La Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Contexto

En 1833, tras la muerte de Fernando VII, los partidarios de su hermano, Carlos María Isidro, iniciaron una insurrección armada ante la actitud, considerada poco firme, de la regente María Cristina de Borbón. El levantamiento marcó el inicio de una larga guerra civil entre los carlistas, partidarios de Don Carlos y defensores del absolutismo, y los isabelinos o cristinos, que defendían la legalidad del trono de Isabel II.

Bandos enfrentados

Bando carlista

• Partidarios: Carlos María Isidro.
• Ideología: Defensores del absolutismo y del Antiguo Régimen. Su lema era “Dios, Patria y Rey”. Se oponían a la centralización política y defendían los fueros.
• Apoyos sociales: Miembros del clero, la pequeña nobleza agraria y amplios sectores del campesinado, especialmente en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo.

Bando isabelino

• Partidarios: Defensores del trono de Isabel II y de la regente María Cristina.
• Ideología: Inicialmente apoyado por absolutistas moderados, pero ante la necesidad de ampliar su base social, la regente se apoyó en los liberales, quienes exigían el fin del absolutismo y del Antiguo Régimen.
• Apoyos sociales: Alta nobleza, funcionarios, un sector de la jerarquía eclesiástica y, de forma decisiva, la burguesía liberal.
• Apoyos internacionales: Gran Bretaña, Francia y Portugal.

Desarrollo del conflicto

La zona de mayor influencia carlista fue el norte de España, principalmente el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo.

Primera fase (1833-1835)

Don Carlos se instaló en Navarra, creando una corte alternativa y formando un ejército al mando del general Tomás de Zumalacárregui. Este logró importantes victorias en Tolosa, Durango y Éibar, pero murió durante el asedio de Bilbao, lo que supuso un duro golpe para la causa carlista.

Otros focos importantes se situaron en Cataluña, el Bajo Aragón y el Maestrazgo, donde las tropas carlistas estaban bajo el liderazgo de Ramón Cabrera, conocido como “El Tigre del Maestrazgo”.

Segunda fase y final del conflicto (1836-1840)

La victoria del general liberal Baldomero Espartero en la batalla de Luchana puso fin al sitio carlista de Bilbao. Este hecho, junto con el desgaste de la guerra, provocó la división interna del bando carlista en dos facciones:

• Transaccionistas: Partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, liderados por el general Rafael Maroto.
• Intransigentes: Defensores de continuar la guerra hasta el final, agrupados en torno a Don Carlos.

El conflicto terminó con la firma del Convenio de Vergara en 1839, sellado con un abrazo entre Espartero y Maroto. Por este acuerdo, se mantenían los fueros para las provincias vascas y Navarra, y se permitía la integración de los oficiales carlistas en el ejército real.

El pacto no fue aceptado por los sectores más intransigentes, como el general Cabrera, que continuó la lucha en el Maestrazgo hasta su derrota definitiva en 1840. El balance de la guerra fue muy negativo, con episodios de gran crueldad y represalias por ambos bandos, y un número de bajas estimado entre 150.000 y 200.000.

Consecuencias: La Ley Paccionada de Navarra

Durante la Primera Guerra Carlista, una parte importante de la población de Navarra apoyó a Don Carlos. Tras el Convenio de Vergara, se planteó la necesidad de hacer compatibles los fueros navarros con la Constitución de 1837. La Ley de Confirmación de Fueros del 25 de octubre de 1839 estableció que el gobierno central adaptaría los fueros “oyendo” a las provincias vascongadas y a Navarra. Este fue el contexto inmediato que condujo a la Ley Paccionada de 1841.

En Navarra, los liberales crearon una Diputación Provincial que sustituyó a la antigua Diputación del Reino. Esta nueva diputación estaba compuesta por personalidades elegidas por el gobierno central entre los navarros que no habían apoyado a Don Carlos. Figuras como José Yanguas y Miranda, nombrado secretario de dicha diputación, fueron clave en la negociación con el gobierno central, entonces bajo la regencia de Espartero.

En las negociaciones de la Ley Paccionada, los representantes de la Diputación Provincial navarra aceptaron renunciar a una parte de sus fueros, como la supresión del estatus de reino y de sus Cortes propias. A cambio, conservaron una importante autonomía administrativa y fiscal, incluyendo la recaudación de impuestos y la gestión de su propia administración (lo que se conoce como el convenio económico). De este modo, Navarra perdió su categoría de reino para convertirse en una provincia, perdiendo autonomía política pero manteniendo una notable autonomía administrativa y fiscal. Fue la victoria del liberalismo centralista la que, tras los intentos previos de la Constitución de Cádiz, impuso este nuevo estatus a Navarra.

El Reinado de Isabel II (1833-1868)

Las Regencias (1833-1843)

Regencia de María Cristina (1833-1840)

Durante esta etapa se produjeron cambios políticos fundamentales, con una pugna constante entre liberales moderados y progresistas. Se sucedieron varias revoluciones (1835, 1836, 1840) que impulsaron la transición del absolutismo al liberalismo. Hitos importantes fueron la promulgación del Estatuto Real de 1834 (una carta otorgada) y, tras el levantamiento militar conocido como el Motín de los Sargentos de La Granja, la aprobación de la Constitución de 1837, de carácter progresista.

