit comercial, la balanza de pagos se equilibró gracias a la masiva entrada de divisas procedentes de la inversión extranjera, el turismo y las remesas enviadas por los emigrantes.

Represión, exilio y movimientos de protesta contra la dictadura. La cultura durante el Franquismo en España y en el exilio.

Represión Franquista

El régimen franquista se mantuvo en el poder durante casi cuatro décadas mediante la sistemática imposición del orden y el ejercicio de la violencia y la represión política y social. Se contabilizaron miles de fusilamientos tras la Guerra Civil y durante la posguerra, y un elevado número de presos políticos poblaron las cárceles. Todo este aparato represivo estaba amparado y legalizado por una serie de leyes específicas:

• Ley de Responsabilidades Políticas (1939)
• Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo (1940)
• Ley de Seguridad del Estado (1941)
• Ley de Represión del Bandidaje y Terrorismo (1947)

Sin embargo, con el tiempo, algunos presos fueron liberados progresivamente tras cumplir sus condenas o por decisiones gubernamentales de gracia o indulto, especialmente en etapas posteriores del régimen.

El Exilio Republicano

El exilio fue una de las consecuencias más trágicas de la derrota republicana en la Guerra Civil. Cientos de miles de republicanos (se estima que superaron las 400.000 personas) abandonaron el país, principalmente hacia Francia y diversos países de América Latina (especialmente México y Argentina). Muchos de los exiliados que cruzaron la frontera francesa fueron inicialmente ubicados en campos de refugiados en condiciones muy precarias, con la esperanza de que la Segunda Guerra Mundial acabara con el Franquismo. Sin embargo, tras la ocupación de Francia por la Alemania nazi, un número significativo de estos refugiados españoles acabaron deportados a campos de exterminio nazis. En el exilio se intentó crear una fuerza política común para luchar contra la dictadura, como la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, pero estas iniciativas no tuvieron un peso político decisivo en el interior de España.

Movimientos de Protesta contra la Dictadura

La dictadura de Franco evolucionó a lo largo de sus casi cuarenta años de existencia, adaptándose en cierta medida al cambiante contexto internacional, pero mantuvo siempre como constantes la represión político-social y el poder personal y autoritario del dictador, sustentado fundamentalmente en tres pilares: la Iglesia Católica, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS (el partido único) y el Ejército. La oposición al régimen en los primeros años de la posguerra fue muy limitada y estuvo fuertemente condicionada por la desunión de los diversos grupos opositores y, sobre todo, por la implacable represión franquista, respaldada por el entramado legal represivo. Aun así, hubo focos de resistencia, tanto en el interior como desde el exilio, donde unos 450.000 republicanos intentaron organizar la oposición desde países como Francia, la URSS, México o Argentina, aunque, como se mencionó, con escaso éxito práctico en sus inicios.

Evolución de la Oposición al Franquismo

Los monárquicos partidarios de Don Juan de Borbón, mediante el Manifiesto de Lausana (1945), pedían la restauración de una monarquía constitucional. Por su parte, los maquis, una guerrilla de inspiración comunista y anarquista, fueron el grupo opositor más activo en la lucha armada durante la década de 1940, con especial incidencia en zonas montañosas como el Valle de Arán, Asturias o Levante, aunque fueron finalmente desarticulados por el ejército y la Guardia Civil. A partir de la década de 1950, y especialmente en los años 60 y 70, la oposición al régimen creció y se diversificó, manifestándose a través de huelgas obreras (a pesar de estar prohibidas), protestas estudiantiles en las universidades, y la aparición del terrorismo de ETA (Euskadi Ta Askatasuna), fundada en 1959.

Los obreros, organizados en torno a las clandestinas CC. OO. y otras organizaciones sindicales, exigían mejoras laborales y libertades democráticas. Los estudiantes universitarios también protagonizaron numerosas protestas, que a menudo fueron duramente reprimidas por la policía. ETA aumentó progresivamente su actividad violenta, culminando en el asesinato del Almirante Luis Carrero Blanco, presidente del Gobierno y previsible sucesor de Franco, en diciembre de 1973.

