La Guerra de la Independencia y la Constitución de 1812

58: Entre 1808 y 1814, en España se desarrolló la Guerra de la Independencia, conflicto provocado por la invasión del país por la Francia napoleónica, que se desarrolló entre grandes cambios sociales y políticos. El vacío de poder sufrido ante la marcha de la familia real a territorio francés llevó a que se creasen Juntas de carácter local y provincial, que eran órganos formados por intelectuales, clérigos y políticos; estos organizaron el gobierno y la defensa de cada territorio durante la guerra. En Cádiz se convocaron unas Cortes con la idea de elaborar una constitución que acabase con el Antiguo Régimen y permitiera superar la sociedad estamental.

La Constitución de 1812: «La Pepa»

Aprobada el 19 de marzo de 1812, popularmente conocida como «La Pepa», la Constitución de 1812 fue la primera constitución liberal del país. Es uno de los grandes textos liberales de la historia, muy célebre en su tiempo y tomada como modelo para muchas otras. Sus características principales son:

• Soberanía nacional: El poder reside en la nación (ciudadanos de todos los territorios españoles), idea opuesta a la soberanía monárquica. La nación ejerce su soberanía mediante sus representantes en Cortes, elegidos a través de un procedimiento electoral universal masculino.
• Monarquía constitucional: Se reconoce como sistema de gobierno.
• División de poderes: Legislativo (residía en Cortes unicamerales), judicial (tribunales ordinarios independientes) y ejecutivo (el Rey y su gobierno con limitaciones).
• Igualdad ante la ley: Instituye la igualdad de los ciudadanos.
• Abolición de los señoríos: Acaba con el vasallaje y las prestaciones personales.
• Derechos individuales: Reconocimiento de derechos como la educación, libertad de imprenta, propiedad, etc.
• Confesionalidad católica: El catolicismo es la única confesión religiosa permitida; la necesidad de contar con el clero en la lucha contra los franceses explica este rasgo.
• División territorial: Organización del territorio en provincias, gobernadas desde una diputación.

Las Desamortizaciones durante el Reinado de Isabel II

72: Durante el reinado de Isabel II (1833-1868) se produjeron dos importantísimos procesos de desamortizaciones. Consistieron en la puesta en venta de tierras que se encontraban en poder de las llamadas «manos muertas» tras su expropiación forzosa. El objetivo principal era recaudar fondos para solucionar el problema de la Hacienda Pública y crear una nueva clase de propietarios cuyos intereses estuvieran ligados al liberalismo.

La Desamortización de Mendizábal

La desamortización de Mendizábal consistió en la expropiación de las propiedades de la Iglesia y su venta posterior en subasta pública a particulares. Se pretendía crear una clase nueva de propietarios afines a la causa liberal, desmantelar al clero defensor del carlismo y conseguir fondos para sufragar la Guerra Carlista, además de sanear la deuda pública. Afectó únicamente al clero regular y más adelante se extendió al clero secular. Los efectos de la ley permitieron poner en cultivo muchas tierras abandonadas y reducir así el problema de la carestía de alimentos. Sin embargo, muchos de los bienes fueron adquiridos por los antiguos terratenientes, por lo que no se produjo una redistribución efectiva de la tierra.

La Desamortización de Madoz

La segunda desamortización fue la Ley Madoz de 1855, impulsada por el gobierno progresista durante el Bienio Progresista (1854-1856). Consistió en una desamortización civil que afectó a bienes de propios, tierras comunales y eclesiásticas; es decir, cualquier propiedad vinculada a las manos muertas. El objetivo a conseguir con el dinero era propulsar la industrialización del país y financiar la expansión del ferrocarril. Sin embargo, el dinero obtenido no era propiedad del Estado sino de los ayuntamientos, aunque el Estado lo utilizó para el bien común. Afectó principalmente a los municipios.

El Fin del Reinado de Isabel II y el Sexenio Democrático

76: El deterioro del régimen del reinado de Isabel II desde 1864 se había visto agudizado por la crisis económica de 1866. La oposición comenzó a unirse para derribar a la reina; los progresistas y los demócratas crearon con este fin el Pacto de Ostende en 1866. En 1868 estalló la revolución conocida como «La Gloriosa», comenzando así el Sexenio Democrático, que duró seis años, en el que se ensayaron diversas alternativas políticas tendentes a la democratización del país.

La Constitución de 1869

Los revolucionarios deseaban implantar una auténtica democracia y convocaron elecciones para redactar una nueva carta magna; es así que las Cortes redactaron la Constitución de 1869. Por su contexto histórico, el texto se coloca en la vanguardia de la Europa del momento, introduciendo reformas democráticas avanzadas que no existían en el resto de países. Sus características esenciales son:

• Soberanía nacional: El poder recaía en la nación y sus ciudadanos, no en el monarca.
• Monarquía democrática: Se establece como forma de gobierno; el Rey sanciona y promulga las leyes, y el poder ejecutivo reside en el Rey, quien lo ejerce por medio de sus ministros.
• División de poderes: Se separan los poderes del Estado, los cuales serán independientes entre sí.
• Cortes bicamerales: El poder legislativo se divide en dos cámaras: Congreso y Senado. Además, se establece el sufragio universal masculino.
• Derechos individuales: Se establece una amplia serie de derechos, como la libertad de emisión de ideas y opiniones, derecho de reunión, asociación, libertad de culto y la inviolabilidad del domicilio.

Además, surgieron otros aspectos relevantes como la aparición del jurado popular en los tribunales y se promovió la elección de los alcaldes de los ayuntamientos a través del voto de los vecinos.