La Transición Española y la Constitución de 1978

La Transición española es el período histórico durante el cual se llevó a cabo el proceso por el que España deja atrás el régimen dictatorial del general Franco, pasando a regirse por la Constitución de 1978, que consagraba un Estado social y democrático de derecho.

La Transición Política

Tras la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado rey en un contexto político de gran incertidumbre. Se iniciaba un complejo proceso de transición que llevaría de la dictadura a un sistema democrático. Este proceso de transición, que se llevó a cabo desde dentro del sistema, se ha convertido al pasar los años en un modelo para muchos países.

El panorama político que se encontraba en España a la muerte de Franco era el siguiente:

• Los Franquistas: A la muerte de Franco, las diferencias entre el “búnker”, organizado en torno a figuras como Blas Piñar, y los “aperturistas” se agudizaron. Entre estos últimos había políticos veteranos de la dictadura que estaban convencidos de la necesidad del cambio. Era el caso de Manuel Fraga o José María de Areilza, y jóvenes que no habían vivido la guerra civil y que iban a desempeñar un papel clave en la Transición. Adolfo Suárez será la figura clave en este grupo.
• Las Fuerzas de Oposición: Las fuerzas de la derecha liberal eran muy débiles y se agrupaban en torno a figuras como Ruiz Giménez y Gil Robles o los partidarios de Juan de Borbón, padre del monarca. Entre las fuerzas nacionalistas hay que destacar la aparición de una nueva fuerza hegemónica en Cataluña, Convergència Democràtica de Catalunya dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco será la fuerza mayoritaria. Teóricamente contrario al terrorismo, en la práctica no se enfrentaba a las acciones de una ETA cada vez más activa. La hegemonía comunista también se reflejaba en el mundo sindical. Comisiones Obreras era el sindicato más poderoso, mientras que la UGT comenzaba a reorganizarse. La histórica CNT se convirtió en una fuerza meramente simbólica. Las disensiones entre el PCE y el PSOE impidieron que toda la oposición democrática se coaligara en una única alianza. Así, surgieron la Junta Democrática, dominada por el PCE y con fuerte capacidad de movilización, y la Plataforma de Convergencia Democrática, donde el PSOE, el PNV y la UGT eran las fuerzas principales.

Los primeros momentos del reinado de Juan Carlos I. El Gobierno de Arias Navarro (noviembre 1975 – julio 1976)

Los primeros momentos de la monarquía de Juan Carlos I, que fue nombrado rey el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, estuvieron caracterizados por la indefinición. Muchos sospechaban que la nueva monarquía sería una mera continuadora del franquismo sin Franco. Sin embargo, el nuevo monarca se fue rodeando de un grupo de asesores, entre los que destacaba Torcuato Fernández-Miranda, que diseñaron un plan de cambio político. Este cambio se denominó la reforma. Se trataba de aplicar cambios controlados que garantizaran la intangibilidad de los funcionarios y militares franquistas y que llevaran a un sistema democrático desde las propias leyes franquistas.

En un principio, el rey optó por mantener al frente del Gobierno a Arias Navarro, quien había presidido el ejecutivo en la fase final de la dictadura. El Gobierno incluía a Manuel Fraga en el puesto clave de ministro del Interior y figuras jóvenes procedentes del Movimiento como Adolfo Suárez o Rodolfo Martín Villa. El Gobierno de Arias fracasó a la hora de realizar un proceso de reformas creíble y respondió con represión a las protestas sociales. Una oleada de huelgas se extendió por el país en enero de 1976. Finalmente, el rey, que no había disimulado su descontento con la labor del ejecutivo, destituyó a Arias Navarro en julio de 1976.

El primer Gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política

El nombramiento de Adolfo Suárez, joven político procedente del Movimiento, como nuevo presidente del Gobierno fue recibido con decepción entre la opinión democrática. Pese a que el nuevo Gobierno estaba formado por ministros aperturistas, muchos pensaron que Suárez no era el hombre adecuado para liderar el proceso hacia la democracia.

El Consejo de Ministros aprobó un decreto-ley de Amnistía (quedaban excluidos los terroristas) y abolió el Tribunal de Orden Público. Poco tiempo después, en septiembre de 1976, Suárez presentó el proyecto de Ley para la Reforma Política, que incluía la convocatoria de elecciones libres. Los sectores más inmovilistas del franquismo, crecientemente irritados por la evolución política y los atentados terroristas de ETA y el GRAPO, empezaron a conspirar para organizar un golpe militar contra el incipiente proceso de reformas.

