Las Regencias y el Problema Carlista (1833-1843)

Tras la muerte de Fernando VII es proclamada reina su hija Isabel II (de solo 3 años), dejando como regente a la reina María Cristina de Borbón. Los grupos absolutistas se negaron a reconocer a Isabel como sucesora, sublevándose y proclamando a Carlos, hermano de Fernando VII, como rey de España. Da comienzo así una guerra civil entre ambos bandos, la I Guerra Carlista, acelerando el proceso de revolución liberal en España.

Regencia de María Cristina de Borbón (1833-1840)

La regente no era liberal, pero la guerra y la necesidad de recabar apoyos a favor de su hija la obligaron a introducir reformas. Los ministros Cea Bermúdez y Javier de Burgos inician estos cambios reorganizando la administración provincial, dividiendo el país en 49 provincias e introduciendo libertades comerciales, aunque los liberales querían reformas más profundas.

La regente confió el gobierno a un liberal doceañista, Martínez de la Rosa, que promulgó el Estatuto Real de 1834, donde no se reconocía la soberanía nacional ni la división de poderes. Las Cortes eran una asamblea consultiva, muy conservadora y elitista; no aprobaban leyes, solo podían hacer peticiones a la reina. Se formaba de dos cámaras: una con miembros designados por la Corona y otra con procuradores elegidos por sufragio muy restringido. El monarca podía convocar y suspender Cortes, vetar leyes, y poseía una amplia capacidad legislativa. El Estatuto Real era una vía intermedia entre el absolutismo y el liberalismo. La división entre los liberales dio lugar a la formación de dos grandes tendencias dentro del liberalismo, que dominarían la vida política española en el siglo XIX: los moderados y los progresistas.

Ideologías Liberales

• Los Moderados: Eran liberales conservadores. Sus ideologías destacaban por la conciliación de intereses de antiguas clases dirigentes con el liberalismo, la seguridad de las personas y sus propiedades, el recorte de derechos individuales, un Estado centralista, la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, y el sufragio censitario muy restringido.
• Los Progresistas (o Exaltados): Defendían el sufragio censitario más amplio que abarcase a las clases medias, la soberanía nacional, la libertad de conciencia y expresión, la elección de cargos municipales, la oposición al impuesto de consumos y la separación entre la Iglesia y el Estado.

Los progresistas protagonizaron, a través de Juntas y Milicias, numerosas revueltas urbanas en 1835 en Andalucía, Barcelona (incendio de la fábrica de vapor Bonaplata) y Madrid, donde enviaban peticiones a la regente con sus propuestas. Ante esta situación, la regente llamó a formar gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Inició un programa de reformas con la desamortización de los bienes del clero, medida que llevó a la nobleza, claro, a pedir su destitución a la regente; fue apartado en 1836.

Este intento de volver al moderantismo dio lugar a la insurrección progresista, culminando con la sublevación de la Guardia Real en el Palacio de la Granja, demandando un régimen constitucional. La regente introdujo a los progresistas en el gobierno y restableció la Constitución de 1812.

Reformas Progresistas (1836-1837)

Con Mendizábal como nuevo jefe de gobierno (1836-1837) y luego ministro de Hacienda, los progresistas iniciaron reformas para establecer un sistema económico liberal:

1. Disolución del régimen señorial: Los nobles perdieron sus atribuciones legales, conservando la propiedad de sus tierras; los campesinos se convirtieron en jornaleros.
2. Transformación jurídica del régimen de propiedad: Se estableció la desvinculación de las tierras, suprimiendo los mayorazgos.
3. Desamortización de Mendizábal: Se disolvieron las órdenes religiosas (1836), exceptuando las dedicadas a la enseñanza y la beneficencia, y se decretó la desamortización y venta de las propiedades pertenecientes a la Iglesia, en beneficio del Estado. Estas propiedades se vendieron en grandes lotes en subasta pública, por lo que solo pudieron comprar los más ricos. Esta medida, aunque logró paliar la situación de la endeudada Hacienda pública, supuso el empobrecimiento de los campesinos al subir los nuevos propietarios las rentas de las tierras.
4. Establecimiento de una economía de mercado: Se tomaron medidas como la supresión de la Mesta, libertades de comercio, la abolición de los gremios y la libertad de actividad industrial.

El gobierno progresista convocó elecciones a Cortes, que redactaron la Constitución de 1837, resultando un término medio entre la de 1812 y el Estatuto Real de 1834, siendo aceptada por progresistas y moderados. Sus características principales fueron: soberanía nacional, reconocimiento de derechos individuales muy amplios, división de poderes, sistema bicameral, sufragio censitario muy restringido (entre 2 y 4% de la población) y aconfesionalidad del Estado.

Tras la aprobación de la Constitución, volvieron a convocarse elecciones en 1837, que ganaron los moderados, queriendo limitar los aspectos más progresistas de la nueva constitución. El apoyo de la regente a estas políticas provocó una insurrección generalizada en el verano de 1840 que llevó a la renuncia de María Cristina y su salida del país.

La I Guerra Carlista (1833-1840)

El conflicto se alargó durante la regencia de María Cristina, teniendo lugar principalmente en las provincias vascas, pero extendiéndose por Navarra y partes de Cataluña, Aragón y Valencia. Fue un reflejo de dos modelos de sociedad: el Antiguo Régimen y el Estado liberal.

