El establecimiento del régimen liberal y la nueva sociedad de clases
El establecimiento del régimen liberal en España durante el reinado de Isabel II supuso el final definitivo de la sociedad estamental y la formación de una nueva sociedad de clases. Frente a la desigualdad jurídica del Antiguo Régimen, la nueva sociedad se basa en la igualdad ante la ley. Por lo tanto, se suprimen los privilegios y los estamentos como grupos cerrados, aunque las divisiones sociales se mantienen en función de la mayor o menor riqueza de las personas.
La sociedad es, en teoría, abierta, aunque en la práctica el ascenso social está muy limitado por las profundas desigualdades económicas. Las leyes de las Cortes de Cádiz y del Trienio Liberal se confirman durante la regencia de María Cristina, eliminando la sociedad estamental. Sin embargo, la estructura social presenta las siguientes características:
- La nobleza mantiene en general su poder económico, aunque sin sus privilegios. La baja nobleza desaparece, pero se conceden nuevos títulos a miembros de la burguesía de los negocios.
- El número de eclesiásticos se redujo sustancialmente debido a las exclaustraciones y el descenso de vocaciones por los cambios sociales y de mentalidad.
- La burguesía terrateniente e industrial, también minoritaria, se convierte en el grupo social más influyente en la España liberal. Su poder económico se refuerza todavía más con las desamortizaciones y la industrialización.
- La pequeña burguesía urbana forma una clase media de profesionales liberales, comerciantes y funcionarios, que irán aumentando a lo largo del siglo XIX con una creciente influencia social. Un papel similar lo desempeñan en el campo los pequeños propietarios rurales y arrendatarios.
- Las clases populares están al margen del sistema político debido al sufragio censitario. Los jornaleros no disponen de tierras y no tenían trabajo una parte del año, empeorando su situación con las desamortizaciones.
- En las ciudades, las clases populares se corresponden con los trabajadores de la industria, cuyas condiciones laborales y de vida eran muy duras, y empleados en el sector terciario (comercio y servicio doméstico principalmente). De esta realidad social nacerá el movimiento obrero.
La implantación del Estado liberal (1833-1845)
En la década de 1830 se inicia en España la implantación del Estado liberal, en correspondencia con los procesos revolucionarios liberales en Europa. Al comienzo de la Guerra Carlista se establece un pacto entre la Corona y los grupos liberales que apoyan la regencia de María Cristina. Esta alianza se concreta en el gobierno de Martínez de la Rosa y en el Estatuto Real de 1834.
El Estatuto Real y la transición moderada
Se trata de una Carta otorgada (es decir, una concesión del monarca al pueblo) que no incluye ni la soberanía nacional ni los derechos fundamentales. Frente a los defensores de la Constitución de 1812, los moderados optan por un reformismo “desde arriba”, con una soberanía compartida entre el Rey y las Cortes. Estas tienen dos estamentos: el de los Próceres, formado por nobles y eclesiásticos designados por la Reina, y el de los Procuradores, elegidos mediante un sufragio censitario muy restringido. Sin embargo, las Cortes tienen escasas competencias, solo de carácter consultivo o de propuesta.
El ascenso progresista y la Constitución de 1837
Según avanza la guerra carlista, la regente trata de ampliar la base de sus apoyos y se acerca a los progresistas, con la formación de gobierno por Mendizábal en 1835 y el restablecimiento de la Constitución de 1812 y de las leyes de las Cortes de Cádiz. Tras un cambio de gobierno, se convocan Cortes Constituyentes en 1837, que cuentan con una amplia mayoría progresista. En ellas se aprueba una Constitución que recupera definitivamente la monarquía constitucional en España, con una amplia declaración de derechos, aunque la soberanía nacional se atribuye conjuntamente a las Cortes y el Rey. Se mantiene el sufragio censitario (aunque menos restringido que anteriormente) y la confesionalidad católica del Estado.
La Década Moderada y la Constitución de 1845
Tras el fracaso de la regencia de Espartero, las Cortes adelantan la mayoría de edad de Isabel II y entregan el poder al líder de los moderados, el general Narváez. Con el objetivo de consolidar un Estado liberal conservador se aprueba una nueva Constitución en 1845, basada en los principios del liberalismo doctrinario y la soberanía compartida. Las Cortes están formadas por el Senado (designado por la Reina) y el Congreso (mediante sufragio censitario). Se restringen las libertades y derechos reconocidos en la de 1837, otorgando mayores poderes a la Corona como la capacidad de disolver las Cortes, nombrar y cesar ministros, etc. Además, las leyes que la desarrollan van a limitar todavía más el derecho de voto y las libertades.
El Sexenio Democrático y la Constitución de 1869
Durante el Bienio Progresista se había recuperado la Constitución de 1837, pero se redacta otra más progresista en 1856, conocida como “non nata” porque no llega a entrar en vigor. En ella se reconocía la soberanía popular y ampliaba los derechos y libertades, incluida la tolerancia religiosa.