En septiembre de 1976, Suárez nombró al teniente general Manuel Gutiérrez Mellado vicepresidente del Gobierno. Gutiérrez Mellado fue una figura clave para controlar el peligro golpista en el Ejército. La Ley para la Reforma Política establecía la soberanía popular como un derecho político de todos los españoles mayores de edad, procedía a crear unas Cortes bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado), con un mandato de cuatro años.

El año clave: 1977. La legalización de los partidos políticos

Poco a poco, la oposición fue saliendo de la clandestinidad. El PSOE celebró en Madrid su XXVII Congreso al que asistieron importantes líderes internacionales. Santiago Carrillo, el líder comunista, dio una rueda de prensa clandestina en Madrid reclamando el derecho del PCE a ser legalizado. Detenido el 23 de diciembre de 1976, fue puesto en libertad ocho días después.

La oposición, que en un principio había desconfiado de Suárez, pasó a aceptar lo inevitable: el fin del franquismo no se realizaría mediante lo que denominaban la ruptura democrática (gobierno provisional, amnistía, legalización de todos los partidos, elecciones libres…). En adelante, gran parte de la oposición pasó a apoyar un proceso de reforma que iba a concluir en el establecimiento de un genuino régimen democrático.

El proceso de reformas estuvo siempre amenazado por dos fuerzas opuestas que se alimentaban mutuamente. Por un lado, las fuerzas de extrema derecha, en las que se agrupaban los residuos del franquismo más duro, grupos terroristas como los Guerrilleros de Cristo Rey, diarios del régimen como El Alcázar, o grupos políticos como Fuerza Nueva, dirigida por Blas Piñar. Esta extrema derecha centró sus esfuerzos en alentar un golpe militar que pusiera fin al proceso democrático. Por otro lado, los grupos terroristas nacionalistas como ETA o de extrema izquierda como el GRAPO. Con sus ataques al Ejército y las fuerzas policiales, alimentaban las posibilidades de un golpe militar.

La situación llegó a su momento de máxima tensión en la semana del 23 al 29 de enero de 1977, cuando una sucesión de hechos violentos estuvo a punto de dar al traste con la Transición. Al asesinato de un estudiante en una manifestación proamnistía por parte de los “Guerrilleros de Cristo Rey”, le siguió el secuestro del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, el general Villaescusa, por parte del GRAPO y la matanza de cinco abogados laboralistas del PCE en Atocha por grupos de pistoleros de extrema derecha.

Las elecciones del 15 de junio de 1977

El partido triunfador fue la Unión de Centro Democrático (UCD), nuevo partido organizado por Suárez en el que se agrupaban los aperturistas del franquismo con algunos elementos moderados de la antigua oposición democrática. La UCD obtuvo el 34,5% de los votos. El segundo partido más votado fue el PSOE de Felipe González con casi el 30% de los votos. Ante la sorpresa de muchos, el PSOE se hizo con la hegemonía en la izquierda. Por detrás quedó el PCE con un 9,4% y la Alianza Popular de Manuel Fraga con el 8,0%. Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PNV se constituyeron como las principales fuerzas nacionalistas.

Los Pactos de la Moncloa

Todo este delicado proceso político debía hacerse en un contexto de profunda crisis económica. La crisis del petróleo de 1973 había golpeado duramente a España y el paro y la inflación crecían alarmantemente. Para estabilizar la situación económica, las principales fuerzas políticas firmaron en octubre de 1977 los Pactos de la Moncloa, una serie de medidas consensuadas para hacer frente a las graves dificultades económicas (devaluación de la peseta, derecho de asociación sindical, incremento de los salarios, contención de la inflación, etc.).

En el plano político, los Pactos de la Moncloa supusieron la total eliminación de la censura previa, el derecho de reunión, de asociación política y la libertad de expresión, la eliminación de la tortura y la despenalización del adulterio.

El proceso constitucional

A las pocas semanas de su elección, las Cortes iniciaron los trabajos para elaborar la Constitución. Las Cortes elegidas en 1977 se convirtieron inmediatamente en Cortes Constituyentes. Se eligió una Comisión Constitucional y esta eligió a siete diputados para elaborar un primer texto como proyecto constitucional. Estos siete diputados, los “padres de la Constitución”, fueron Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca de UCD; Gregorio Peces-Barba del PSOE; Jordi Solé Tura del PCE; Miquel Roca i Junyent, en representación de Minoría Catalana y del PNV; y Manuel Fraga Iribarne de Alianza Popular (AP). La ausencia de un representante del PNV, ligada a la cuestión de los “derechos históricos”, tuvo graves consecuencias, ya que el principal partido nacionalista vasco no apoyó finalmente el texto constitucional.