• Los Cristinos (o Isabelinos): Respaldados por las clases medias urbanas, empleados públicos, mandos del ejército, alta nobleza y liberales. Apoyaban a la reina los escasos obreros industriales y una parte de los campesinos.
• Los Carlistas: Contaban con parte de la nobleza rural, parte del clero y una amplia base social campesina. Bajo el lema de Dios, Patria y Fueros se agruparon los defensores de la monarquía absoluta, la preeminencia de la Iglesia y del sistema foral de ciertos territorios.

La guerra se inició con el levantamiento de partidas carlistas en las provincias vascas y navarras, mientras que las ciudades como Bilbao permanecieron fieles a Isabel.

• Primera fase (1833-1835): A falta de un ejército regular, los carlistas organizaron la guerra por guerrillas. Luego el general Zumalacárregui controló los espacios rurales en zonas vascas y navarras y organizó un ejército de 25.000 hombres. El general Cabrera regresó a España y se puso al frente del ejército. Zumalacárregui murió en el sitio de Bilbao (1835); los liberales reaccionaron.
• Segunda fase (1837-1839): El general Espartero, al frente del ejército isabelino, afrontó una nueva ofensiva carlista al mando de Cabrera e intentó extender el conflicto por otras zonas, pero fracasó. Espartero logró poner fin al sitio de Bilbao.
• Tercera y última fase (1840-1843): La desmoralización del ejército carlista llevó a la división ideológica. El general Maroto, carlista más moderado, inició negociaciones con los liberales y firmó el Abrazo de Vergara (1839). Los carlistas abandonaron las armas, los oficiales carlistas se integraron al ejército real y se mantuvieron los fueros vascos y navarros. Algunas partidas de Cabrera resistieron en el Maestrazgo hasta 1840.

Regencia del General Espartero (1840-1843)

Tras la expulsión de María Cristina, los progresistas pusieron como regente al general Espartero, vencedor de la Guerra Carlista y personaje de gran carisma. Se inauguró con él la tendencia de los militares a dirigir la política liberal, encabezando los partidos políticos. Durante tres años gobernó con el apoyo de progresistas y otros mandos liberales, pero su actitud como gobernante tendió hacia el autoritarismo, negándose a cooperar con las Cortes.

Espartero perdió popularidad. Su caída se produjo tras aprobar un arancel que abría el mercado español a los tejidos ingleses, lo que provocó un levantamiento en Barcelona en 1842, cuyo sector textil se vio amenazado. Espartero lo sofocó bombardeando la ciudad, con cientos de muertos y daños materiales. Su propio partido le negó el apoyo. Tras una sublevación militar impulsada por los generales Narváez y O’Donnell, Espartero abandonó la regencia.

Ante la inviabilidad de nombrar un nuevo regente, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, que fue investida reina de España con solo 13 años.

La Década Moderada (1844-1854)

La infanta Isabel, declarada mayor de edad con 13 años, fue coronada reina tras caer en desgracia Espartero. El reinado de Isabel II duraría veinticinco años, y se inauguró con las elecciones de 1844 que fueron ganadas por los moderados. La reina nombró jefe del gobierno a Narváez, líder de los moderados, quien sentaría las bases del nuevo estado y organizaría sus principales instituciones.

El régimen ideado por Narváez se asentó sobre el predominio social, económico y político de la burguesía terrateniente; fue un liberalismo conservador que gobernó en interés de las clases dominantes. Esta década se caracterizó por una cierta estabilidad política y por la preocupación por el orden público. Se trató de un sistema oligárquico en el que las Cortes fueron suspendidas con frecuencia, se practicó el falseamiento electoral, se extendió la corrupción administrativa y se marginó a los progresistas del gobierno. Las actuaciones gubernamentales fueron autoritarias, limitando las reformas sociales y las libertades. La mayor parte del país quedó excluida de la vida política.

La Constitución de 1845

Recogió las ideas básicas del moderantismo. Sus principales características fueron:

• Soberanía conjunta del Rey y las Cortes, suprimiendo así la soberanía popular.
• Cortes bicamerales, con un Senado vitalicio elegido por la Corona entre las élites de la nobleza, clero y ejército, y un Congreso electivo, pero con un sufragio muy restringido.
• Amplios poderes de la Reina (por ejemplo, disolver las Cortes) y del ejecutivo.
• Exclusividad de la religión católica y mantenimiento de los clérigos por parte del Estado.
• Declaración de derechos individuales, pero limitados por leyes secundarias.
• Ayuntamientos y diputaciones sometidos al poder central.
• Supresión de la Milicia Nacional.

A la Constitución le siguieron otras leyes de carácter oligárquico. La ley electoral limitaba el voto a solo 100.000 españoles. La ley de imprenta introducía la censura. Se creó la Guardia Civil (1844), con funciones de vigilancia, mantenimiento del orden y defensa de las propiedades rurales, dotándola también de organización militar.

En 1851 se firmó el Concordato con la Santa Sede, estableciendo la suspensión de la venta de los bienes desamortizados y la financiación pública del culto y clero.

