La adhesión de España a la CEE (Unión Europea)
Primeros intentos y el Acuerdo Preferencial
En 1962, el Gobierno tecnócrata de Franco había solicitado la adhesión a la CEE (Comunidad Económica Europea), que fue denegada por el Informe Birckelbach al no tratarse España de una democracia. En 1970, la insistencia del Gobierno español se materializó en el Acuerdo Preferencial con la CEE, por el que, si bien España no ingresaba en el por entonces denominado Mercado Común, sí podía exportar productos en condiciones más ventajosas al eliminarse parte de los aranceles.
Con el inicio de la Transición, en 1977, el Gobierno de Adolfo Suárez solicitaba de nuevo la adhesión a la CEE, pero se trataba de un mal momento, ya que la crisis petrolera de 1973 producía en la Europa comunitaria una reticencia a cualquier ampliación. Con la democracia relativamente asentada en España —la Constitución había sido promulgada en 1978 y la crisis económica en Europa había amainado—, las negociaciones por fin fueron iniciadas oficialmente en 1979, con el consenso de las fuerzas políticas del Parlamento. Sin embargo, fue Francia la que bloqueó las negociaciones, debido a que los productos españoles suponían una gran competencia para sus intereses pesqueros y agrícolas. De esta manera, lo esencial estaba por realizarse cuando ganaron las elecciones en España los socialistas en 1982. El año anterior se había producido un acontecimiento importante en Francia, cuando había accedido a la presidencia el socialista François Mitterrand, de manera que, a partir de ese momento, la buena sintonía entre la Presidencia de la República Francesa y el presidente del Gobierno español, Felipe González, allanaría el camino.
La negociación final y la adhesión
Fue en la etapa de los gobiernos socialistas cuando España se adhirió a la Europa comunitaria. El ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, se encargó de dinamizar el esfuerzo y, en 1983, el Consejo Europeo celebrado en Stuttgart fue clave, ya que la RFA (República Federal Alemana) vinculaba el aumento de los fondos comunitarios a la ampliación, aceptando la adhesión de España y Portugal. Un nuevo paso se dio en la cumbre comunitaria celebrada en 1984 en Bruselas, en la que se vencieron las suspicacias de Gran Bretaña al aceptar la participación de este país en los presupuestos comunitarios, a cambio de la concesión del llamado «cheque británico», por el cual una parte de la aportación económica a la CEE retornaba al país.
El paso decisivo lo constituyó el cambio definitivo de postura de Francia al afirmar que «la construcción europea era imposible dejando de lado a la península ibérica». Finalmente, se decidió que la adhesión se produjera el 1 de enero de 1986. Así pues, el año definitivo de las negociaciones fue 1985, fecha en la que se tuvieron que solucionar los problemas más espinosos que afectaban especialmente a varios sectores:
- Agrícola, ganadero y pesquero: en estos tres hubo que proceder a una importante reducción para adaptar el nivel de producción español al sistema de cuotas comunitario.
- Industrial: sufrió un duro proceso de reconversión que provocó altas tasas de desempleo.
- La situación de las islas Canarias: para ellas, la CEE estableció el POSEICAN (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía e Insularidad de Canarias) e implementó medidas impositivas específicas como el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).
Integración y consecuencias económicas
Coincidiendo con la adhesión de España al club comunitario, la CEE firmó en 1986 el Acta Única Europea, que supuso un espacio sin fronteras interiores, es decir, permitir en un futuro la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. En 1992, en Maastricht, se tomó una de las decisiones más importantes al firmar el Tratado de la Unión Europea, el cual pretendía lograr una política exterior común de todos los Estados miembros, así como cooperar en política interior y de justicia y aumentar los poderes del Parlamento Europeo.
Más importante era el tema económico, pues se pretendían tomar decisiones que convirtieran en el futuro a la UE en un bloque que pudiese competir con EE. UU. y Japón. Para ello, se acordaba crear un mercado único por medio de una verdadera unión económica y monetaria a lograr en distintas fases, que culminarían en el cumplimiento del Pacto de Estabilidad por parte de los Estados miembros. Este consiste en una serie de requisitos (inflación, tipos de interés, deuda pública y déficit público) que hay que cumplir para integrarse en el euro, la moneda única que comenzó a circular en enero de 2002.
Cuando España ingresó en la CEE, su renta per cápita se estimaba en un 62 % de la media comunitaria. Pero gracias a la ingente inversión en fondos estructurales y fondos de cohesión, estimada en unos 56 mil millones de euros a lo largo de los sucesivos programas presupuestarios septenales de la Unión Europea, la renta per cápita española se situaba en el 90 % de la media de los países más ricos de la UE antes de la crisis económica de 2008. Por lo tanto, se ha tratado del mayor ejemplo de ayuda económica por parte de otros países en toda la historia. Sin embargo, tras la adhesión a la UE de los antiguos países comunistas del este de Europa a partir de 2004, cuya situación de partida era mucho peor que la de nuestro país en el momento de su adhesión, España ha dejado de percibir un volumen tan elevado de ayudas, pasando a ser contribuyente neto en el presupuesto comunitario.
La integración de España en la OTAN
La adhesión con la UCD y la oposición socialista
Respecto a la incorporación de España a la OTAN, la posición personal del presidente Adolfo Suárez era la de mantener una España neutral, cercana a Iberoamérica y los países árabes. Pero fue en el propio Gobierno de UCD, su sucesor Leopoldo Calvo-Sotelo, el que decidió apostar claramente por la integración en la Alianza Atlántica en un momento de grave crisis política interna. Desde el principio se opuso la URSS, que adujo que la entrada de nuestro país en la OTAN rompería el equilibrio de bloques, en tanto que EE. UU. se manifestaba claramente a favor.
En España, además, el líder de la oposición, Felipe González, bajo el lema «OTAN, de entrada no», era abiertamente contrario a la incorporación. Esta oposición furibunda llevó a la recogida de miles de firmas por parte de los partidos de izquierda para que se celebrase un referéndum sobre la cuestión. A pesar de todo, el Gobierno de Calvo-Sotelo consiguió aprobar la adhesión a la Alianza Atlántica, que se materializó en 1982.
El cambio de postura del PSOE y el referéndum
Ese mismo año, el PSOE ganaba las elecciones generales con mayoría absoluta y, en su campaña electoral, había seguido insistiendo en la necesidad de evitar que España se integrara en la OTAN. No obstante, una vez instalado en el Gobierno, lentamente se produjo un cambio total de opinión en el partido gobernante, definitivo tras la visita a España del presidente norteamericano Ronald Reagan en 1985. De esta manera, González, para poder solucionar estas contradicciones, decidió convocar un referéndum en 1986 que ratificó nuestra permanencia en la organización militar (OTAN).