Tras su debate en el Congreso y en el Senado, el texto final fue aprobado en el Pleno del Congreso de los Diputados por 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Finalmente, el Proyecto de Constitución fue sometido a referéndum de los ciudadanos el 6 de diciembre de 1978. La Constitución quedó aprobada con un 87,87% de votos afirmativos.

La Constitución de 1978

La Constitución de 1978 es la primera de las fuentes del ordenamiento jurídico y su naturaleza es tanto política como jurídica. Desde un punto de vista formal y técnico, la Constitución Española de 1978 puede definirse como una Constitución formal y escrita, cerrada o codificada en un solo texto, extensa, de escasa originalidad y rígida. Varias constituciones europeas le han servido de referente: la Constitución Española de 1931, la italiana de 1947, la alemana de 1949 (Ley Fundamental de Bonn), la francesa de 1975 y la portuguesa de 1976.

La estructura de la Constitución, que consta de 169 artículos divididos en títulos, es la siguiente:

• a) Un preámbulo
• b) Una parte dogmática, formada por el Título Preliminar y el Título I (De los derechos y deberes fundamentales).
• c) Una parte orgánica (Títulos II al X)
• d) 4 disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 final.

Título Preliminar (artículos 1-9)

En el Título Preliminar se contienen los principios fundamentales de la Constitución: Se define a España como un Estado social y democrático de Derecho, se proclama que la soberanía nacional reside en el pueblo y se define la forma política del Estado como una Monarquía parlamentaria (artículo 1). El artículo 2 hace compatible la unidad de la Nación con el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Esta es una de las grandes novedades de la Constitución.

Título I. De los derechos y deberes fundamentales (artículos 10-55)

El Título I es el más extenso de la Constitución y contiene los derechos, libertades y deberes de los españoles. Aquí se recogen los derechos individuales como el derecho a la vida, a la integridad física, la libertad ideológica, religiosa y de culto, a la libertad de expresión, a la educación, a la justicia, etc. También se incluyen algunos derechos sociales como la protección a la familia, disponer de una vivienda digna, disfrutar del medio ambiente, derecho al trabajo, a la protección de la salud, etc. En cuanto a los deberes, debemos destacar la obligación de defender a la patria, la contribución a las cargas del Estado (impuestos), el deber de conocer el castellano, el deber de asistencia de los padres respecto a los hijos y el carácter obligatorio de la enseñanza básica.

Título II. De la Corona (artículos 56-65)

En lo que se refiere a la Corona, se establece que el Rey es el Jefe del Estado y se fijan sus funciones, atribuciones y prerrogativas. Además, la Constitución prevé la designación, sucesión, regencia y tutela del Rey. El Rey tiene las siguientes funciones, según dicta la Constitución: poder ejecutivo (nombra al Presidente del Gobierno elegido por los ciudadanos), legislativo (sanciona y promulga leyes) y judicial (se dicta justicia en su nombre).

Título III. De las Cortes Generales (artículos 66-96)

La Constitución establece que las Cortes están formadas por dos Cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. Ambas son elegidas por sufragio universal y ejercen el poder legislativo.

Título IV. Del Gobierno y la Administración (artículos 97-107)

El Gobierno, que ejerce el poder ejecutivo, dirige la política interior y exterior de España. También tiene potestad legislativa, ya que puede presentar proyectos de leyes a las Cortes y desarrolla los reglamentos de las leyes aprobadas. El Presidente del Gobierno es investido por el poder legislativo y elige a su Vicepresidente y a su Consejo de Ministros. Todos forman el Gobierno.

Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (artículos 108-116)

En este Título se plantean las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Gobierno tiene que rendir cuentas ante el Congreso que, además, puede exigir responsabilidades al mismo mediante la adopción de la moción de censura. En este Título también se establecen los mecanismos para declarar el estado de alarma, de excepción y de sitio.

