Bienio Azañista: Introducción a las Reformas de la Segunda República

Una vez proclamada la Constitución (diciembre de 1931), fue elegido por las Cortes Niceto Alcalá Zamora (de centro-derecha) Presidente de la República, y Manuel Azaña (republicano de izquierdas), Presidente del Gobierno. Durante los dos años siguientes, el Gobierno de centro-izquierda acometió un amplio programa de reformas.

Reformas Clave del Bienio Azañista (1931-1933)

Reforma Educativa: Modernización y Secularización

Los nuevos dirigentes del país, algunos de los cuales se habían formado en las aulas de la Institución Libre de Enseñanza, estaban convencidos de que a través de un sistema educativo moderno y democrático, España podría salir de su atraso (en esa década había un 44 % de analfabetos). En primer lugar, se consideró necesario secularizar la enseñanza, prohibiendo su ejercicio a las órdenes religiosas. También había que crear nuevos centros docentes (en estos dos primeros años se abrieron 10.000 nuevas escuelas públicas) y se reformaron otros aspectos: nuevos planes de estudios, mejora en la preparación de los maestros y aumento de su sueldo, etc. La Iglesia Católica, que tradicionalmente había desempeñado un papel importantísimo en el terreno educativo, mostró una fuerte resistencia hacia estas reformas.

Reforma Militar: Profesionalización y Reducción de Mandos

Su objetivo era modernizar un ejército arcaico y macrocéfalo (es decir, había un número excesivo de mandos en relación con el de soldados). Siendo Azaña Ministro de la Guerra en el Gobierno Provisional, ofreció a los jefes y oficiales la jubilación anticipada voluntaria, conservando íntegramente la paga (el 50 % de los afectados se acogieron a esa situación ventajosa, unos 10.000). Otras medidas adoptadas por la República fueron la disminución de la jurisdicción militar en beneficio de la civil, la supresión de la Academia General Militar y la creación de la Guardia de Asalto (una policía urbana leal a la República). Se obligó a los militares a jurar fidelidad a la República (a pesar de ello, muchos continuaron siendo monárquicos de corazón).

Leyes Laborales: Avances y Descontento Social

El encargado de llevar adelante la política laboral fue el Ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero. Su política de reformas consistió en:

• Implantación de la jornada laboral de ocho horas en el campo.
• Prolongación automática de los contratos de arrendamiento.
• Creación de unos jurados mixtos de trabajadores y empresarios para resolver los conflictos laborales.

Estas medidas fueron muy mal acogidas por los empresarios, pero también decepcionaron (por considerarlas insuficientes) a los anarquistas y al sector más radical del socialismo español. Las huelgas y desórdenes fueron constantes tanto en las fábricas como en el campo.

Reforma Agraria: Un Desafío Estructural

Las arcaicas estructuras del campo y las consecuencias sociales que se derivaban de ello constituían uno de los problemas clave de la España de la época: el latifundismo en el centro y sur de España condenaba al paro crónico y a la miseria a cientos de miles de campesinos no propietarios. Para remediar esta situación, en los primeros momentos de la II República, el Gobierno elaboró una serie de leyes favorables a los jornaleros. Sin embargo, el asunto más polémico fue la aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria de 1932, cuyos objetivos eran redistribuir la tierra y mejorar su rendimiento. Lógicamente, contó con el rechazo frontal de los partidos de derecha, que defendían los intereses de los terratenientes. Esa ley permitía la expropiación de los latifundios (que serían parcelados y repartidos entre los jornaleros), indemnizando a los propietarios. Pero, por culpa de los complejos trámites burocráticos y del enorme coste de las indemnizaciones, solo 12.000 familias recibieron tierras durante los dos años de vigencia de la ley. Esta insuficiencia explica la gran decepción que supuso para la gran masa de jornaleros, por lo que la conflictividad en el campo sería constante durante toda la República.

Estatutos de Autonomía: Descentralización y Tensiones Territoriales

La aprobación del Estatuto de Cataluña en 1932, que suponía la creación de la Generalitat o gobierno autónomo catalán, fue defendida también por Manuel Azaña. Francesc Macià fue el primer presidente catalán. Los partidos de la derecha y algunos centristas se opusieron con vigor contra lo que consideraban el desmembramiento de España. En el País Vasco, el sentimiento nacionalista estaba entonces menos arraigado que en Cataluña, por lo que las autoridades republicanas no se dieron ninguna prisa para concederle un estatuto de autonomía (sería aprobado durante la Guerra Civil).

Contexto Económico y Desafíos de la II República

Los problemas económicos marcaron la trayectoria de la II República (una enorme crisis a escala internacional había comenzado en 1929, prolongándose durante la década de los treinta). La crisis económica provocó la disminución de las exportaciones de productos españoles a Europa, de ahí que hubiera que frenar también las importaciones de maquinaria, tan necesarias para la modernización de nuestra obsoleta industria. A ello se unió la fuga de capitales (la burguesía y la nobleza recelaban de la política de reformas del gobierno republicano, por lo que no solo no invierten, sino que incluso llegan a cerrar empresas). El consiguiente crecimiento del paro se agravó por el retorno en masa de españoles que en las décadas anteriores habían emigrado a Hispanoamérica, puesto que allí la crisis había tenido gran repercusión, arruinando a muchos de ellos.