La Crisis del Antiguo Régimen en España: De Carlos IV a la Constitución de Cádiz

El Reinado de Carlos IV y la Crisis de la Monarquía (1788-1808)

Carlos IV accedió al trono en 1788 tras la muerte de su padre, Carlos III. Su reinado comenzó dando continuidad a las reformas ilustradas, manteniendo a los mismos ministros. Además, abolió la Ley Sálica, aunque no llegó a publicarla para evitar conflictos con otras ramas de la dinastía Borbón.

El estallido de la Revolución Francesa generó un profundo temor a la propagación de las ideas revolucionarias en España. Como consecuencia, se paralizaron las reformas, se apartó a los ilustrados del gobierno y se reforzó la censura, controlando las aduanas, prohibiendo estudiar en Francia y cerrando colegios franceses.

Durante los primeros años, España intentó mantener la neutralidad. Sin embargo, con la llegada al poder de Manuel Godoy, gracias a la influencia de la reina María Luisa de Parma, y la ejecución de Luis XVI en 1793, España se vio obligada a declarar la guerra a Francia (Guerra de la Convención).

Tras la ocupación francesa de territorios fronterizos y americanos, se firmó la Paz de Basilea en 1795, por la que España cedió Santo Domingo y Godoy recibió el título de Príncipe de la Paz.

A partir de entonces, España se alió con Francia por temor a Inglaterra, firmando el Tratado de San Ildefonso en 1796. Esta alianza condujo a la derrota naval en el cabo de San Vicente (1797), que provocó la pérdida de la isla de Trinidad y el colapso del comercio con América.

Godoy, aunque sin una ideología clara, impulsó algunas reformas de corte ilustrado y llevó a cabo la primera desamortización de bienes eclesiásticos en 1798 para aliviar la grave crisis económica del Estado. En 1800, firmó el Segundo Tratado de San Ildefonso y dirigió la invasión de Portugal en la llamada Guerra de las Naranjas (1801), obteniendo la plaza de Olivenza.

Entre 1803 y 1805, España sufrió nuevas derrotas frente a Inglaterra, culminando en la desastrosa batalla de Trafalgar (1805), que supuso la pérdida de gran parte de la flota, el aislamiento de las colonias y el agravamiento de la crisis económica.

El descontento interno creció entre la nobleza, la Iglesia, el pueblo y el propio príncipe heredero, Fernando, quien conspiraba para desplazar a Godoy del poder. En 1807, Godoy firmó el Tratado de Fontainebleau, autorizando la entrada de tropas francesas en España con el pretexto de invadir Portugal. Sin embargo, la presencia de 65.000 soldados franceses en territorio español generó numerosos conflictos con la población.

En marzo de 1808 estalló el Motín de Aranjuez, una revuelta popular instigada por la nobleza que provocó la detención de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo, Fernando VII.

Napoleón, aprovechando la crisis dinástica, citó a ambos monarcas en Bayona. Allí, logró que Fernando devolviera la corona a su padre, quien a su vez la cedió a Napoleón. Finalmente, el emperador entregó el trono de España a su hermano, José Bonaparte, mientras Carlos IV y Fernando VII permanecían retenidos en Francia. Este episodio se conoce como las Abdicaciones de Bayona.

La Guerra de la Independencia (1808-1814)

El Levantamiento del 2 de Mayo y el Inicio del Conflicto

Mientras la familia real se encontraba en Bayona, el 2 de mayo de 1808 estalló en Madrid un levantamiento popular contra las tropas francesas, motivado por el temor a que los últimos miembros de la familia real fueran secuestrados. Aunque carecía del apoyo de la alta nobleza, del ejército y de armamento suficiente, la resistencia fue duramente reprimida por el general Murat, con numerosos fusilamientos que, lejos de sofocar la rebelión, motivaron a otras ciudades a sublevarse. Así dio comienzo la Guerra de la Independencia (1808–1814), un conflicto de carácter nacional y popular.