Título VI. Del Poder Judicial (artículos 117-127)

El Poder Judicial ocupa una posición clave en el Estado de Derecho. Sus principios básicos son: independencia, legalidad, exclusividad, unidad jurisdiccional y responsabilidad. Los jueces y magistrados (jueces con, al menos, 8 años de experiencia) ejercen el Poder Judicial. Los máximos órganos del Poder Judicial son el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo y el Ministerio Fiscal. Además, se crea el Tribunal Constitucional.

Título VII. Economía y Hacienda (artículos 128-136)

El modelo económico que consagra la Constitución es el de economía mixta: economía de mercado con ciertas dosis de intervención pública, es decir, un modelo propio de lo que conocemos como Estado del Bienestar. También se dan las directrices generales para la recaudación de impuestos a través de la Agencia Tributaria (Hacienda).

Título VIII. De la Organización Territorial del Estado (artículos 137-158)

En su Título VIII, la Constitución de 1978 trató de abordar uno de los problemas históricos de nuestro país: aunar la unidad del Estado con la diversidad de regiones y nacionalidades que lo componen. Las Comunidades Autónomas que se constituyeran tendrían un Estatuto de Autonomía en el que se recogerían las competencias que asumían. Los Estatutos de Autonomía deben ser aprobados por las Cortes Generales.

Título X. De la Reforma Constitucional (artículos 166-169)

En este apartado se establecen los mecanismos para la propia reforma de la Constitución que deben partir de iniciativas tomadas por el Gobierno, el Congreso, el Senado o las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y, en la mayoría de casos, debe ser refrendada en referéndum.

Los Gobiernos Democráticos (1979-2000)

Tras la publicación de la Constitución de 1978 y el primer Gobierno democrático de Suárez, marcado por la conflictividad y los intentos de golpe de Estado, la victoria del PSOE en 1982 suponía el fin de la Transición y la consolidación plena de la democracia. El sistema político se estructuró en torno a dos grandes partidos, el socialista y el popular, que se alternarán en el poder. En el plano internacional, España se homologó a los países democráticos de su entorno, ingresando en la Comunidad Económica Europea y participando en misiones internacionales de paz y en los organismos de decisión mundial.

Los Gobiernos de la UCD (1979-1982)

El Gobierno de Adolfo Suárez (1979-1981)

Tras aprobarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y en las nuevas elecciones celebradas el 1 de marzo de 1979 volvió a triunfar la UCD de Suárez. En este año se inició un proceso de deterioro político que culminará con el golpe de Estado frustrado de 1981. Diversos factores explican esta crisis política:

• La brutal campaña terrorista de ETA que causó 77 muertos en 1979 y 95 en 1980. Esos fueron los dos años más letales de la banda.
• El consiguiente desasosiego en los círculos militares de extrema derecha que iniciaron contactos para la preparación de un golpe militar.
• El fin del consenso con el inicio por parte del PSOE de una dura campaña de oposición, con el fin de desacreditar al Gobierno y presentarse ante la opinión pública como alternativa al poder.

Esta implacable oposición culminó a finales de mayo de 1980 con la presentación de una moción de censura contra el Gobierno, que no fue aprobada, pero sirvió para reforzar la imagen de Felipe González y desgastar aún más la de Suárez.

La aprobación de los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Cataluña a fines de 1979 y las consiguientes elecciones autonómicas dieron mayoría a las fuerzas nacionalistas: Convergència i Unió de Jordi Pujol y el PNV.

Las disensiones y críticas internas en la UCD, un partido que había nacido de forma artificial, fueron minando poco a poco la posición de Suárez, a menudo enfrentado con miembros de su propio partido. El Gobierno era incapaz de resolver el problema del paro y la deteriorada situación económica, agravada tras los Pactos de la Moncloa por la segunda crisis del petróleo, iniciada en 1979 con la revolución islamista en Irán y acentuada después con la guerra entre Irán e Irak. Todos estos factores precipitaron la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981.

Leopoldo Calvo-Sotelo, dirigente de UCD, fue designado candidato a la Presidencia. Tras no obtener mayoría suficiente en una primera votación, se fijó el 23 de febrero la segunda votación para su investidura.

El golpe de Estado del 23-F

El Gobierno había practicado una política de benevolencia hacia los militares contrarios a la democracia para no granjearse su enemistad, pero el resultado fue justamente el contrario, ya que los más radicales se envalentonaron en su afán de acabar con el proceso democrático. El primer intento serio de golpe de Estado fue la conocida como Operación Galaxia (noviembre de 1978), que planeaba el asalto al Palacio de la Moncloa y la detención del Gobierno. Una vez descubierta la conspiración, sus principales instigadores fueron condenados, pero no se indagó sobre la trama oculta del golpe.

