Tipo de fuente

Fuente histórica primaria, ya que es contemporánea a los hechos. De naturaleza jurídica (es un texto legal conocido como Ley de Desamortización de Madoz) y de contenido político-económico, ya que hace referencia a una ley que permite la venta de los bienes nacionalizados por el Estado.

Autor

Pascual Madoz, desde 1836 fue diputado en el Congreso en varias ocasiones y, durante el Bienio Progresista (1854 – 1856), se le confió el Ministerio de Hacienda, cargo que aprovechó para presentar su proyecto de Ley de Desamortización.

Destinatario

Es público, dirigido a la nación española.

Cronología

El texto está fechado el 1 de mayo de 1855 y se inscribe dentro del reinado de Isabel II (1833-1868) y, concretamente, dentro del Bienio Progresista (1854-1856) bajo el gobierno del General Espartero.

Objetivo de la Ley

El objetivo de la Ley es ordenar la venta de bienes de distintos propietarios públicos y colectivos y su puesta en venta por subasta pública. Esta medida busca:

• Redistribuir los bienes inmuebles.
• Liberalizar la propiedad.
• Poner en circulación recursos que estaban estancados en manos del Estado o instituciones.

Representa un paso del liberalismo económico del siglo XIX en España, promoviendo la propiedad privada. La intención es continuar la privatización de bienes raíz iniciada con la Desamortización de Mendizábal, iniciada en 1836. Se establece en el Título III, artículo 12, cómo se invertirán los ingresos de estas ventas, siendo lo más importante solventar el déficit presupuestario del Estado, a lo que se destina el 50%. El 50% restante será destinado a salvar la deuda del Estado y, como novedad, la financiación de un ambicioso programa de obras públicas y, especialmente, atender a la creación de la red ferroviaria. Por tanto, la Ley no solo busca vender bienes, sino también planifica un uso económico estratégico de los recursos, orientado a fortalecer las finanzas del Estado, reducir la deuda y fomentar el desarrollo público y la modernización del país.

Antecedentes

• Desamortización de Mendizábal.
• Necesidades económicas del Estado liberal: Hacienda, deuda pública, construcción del ferrocarril.

La situación financiera de España no atravesaba su mejor momento. A una acusada deuda pública, hay que sumar una reducción de los ingresos al abolir el impuesto de Consumos y una necesidad imperiosa de financiar la construcción del ferrocarril. Además, como ya se hiciera con la Desamortización de Mendizábal de 1836, se pretende crear una masa de burgueses, compradores de tierras afines al régimen liberal. La deuda del Estado no se había extinguido con la expropiación anterior, la de Mendizábal de 1836, más que en una tercera parte. Era previsible que ahora se adujera como pretexto para esta desamortización. Venía esa deuda desde las guerras de la época de la Ilustración y de la gigantesca emisión de vales reales iniciada en esa época.

Por otra parte, los liberales habían conseguido con el concordato de 1851 que la Iglesia levantase la excomunión a los que habían obtenido tierras con la desamortización de Mendizábal y a los políticos desamortizadores, sin exigirles su devolución, pero habían reconocido entonces que la Iglesia tenía derecho a tener propiedades, las aportadas por las limosnas de los católicos, y habían devuelto a la Iglesia lo que quedaba sin vender de la desamortización eclesiástica, que era un tercio de las tierras expropiadas, pero poco valiosas. Con las tierras expropiadas a la Iglesia en 1836 y ya vendidas, se habían constituido latifundios cuyos rendimientos eran invertidos por sus propietarios en los nacientes negocios financieros, industriales y ferroviarios. Y, tras la revolución de 1854, se proyectaba acelerar las inversiones en los ferrocarriles y en la banca que se planteaban como negocios especulativos, es decir, muy rentables a corto plazo.