Hacia el final del franquismo, sectores significativos de la Iglesia Católica se distanciaron del régimen, criticando la falta de libertades y la situación social. Este cambio fue impulsado en parte por las directrices del Concilio Vaticano II y el papado de Juan XXIII, que promovieron una mayor apertura y compromiso social de la Iglesia. Muchos católicos progresistas, antes afines o tolerantes con el régimen, se alejaron del franquismo. En 1962, la llamada Declaración de Múnich, firmada por políticos de diversas tendencias en el exilio y del interior, rechazó la posible entrada de una España no democrática en la CEE. En 1963, la ejecución del dirigente comunista Julián Grimau generó una oleada de protestas internacionales. Manuel Fraga Iribarne, como ministro de Información y Turismo, aprobó leyes que supusieron una tímida modernización y apertura controlada, y el régimen designó a Juan Carlos de Borbón como sucesor de Franco a título de Rey en 1969.

El Partido Comunista de España (PCE), liderado por Santiago Carrillo desde el exilio, y el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), renovado en el Congreso de Suresnes (1974) con Felipe González como secretario general, dirigieron la principal oposición política organizada al franquismo, junto con partidos nacionalistas como Convergència Democràtica de Catalunya y la clandestina Unión Militar Democrática (UMD) en el seno del Ejército. Mientras tanto, ETA intensificó su actividad terrorista, y el régimen respondió con la declaración de estados de excepción y una mayor represión. En 1974, la creación de la Junta Democrática, liderada por el PCE, y posteriormente la Plataforma de Convergencia Democrática, aglutinando a otras fuerzas, marcaron importantes hitos en la unificación de la oposición de cara al fin del franquismo. El terrorismo de ETA y de grupos antifascistas como el FRAP o el GRAPO se recrudeció, mientras que grupos de extrema derecha, como los Guerrilleros de Cristo Rey, también actuaban violentamente. Hubo procesos judiciales de gran repercusión, como el Proceso de Burgos en 1970 contra miembros de ETA, y el “Proceso 1001” en 1973 contra dirigentes de CC. OO. La ejecución del anarquista Salvador Puig Antich en marzo de 1974 generó una fuerte conmoción y protestas nacionales e internacionales. Finalmente, Franco falleció el 20 de noviembre de 1975.

La Cultura durante el Franquismo en España y en el Exilio

La dictadura franquista supuso una drástica ruptura con la tradición liberal y la efervescencia cultural de la Segunda República, imponiendo una cultura oficial basada en el nacionalcatolicismo, los valores tradicionales y la exaltación patriótica. La mayoría de los intelectuales y artistas más destacados se exiliaron o fueron depurados de sus cargos. La cultura española sufrió una férrea censura y represión, especialmente hasta la relativa apertura de la década de 1960. Durante los primeros años, destacaron autores afines al régimen, como Dionisio Ridruejo (aunque luego se distanciaría), y algunos miembros de la Generación del 27 que permanecieron en España y se adaptaron a las circunstancias, como Dámaso Alonso o Vicente Aleixandre. A partir de la década de 1960, y a pesar de la censura, surgieron nuevas voces y corrientes literarias con autores como Camilo José Cela, Ana María Matute o Miguel Delibes. En el exilio, escritores de la talla de Luis Cernuda, Jorge Guillén, Rosa Chacel o Juan Ramón Jiménez (Premio Nobel en 1956) mantuvieron viva la llama de la cultura española, especialmente en países de acogida como México y Argentina.

En el ámbito del arte, figuras universales como Pablo Picasso y Joan Miró desarrollaron la mayor parte de su obra en el exilio, convirtiéndose en símbolos de la resistencia cultural. Salvador Dalí, tras un periodo en Estados Unidos, regresó a España y mantuvo una relación compleja con el régimen. La arquitectura de la posguerra pasó de un estilo monumentalista e imperialista (neoherreriano), como el Valle de los Caídos o el Ministerio del Aire en Madrid, a adoptar progresivamente corrientes más modernas y vanguardistas a partir de los años 50 y 60.

Evolución política tras la muerte de Franco: retos y logros hacia la democracia

Tras la muerte del general Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975, jurando las Leyes Fundamentales del Reino. Su principal asesor en los primeros momentos, Torcuato Fernández-Miranda (presidente de las Cortes y del Consejo del Reino), ya tenía trazadas las líneas maestras del cambio político: una reforma controlada desde la propia legalidad franquista, para pasar “de la ley a la ley”, evitando una ruptura traumática. Inicialmente, se mantuvo como presidente de Gobierno a Carlos Arias Navarro, pero el Rey introdujo en el ejecutivo a políticos más jóvenes y favorables a una apertura gradual.

