A) El conflicto dinástico
Desde 1830 empieza a haber tensiones entre los partidarios de María Cristina, que solicitaban que el rey volviera a la Ley de las Partidas y que permitiera reinar a su hija Isabel, y los partidarios de don Carlos María Isidro, que exigían mantener la Ley Sálica que garantizaba los derechos al trono de este hermano del rey. María Cristina lo convenció para que promulgara la Pragmática de 1830, que volvía a la Ley de las Partidas y que convertía a Isabel en su heredera al trono como Princesa de Asturias.
María Cristina fue nombrada regente para ejercer las funciones monárquicas durante la enfermedad del rey o durante la minoría de edad de su hija. Buscando apoyos para la princesa Isabel, tuvo que volver su mirada hacia el liberalismo moderado.
Al morir Fernando VII a finales de septiembre de 1833, Carlos María Isidro se proclamó rey de España como Carlos V, enfrentándose a su sobrina, la igualmente proclamada reina Isabel II, y a su madre, la regente María Cristina de Borbón. Comenzaba así una desastrosa guerra civil: la Primera Guerra Carlista.
B) El carlismo
Los partidarios de don Carlos, más conocidos como carlistas, comenzaron con una insurrección armada. Los focos principales fueron el Maestrazgo, Cataluña, el País Vasco y Navarra.
El carlismo fue una ideología reaccionaria, absolutista y contraria al liberalismo. Era el ideario de un mundo rural y religioso en el que la baja nobleza, los artesanos y el campesinado eran apoyados por un numeroso clero y defendían los tipos de vida feudales frente al liberalismo capitalista, burgués, impío y centralista.
Su lema tradicionalista era “Dios, Patria y Rey” o “Dios, Patria y Fueros”, en los que defendían principios del Antiguo Régimen, la preeminencia de la Iglesia y el mantenimiento o recuperación de los viejos fueros regionales.
El carlismo era heredero de las ideologías antiliberales.
La Regencia de Espartero (1840-1843)
La guerra carlista propició aún más que los militares isabelinos se convirtieran en las figuras dominantes de la política española. Espartero logró la paz con el Convenio de Vergara.
Se aprobaron leyes nuevas sobre los ayuntamientos y María Cristina optó por renunciar a la regencia, nombrar a Espartero regente —a quien tuvo que encomendar la custodia de sus hijas, las princesas— y marchar hacia el exilio en octubre de 1840. El general Narváez encabezó el pronunciamiento militar que acabaría con su poder y su regencia en el verano de 1843.
Espartero renunció a la regencia y huyó por Cádiz hacia su exilio.
Las Cortes decidieron adelantar la mayoría de edad oficial de la reina adolescente de tan solo 13 años, Isabel II.
La Primera Guerra Carlista (1833-1840)
El general carlista Tomás de Zumalacárregui organizó un verdadero ejército, pero murió en su fracasado intento de tomar Bilbao.
Los ejércitos y guerrillas carlistas nunca consiguieron conquistar ciudades importantes ni generalizar la guerra.
La Primera Guerra Carlista tuvo una influencia decisiva en diversos aspectos de la evolución social, política y militar del siglo XIX español: hizo que los liberales en el gobierno tomaran decisiones más radicales.
Todo esto provocó oleadas de anticlericalismo, el surgimiento de una oficialidad militar autoritaria y golpista.
El resultado de la Primera Guerra Carlista fue la victoria de los ejércitos cristinos o isabelinos, los gubernamentales.
Los partidarios de don Carlos se dividieron definitivamente entre los que estuvieron dispuestos a rendirse pactando acuerdos en 1839 y los que no.
El fin de la guerra llegó en agosto de 1839, cuando el general carlista Maroto firmó con el triunfante general Espartero un acuerdo de paz: el llamado Convenio de Vergara o Abrazo de Vergara.
La Regencia de María Cristina (1833-1840)
El régimen de la Regente no pretendía ser completamente liberal, pero se rodeó de monárquicos moderados.
Se hacía indispensable conseguir el apoyo de los liberales, que podrían ser los más firmes aliados contra el carlismo. Por eso la Regente eligió como presidente del gobierno a un liberal moderado, el granadino Francisco Martínez de la Rosa.