El siguiente intento se produjo mientras se celebraba la votación de investidura: un grupo de guardias civiles dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero entraron en las Cortes secuestrando al poder legislativo y ejecutivo. El capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, decretaba el estado de guerra y publicaba un bando que recordaba los del verano de 1936. El segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Armada, era otro de los principales golpistas. El golpe no contó, sin embargo, con el apoyo unitario del Ejército. La labor de algunos militares como el capitán general de Madrid, Constantino Quintana Lacaci, fue clave para abortar el golpe. El momento decisivo llegó en la madrugada cuando el Rey se dirigió a los ciudadanos, explicando las órdenes que había transmitido a los altos cargos militares de sumisión al orden constitucional.

El último Gobierno de UCD: Calvo Sotelo (1981-1982)

Calvo Sotelo gobernó solo un año y medio en un periodo marcado por la descomposición de su propio partido, la aprobación de la Ley del Divorcio con una fenomenal oposición de la Iglesia y el escándalo del envenenamiento masivo por aceite de colza desnaturalizado. En mayo de 1982, con la oposición de los partidos de izquierda, España ingresó en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El PSOE prometió un referéndum popular sobre esta adhesión si ganaba las elecciones.

Durante esta época se produjo un relanzamiento del proceso autonómico. Hasta este momento solo se habían completado las autonomías de Cataluña y el País Vasco, y estaban en vías de cerrarse las de Galicia y Andalucía. Los acuerdos con el PSOE permitieron salir del estancamiento y elaborar otros nueve estatutos de autonomía que se aprobaron entre 1981 y 1982.

En octubre de 1982, Calvo Sotelo convocó elecciones. El PSOE consiguió un triunfo arrollador con más de 10 millones de votos y mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. El proyecto de “cambio” de Felipe González había arrollado a una UCD que casi desapareció en las elecciones y fue sustituida por la Alianza Popular de Manuel Fraga como el principal partido de la derecha. En 1982, Adolfo Suárez abandonó la UCD y fundó un nuevo partido, el CDS (Centro Democrático y Social).

Los Gobiernos Socialistas de Felipe González (1982-1996)

Felipe González ocupó la Presidencia del Gobierno durante los casi tres lustros que duró la “era socialista”. Su liderazgo dentro del PSOE se reforzó con el tiempo, hasta tal punto que acabó por acuñarse el término “felipismo” para designar la orientación política impuesta por él en el partido.

Reajuste económico e ingreso en la CEE

Uno de los aspectos más destacables de la primera etapa de Gobierno socialista fue su política de reajuste económico (1982-1985), cuyo objetivo era atajar la crisis y preparar a España para su ingreso en la CEE. Se adoptaron medidas para reducir la inflación, aunque aumentaron el paro; y sobre todo, se emprendió un necesario y urgente programa de reconversión industrial a partir de 1984. Finalmente, en junio de 1985 se firmó el Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea, que implicaban el ingreso efectivo a partir del 1 de enero de 1986. Culminaba así un proceso iniciado por la UCD. Las medidas económicas tomadas en legislaturas anteriores y los efectos de la entrada en la CEE comenzaron a notarse.

Ampliación del Estado del Bienestar y nuevos derechos

En materia social, los Gobiernos socialistas llevaron a cabo un variado conjunto de medidas, que se pueden clasificar en tres grandes grupos:

• La ampliación del Estado del Bienestar, a lo que se destinó gran parte del gasto público. En este sentido, destacó especialmente la labor realizada en los ámbitos de la sanidad, las pensiones y la educación:
  • La cobertura sanitaria de la Seguridad Social se extendió a la totalidad de la población.
  • Se crearon las pensiones “no contributivas” o asistenciales, destinadas a todos los mayores de 65 años o con un determinado grado de invalidez, que no recibieran ningún tipo de pensión.
  • En educación se amplió la oferta pública de plazas escolares en todos los niveles de enseñanza. Se reformó la estructura de todo el sistema educativo, garantizando la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza hasta los 16 años.
• Ciertas mejoras en las condiciones de trabajo, como la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales y el aumento de las vacaciones anuales a 30 días.
• El reconocimiento de nuevos derechos, como el de objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio, o la legalización del aborto.