La situación social era extremadamente inestable, marcada por huelgas, manifestaciones, protestas y actos de violencia política, mientras la oposición democrática, tanto en el interior como en el exilio, pedía una ruptura clara con el régimen anterior y la instauración de un sistema democrático. El gobierno de Arias Navarro aprobó algunas leyes tímidas, como la de reunión y asociación política (que permitía la creación de “asociaciones” pero no partidos políticos plenos), pero se resistió a emprender una reforma profunda del Código Penal que permitiera la legalización de todos los partidos. El 1 de julio de 1976, el rey Juan Carlos I forzó la dimisión de Arias Navarro debido a su resistencia a profundizar en la transición democrática, y nombró para la presidencia del Gobierno a Adolfo Suárez, un político relativamente joven procedente del Movimiento Nacional. Esta designación sorprendió a muchos, y figuras aperturistas del franquismo como Manuel Fraga y José María de Areilza se negaron inicialmente a colaborar con él.

Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política

Adolfo Suárez, con el respaldo del Rey, demostró una gran habilidad política. Consiguió que se reformara el Código Penal para facilitar la legalización de los partidos políticos, aunque inicialmente con la exclusión del PCE. Su logro más importante fue conseguir la aprobación por las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política en noviembre de 1976. Esta ley, que era en realidad la octava Ley Fundamental, se convirtió en el instrumento jurídico que permitió desmontar el entramado institucional franquista y convocar elecciones democráticas. Suárez, después de una difícil y tensa negociación, consiguió que las Cortes orgánicas aprobaran su propia autodisolución (el llamado «harakiri» de las Cortes franquistas), lo que provocó la dimisión del vicepresidente Fernando de Santiago y el nombramiento del general Manuel Gutiérrez Mellado, un militar reformista, como vicepresidente para Asuntos de la Defensa, clave para asegurar la lealtad del Ejército al proceso de cambio.

Referéndum, Tensiones y Legalización del PCE

La Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976, obteniendo un masivo respaldo ciudadano (más del 94% de votos afirmativos). Este proceso se desarrolló en un clima de gran tensión política y social, con atentados terroristas de ETA y del GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), así como por la sorpresiva aparición pública en Madrid de Santiago Carrillo, secretario general del PCE, que aún se encontraba en la clandestinidad. El 30 de diciembre de 1976, se decretó la supresión del Tribunal de Orden Público (TOP), símbolo de la represión franquista, siendo sustituido por la Audiencia Nacional.

En enero de 1977, la violencia política alcanzó un punto crítico con la Matanza de Atocha, donde un comando de extrema derecha asesinó a cinco abogados laboralistas vinculados al PCE y a CC. OO. en su despacho de la calle Atocha de Madrid. La respuesta ciudadana, con manifestaciones pacíficas y masivas en señal de duelo y repulsa, evidenció la madurez cívica de la sociedad española y demostró que el PCE podía integrarse pacíficamente en el proceso de transición democrática. Como resultado de este y otros factores, el gobierno de Suárez tomó la audaz decisión de legalizar al PCE el 9 de abril de 1977 (Sábado Santo), poco después de disolver formalmente el Movimiento Nacional. Aunque un sector del Ejército mostró su profundo desacuerdo, finalmente acató la decisión. Poco después, también se legalizaron las centrales sindicales como CC. OO. y UGT.

Primeras Elecciones Democráticas (1977)

El 15 de junio de 1977 se convocaron las primeras elecciones generales democráticas en España desde febrero de 1936. Adolfo Suárez concurrió a estas elecciones al frente de la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición electoral de partidos de centroderecha formada por liberales, socialdemócratas, democristianos y exfalangistas reformistas. La derecha más conservadora estuvo representada principalmente por Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga Iribarne. La izquierda estuvo representada fundamentalmente por el PSOE, liderado y profundamente renovado por el joven Felipe González, mientras que el PCE, recientemente legalizado y con Santiago Carrillo al frente, obtuvo una representación más modesta. Las elecciones fueron ganadas por la UCD de Suárez, quien formó un gobierno en solitario, con el PSOE consolidándose como la segunda fuerza política y principal partido de la oposición.