Después del triunfo de la revolución “La Gloriosa” de 1868, en el ámbito político aumentan las libertades y se establece el sufragio universal masculino para las elecciones a Cortes Constituyentes en 1869, que ganarán los unionistas de Serrano y los progresistas de Prim, excepto en las ciudades donde ganarán los republicanos.
La Constitución de 1869 define España como una monarquía parlamentaria, basada en los principios de la soberanía nacional y la división de poderes:
- El poder ejecutivo lo ejerce el Rey por medio de sus ministros, que son responsables ante las Cortes.
- El poder legislativo corresponde a las Cortes, pero ambas cámaras son elegidas por sufragio universal masculino.
- El poder judicial corresponde a tribunales de justicia independientes.
Además, se reconocen las libertades ciudadanas y, en especial, la libertad religiosa, aunque se mantiene el presupuesto de culto y clero para sostener económicamente a la Iglesia católica. Con esta Constitución de carácter democrático, Serrano actúa como regente y Prim ocupa la presidencia de gobierno. Ante la ausencia de un rey, ambos inician la búsqueda de uno para España, que finalmente será Amadeo de Saboya.
La Revolución de 1868, el reinado de Amadeo I y la Primera República
La revolución “La Gloriosa” de 1868 se inicia con la sublevación militar del almirante Topete en Cádiz, a la que se suman los generales Prim y Serrano. Tras derrotar a las tropas isabelinas en la batalla de Alcolea, la reina se exilia a Francia y se forma un Gobierno provisional presidido por Serrano, que asume el poder y disuelve las juntas populares que se habían formado en algunas ciudades. Ante la incertidumbre creada en España, comienza la primera guerra de la independencia en Cuba (Guerra de los Diez Años).
Se celebran elecciones a Cortes Constituyentes en 1869 y, después de que la Constitución establezca la monarquía parlamentaria, el general Serrano es designado regente y Prim jefe de gobierno, con el encargo de buscar un rey para el trono de España. Rechazados diversos pretendientes, finalmente será elegido Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia.
El difícil reinado de Amadeo I (1871-1873)
Amadeo es proclamado rey a finales de 1870, pero cuenta desde el inicio con pocos apoyos (unionistas y progresistas) y, además, es asesinado Prim unos días antes de su llegada a España. El rey se encuentra con el rechazo de los republicanos y de los monárquicos, tanto borbónicos como carlistas, pero también de parte de la aristocracia y del pueblo, que lo consideran un extranjero. A esta falta de apoyos se suman la Tercera Guerra Carlista, la continuación de la guerra en Cuba y la agitación social vinculada al naciente movimiento obrero.
Ante tanta inestabilidad, Serrano pide al rey suspender el régimen constitucional, pero Amadeo se niega y meses más tarde renuncia al trono en 1873.
La Primera República Española
Tras la abdicación, se reúnen las Cortes como Asamblea Nacional y proclaman la República por amplia mayoría, cuyo primer presidente es Estanislao Figueras. La situación seguía siendo muy complicada (guerras, descontento social, crisis económica), pero el principal problema es la división entre centralistas y federalistas.
En las elecciones a Cortes Constituyentes de 1873 ganan los federales y el presidente será Pi y Margall. Sin embargo, los partidarios del federalismo, impacientes por la lentitud de los cambios, declaran la autonomía de algunas regiones y ciudades, constituidas en cantones independientes. Este movimiento cantonalista tuvo especial desarrollo en Andalucía y el Levante, lo que se unió a la guerra carlista en el Norte y a la de Cuba.
Ante esta situación renuncia Pi y Margall, sustituido por Nicolás Salmerón, quien trata de someter esas revueltas con el uso de las armas, pero se niega a firmar las penas de muerte a los sublevados, por lo que también dimite. Se elige entonces al conservador Emilio Castelar, partidario de la república unitaria y que da un giro autoritario al poder, suspendiendo las Cortes hasta enero de 1874.
El fin del Sexenio y la Restauración
Al reabrirse las Cortes en enero de 1874, cae el gobierno de Castelar porque pierde una moción de confianza. Durante la elección del nuevo presidente, el general Pavía asalta el Congreso, da un golpe de Estado por el que disuelve las Cortes y entrega el poder a un gobierno de concentración presidido por Serrano, republicano pero que adquiere un carácter dictatorial.
Con ello había fracasado en España el primer intento democratizador, tanto con la forma monárquica como republicana. En torno a Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, se había ido formando un movimiento impulsado por Cánovas del Castillo para el retorno de la monarquía borbónica, que se llevará a cabo tras el pronunciamiento militar del general Martínez Campos el 29 de diciembre de 1874 en Sagunto y la proclamación de Alfonso XII como rey. De este modo nace el sistema de la Restauración.