Los gobiernos se dedicaron a crear una red de infraestructuras fomentando así el mercado interno y el desarrollo industrial: obras hidráulicas, creación y reparación de caminos, etc. Destacó el gran desarrollo de las líneas férreas. En 1848 se inauguró el primer tramo de ferrocarril entre Barcelona y Mataró. En 1851 se aprobó la Ley de Ferrocarriles, con una red radial.

Modelo Administrativo: Centralismo y Uniformización

Se pusieron en marcha las siguientes medidas:

• Reforma de la Hacienda en 1845, centralizando los impuestos e incrementando los de tipo directo para reducir los indirectos.
• Código Penal de 1851 y Código Civil, recopilando y racionalizando el conjunto de leyes anteriores.
• Reorganización de la administración territorial, reforzando el control de las provincias.
• Control de los ayuntamientos mediante la Ley de Administración Local.
• De esta estructura escaparon las Vascongadas y Navarra, por miedo a un rebrote carlista, manteniéndose sus antiguos derechos forales.
• La educación pasó a manos del Estado, con enseñanza obligatoria y gratuita entre los 6 y 9 años, aunque con falta de financiación.
• Implantación del sistema métrico decimal para los pesos y medidas de todo el territorio.

La reina intervino activamente apoyando a los conservadores y evitando el acceso al poder de los progresistas. La vida política se desarrollaba alrededor de la Corte, con la organización de grupos de presión que buscaban el favor de la reina al margen de la vida parlamentaria. El restringido número de votantes y la manipulación y control electoral por parte del gobierno, dejaban sin sentido cualquier oposición política. Los pronunciamientos militares serían el único recurso para ejercer la oposición política.

El carlismo fue la fuerza que ejerció mayor oposición, con nuevos levantamientos entre 1847 y 1849, que se agrupan en la llamada II Guerra Carlista, siendo el más importante la guerra dels matiners en Cataluña. A partir de 1848 el clima político se fue deteriorando. Algunos progresistas radicales fundaron el Partido Demócrata (1849), cuyos objetivos eran la defensa de los derechos individuales y el sufragio universal.

En 1854, se reformó la Constitución para fortalecer los poderes del ejecutivo en detrimento de las Cortes, provocando un levantamiento de progresistas y parte de los moderados, desembocando en la Vicalvarada, pronunciamiento militar en la localidad madrileña de Vicálvaro. El general O’Donnell, en su huida hacia el sur, publicó el Manifiesto de Manzanares, con el que pedía reivindicaciones del progresismo: el cumplimiento de la Constitución, reducción de los impuestos, reforma de la ley electoral, mayor libertad de imprenta y restauración de la Milicia Nacional.

A este llamamiento se unieron otros jefes militares como Espartero y Serrano, consiguiendo el apoyo popular que hizo triunfar el levantamiento, y dando paso al llamado Bienio Progresista.

El Bienio Progresista y la Vuelta al Moderantismo (1854-1868)

La revolución de 1854 es la versión más parecida a las revoluciones europeas de 1848. El autoritarismo y la corrupción de los gobiernos moderados se habían incrementado en los años anteriores hasta llegar a un conflicto institucional entre el Senado y el Gobierno en 1854.

Las reivindicaciones del Manifiesto de Manzanares animaron también a los políticos civiles, y continuaron los levantamientos populares, como las jornadas de julio en Madrid. En Barcelona la revuelta tomó un fuerte cariz social al coincidir con la escasez de trabajo y la bajada de los salarios. El movimiento se extendió a Zaragoza y San Sebastián, convirtiéndose en una revolución urbana.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Estos sucesos dieron paso al llamado Bienio Progresista. Tras estos sucesos, Isabel II mandó formar gobierno a Espartero al frente de los progresistas, con O’Donnell como ministro de Guerra, y se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes.

Para las elecciones se formó una nueva fuerza política, la Unión Liberal, liderada por O’Donnell, que pretendía ser una fuerza centrista. Progresistas y unionistas ganaron las elecciones y gobernaron conjuntamente durante dos años. Desde el gobierno se plantearon una serie de reformas:

• Una nueva Constitución que se ajustase a sus ideales, la Constitución de 1856 que, aprobada por las Cortes, no llegó a entrar en vigor. Esta, entre otras medidas, reconocía la soberanía nacional, ampliaba derechos públicos y acababa con la designación de alcaldes por parte de la Corona.
• Se otorgaron amplios derechos a los ciudadanos, como la libertad de expresión, de imprenta, de asociación política, etc. Surgieron así otros partidos políticos, además del Demócrata, como el Republicano, en el que militaban socialistas y federalistas.
• Se reanudó la desamortización eclesiástica y se puso en marcha una nueva, la Desamortización civil o de Madoz (1855), que afectaba fundamentalmente a las tierras de propiedad municipal. Con ello se buscaba conseguir dinero para financiar un plan de infraestructuras que modernizara el país y sanear la Hacienda; no había intención de conseguir una mejor distribución de la propiedad de la tierra. El pequeño campesino vio incluso empeorar su situación, al perder la posibilidad de explotar bienes comunales que contribuían a su subsistencia (leña, pastos, etc.), por lo que creció su malestar.
• La Ley General de Ferrocarriles (1855) pretendía crear una red ferroviaria mediante compañías privadas, que estimulara la economía. Esto se tradujo en un gran incremento de las inversiones extranjeras. Sin embargo, en general no dio los resultados deseados; la red radial dejó amplias zonas sin vías férreas perjudicando su desarrollo económico, y no terminó de ser el motor para el definitivo despegue industrial tal y como se pretendía.