Contexto: Bienio Progresista (1854-1856)

Durante el Bienio Progresista, el cambio de gobierno va aparejado a la intención de hacer cambios de calado tras una Década de gobierno moderado (1844-1854). Durante esa década, Narváez había asumido la presidencia del gobierno y fue el protagonista del panorama político hasta 1854. Se promulgaron numerosas leyes que desarrollaron la Constitución de 1854, reafirmando el carácter oligárquico del régimen. El proceso desamortizador que se había iniciado en 1836 con Mendizábal se frena. Tras la caída de Bravo Murillo, se produjo un periodo de crisis de los distintos gobiernos moderados hasta 1854, marcados por la corrupción, la debilidad política y desmanes autoritarios. Esta situación va a derivar en una conspiración militar encabezada por O’Donnell, produciéndose un enfrentamiento entre las fuerzas gubernamentales y sublevadas el 30 de junio en Vicálvaro, llamada “Vicalvarada”. El resultado fue indeciso y con pocas víctimas, lo que produjo un momento de indecisión. Por eso, reunidos los conspiradores en Manzanares, Cánovas del Castillo redacta un manifiesto en el que plasma el proyecto reformista para atraerse a la rebelión a los sectores más progresistas. La situación llevó a la reina Isabel II a convocar al General Espartero (progresista) para ofrecerle formar gobierno. Los progresistas acabaron obteniendo el poder, ejerciéndolo durante dos años. Los gobiernos de esta época desarrollaron una legislación encaminada a sentar las bases para la modernización económica del país. Entre las leyes que promovieron, cabe destacar la nueva Ley de Desamortización, conocida como la Desamortización de Madoz de 1855.

La situación financiera de España no atravesaba su mejor momento. A una acusada deuda pública, hay que sumar una reducción de los ingresos al abolir el impuesto de Consumos y una necesidad imperiosa de financiar la construcción del ferrocarril. Además, como ya se hiciera con la Desamortización de Mendizábal de 1836, se pretende crear una masa de burgueses, compradores de tierras afines al régimen liberal. Conviene aclarar que la desamortización se basa en la incautación por parte del Estado de bienes raíces de titularidad eclesiástica, colectiva o civil, su nacionalización y posterior venta en subasta pública. La Desamortización de Madoz fue la más duradera en el tiempo, iniciada en 1855, se prolonga hasta 1856, aunque se reanuda en 1858, aunque ya sin aplicarse a las propiedades de la Iglesia, hasta 1924. Implicó un mayor volumen que su precedente, la Desamortización de Mendizábal. Afectó no solo a las propiedades de la Iglesia, sino, y sobre todo, a las pertenencias civiles. El destino del dinero obtenido, ahora en metálico, se destinaría a solventar el déficit presupuestario del Estado, la amortización de la deuda pública, pero también, y como novedad, la financiación de un ambicioso programa de obras públicas y específicamente atender a la creación de la red ferroviaria.

Consecuencias

Importante: Consecuencias de la desamortización de Madoz: éxitos y fracasos.

La Desamortización de Madoz fue la más duradera en el tiempo, iniciada en 1855, se prolonga hasta 1856, aunque se reanuda en 1858, aunque ya sin aplicarse a las propiedades de la Iglesia, hasta 1924. Implicó un mayor volumen que su precedente, la Desamortización de Mendizábal. Afectó no solo a las propiedades de la Iglesia, sino, y sobre todo, a las pertenencias civiles. El destino del dinero obtenido, ahora en metálico, se destinaría a solventar el déficit presupuestario del Estado, la amortización de la deuda pública, pero también, y como novedad, la financiación de un ambicioso programa de obras públicas y específicamente atender a la creación de la red ferroviaria. Las consecuencias son variadas: tuvo éxito en la reducción de la deuda pública, si bien no la eliminó, es cierto que se atenuó con creces. En lo económico, puso en circulación nuevas tierras que antes habían estado vinculadas. Supuso un cambio de propiedad del 20% de la superficie nacional; sin embargo, no hubo realmente un cambio en la estructura de la propiedad, consolidándose el latifundio, sobre todo en el centro y sur de la Península, y la nueva burguesía adquiriente se suma al cobro de rentas que no permite un incremento de los rendimientos.

En lo social, benefició principalmente a los antiguos terratenientes en las zonas rurales y grandes burgueses en las ciudades; sin embargo, las consecuencias sobre los campesinos fueron muy negativas, ya que de todo lo desamortizado, un 30% pertenecía a la Iglesia, un 20% a la beneficencia y un 50% a los municipios. Fue, sobre todo, la pérdida de acceso a bienes de aprovechamiento común lo que provocó un empeoramiento de sus condiciones de vida y una emigración hacia las ciudades. Otra consecuencia fue la pérdida de patrimonio cultural, ya que se perdieron muchos libros y obras de arte, además de significar una ruptura de relaciones con el Vaticano al violar el Concordato con la Santa Sede de 1851.