Los Bandos del Conflicto

El ejército francés ocupó España con unos 360.000 soldados, aunque muchos eran de segunda fila y estaban poco preparados. José I Bonaparte contó con el apoyo de una minoría de afrancesados, principalmente intelectuales y funcionarios que, tras la guerra, fueron exiliados o encarcelados. Su gobierno se basó en el Estatuto de Bayona, una carta otorgada que combinaba la tradición española con principios liberales, pero que apenas pudo aplicarse debido al estado de guerra. La autoridad de José I fue muy limitada y solo efectiva en la zona central, abandonando finalmente España en 1813.

La mayoría de los españoles, conocidos como los patriotas, defendía el regreso de Fernando VII, aunque con diferentes visiones políticas:

  • La nobleza y el clero buscaban la restauración del absolutismo.
  • Los ilustrados aspiraban a reformas moderadas dentro del Antiguo Régimen.
  • Una minoría de la burguesía e intelectuales apostaba por un modelo liberal y constitucional.

La falta de reacción de las autoridades oficiales ante la invasión creó un vacío de poder. Para organizarse, surgieron juntas locales y provinciales que asumieron la soberanía en nombre de Fernando VII. En septiembre de 1808, estas juntas se coordinaron en la Junta Suprema Central, que se convirtió en la máxima autoridad política y militar del bando patriota.

Las Formas de Lucha

El ejército español, inicialmente desorganizado, se reconstruyó durante la guerra, llegando a contar con unos 100.000 hombres con buena moral y capacidad de lucha. A partir de 1812, recibió el apoyo crucial de tropas inglesas y portuguesas bajo el mando del Duque de Wellington.

La guerrilla jugó un papel decisivo. Estaba formada por personas de todas las clases sociales, con mandos de origen popular y un profundo conocimiento del terreno. Sus tácticas consistían en atacar convoyes, líneas de comunicación y suministros, manteniendo al ejército francés en una tensión constante y obligándolo a desviar tropas para proteger sus posiciones. Se estima que hubo más de 55.000 guerrilleros activos.

Fases de la Guerra

Primera Fase: El Fracaso de la Ocupación Rápida (1808)

Al inicio de la guerra, los franceses intentaron sofocar los levantamientos e imponer a José I. Sin embargo, la tenaz resistencia de ciudades como Zaragoza, Gerona y Valencia obligó a sus tropas a largos asedios, frenando su avance. En julio de 1808, las milicias españolas del general Castaños derrotaron al ejército francés del general Dupont en la batalla de Bailén. Esta fue la primera derrota en campo abierto de un ejército napoleónico en el continente, lo que obligó a José I a retirarse a Vitoria y detuvo temporalmente la conquista.

Segunda Fase: Hegemonía Francesa y Guerra de Guerrillas (1808-1812)

Napoleón intervino personalmente en noviembre de 1808 al frente de la Grande Armée, un ejército de 250.000 soldados expertos. Recuperó rápidamente Madrid, pero en 1809 tuvo que retirarse temporalmente ante la amenaza de una nueva guerra con Austria. Aunque los franceses controlaban las principales ciudades, el campo estaba dominado por las guerrillas. Tras la victoria francesa en la batalla de Ocaña (1809), Napoleón alcanzó su máxima expansión, ocupando casi toda la península entre 1810 y 1812. La Junta Central se vio forzada a trasladarse a Cádiz, ciudad que resistió el asedio gracias al apoyo naval inglés y portugués.

Tercera Fase: Ofensiva Aliada y Retirada Francesa (1812-1814)

En 1812 comenzó el declive napoleónico. La desastrosa campaña de Rusia obligó al emperador a retirar tropas de España para enviarlas al frente oriental. El ejército español, con el apoyo decisivo de las tropas de Wellington, derrotó a los franceses en Ciudad Rodrigo y en la batalla de los Arapiles (Salamanca, 1812), liberando Andalucía y llegando a ocupar Madrid. Aunque hubo intentos de recuperación francesa, en 1813 se produjeron las derrotas definitivas en las batallas de Vitoria y San Marcial. Las derrotas simultáneas de Napoleón en Rusia y Alemania forzaron la negociación de la paz. En diciembre de 1813, mediante el Tratado de Valençay, Napoleón restituyó la corona a Fernando VII y las tropas francesas comenzaron a retirarse de la península, permitiendo que el rey regresara a España en abril de 1814.