Con la aparición de numerosos partidos políticos, el panorama social se complicó mucho. El bienio transcurrió en un clima de conflictividad social. Aprovechando las libertades imperantes, los obreros pasaron a la acción, sobre todo a través de la convocatoria de huelgas generales. Los campesinos también se unieron a las protestas para mejorar su situación.

A esto hay que añadir la epidemia de cólera que asoló España, unida a una serie de malas cosechas que provocaron la subida de los precios y el hambre. Las clases populares, defraudadas por el incumplimiento de las promesas del gobierno, retiraron su apoyo a los progresistas. De nuevo hubo levantamientos obreros en Barcelona (1856) que pedían mejoras salariales y laborales. La crispación social se tradujo en un enfrentamiento entre O’Donnell y Espartero, y un golpe de Estado del propio O’Donnell, que quedó al frente del gobierno; fue el final del Bienio Progresista.

Vuelta al Moderantismo (1856-1868)

Tras el breve gobierno de O’Donnell, la reina confió el gobierno a Narváez, lo que supuso una vuelta al moderantismo, volviendo al modelo político anterior a 1854.

Se restableció la Constitución de 1845, se suspendió la desamortización eclesiástica (no la civil), se reanudaron las relaciones con la Santa Sede y se reformó el Senado. Se aprobó la Ley Moyano (1857), que ordenaba el sistema educativo y establecía la enseñanza obligatoria hasta los 12 años.

En 1858 O’Donnell volvió al poder, abriéndose una nueva etapa conocida como el Gobierno Largo de O’Donnell (1858-1863). Durante este mandato se consiguió una importante estabilidad política y el mantenimiento del orden público, favorecidos por el progreso económico. La expansión del ferrocarril fue importante; se fomentó la industria siderúrgica y la construcción naval, y se favoreció la entrada de empresas e inversores extranjeros.

Política Exterior

En el exterior se buscó recuperar el papel de España como potencia internacional. España intervino en conflictos en América, Asia y África:

• Colaboración con Francia en Cochinchina.
• Guerra en Marruecos (1859-1860), ampliando los territorios de Ceuta y Melilla y anexionando Sidi Ifni.
• Integración temporal de la isla de Santo Domingo a la corona española (1861-65).
• Expedición a México con Gran Bretaña para castigar el impago de la deuda del gobierno mexicano.
• Guerra del Pacífico (1864-1866) contra Perú y Chile.

Estas intervenciones, en muchos casos, se debieron más bien a intereses franceses y británicos que a intereses españoles; solo sirvieron para alcanzar un prestigio ficticio y elevar el patriotismo en un país envuelto en graves problemas políticos, económicos y sociales.

En 1863 el desgaste del gobierno y las divisiones dentro de la Unión Liberal llevaron a O’Donnell a dimitir. A partir de entonces se sucedieron gobiernos inestables y autoritarios, presididos por él mismo o por Narváez. Los progresistas se retiraron de la vida parlamentaria ante la imposibilidad de gobernar. La opinión pública comenzó a culpar a Isabel II de la situación política. La inseguridad se agravó por la fuerte depresión económica (1864-1868). La crisis generalizada afectaba a los mismos cimientos del régimen monárquico de Isabel II.

La oposición se iba reforzando, culminando con los sucesos de la Noche de San Daniel (1865), una protesta estudiantil que se saldó con varios muertos. Después se sucedieron varias intentonas fallidas de los progresistas contra el gobierno, como el alzamiento del general Prim en Villarejo de Salvanés, o la sublevación del cuartel de San Gil (1866). Finalmente, progresistas, demócratas y republicanos, y más tarde los unionistas, firmaron el Pacto de Ostende (1866) por el que se comprometían a derrocar a Isabel II, formar un gobierno provisional y convocar una asamblea constituyente elegida por sufragio universal.

La Sociedad Española en el Siglo XIX: Del Estamentalismo a la Sociedad de Clases

La sociedad del Antiguo Régimen era estamental, caracterizada por grupos sociales cerrados, diferenciados entre sí por la ley, y a los que se pertenecía por nacimiento. Desde el punto de vista jurídico cada grupo contaba con unos derechos y obligaciones diferentes, hasta el punto de que unos estamentos (nobleza y clero) contaban con privilegios (exención de impuestos, ventajas exclusivas) y otros no (estado llano). La rígida sociedad estamental entró en crisis a raíz de los cambios que fueron produciéndose a lo largo del siglo XVIII, que llevaron consigo el fortalecimiento de la burguesía, grupo social que ostentaba buena parte del poder económico, y que demandaba también derechos políticos y prestigio social.

La implantación del sistema liberal en la España del siglo XIX supuso la transformación de la sociedad estamental en la actual sociedad de clases, en la cual los grupos sociales no basan sus diferencias en las leyes, sino en la riqueza económica, pasando todos los individuos a ser reconocidos como iguales ante la ley. La sociedad quedó dividida en clases sociales en función de su renta: clase alta, clase media y clase baja. Estos grupos son abiertos y el ascenso y descenso social viene determinado por los cambios en la situación económica del individuo.

