El Gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política (1976)

El rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez en julio de 1976. Suárez planteaba una reforma del régimen desde la legalidad vigente para transformarlo, a pesar de que el rey había jurado acatar las Leyes Fundamentales. Se concedió una amplia amnistía para los delitos de opinión y de intencionalidad política. De esta medida se beneficiaron algo menos de 400 presos, aunque cerca de 200 permanecieron en las cárceles, la mayoría militantes de ETA, el FRAP y otras organizaciones de extrema izquierda.

En septiembre de 1976, Suárez se dirigió al país para presentar el proyecto de Ley para la Reforma Política (LRP), pieza clave para la transición legal hacia la democracia. Esta ley significaba el cambio hacia un sistema parlamentario y constituyente nuevo, partiendo de las propias instituciones franquistas. El mayor reto para Suárez era conseguir que los procuradores de las Cortes franquistas aprobaran el proyecto de ley. La discusión fue dura, pero las presiones de los ministros y de los aperturistas, las promesas de participación en el nuevo régimen y la convicción de muchos franquistas de que la batalla estaba perdida, lograron que las Cortes franquistas aprobaran la Ley para la Reforma Política.

El referéndum para aprobar la ley se convocó en diciembre de 1976, logrando un amplio respaldo popular: en la consulta participó un 77% del censo y el 94% de los votantes lo hicieron a favor de la ley. A comienzos de 1977 transcurrieron los meses más difíciles de la transición política. La adopción progresiva de medidas para restablecer todas las garantías democráticas y permitir unas elecciones libres se vio acompañada de una enorme tensión. Esta tensión fue especialmente motivada por las acciones de terroristas de extrema derecha (como el asesinato de cinco abogados laboralistas del PCE en un despacho de la calle Atocha por pistoleros de ultraderecha) y de los grupos GRAPO y ETA.

Los Gobiernos del PSOE: Aspectos Económicos (1982-1996)

En las elecciones de 1982, el PSOE obtuvo la mayoría absoluta. Miguel Boyer estuvo al frente del Ministerio de Economía. El objetivo era atajar la crisis económica y preparar a España para su ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). Para conseguirlo, se llevó a cabo una política de reajuste económico (1982-1985) consistente en la subida de los tipos de interés, la devaluación de la peseta y la reconversión industrial de los sectores en crisis (textil, naval, siderometalúrgico o el de bienes de consumo), así como en fomentar la creación de empresas rentables. Con esta política se consiguió el equilibrio de la balanza comercial, pero, al mismo tiempo, aumentó el número de desempleados. En 1985, Carlos Solchaga fue nombrado ministro de Economía, quien siguió la política de su antecesor, consistente en moderar la inflación y el incremento salarial, y en fomentar el crecimiento económico favoreciendo la inversión.

A partir de 1986 se inició una etapa de bonanza económica: la economía española experimentó un crecimiento impulsado por la entrada en la CEE, la modernización industrial y la inversión extranjera. En paralelo a esta bonanza, se produjo una mejora del Estado del bienestar, con inversiones públicas en infraestructuras (especialmente carreteras y zonas portuarias y urbanas) y el crecimiento de los servicios educativos y sanitarios, lo que permitió por primera vez dar cobertura a la gran mayoría de los españoles. Pero a partir de finales de 1992 se inició una grave crisis económica que disparó la inflación, hundió el consumo, provocó la quiebra de numerosas empresas y el paro aumentó hasta los tres millones de desempleados.

La Transición Española: Normalización Democrática e Integración Europea (1975-1986)

Tras la muerte de Franco, se inició una nueva etapa en la Historia de España, conocida como la «Transición». Comienza en 1975, aunque no hay consenso sobre su fecha de finalización. Supuso la llegada al poder, por primera vez, de fuerzas que se habían opuesto al franquismo.

El Gobierno de Arias Navarro (1975-1976)

Franco falleció el 20 de noviembre de 1975. Juan Carlos I de Borbón fue proclamado rey de España el 22 de noviembre y juró las Leyes Fundamentales del Reino. Arias Navarro continuó como presidente del Gobierno con el objetivo de mantener el sistema sin Franco. Sin embargo, el rey introdujo en el Gobierno ministros reformistas y designó en un puesto clave a Torcuato Fernández-Miranda, antiguo profesor, como presidente de las Cortes.

La Oposición al Régimen

La oposición al régimen se organizó en la «Platajunta», formada a partir de la Junta Democrática de España (reunida en torno al PCE) y la Plataforma de Convergencia Democrática (reunida en torno al PSOE). Exigía la amnistía, la legalización de partidos y sindicatos, y la apertura de un período constituyente para romper con el régimen. Al mismo tiempo, el rey y algunos ministros establecieron contacto con la oposición, incluido el Partido Socialista, pero Arias Navarro siguió entorpeciendo cualquier intento de apertura. Además, el rey viajó a EE. UU. donde se manifestó partidario de una monarquía parlamentaria (ya había decidido prescindir de Arias Navarro en el Gobierno, pues se había mostrado incapaz de solucionar los problemas). Ante la incapacidad de entendimiento entre Juan Carlos I y Arias Navarro, el rey forzó su dimisión el 1 de julio de 1976.

