La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
Contexto: La Crisis de la Restauración
El régimen de la Restauración, incapaz de adaptarse a los desafíos del siglo XX, experimentó gobiernos inestables. El impulso regenerador del sistema político vigente, promovido por figuras como Silvela, Antonio Maura y José Canalejas, fracasó, mientras se fortalecían partidos republicanos y movimientos obreros (CNT, PSOE y UGT).
La neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial proporcionó un gran crecimiento económico gracias a las exportaciones, aunque esto también provocó una súbita subida de precios internos. Al finalizar la guerra, la pujanza económica disminuyó, mientras que los nacionalismos peninsulares se vieron influenciados por los principios del Tratado de Versalles.
En este período, graves crisis pusieron de manifiesto la incapacidad de la monarquía para afrontar los nuevos problemas de España:
- La Semana Trágica de Barcelona en 1909.
- La crisis general de 1917 (militar, política y social).
- La costosa e impopular Guerra de Marruecos.
- El Desastre de Annual en 1921.
- La polémica redacción del Expediente Picasso, que investigaba las responsabilidades del desastre.
El Golpe de Estado y el Directorio Militar (1923-1925)
Así, el 13 de septiembre de 1923, varios sectores del ejército, liderados por el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dieron un golpe de Estado. Primo de Rivera publicó un manifiesto justificando la acción y anunciando la constitución de un Directorio Militar.
El rey Alfonso XIII apoyó inmediatamente el golpe y le confió la formación de Gobierno. Se instauró así una dictadura sin apenas resistencia, aceptada inicialmente incluso por sectores del socialismo, ya que los objetivos declarados en el manifiesto eran acabar en poco tiempo con “la vieja política” caciquil y corrupta, a la que se culpaba de los males del país.
Las principales medidas iniciales fueron:
- La declaración del Estado de Guerra en todo el país.
- La suspensión de las garantías constitucionales y la disolución de las Cortes.
- La militarización de la administración pública y la disolución de ayuntamientos.
- La prohibición de las actividades de los partidos políticos y sindicatos (con excepciones).
En cuanto a los problemas internos, se persiguió a comunistas y anarquistas, lo que contribuyó a la disminución de los atentados y la violencia callejera. En referencia a la Guerra de Marruecos, la decisión de Abd-el-Krim de atacar el Protectorado francés propició una acción militar conjunta de España y Francia. El éxito del desembarco en la bahía de Alhucemas en septiembre de 1925 fue decisivo. Abd-el-Krim se rindió y la guerra finalizó oficialmente el 10 de julio de 1927, lo que otorgó gran prestigio al dictador.
El Directorio Civil (1925-1930)
Con el objetivo de institucionalizar la dictadura y darle una apariencia de normalidad, el 3 de diciembre de 1925, Miguel Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por un Directorio Civil, incorporando a figuras tecnócratas como José Calvo Sotelo (Hacienda), el Conde de Guadalhorce (Fomento) o Eduardo Aunós (Trabajo).
Política y Sociedad
A los éxitos iniciales se sumaron una coyuntura económica internacional expansiva, el apoyo inicial de la UGT y la creación de la Unión Patriótica, un partido único destinado a aglutinar las adhesiones al régimen. En el ámbito político, la Unión Patriótica respaldó la creación de una Asamblea Nacional Consultiva en 1927. Este órgano, compuesto por miembros designados y representantes de corporaciones, preparó en 1929 un anteproyecto de Constitución que no llegó a prosperar por falta de apoyos.
En lo social, se puso en marcha la Organización Corporativa Nacional para regular las relaciones laborales, creando comités paritarios (con igual número de obreros y patronos), contando inicialmente con la colaboración de la UGT. Además, se impulsó la construcción de viviendas populares y se desarrollaron los seguros sociales y los derechos de jubilación.
Economía
En el ámbito económico, se llevó a cabo un ambicioso programa de obras públicas (modernización de ferrocarriles, construcción de carreteras, creación de confederaciones hidrográficas para la gestión del agua y la producción de electricidad). Además, se fomentó la intervención estatal y se concedieron monopolios a empresas como CAMPSA (petróleo), Telefónica o Iberia. Se nacionalizaron algunos sectores y se aprobó un Decreto de Protección de la Industria Nacional.