La Clase Alta y Dirigente

• La Nobleza: La baja nobleza tendió a desaparecer, fundiéndose sus individuos en las nuevas clases sociales correspondientes con su nivel de riqueza. La alta nobleza sí se integró en los grupos dirigentes de la nueva sociedad en virtud de sus propiedades territoriales y sus negocios. Conservaron influencia política por su presencia en los escaños del Senado. Aunque la aristocracia no se involucró inicialmente en las actividades industriales, mineras y ferroviarias, sí aprovecharon su apellido para entrar en los consejos de administración de las empresas, aliándose con la alta burguesía financiera.
• El Clero: Perdió la mayor parte de sus bienes por la desamortización. Las órdenes religiosas fueron reducidas drásticamente. La desaparición del diezmo hizo que los clérigos pasaran a depender de las partidas presupuestarias del Estado. La Iglesia se manifestó contraria al liberalismo, contraria a la tolerancia religiosa y a la separación de Iglesia y Estado, pero en un país eminentemente católico continuó manteniendo una gran influencia sobre ciertos sectores populares y sirvió de apoyo a las ideologías más conservadoras (moderados, carlistas, etc.).
• El Ejército: Fue un pilar esencial sobre el que se asentó el sistema social y político promovido por el liberalismo moderado; garantizaba el nuevo orden establecido y reprimía con dureza las insurrecciones populares. Los grandes generales del ejército tomaron parte activa en los asuntos políticos, y todo el escalafón superior encarnaba valores propios de la nueva sociedad burguesa como el nacionalismo y el capitalismo. Por otra parte, eran frecuentes las protestas por el alto coste por su excesivo número de efectivos, por el sistema de quintas y por las movilizaciones forzosas.
• La Alta Burguesía: Fue la nueva clase emergente, al beneficiarse de la compra de tierras desamortizadas y con las inversiones en industrias y ferrocarril. Se constituyó una oligarquía terrateniente, industrial y financiera, resultado de la alianza, a veces mediante matrimonios, entre la vieja nobleza y la nueva burguesía capitalista. Este grupo social, compuesto por una nobleza aburguesada y una burguesía ennoblecida, se convirtió en la clase dominante y conformó un círculo social cerrado y endogámico.

La Clase Media y Baja

• La Burguesía Media y Baja: Existía una burguesía media, integrada por profesionales liberales de alta cualificación: médicos, abogados, notarios, ingenieros, etc. Y una baja burguesía urbana (funcionarios de la administración, pequeños comerciantes, profesores, etc.), con una posición económica muy inferior a la alta burguesía pero que gozaban de prestigio social derivado de su ejercicio profesional. Los hábitos de las familias burguesas estaban muy influidos por las modas europeas, difundiendo en España corrientes artísticas y culturales de la época; paralelamente impulsó un nuevo modelo de familia muy patriarcal, concebida como el núcleo de acumulación y conservación del patrimonio, pilar fundamental de la sociedad.
• La Mujer en la Sociedad de Clases: Con este concepto familiar se afianzaba la visión tradicional de la mujer relegada a esposa y madre, siempre en el seno del ámbito doméstico. Esto era aplicable a toda mujer, con independencia de su clase social, pero las mujeres de los estratos sociales más bajos se veían obligadas a compaginar las tareas de casa y la crianza de hijos con largas jornadas laborales en el campo, en fábricas o como sirvientas, percibiendo salarios sensiblemente más bajos que los hombres por empleos similares. Por otro lado, la mujer tenía vedado el derecho a voto y a participar en la vida política. Jurídicamente estaba sometida a una figura masculina, ya fuera padre o marido, quien tomaba las decisiones que le afectaban.
• El Campesinado: Siguió siendo el grupo social mayoritario por el escaso desarrollo industrial del país. Los pequeños propietarios de tierras a veces se vieron obligados a emigrar a la ciudad, al verse empobrecidos por las continuas crisis económicas y por la nueva situación creada por las desamortizaciones; en otras ocasiones ampliaron sus explotaciones arrendando tierras para incrementar su producción y sus ingresos. Los arrendatarios y aparceros mantuvieron una situación aún más precaria, pues tenían que pagar los impuestos y elevadas rentas. Los jornaleros, muy abundantes sobre todo en el sur, trabajaban por salarios muy bajos o en especie, sujetos muchos de ellos a las temporadas de las tareas agrícolas (siembra, poda, cosecha); su miseria ocasionó enormes tensiones sociales.
• El Proletariado: Los trabajadores asalariados se localizaban sobre todo en las ciudades. En este grupo se encontraban profesionales de baja cualificación (dependientes, aprendices, oficinistas, etc.), el servicio doméstico y los trabajadores industriales. Este último grupo fue creciendo muy lentamente, conforme se fueron abriendo más fábricas en el país. Sus condiciones de vida eran muy duras: precariedad (existencia del despido libre, falta de seguros sociales, etc.), bajos salarios, largas jornadas laborales. Eran numerosos en las provincias más industrializadas como Barcelona y Vizcaya, o en las cuencas mineras asturianas. A lo largo del siglo XIX, en paralelo a la implantación de la sociedad industrial, y en su lucha por mejorar sus condiciones laborales y sociales, los obreros fueron adquiriendo la conciencia colectiva de pertenecer a una clase con intereses comunes; son los inicios del movimiento obrero.