El azote del terrorismo de ETA y la respuesta de los GAL

La violencia terrorista de ETA no cesó con la llegada de los socialistas al poder. Frente a ella, el Gobierno combinó a lo largo del tiempo diferentes tipos de medidas, además de las estrictamente policiales:

• Medidas de carácter diplomático orientadas esencialmente a lograr la cooperación con Francia.
• La continuación de la política de reinserción iniciada por la UCD, dirigida a los etarras dispuestos a renunciar a la violencia.
• La creación de un frente político contra el terrorismo, que se materializó en dos acuerdos: el Pacto de Madrid y el Pacto de Ajuria Enea.
• La negociación directa con ETA en las “conversaciones de Argel” entre 1987 y 1988, que el Gobierno suspendió ante la intransigencia de los terroristas y su negativa a renunciar a la violencia, con atentados especialmente sanguinarios como el de Hipercor (1987).

El capítulo más siniestro de la lucha antiterrorista fue la aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), autores de varios atentados entre 1983 y 1987, sobre todo en el sur de Francia contra el entorno de ETA. El escándalo estalló años después con la detención de dos policías españoles implicados en los hechos, que denunciaron oscuras conexiones entre los GAL y políticos socialistas vascos y del Ministerio del Interior.

Los casos de corrupción y el desgaste del Gobierno

Las oportunidades de enriquecimiento fácil que ofrecían algunos cargos del poder propiciaron prácticas políticas corruptas que, con el paso del tiempo, irían saliendo a la luz, aireadas en la mayoría de los casos por los medios de comunicación más críticos. Escándalos como los de los GAL, Juan Guerra (hermano del Vicepresidente del Gobierno) o Luis Roldán (director general de la Guardia Civil) deterioraron considerablemente ante la opinión pública el prestigio y la credibilidad del Gobierno socialista, sobre todo a partir de los noventa. Esto se traduciría en la pérdida de votos del PSOE en las diferentes convocatorias electorales.

En las elecciones de 1993, el PSOE se alzó de nuevo con la victoria, pero en esta ocasión sin alcanzar la mayoría absoluta que había tenido en las tres legislaturas anteriores. Esto obligaba a pactar con otras fuerzas políticas. Finalmente, se optó por pactar con los nacionalistas conservadores del PNV (vascos) y CiU (catalanes). Sin embargo, ante la inestable situación económica y política, Felipe González decidió no agotar la legislatura y adelantar a 1996 la convocatoria de elecciones generales.

El Gobierno del PP (1996-2000)

José María Aznar no consiguió la mayoría absoluta y se vio obligado a pactar con las minorías nacionalistas para acceder a la Presidencia del Gobierno. El giro hacia la derecha se vio corroborado con las victorias del PP en las elecciones autonómicas y municipales. El ciclo socialista bajo el liderazgo de Felipe González había tocado a su fin.

Aznar centró sus esfuerzos en implementar una política económica ortodoxa que redujera el déficit público y reactivara la actividad económica privada. El gran objetivo era cumplir los denominados criterios de convergencia (inflación, deuda, déficit, etc.) establecidos en el Tratado de Maastricht de 1991 y que, una vez alcanzados, permitirían a España unirse a la nueva divisa europea, el Euro.

La política económica fue un éxito. La actividad económica se reactivó, el paro descendió de manera notable y el saneamiento de la economía llevaría a que España participara en el nacimiento del Euro en 1999.

El terrorismo de ETA llegó a su expresión más sangrienta en verano de 1997 con el asesinato del concejal del PP en el ayuntamiento vasco de Ermua, Miguel Ángel Blanco. El Gobierno Aznar, con el apoyo de la oposición socialista, se lanzó decididamente a una política de dureza con ETA y con el entorno nacionalista. Los contactos entre el Gobierno Aznar y el grupo terrorista no dieron ningún resultado y, un año después, ETA volvió a la actividad armada. El Presidente Aznar, que había sido víctima de un atentado frustrado en 1995, reforzó su política de enfrentamiento con el nacionalismo vasco en todas sus tendencias.

Las elecciones convocadas en el año 2000 marcaron el momento de apogeo del PP y Aznar. El nuevo siglo se inició con una mayoría absoluta del PP en las Cortes.