Las Cortes de Cádiz y la Revolución Liberal

En 1808, se creó la Junta Suprema Central para gobernar en nombre de Fernando VII durante la ocupación napoleónica. Sin embargo, fue incapaz de dirigir eficazmente la guerra contra los franceses y de controlar a las numerosas juntas locales, por lo que surgió la idea de convocar Cortes para organizar el país.

La convocatoria de Cortes tenía distintos significados según la ideología:

  • Para los absolutistas, debían ser unas cortes tradicionales, con representación por estamentos.
  • Para los liberales, debían representar la soberanía nacional y asumir el poder legislativo.

En 1810, la Junta Central se disolvió y fue sustituida por una Regencia presidida por el general Castaños, que finalmente convocó las Cortes ante la grave crisis en la península y en América.

Gracias a la presión liberal en Cádiz, se estableció una única cámara elegida mediante un sufragio casi universal masculino, lo que dio una clara ventaja a los liberales. Cádiz, una ciudad burguesa, comercial y bien defendida, se convirtió en el epicentro del liberalismo español. Las Cortes se inauguraron el 24 de septiembre de 1810 con unos 300 diputados, en su mayoría clérigos y miembros de las clases medias, con escasa presencia de nobles y sin representación de las clases populares.

Su primer decreto proclamó la soberanía nacional, declarando que el poder reside en el pueblo y es ejercido a través de sus representantes. También reconocieron a Fernando VII como rey legítimo, anulando las abdicaciones de Bayona. Además, aprobaron la libertad de imprenta, lo que permitió un intenso debate político.

La labor legislativa de las Cortes culminó con la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, que sentó las bases para una profunda transformación política y social de España.

La Constitución de 1812: “La Pepa”

Características Principales

Extensión y originalidad: Contiene 354 artículos, lo que la convierte en un texto muy detallado para evitar interpretaciones dudosas. Se inspira en constituciones francesas, pero es considerada muy avanzada para su época y tuvo una notable influencia en Portugal, Italia y América Latina.

Soberanía y monarquía: La soberanía reside en la nación, no en el rey. Se establece una monarquía constitucional y se define a la Nación como el conjunto de los españoles de ambos hemisferios.

Derechos fundamentales: Se reconocen derechos como:

  • Igualdad legal y fiscal.
  • Libertad de imprenta (con excepción de los textos religiosos).
  • Derecho de propiedad.
  • Sufragio universal masculino indirecto.
  • Inviolabilidad del domicilio, entre otros.

División de Poderes

Poder legislativo

Reside en las Cortes unicamerales junto con el rey, quien posee un veto suspensivo limitado. Las Cortes debían reunirse al menos tres meses al año sin necesidad de convocatoria real. Sus funciones incluían la elaboración de leyes, la aprobación de presupuestos y el control de la política exterior y del ejército. Los diputados eran elegidos por un mandato de dos años, gozaban de inviolabilidad y se requería tener una determinada propiedad para ser elegido.

Poder ejecutivo

Ejercido por el rey y sus ministros, quienes eran responsables ante las Cortes. Los poderes del monarca estaban limitados: no podía disolver las Cortes ni tomar decisiones clave sin su autorización.

Poder judicial

Recaía en tribunales independientes con jueces profesionales. Se establecía un código único para todo el territorio, con la excepción de los fueros eclesiástico y militar. Se incluían garantías procesales.

Otros Aspectos Clave

Religión: Se establece un Estado confesional, manteniendo la religión católica como la única y oficial del Estado.

Ejército y Milicia Nacional: Se establece un ejército permanente y nacional, dependiente de las Cortes y con servicio militar obligatorio. Se crea la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados para apoyar al ejército y defender el Estado liberal.

Organización territorial: Se diseña un Estado centralizado. Los regidores municipales serían elegidos por sufragio. Se crean las Diputaciones y los Jefes Políticos (antecedentes de los gobernadores civiles) para conectar la administración central con la local.

Reformas sociales y económicas: Se contemplaba una reforma fiscal con una Hacienda común y se establecía la enseñanza primaria obligatoria a cargo del Estado.

Vigencia: Su aplicación fue limitada por el contexto de la guerra y la posterior restauración absolutista. Estuvo vigente en tres periodos: 1812–1814, 1820–1823 (Trienio Liberal) y 1836–1837.