El Gobierno de Adolfo Suárez y la Ley para la Reforma Política (1976-1977)

El rey nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez, quien lideró la compleja tarea de la Transición. Entre sus proyectos estaban una Ley para la Reforma Política y la convocatoria de elecciones. La Ley para la Reforma Política (LRP) era una reforma desde la legalidad que pretendía cambiar a un sistema parlamentario nuevo a partir de las instituciones franquistas. Las Cortes franquistas aprobaron el proyecto de Ley para la Reforma Política, que obtuvo un amplio respaldo popular en un referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976. Además, se concedió una amnistía política para delitos de opinión y de intencionalidad política (quedaron excluidos los acusados de terrorismo). No obstante, Adolfo Suárez tuvo que hacer frente a los intentos de desestabilización por parte de la extrema derecha y la extrema izquierda (como el GRAPO).

En 1977, Suárez buscó la colaboración de la oposición y legalizó los partidos políticos, incluido el PCE. Posteriormente, el 15 de junio de 1977, se celebraron elecciones generales que dieron la victoria a la UCD. Todos los grupos coincidieron en la necesidad de elaborar una Constitución, y las Cortes resultantes de estas elecciones fueron las encargadas de elaborar la Constitución de 1978.

Al mismo tiempo, todos los partidos políticos, la patronal y los sindicatos se comprometieron en los Pactos de la Moncloa, de carácter político, social y económico, lo que permitió seguir avanzando hacia la democracia. Estos pactos supusieron:

• Reforma fiscal
• Control de la Seguridad Social
• Programa de inversiones públicas

La Constitución Española de 1978: Proceso y Características Esenciales

Las Cortes elegidas en las elecciones generales del 15 de junio de 1977 no tuvieron un carácter constituyente, pero los diputados asumieron como primera tarea la elaboración de una Constitución sin exclusiones.

La Ponencia Constitucional: El Consenso

La elaboración de la Constitución estuvo presidida por el «consenso» de los partidos políticos. Se buscaba su aceptación por todas las fuerzas que deseaban un régimen democrático. Por ello, el borrador fue propuesto por siete diputados que representaban una amplia gama política.

Los Padres de la Constitución

La «Ponencia Constitucional» la formaron:

• José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero de Miñón y Gabriel Cisneros (UCD)
• Gregorio Peces-Barba (PSOE)
• Jordi Solé Tura (PCE-PSUC)
• Miquel Roca (Minoría Catalana)
• Manuel Fraga (AP)

El PNV quedó descolgado de la dinámica constitucional al no recogerse el reconocimiento pleno de los derechos forales que el partido defendía, y recomendó la abstención en el País Vasco.

Características Esenciales de la Constitución de 1978

La actual Constitución Española consta de 169 artículos. Se considera una Constitución extensa, la segunda en extensión de la historia de España, después de la Constitución de 1812, que comprendía 384 artículos. Esta Constitución es la ley fundamental que hizo posible la creación del nuevo Estado democrático y diseñó la España de las Autonomías.

El texto constitucional contiene los siguientes principios fundamentales:

• Define al Estado como “social y democrático de Derecho”, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
• Establece la “indisoluble unidad de la nación española, integrada por “nacionalidades y regiones”, a las que se garantiza el “derecho a la autonomía”. Consagra un nuevo modelo del Estado no centralista: el Estado de las Autonomías.
• Se establece la Monarquía como forma de gobierno. El rey, Jefe del Estado, tiene funciones moderadoras y representativas y asume la jefatura de las Fuerzas Armadas.
• Nítida división de poderes:
  • El poder legislativo lo encarnan las Cortes, formadas por dos Cámaras: el Senado y el Congreso de los Diputados, elegidas por sufragio universal. El segundo organismo tiene mayor peso, ya que el primero solo se limita a refrendar las leyes. Ambas son depositarias de la soberanía nacional.
  • El poder ejecutivo descansa en el Gobierno, con un presidente elegido por los diputados (el Congreso) a través de una votación de investidura.
  • El poder judicial es independiente. Está formado por jueces y magistrados. El máximo órgano es el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, constituyendo el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, contencioso-administrativo y social). Un Tribunal Constitucional decide sobre los recursos de inconstitucionalidad, recursos de amparo y conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas, o de estas entre sí.
• Se reconoce el castellano como lengua oficial del Estado y se establecen también como oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas a “las demás lenguas españolas”.
• Amplia declaración de derechos y libertades. Incluye la mayoría de edad a los 18 años, la libertad religiosa y la obligatoriedad y gratuidad de la educación básica.
• Supresión de la pena de muerte. Se reconoce el divorcio, cuyos términos serán regulados en una ley posterior.
• En lo social y económico, garantiza la propiedad privada y reconoce la libertad de mercado, pero también la posibilidad de planificación económica y la intervención del Estado en la propiedad por motivos de interés público.

La Constitución fue ratificada por referéndum el 6 de diciembre de 1978. Votó el 67% del electorado y fue aprobada por el 87% de los votantes.