Cronología Histórica

Siglo XVI

• 1502. Conversión forzosa de los mudéjares.
• 1512. Conquista del reino de Navarra.
• 1520. Revuelta de los Comuneros de Castilla.
• 1556. Inicio del Reinado de Felipe II.
• 1561. Establecimiento de la Corte en Madrid.
• 1568. Rebelión morisca de las Alpujarras.
• 1571. Batalla de Lepanto.
• 1580. Unión de Portugal.
• 1588. Desastre de la Armada Invencible.

Siglo XVII

• 1609. Expulsión de los moriscos.
• 1621. Inicio del reinado de Felipe IV.
• 1640. Rebelión de Cataluña.
• 1640. Independencia de Portugal.
• 1643. Batalla de Rocroi.
• 1648. Paz de Westfalia.
• 1659. Paz de los Pirineos.
• 1665. Inicio del reinado de Carlos II.
• 1700. Fin del reinado de Carlos II.

Siglo XVIII

• 1701. Inicio de la Guerra de Sucesión.
• 1704. Conquista británica de Gibraltar.
• 1713. Tratado de Utrecht.
• 1716. Decreto de Nueva Planta en Cataluña.
• 1733. Primer Pacto de Familia de los Borbones.
• 1749. Catastro del Marqués de la Ensenada.
• 1766. Motín de Esquilache.
• 1767. Expulsión de los jesuitas.
• 1792. Manuel Godoy, primer ministro del Estado.

Siglo XIX

• 1805. Batalla de Trafalgar.
• 1808. Motín de Aranjuez.
• 1820. Pronunciamiento de Riego.
• 1849. Fundación del Partido Demócrata.
• 1855. Primera Huelga General en Barcelona.
• 1857. Ley de Instrucción Pública de Claudio Moyano.
• 1873. Proclamación de la I República.
• 1879. Fundación del PSOE.

Siglo XX

• 1909. Semana Trágica.
• 1932. Ley de Bases de la Reforma Agraria.
• 1936. Comité de No Intervención.
• 1959. Plan de Estabilización.
• 1976. Referéndum para la Ley de Reforma Política.
• 1981. 23F. Golpe de Estado de Antonio Tejero.
• 1986. Entrada de España en la CEE.

Comentarios de Texto Histórico

Desamortización de Mendizábal

Clasificación

Nos encontramos ante un fragmento del Decreto de Desamortización de los Bienes del Clero, más conocido como la Desamortización de Mendizábal. Es una fuente histórica primaria de naturaleza jurídica, en tanto es una ley, y de contenido económico y político.

Autoría y Destinatario

Autor: Juan Álvarez Mendizábal, político, banquero y hombre de negocios, bien relacionado con los medios financieros de Londres. Accedió al poder en un momento crítico y decisivo para la causa isabelina y la revolución liberal (1836), determinando la orientación progresista del gobierno de María Cristina. Es el autor de la Ley y de esta exposición de motivos. La Reina Gobernadora María Cristina de Nápoles se mostró reticente a firmar los decretos de desamortización, alegando problemas de conciencia religiosa, así como la presión del alto clero de la Corte. Al final, las presiones de los liberales y la indecisa marcha de la guerra civil carlista, hicieron que claudicase firmando el decreto.

Destinatario: Es un documento de carácter público y su destinatario es la nación española.

Contexto Histórico

El contexto histórico se sitúa en la Regencia de María Cristina (1833-1840), marcada por:

• El problema sucesorio tras la muerte de Fernando VII y la proclamación de Isabel II, lo que llevó al estallido de la Primera Guerra Carlista.
• El apoyo interesado de los liberales a María Cristina, forzando el fin del Antiguo Régimen.
• El inicio de la regencia y la publicación del Estatuto Real (1834).
• El acceso al gobierno de los progresistas con Mendizábal, impulsado por las revueltas urbanas.

La proclamación en Madrid de Isabel II como reina bajo la regencia de su madre, la Reina Gobernadora María Cristina, llevó a Carlos María Isidro, mediante el Edicto de Abrantes, a proclamarse rey con el nombre de Carlos V, estallando la guerra civil. María Cristina se apoyó en los liberales moderados (Martínez de la Rosa y el Estatuto Real de 1834). Los liberales más radicales, insatisfechos, llegaron al poder mediante la insurrección, nombrando a Mendizábal, quien puso en marcha las leyes de reforma eclesiásticas y desamortizadoras de 1835 y 1836. La oposición de las clases dominantes y la Iglesia provocó la destitución de Mendizábal, seguida por la reacción progresista con la sublevación de los sargentos de la Granja, que llevó de nuevo a los progresistas al poder de la mano de Calatrava, impulsando la Constitución progresista de 1837.

Ideas Principales

La idea principal es la justificación por parte de Mendizábal ante la Reina Gobernadora de la necesidad de esta Ley de Desamortización de los bienes del clero. Esta justificación se apoya en varias ideas secundarias:

• Modernizar la economía española: Impulsando desde la agricultura el desarrollo de la industria y el comercio, vinculando este desarrollo con la monarquía de Isabel II, buscando legitimar el reinado de la joven reina en pleno apogeo de la guerra carlista.
• Paliar la deuda pública: Necesidad de vender las tierras que ya eran de la nación (bienes traspasados de la Iglesia al Estado por decretos de 1835) para poder hacer frente al pago de la deuda pública, aumentada por el endeudamiento de la Guerra Carlista.
• Transformación de la propiedad: El gran objetivo era transformar los bienes vinculados y amortizados por la Iglesia (régimen de “manos muertas”) en bienes que pudieran ser vendidos en pública subasta.
• Apoyo al liberalismo: Se esperaba que los nuevos propietarios consolidaran en el trono a la futura Isabel II y crearan una masa de población afín al liberalismo y contraria al carlismo.