Gobierno de UCD: Pactos de la Moncloa y Constitución

El nuevo gobierno de UCD, presidido por Adolfo Suárez, tuvo que enfrentarse a una difícil situación económica. La crisis mundial del petróleo de 1973 continuaba afectando gravemente a la economía española, el paro aumentaba de forma alarmante, y la inflación y el déficit público eran enormes. Como solución de consenso, Suárez impulsó la firma, el 25 de octubre de 1977, de los Pactos de la Moncloa entre el Gobierno y los principales partidos políticos con representación parlamentaria, así como las organizaciones sindicales y empresariales. Estos pactos incluían un conjunto de medidas económicas (devaluación de la peseta, reforma fiscal, moderación salarial), sociales (extensión de la Seguridad Social) y políticas (libertad de expresión, despenalización del adulterio y el amancebamiento). En 1978 se abortó un intento de golpe de Estado conocido como la «Operación Galaxia».

Las nuevas Cortes democráticas, surgidas de las elecciones de 1977, asumieron un carácter constituyente. Las fuerzas políticas representadas en ellas acordaron la necesidad prioritaria de elaborar una nueva Constitución democrática. Tras un intenso proceso de debate y consenso, la Constitución fue aprobada por las Cortes en octubre de 1978 y ratificada mayoritariamente por el pueblo español en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Una vez aprobada la Carta Magna, se convocaron nuevas elecciones generales el 1 de marzo de 1979, en las que volvió a ganar la UCD de Suárez, aunque sin mayoría absoluta. Sin embargo, en las siguientes elecciones municipales de abril de 1979, las alianzas entre PSOE y PCE permitieron a la izquierda gobernar en muchas de las principales ciudades españolas.

Crisis de UCD, 23-F y Cambio de Gobierno

La creciente oposición política contra Suárez, tanto desde la derecha como desde la izquierda, y la profunda crisis interna que afectaba a la heterogénea coalición de UCD, provocaron su dimisión como presidente del Gobierno el 29 de enero de 1981. Poco después, el 23 de febrero de 1981 (23-F), mientras los diputados del Congreso votaban la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como sucesor de Suárez, se produjo un intento de golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Antonio Tejero, quien irrumpió pistola en mano en el hemiciclo. El golpe, que también implicó la sublevación del capitán general de la III Región Militar en Valencia, Jaime Milans del Bosch, fracasó gracias a la decisiva intervención del Rey Juan Carlos I, quien desautorizó a los golpistas y defendió el orden constitucional.

El gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) se enfrentó a numerosos problemas:

• La continua división y descomposición interna de la UCD.
• La oposición de sectores de la Iglesia Católica a algunas reformas, como la ley del divorcio.
• El grave escándalo del envenenamiento masivo por el aceite de colza adulterado.
• El juicio a los implicados en el golpe del 23-F.
• La polémica decisión de integrar a España en la estructura militar de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en 1982.

Todo ello condujo a un fuerte desgaste del gobierno y de UCD, lo que se tradujo en el triunfo arrollador del PSOE, liderado por Felipe González, en las elecciones generales del 28 de octubre de 1982. Esta victoria socialista, con mayoría absoluta, marcó el fin de la Transición democrática y el inicio de una nueva etapa política de consolidación de la democracia en España.

La Constitución de 1978. El Estado de las Autonomías

Con la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que ponía fin legalmente al régimen franquista, se abrió formalmente el proceso constituyente en España.

La Constitución de 1978

Proceso Constituyente

Las Cortes Generales elegidas en junio de 1977, aunque inicialmente no convocadas como constituyentes, asumieron de facto esta función. Se formó una Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados que designó a un grupo de siete ponentes, conocidos popularmente como los «padres de la Constitución», para elaborar un primer borrador del texto constitucional. Los ponentes, representando a los principales partidos políticos con presencia parlamentaria, fueron: Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y José Pedro Pérez-Llorca (por UCD); Gregorio Peces-Barba (por el PSOE); Jordi Solé Tura (por el PCE-PSUC); Manuel Fraga Iribarne (por AP); y Miquel Roca i Junyent (por la Minoría Catalana). La ausencia del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en la firma final de la Constitución se debió a desacuerdos fundamentales sobre la cuestión de los derechos históricos de los territorios forales y el alcance del autogobierno. La palabra clave durante todo el proceso de redacción y debate fue consenso, buscando evitar una Constitución partidista y lograr un marco de convivencia aceptable para la gran mayoría de las fuerzas políticas y sociales. Las cuestiones más espinosas, como la forma de Estado, la organización territorial o las relaciones Iglesia-Estado, se redactaron con una calculada ambigüedad en algunos de sus artículos para lograr la aceptación de todas las partes.