Oposición y Caída de la Dictadura
Estas medidas, favorecidas por la coyuntura internacional, impulsaron el crecimiento económico, pero la oposición a Primo de Rivera aumentó progresivamente. Estaba integrada por:
- Viejos políticos liberales y conservadores apartados del poder.
- Militares liberales (protagonistas del golpe de Estado fallido del 24 de junio de 1926, conocido como la Sanjuanada).
- Sectores del Ejército como el arma de Artillería, enfrentada al dictador.
- Intelectuales (como Miguel de Unamuno, que fue desterrado) y estudiantes universitarios.
- Republicanos, agrupados en la Alianza Republicana.
- Nacionalistas catalanes y vascos, cuyas aspiraciones fueron reprimidas.
- La CNT, que mantuvo su oposición y fue duramente perseguida. Los anarquistas más radicales fundaron en 1927 la Federación Anarquista Ibérica (FAI).
- El PSOE y la UGT, que abandonaron gradualmente su postura colaboracionista inicial para pasar a la oposición.
La favorable coyuntura económica cambió radicalmente con el crack de la Bolsa de Nueva York en octubre de 1929, que cortó los créditos exteriores y agravó el endeudamiento del Estado español. Como consecuencia, Calvo Sotelo dimitió como ministro de Hacienda, mientras la oposición política arreciaba.
Alfonso XIII, temeroso de que la creciente impopularidad de la dictadura arrastrara a la monarquía, y ante la pérdida de apoyo de los altos mandos militares, retiró su confianza al dictador. Primo de Rivera dimitió el 30 de enero de 1930 y se exilió a París, donde moriría poco después.
La “Dictablanda” y el Fin de la Monarquía (1930-1931)
Le sustituyó el General Dámaso Berenguer, con el encargo del rey de retornar paulatinamente al sistema constitucional de 1876. Berenguer suprimió la censura más férrea, permitió el regreso de algunos opositores exiliados y toleró ciertas actividades de los partidos.
Sin embargo, su gobierno, conocido popularmente como la Dictablanda, se vio desbordado por la crisis económica, las agitaciones sociales y el fortalecimiento de la oposición antimonárquica. Esta oposición, que aglutinaba a republicanos, socialistas y regionalistas catalanes y gallegos, firmó el 17 de agosto de 1930 el Pacto de San Sebastián. Su objetivo era derribar la monarquía e instaurar una república, constituyendo un comité ejecutivo republicano presidido por Niceto Alcalá Zamora y reconociendo las aspiraciones autonomistas, especialmente las catalanas.
El 12 de diciembre de 1930, los capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández protagonizaron en Jaca (Huesca) un intento de insurrección republicana. El levantamiento fracasó, sus líderes fueron sometidos a consejo de guerra sumarísimo y fusilados, convirtiéndose en mártires de la causa republicana. Los miembros del comité revolucionario firmante del Pacto de San Sebastián fueron encarcelados.
El rechazo de la mayoría de los partidos políticos a participar en las elecciones legislativas convocadas por Berenguer forzó su dimisión el 14 de febrero de 1931.
El rey nombró entonces al Almirante Juan Bautista Aznar, quien formó un gobierno de concentración monárquica y asumió el compromiso de convocar elecciones, empezando por las municipales y provinciales como primer paso para restaurar la normalidad constitucional.
Las elecciones municipales se convocaron para el 12 de abril de 1931 y se plantearon como un plebiscito sobre la monarquía, enfrentando a las candidaturas monárquicas contra las de la conjunción republicano-socialista. Aunque los monárquicos obtuvieron más concejales en total (gracias al voto rural), la victoria de las candidaturas republicano-socialistas en 41 de las 50 capitales de provincia y en las principales ciudades fue interpretada como un rechazo masivo a la monarquía.
Ante la falta de apoyos y para evitar una posible guerra civil, Alfonso XIII decidió suspender el ejercicio del poder real y abandonar España. El 14 de abril de 1931 se proclamó pacíficamente la Segunda República Española.