A pesar de los buenos propósitos, los resultados fueron mediocres: no se recaudó mucho dinero y no se consiguió cambiar la estructura de la propiedad de la tierra ni redistribuir la riqueza, ya que la venta se realizó en pública subasta y los bienes fueron a parar a la alta burguesía y a la nobleza latifundista. Sin embargo, sí consiguió aumentar la producción agraria nacional, paliar en cierto modo la deuda pública e introducir la agricultura en el sistema capitalista liberal, basado en la libertad de propiedad, explotación y comercio.

Manifiesto de Manzanares

Clasificación

El presente texto corresponde al Manifiesto de Manzanares, que pretendió mediante un pronunciamiento acabar con la Década Moderada. Es una fuente histórica primaria, de naturaleza expositiva, dado que un Manifiesto es una declaración de intenciones de los sublevados, y de contenido político.

Autoría y Destinatario

Autores: El general O’Donnell lo firma, pero fue redactado por Cánovas del Castillo, entonces joven abogado del sector “puritano” más liberal del partido moderado. O’Donnell, prestigioso militar, lideró el movimiento revolucionario de 1854. Cánovas del Castillo sería con el tiempo el gran líder del partido conservador y artífice de la Restauración de Alfonso XII en 1874.

Destinatario: Público, la nación española en general y los sectores del partido progresista en particular.

Contexto Histórico

El contexto histórico de este Manifiesto se sitúa al final de la Década Moderada (1844-1854), desde la caída de Bravo Murillo en diciembre de 1852 hasta la llegada al poder de los progresistas con Espartero en julio de 1854. Este periodo estuvo marcado por la corrupción, la debilidad política y el enfrentamiento con el sector militar y los liberales en general.

• Revolución de 1854: El 28 de junio de 1854 se sublevó O’Donnell en Alcalá de Henares, produciéndose el enfrentamiento o batalla de Vicálvaro, de resultado indeciso.
• El Manifiesto: Reunidos los conspiradores en Manzanares, Cánovas del Castillo redactó este manifiesto para atraer a la rebelión a los sectores progresistas.
• Rebelión Popular: A la vez, un movimiento insurreccional de carácter más social y popular estalló entre el 17 y 19 de julio de 1854 en las barriadas más populares de Madrid, alentadas por el Partido Demócrata.

El Manifiesto pretendió que los progresistas se rebelaran, y pese a lo poco progresista del programa, poco a poco en diversas ciudades se fueron produciendo levantamientos populares, que llevaron a la reina Isabel II a convocar al General Espartero para formar un gobierno. Así, un levantamiento que empezó protagonizado por moderados acabó siendo protagonizado por las clases populares, con el respaldo de los progresistas que obtuvieron el poder durante el Bienio Progresista (1854-1856).

Ideas Principales

El documento es un manifiesto, por lo que en tono exhortativo presenta la situación y anima a la rebelión política con el apoyo militar para cambiar dicha situación, presentando un programa de gobierno bastante ambiguo.

• Llamada a la sublevación: Los dos primeros párrafos constituyen esa llamada a toda la nación para sumarse a la sublevación que O’Donnell había iniciado.
• Programa político ambiguo: El tercer párrafo constituye el ideario de los sublevados: mantenimiento del trono, pero acabando con la corrupción de las camarillas. Se pedían reformas políticas (electoral, de imprenta) para ampliar derechos y libertades que se habían reducido desde 1851. Concedía una petición tradicional del partido progresista: la restitución de la Milicia Nacional y la descentralización de la política territorial.
• Proceso revolucionario: El último párrafo hace referencia al proceso revolucionario mediante Juntas de Gobierno que en distintas ciudades deberían levantarse contra el gobierno, para después convocar unas Cortes Generales que elaboraran una nueva constitución.

Manifiesto “España con Honra”

Clasificación

Nos encontramos ante un fragmento del manifiesto conocido como “España con Honra”. Redactado por los principales mandos militares sublevados en Cádiz el 19 de septiembre de 1868, que son los firmantes del manifiesto. Es una fuente histórica primaria de naturaleza expositiva y de contenido político. Este pronunciamiento dio pie al movimiento político conocido como “La Gloriosa”, revolución que trató de establecer un auténtico estado liberal en España asentándolo sobre bases democráticas.

Autoría y Destinatario

Autoría: Colectiva, aunque destacan especialmente dos de sus autores: el general Serrano (unionista), que presidiría el gobierno provisional (1868-1869) y sería regente (1869-1871); y el general Prim (progresista), auténtica alma de la revolución, héroe de las guerras de Marruecos y conspirador contra Isabel II. Prim fue Ministro de la Guerra y jefe de gobierno durante la regencia.

Destinatario: Colectivo, la nación española.

Contexto Histórico

El contexto hace referencia a los antecedentes de la Revolución Gloriosa y al desarrollo del Gobierno Provisional (1868-1874).