Contenido de la Constitución

La Constitución Española de 1978 define a España como un Estado social y democrático de Derecho, cuya forma política es la monarquía parlamentaria. El Rey es el Jefe del Estado y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, pero sus funciones están tasadas y subordinadas al poder civil. Se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.

Se compatibiliza la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, con el reconocimiento y garantía del derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Se recoge una amplia declaración de derechos y libertades fundamentales, incluyendo derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, la libertad ideológica, religiosa y de culto, la libertad de expresión, de reunión, de asociación; así como también derechos sociales y económicos como la protección social, económica y jurídica de la familia, el derecho a la salud, a la cultura, o el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

La única modificación constitucional hasta la fecha del texto original fue realizada en 1992 para adaptar la legislación española al Tratado de Maastricht de la Unión Europea, concediendo el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales a los ciudadanos de otros países de la UE residentes en España.

La Constitución establece la clásica separación de poderes:

• El poder legislativo reside en las Cortes Generales (formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado), elegidas por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto.
• El poder ejecutivo corresponde al Gobierno, que dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. El Gobierno cuenta con potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley a las Cortes.
• El poder judicial, independiente, reside en los jueces y magistrados, que administran justicia en nombre del Rey. Se crea el Tribunal Constitucional como máximo intérprete de la Constitución y garante de los derechos y libertades fundamentales, así como del control de la constitucionalidad de las leyes.

Las Comunidades Autónomas (CC. AA.) se rigen por un Estatuto de Autonomía, que es su norma institucional básica, aprobado por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Dicho Estatuto establece sus competencias, la denominación, organización y sede de sus instituciones autonómicas (asamblea legislativa, consejo de gobierno y presidente). La Constitución también garantiza el principio de solidaridad y el equilibrio económico interterritorial a través de mecanismos como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

Durante el proceso de redacción de la Constitución, la violencia terrorista, especialmente de ETA, se intensificó notablemente, intentando boicotear y hacer descarrilar la transición hacia la democracia y la aprobación de un texto constitucional que garantizara la igualdad de derechos y deberes para todos los españoles. A pesar de ello, la Constitución fue aprobada mayoritariamente en las Cortes (Congreso y Senado) y, posteriormente, ratificada en referéndum por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978.

El Estado de las Autonomías

Ante el fuerte deseo de autogobierno manifestado por vascos y catalanes (simbolizado por la masiva manifestación de la Diada de Cataluña el 11 de septiembre de 1977), el gobierno de Adolfo Suárez inició el proceso preautonómico incluso antes de la aprobación definitiva de la Constitución. En septiembre de 1977 se restableció provisionalmente la Generalitat de Cataluña, con el regreso de su presidente en el exilio, Josep Tarradellas. En el País Vasco se creó el Consejo General Vasco como órgano preautonómico. Entre abril y octubre de 1978, se crearon organismos preautonómicos similares para la mayoría de las otras regiones españolas.

Ante las crecientes demandas de autonomía por parte de los partidos nacionalistas y regionalistas, Suárez optó por generalizar el principio de autonomía regional para todas las regiones de España, en lo que se conoció popularmente como la política del «café para todos». La Constitución de 1978 estableció dos vías principales para acceder a la autonomía: una vía rápida (a través del artículo 151), pensada inicialmente para las “nacionalidades históricas” (Cataluña, País Vasco y Galicia) y aquellas otras regiones que lo solicitaran y aprobaran por referéndum; y una vía lenta (a través del artículo 143), que implicaba un proceso más gradual y con un techo competencial inicialmente menor, aunque preveía la posibilidad de ampliar competencias transcurridos cinco años.

Entre 1979 y 1983 se fueron constituyendo y aprobando los Estatutos de las 17 Comunidades Autónomas que conforman el actual mapa autonómico español. Las primeras en acceder a la autonomía por la vía rápida fueron Cataluña, el País Vasco (Euskadi) y Galicia, seguidas por Andalucía (que también accedió por la vía del artículo 151 tras un referéndum específico). Finalmente, surgieron 13 Comunidades Autónomas más por la vía del artículo 143 o mediante pactos específicos. En 1995 se completó el mapa con la constitución de Ceuta y Melilla como Ciudades Autónomas con estatutos propios.