Los Gobiernos de Rodríguez Zapatero (2004-2011)

Tras ganar las elecciones, el nuevo Gobierno cumplió una de sus promesas electorales y retiró a las tropas españolas de Irak. También aprobó una serie de medidas que encontraron el rechazo de los grupos más conservadores y la Iglesia: matrimonio homosexual, Ley de la Memoria Histórica (pretendía reconocer a las víctimas del bando perdedor de la Guerra Civil), divorcio exprés, Ley Integral contra la Violencia de Género o la materia de Educación para la Ciudadanía.

La burbuja inmobiliaria que había comenzado en el periodo anterior llegó a su fin y se produjo una desaceleración de la economía que degeneró en una grave crisis: enorme tasa de paro, deuda pública disparada, caída de los ingresos del Estado, cierre de empresas. La situación empeoró más tras la crisis internacional generada por la caída del gigante financiero Lehman Brothers en Estados Unidos: el paro llegó al 20% y el déficit se disparó mientras el independentismo catalán comenzaba un desafío soberanista que no se ha resuelto en la actualidad.

Los recortes provocaron una creciente oposición y un fuerte malestar entre la ciudadanía que se manifestó en las calles. El 15 de mayo de 2011, una jornada de protesta contra los recortes en Madrid se extendió por buena parte de España; nació el movimiento de los indignados o movimiento 15-M.

De este modo, Rodríguez Zapatero se vio obligado a convocar elecciones anticipadas y el Partido Popular, esta vez dirigido por Mariano Rajoy, volvió a ganar las elecciones generales por mayoría absoluta.

El Gobierno de Rajoy (2011-2018)

El PP alcanzó el Gobierno con la promesa de bajar los impuestos, mantener el Estado del Bienestar y levantar la economía. Sin embargo, ante la magnitud de la crisis y las imposiciones de Bruselas, el Gobierno optó por profundizar en las reformas, subir impuestos y aumentar los recortes con el fin de reducir el déficit estatal y autonómico. Para ello, aprobó la ley de reforma del mercado laboral, subió el IRPF y el IVA, congeló los salarios y aumentó los recortes en inversión pública, ayudas sociales, sanidad, educación e investigación. Tras largos años de austeridad económica y desigualdad, en 2014, aparecieron los primeros indicadores económicos positivos.

En 2015, el PIB era superior al 3%. Aun así, la tasa de desempleo en 2016 todavía era del 20%.

La política económica vino acompañada de numerosos escándalos de corrupción: Bárcenas, Gürtel, Púnica, Rato, etc., que han deteriorado la imagen del partido y de la política en general. Aprovechando el malestar y el rechazo al bipartidismo de la ciudadanía, a los que se les acusaba por igual de la corrupción y los recortes, surgieron en las municipales de 2015 dos nuevos partidos: Podemos y Ciudadanos.

Pero el principal problema al que se enfrenta España en la actualidad es al desafío independentista que amenaza con romper con el artículo 2 de la Constitución: “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. La ruptura de la legalidad en las jornadas del 6 y el 8 de septiembre de 2017 en el Parlamento catalán, abrieron un espinoso camino que obligó al Gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución y la intervención de la autonomía catalana. En la actualidad, los líderes independentistas están siendo juzgados por delitos de sedición y rebelión, abriéndose un panorama incierto ante una cada vez más fracturada sociedad catalana (movimiento de los lazos amarillos).

El Gobierno de Mariano Rajoy, tras la sentencia de la Gürtel, fue derrocado tras una moción de censura liderada por Pedro Sánchez (PSOE) el 1 de junio de 2018, con la promesa, incumplida, de convocar nuevas elecciones. La polémica vino marcada por el apoyo de independentistas y simpatizantes del terrorismo vasco (Bildu, antigua Herri Batasuna) y las supuestas concesiones de Sánchez al secesionismo catalán a cambio del apoyo. Tras unos meses de inestable Gobierno por la falta de apoyos, se han celebrado el pasado 28 de abril nuevas elecciones generales que han venido marcadas por la irrupción de una fuerza de ultraderecha, inédita desde la Transición, llamada VOX. El resultado electoral, en votos, presenta una España dividida y polarizada ideológicamente, entre el bloque de izquierdas (populista, comunista, nacionalista e independentista) y el bloque de centroderecha.

La lista más votada, el PSOE, se encuentra en estos meses tejiendo las alianzas necesarias para afrontar los retos a los que España debe enfrentarse en las próximas décadas: independentismo, nueva crisis económica, problema medioambiental, la inmigración, la baja natalidad, las pensiones, la educación, las nuevas tecnologías, etc.