Introducción

En el siglo XIX se extendió por Europa el modelo de desarrollo económico capitalista a raíz de la Revolución Industrial. El retraso de la incorporación de España a este proceso la distanció de las naciones modernas. Por otra parte, perduró una agricultura característica del Antiguo Régimen debido a una crisis que afectaba a los sectores más humildes (braceros, jornaleros), mientras que los grandes propietarios se beneficiaban del alza de los precios. Esta situación se agravó por la falta de inversiones y de mejoras técnicas en el campo español.

En España la tierra estaba mal repartida desde épocas remotas, pues la propiedad agraria se concentraba en manos de la Iglesia, la nobleza, el Estado o los municipios. Estos grandes patrimonios no podían ser divididos por herencia ni donados o vendidos (propiedad vinculada), y habitualmente se denunciaba su mala explotación y escaso rendimiento (manos muertas). Para activar este principal bien se llevaron a cabo las desamortizaciones, un proceso de larga duración (1766-1924) en el cual el Estado transformó en propiedad privada, particular y enajenable las propiedades y derechos que hasta entonces habían constituido un patrimonio amortizado de entidades civiles y eclesiásticas.

Desarrollo

La desamortización de Godoy (1798–1805)

Como antecedentes del principal proceso desamortizador que se llevó a cabo en el siglo XIX encontramos las propuestas de los ilustrados durante el reinado de Carlos IV. Agobiado por el aumento de la deuda pública, el ministro Godoy se vio obligado a iniciar la primera desamortización. Dicha desamortización afectó a los bienes eclesiásticos, fundamentalmente de los jesuitas, de colegios mayores y de otras instituciones eclesiásticas, encaminada a sanear la Hacienda Real. Sin embargo, los recursos obtenidos se dedicaron a financiar campañas militares.

La desamortización bonapartista y gaditana (1808–1823)

Durante la Guerra de la Independencia, tanto el gobierno de las Cortes como el de José I Bonaparte llevaron a cabo un proceso desamortizador de los bienes del clero, con la supresión de conventos y órdenes religiosas, destinando los recursos a amortizar la deuda del Estado. Con el regreso de Fernando VII en 1814 estas actuaciones quedaron anuladas.

En el Trienio Liberal (1820–1823) se restauraron los procesos desamortizadores, poniendo en circulación bienes de propios y baldíos, así como la venta de propiedades de conventos y monasterios. Con el retorno al absolutismo, el proceso quedó interrumpido y se obligó a restituir los bienes a sus anteriores propietarios.

La desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836–1840)

Con estos precedentes, el proceso de desamortización se aceleró por varias causas. Las urgentes necesidades del Estado para atender los gastos de la Primera Guerra Carlista, así como los problemas de la deuda pública, forzaron esta situación. En 1836 se publicó la primera gran ley de desamortización liberal, impulsada por el ministro Mendizábal. Con esta ley se declararon en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular y secular.

La desamortización se llevó a cabo con los siguientes fines principales:

• Saneamiento de la Hacienda.
• Solucionar los problemas de la deuda pública.
• Realizar una reforma agraria en beneficio de la masa campesina.
• Reformar la Iglesia y reducir su poder económico.
• Ampliar la base social del nuevo régimen liberal.

La desamortización se centró en los bienes del clero y se materializó mediante dos decretos: el del 8 de marzo de 1836 y el del 29 de julio de 1837. Todos estos bienes fueron declarados propiedad nacional, con muy pocas excepciones, y fueron sacados en subasta pública.

A pesar de que Mendizábal esperaba que las tierras se pusieran en manos de agricultores medios, el proceso fracasó: las propiedades pasaron a inversores burgueses y nobiliarios. Esta realidad enfrentó al régimen isabelino con la Iglesia, el campesinado, sectores liberales y el grupo ilustrado. Asimismo, los beneficios obtenidos por la Hacienda Pública fueron menores de lo esperado y la deuda pública no desapareció, sino que aumentó.

Desamortización de Espartero (1840–1843)

Durante la regencia de Espartero se finalizó la desamortización iniciada por Mendizábal. En 1841 una nueva ley afectó a los inmuebles y tierras que el clero secular poseía en las ciudades: fueron declarados bienes nacionales y sacados a subasta. Otra ley se ocupó de las necesidades de la Iglesia y de sus ministros, que serían cubiertas mediante una contribución estatal para culto y clero.

Esta desamortización estaba vinculada al Partido Progresista, por lo que su caída a manos de Narváez provocó su paralización hasta el Bienio Progresista.

La desamortización de Madoz (1855–1856)

Con el proceso promovido por Madoz se estableció la venta y enajenación de los bienes de propios y baldíos de los ayuntamientos, que fueron sacados a subasta pública. Se trató de completar el proceso iniciado en 1836. Con este dinero se amortizó la deuda del Estado, se cubrieron las necesidades de Hacienda y se financiaron obras públicas, especialmente el ferrocarril.

La ley de Madoz encontró una fuerte resistencia en el partido moderado, que argumentaba el aumento del desequilibrio social que ocasionaría el traspaso de esos bienes a favor de unos pocos ciudadanos y en perjuicio de la mayoría del pueblo.

Las consecuencias de esta desamortización fueron muy graves para los municipios y para los sectores rurales modestos, puesto que los campesinos se vieron privados del acceso a recursos —como leña y pastos— que obtenían de estas tierras comunales. La situación económica del campesinado empeoró y muchos municipios perdieron parte de sus ingresos destinados a la educación o a la beneficencia.

Conclusión

Con la desamortización de Madoz se completó la enajenación de los bienes amortizados y, aunque el cometido financiero fue cubierto satisfactoriamente, no se solucionaron los problemas en el ámbito agrario. La enajenación de propiedades municipales trajo consigo la concentración de la tierra en pocas manos y el empeoramiento de las condiciones de vida del campesinado, privado del uso y disfrute de los antiguos bienes del Ayuntamiento.

A nivel cultural, las desamortizaciones provocaron la pérdida y el expolio de una gran parte del patrimonio artístico, pues numerosas obras de arte y bibliotecas fueron vendidas a precios bajos y acabaron fuera de España. De este modo, la desamortización de fincas urbanas contribuyó a la transformación de las ciudades: desaparición del viejo caserío, crecimiento en altura, apertura de nuevas vías, construcción de grandes edificios públicos y ensanches.

A pesar de estas actuaciones, la cuestión agraria continuó latente a lo largo de todo el siglo; no fue hasta el advenimiento de la II República cuando se abordó plenamente con la aprobación de una ley de reforma agraria que, con escasas posibilidades, constituyó una de las causas de enfrentamiento social.