En 1834 entró en vigor el Estatuto Real, que permitía elecciones para crear unas Cortes por sufragio muy restringido. Estas reformas no bastaban y se volvió a producir el enfrentamiento entre los liberales moderados y los liberales exaltados. En el verano de 1835 los liberales exaltados provocaron revueltas urbanas por todo el país creando juntas revolucionarias.
Ante esa situación, en septiembre de 1835 María Cristina se vio obligada a darle el poder a los progresistas; se confió el gobierno a Mendizábal, que puso en marcha la desvinculación señorial y buscó recursos con la desamortización de los bienes del clero regular para hacer frente a los carlistas.
El motín de los sargentos de La Granja obligó a la Regente María Cristina a restablecer la Constitución gaditana de 1812 y a crear un nuevo gobierno de liberales progresistas. Con los gobiernos liberales progresistas de la Regencia de María Cristina se procedió al desmantelamiento definitivo de muchos rasgos del Antiguo Régimen: además de la desamortización eclesiástica, se privatizaron los privilegios de la Mesta, de los gremios y de los mayorazgos; se procedió a “desvincular” las posesiones de la aristocracia.
La Constitución de 1837 fue la segunda Constitución española en la que se establecían la soberanía nacional y los derechos individuales; se ampliaba el derecho de sufragio censitario y las Cortes se dividían en dos cámaras.
A) Moderados y progresistas
Dos grandes partidos políticos dentro del liberalismo español fueron el Partido Moderado y el Partido Progresista.
El enfrentamiento político principal era el liberalismo progresista frente al liberalismo moderado.
El Partido Moderado hacía concesiones a las instituciones y principios de la sociedad tradicional.
El Partido Progresista, liberal, quería la separación de poderes arrebatándole al trono sus prerrogativas en asuntos legislativos y también pretendía una soberanía nacional más plena.
Luchaba por una verdadera libertad de imprenta, por el carácter democrático de los ayuntamientos y por una Milicia Nacional. Era un partido más anticlerical; no aceptaba el sufragio universal masculino pero sí un sufragio censitario.
C) El Bienio Progresista (1854-1856)
El pronunciamiento dirigido por el general O’Donnell se conoce como “Vicalvarada”. A él se unieron otros militares progresistas, como el general Serrano, y civiles como Juan Prim, que redactó el Manifiesto de Manzanares.
El pronunciamiento no sólo derivó en una revolución, sino que se iniciaron en Madrid y otras ciudades varios días de revueltas populares en las que aparecieron lemas democráticos y por primera vez republicanos. Espartero fue nombrado presidente del Gobierno.
Hay una serie de leyes de este bienio que deben ser destacadas, como la Ley general de Ferrocarriles y la desamortización de Madoz. Por esta ley fueron confiscadas, nacionalizadas y vendidas propiedades de la Iglesia y de los ayuntamientos.
La Década Moderada (1844-1854)
Los moderados, dirigidos por el general Narváez, tomaron las riendas del gobierno. Se creó la Guardia Civil y se procedió a elaborar una legislación que convirtiese España en un Estado centralizado y uniforme; se creó una nueva Constitución en 1845. En ella quedaba establecida la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, se ampliaban los poderes del ejecutivo, el sufragio para elegir diputados se hacía muy restringido y el Senado, lleno de miembros vitalicios, era designado en su totalidad por el monarca. Asimismo, se mantenían los derechos y libertades individuales.
Otras leyes y reformas importantes de la Década Moderada fueron:
- La regulación de un plan de estudios centralizado.
- La creación de la Guardia Civil.
- La Ley de organización de los ayuntamientos.
- La creación de los gobernadores civiles provinciales.
- La reforma de la Hacienda y del sistema tributario.
- La elaboración de nuevos códigos para la correcta administración de un Estado moderno.
- La creación del Banco de España.
- El Concordato con la Santa Sede de 1851.
El nuevo marido de María Cristina provocó un nuevo pronunciamiento militar; esta vez de generales moderados, que derivó en revolución y llevó a los progresistas al poder en 1854.
La descomposición de la monarquía isabelina
Con la vuelta al poder de los moderados se iniciaban cinco años de descomposición del régimen isabelino, de conflictos y de inestabilidad. El Gobierno autoritario del corrupto Partido Moderado y la propia reina Isabel II terminaron por ser considerados como la misma cosa.
En 1866 fracasaron dos pronunciamientos: el de Prim y el de los sargentos del cuartel de San Gil.