• Antecedentes y crisis: El manifiesto representa la alianza de unionistas y progresistas, enfrentados con los moderados desde 1866 (Pacto de Ostende), así como sectores del Partido Demócrata y el Republicanismo, para poner fin a la monarquía de Isabel II, marcada por la corrupción y el autoritarismo.
• Alzamiento de Cádiz: En septiembre de 1868 se inició una sublevación militar en Cádiz, con la participación de la Armada al mando del almirante Topete. La rebelión se efectuó contra el gobierno moderado y contra la Corona. El ejército sublevado derrotó a las fuerzas de la Reina en Alcolea. Isabel II, de vacaciones en San Sebastián, tomó el camino del exilio sin oponer resistencia.
• Juntas Revolucionarias: Junto a los militares y políticos liberales, participaron demócratas y republicanos, alzándose en las principales ciudades y creando Juntas revolucionarias. La revolución contó con un importante apoyo popular fruto del descontento ante la mala situación económica, reclamando el fin de los consumos (impuesto desfavorable a las clases populares) y las quintas (servicio militar soportado por las clases humildes).

Una vez en el poder, el Gobierno Provisional (presidido por Serrano, con Prim como hombre fuerte) procedió a desarmar y disolver esas Juntas para evitar que la revolución tomase derroteros radicales. El Sexenio Democrático se inició con este gobierno provisional, que convocó Cortes Constituyentes para elaborar la Constitución de 1869, la cual declararía la Monarquía Constitucional, obligando a buscar un rey para España.

Ideas Principales del Texto

La “regeneración social y política” que se pide viene provocada por el ambiente de corrupción que se instaló en los ministerios y en la misma Corona. Para luchar contra esto se propone el establecimiento del sufragio universal, una de las medidas consensuadas en el Pacto de Ostende (1866). Esta alianza se extiende, según los firmantes, a todos los grupos sociales, incluyendo a las clases altas y al clero (posiblemente escandalizado por los escándalos de índole moral que señalaban a la propia reina Isabel II).

Abdicación de Amadeo I de Saboya

Clasificación

El texto es una fuente histórica primaria. Es el documento de abdicación del rey Amadeo I al trono de España. Es un texto de naturaleza expositiva o narrativa (declaración del Rey) y de contenido político, ya que dicha abdicación provocó un vacío de poder que llevó a la proclamación de la I República.

Contexto Histórico

El contexto hace referencia al Sexenio Democrático (1868-1874), centrándose en el proceso de elección del Rey y el breve reinado de Amadeo I (enero 1871 – febrero de 1873).

• La Búsqueda del Rey: Tras la Revolución Gloriosa y la Constitución de 1869 (que declaraba la Monarquía Constitucional), se tuvo que buscar un candidato. El candidato elegido fue Amadeo de Saboya (segundo hijo del rey de Italia), gracias sobre todo a la influencia del general Prim.
• Asesinato de Prim: El mismo día de la llegada del nuevo rey, el general Prim fue asesinado (diciembre de 1870), lo que le quitó a Amadeo su principal apoyo y provocó la división de las fuerzas que habían iniciado el proceso revolucionario (entre los radicales de Ruiz Zorrilla y los constitucionalistas de Sagasta).

Desde un primer momento el reinado de Amadeo tuvo una oposición muy activa que dificultó su tarea de gobierno:

• Los Republicanos, que preferían un régimen republicano.
• La Iglesia Católica, por el establecimiento de la libertad religiosa y la separación total entre Iglesia y Estado.
• Los Carlistas, que iniciaron la Tercera Guerra Carlista a partir de 1872.
• La Aristocracia Terrateniente, que apoyaba la candidatura de Alfonso XII de Borbón.
• El pueblo español, que nunca vio con buenos ojos a un rey extranjero.

El hecho de sufrir algún atentado, junto con la crisis final del Arma de Artillería y las diferencias con el jefe de gobierno Ruiz Zorrilla, provocaron su renuncia al trono y a los derechos sucesorios de su familia el 10 de febrero de 1873. Amadeo se resistió a dar un “golpe de fuerza” o una solución autoritaria, que iría en contra de la Ley.

Proclamación de la I República

Al día siguiente, 11 de febrero, con la presión de diversos partidos políticos progresistas y republicanos, las Cortes reunidas en sesión conjunta se constituyeron en Asamblea Nacional y proclamaron la I República. Fue una república muy debilitada por los enfrentamientos internos (federalistas y unionistas), la Guerra de Cuba y la Guerra Carlista, a lo que se sumó la revuelta cantonalista. Esta situación provocó el golpe de estado del general Pavía y una dictadura militar de la mano del General Serrano (enero-diciembre 1874).

Ideas Principales

La idea principal del texto es la exposición de motivos por los que Amadeo presentó la renuncia. Amadeo I agradece haber sido elegido rey, pero el motivo fundamental de su renuncia es la división interna de los políticos españoles: “con la espada, con la pluma y con la palabra” (militares, periodistas e intelectuales y políticos) que con su enfrentamiento continuo debilitaron e hicieron imposible su gobierno. La última observación hace referencia a haber sido incapaz de encontrar las soluciones por las vías que marca la Constitución, y que se resistía a las que estaban fuera de ella, es decir, la solución autoritaria que le había propuesto el Ejército.