Por el Pacto de Ostende de agosto de 1866, el Partido Progresista y el Partido Demócrata proyectaban un programa común cuya dirección se encomendaba al general Prim: el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes constituyentes por sufragio universal.
La planificada revolución comenzó en Cádiz en septiembre de 1868; Prim y Serrano irían como líderes del levantamiento. La Revolución de 1868 puso fin al reinado de Isabel II y cerró toda una época de la España del siglo XIX.
Los progresistas en el poder: etapas revolucionarias del reinado de Isabel II
Durante los 35 años del reinado de Isabel II, los gobiernos liberales que predominaron fueron los del Partido Moderado; también hubo algunas fases temporalmente breves durante las cuales gobernaron los liberales progresistas. Estas etapas de liberalismo progresista fueron básicamente tres:
- La comprendida entre 1835 y 1837, durante la Regencia de María Cristina.
- La Regencia de Espartero entre 1840 y 1843.
- El Bienio Progresista entre 1854 y 1856.
Se decretaron y activaron las principales leyes desamortizadoras que transformaron la naturaleza de la propiedad de la tierra.
Desamortización significa el proceso por el cual se confiscan, se privatizan y se ponen en situación de libre compraventa bienes “de manos muertas”, o sea, propiedades inmovilizadas, vinculadas (“encadenadas”), que hasta entonces no podían venderse y que pertenecen a determinadas instituciones y corporaciones. En la época inicial del reinado de Isabel II, entre 1835 y 1837, con gobiernos liberales progresistas de la Regencia de María Cristina, se procedió al desmantelamiento definitivo de muchos rasgos del Antiguo Régimen.
Agricultura y propiedad en el Antiguo Régimen
En la España del Antiguo Régimen —con las características propias de dicho periodo— el dominio de la tierra estaba en manos de la nobleza, de la Iglesia y de los municipios.
Los mayorazgos de la nobleza estaban “vinculados” a perpetuidad, escapando al libre comercio, pues no podían ser divididos ni vendidos.
Diferentes instituciones eclesiásticas tenían “inmovilizadas” sus grandes posesiones. Se denominaban de “manos muertas” en oposición a las “manos vivas”, que serían las propiedades privadas de los particulares.
Los municipios eran dueños de prados, bosques, montes y baldíos, cuya utilización era “comunal” o “de propios”.
El 70% de la población activa se dedicaba a tareas agropecuarias, que eran, por supuesto, el fundamento económico de una España rural y agrícola, pobre, precapitalista y preindustrial, con una estructura socioeconómica de raigambre feudal. El permanente atraso de la agricultura se debía a la desigual distribución de la tierra, al régimen señorial, al pequeño desarrollo de la propiedad privada, a la ausencia de innovaciones técnicas y a los bajos rendimientos.
Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz
En 1835 María Cristina se vio obligada a darle el poder a los progresistas y se confió el gobierno a Mendizábal. Éste puso en marcha la desvinculación señorial y buscó recursos con la desamortización de los bienes del clero regular para hacer frente al carlismo.
Las medidas principales de Mendizábal fueron:
- Suprimir la mayoría de los conventos, exclaustrando a sus miembros: cerró unos 1.000 monasterios y conventos y exclaustró a unos 30.000 religiosos del clero regular.
- Por otro decreto, nacionalizar las propiedades de los monasterios suprimidos y otras muchas propiedades del clero secular.
- El 19 de febrero de 1836 la Regente firmó el decreto de Mendizábal en el que se ordenaba la subasta y venta pública de todas esas propiedades previamente nacionalizadas.
Los decretos de desamortización no obedecieron a un proyecto de reforma agraria sino que surgieron de una motivación más inmediata: la penuria de la Hacienda pública.
En el Bienio Progresista, el ministro de Hacienda Pascual Madoz acometió una nueva desamortización: se declararon en venta todas las propiedades del Estado, del clero, de las Órdenes Militares, etcétera. El 50% de sus ventas correspondieron a propiedades municipales comunales y de propios. Alcanzó mayor volumen que la de Mendizábal y las ventas se prolongaron mucho en el tiempo.
Nota final
Este texto recoge las principales etapas políticas y socioeconómicas del reinado de Isabel II: el conflicto dinástico por la sucesión, la instauración y extensión del carlismo, las regencias, las confrontaciones entre moderados y progresistas, la centralización del Estado, las revoluciones y las profundas transformaciones de la propiedad mediante las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.