Regencia de Espartero (1840-1843)

El general Espartero asumió la regencia con un inicial impulso a las libertades, pero su gobierno se caracterizó por un creciente autoritarismo. Gobernó sin cooperar con las Cortes y apoyándose casi exclusivamente en el ejército, lo que le llevó a aislarse incluso de sus propios compañeros progresistas y a perder popularidad. La aprobación de un arancel librecambista, que abría el mercado español a los productos ingleses y perjudicaba a la industria textil catalana, provocó un levantamiento en Barcelona que fue duramente reprimido. Finalmente, un pronunciamiento militar en 1843 forzó su exilio. Para evitar una nueva regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, quien fue proclamada reina.

Reformas clave del periodo de las regencias

Durante este proceso de revolución liberal, se llevaron a cabo reformas cruciales como la desamortización de bienes eclesiásticos de 1836, impulsada por Juan Álvarez Mendizábal como jefe de Gobierno y ministro de Hacienda. La Constitución de 1837 representó un intento de consenso, incorporando elementos tanto progresistas como moderados.

El Reinado Efectivo (1843-1868)

La Década Moderada (1844-1854)

Liderada por el general Narváez, esta etapa se basó en garantizar el poder de la oligarquía, formada por la burguesía terrateniente y los sectores más conservadores del liberalismo y del ejército. Para ello, se elaboró la Constitución de 1845, que recogía los principios del moderantismo, y la Ley Electoral de 1846, que establecía un sufragio censitario muy restringido, facilitando el control de las elecciones y el fraude electoral.

Reformas y políticas de la Década Moderada:

• Concordato con la Santa Sede (1851): El Estado se comprometió a sostener económicamente a la Iglesia y le otorgó amplias competencias en educación y moral pública, a cambio de que la Iglesia aceptara el liberalismo moderado de Isabel II. El catolicismo se consolidó como religión oficial.
• Reforma fiscal: Se modernizó la Hacienda para centralizar los impuestos, aprobándose un nuevo Código Fiscal.
• Reforma administrativa: Se centralizó la administración pública y judicial, creando la figura de los gobernadores civiles y reforzando el control sobre diputaciones y ayuntamientos.
• Sistema Nacional de Instrucción Pública: Se establecieron planes de estudio unificados para todo el país.
• Creación de la Guardia Civil (1844): Un cuerpo de seguridad con naturaleza militar para mantener el orden público, especialmente en las zonas rurales.
• Servicio militar obligatorio.
• Adopción del sistema métrico decimal.

Crisis del moderantismo

Los gobiernos moderados no lograron alcanzar la estabilidad política y tuvieron que hacer frente a numerosos conflictos, incluyendo levantamientos demócratas y republicanos. Además, los carlistas protagonizaron una nueva insurrección en Cataluña (la Segunda Guerra Carlista o Guerra de los Matiners, 1846-1849), que requirió la intervención del ejército y la Guardia Civil.

Las divisiones internas del propio moderantismo y las luchas de poder imposibilitaron la consolidación de los gobiernos. La deriva autoritaria culminó con el proyecto de reforma constitucional de 1852 del gobierno de Bravo Murillo, que pretendía restringir aún más el sufragio y los poderes de las Cortes, generando la oposición incluso de un sector de los propios moderados.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La Revolución de 1854, iniciada con el pronunciamiento militar de Leopoldo O’Donnell (un moderado descontento) en Vicálvaro (la Vicalvarada), dio paso a este breve periodo. Isabel II, forzada por las circunstancias, entregó el gobierno al general Espartero, con O’Donnell como ministro de la Guerra. La alianza entre progresistas y moderados “puritanos” dio lugar a un nuevo partido, la Unión Liberal.

Reformas económicas y legislativas

Las nuevas Cortes redactaron una nueva Constitución en 1856, de carácter progresista, que sin embargo nunca llegó a ser promulgada (conocida como la non nata). El gobierno impulsó importantes reformas que fomentaron el desarrollo y la expansión económica:

• Ley de Desamortización General de 1855 (Desamortización de Madoz): Afectó a bienes del Estado, de la Iglesia, de las órdenes militares, de instituciones benéficas y, sobre todo, de los ayuntamientos (bienes de propios y comunes). Su objetivo era obtener recursos para la Hacienda y fomentar el desarrollo de la agricultura.
• Ley General de Ferrocarriles (1855): Impulsó la construcción de la red ferroviaria, atrayendo inversión extranjera.
• Otras iniciativas: Se amplió la red de carreteras, se crearon nuevas sociedades por acciones, se fomentó la actividad bancaria y se desarrolló la minería.

Conflictividad social y fin del Bienio

El gobierno tuvo que afrontar graves problemas sociales, como una crisis de subsistencia que afectó a las clases populares y generó un gran malestar. La conflictividad obrera aumentó, con huelgas y protestas que pedían la reducción de impuestos, mejores salarios y una menor jornada laboral. La crisis final del Bienio se debió a la creciente conflictividad social y a las discrepancias dentro del gobierno. La reina, aprovechando la situación, retiró su confianza a Espartero y nombró a O’Donnell jefe de gobierno, quien reprimió las protestas y puso fin al Bienio Progresista.

La Desintegración de la Monarquía (1856-1868)

Este periodo se caracteriza por la alternancia en el poder entre los moderados de Narváez y la Unión Liberal de O’Donnell. Tras el fin del Bienio, se restableció la Constitución de 1845 con un Acta Adicional de carácter más liberal, aunque se mantuvieron leyes clave como las desamortizadoras. El gobierno de Narváez restringió derechos y libertades y reformó el Senado para hacerlo más conservador. Durante esta etapa se aprobó la importante Ley de Instrucción Pública de 1857 (Ley Moyano), que estructuró el sistema educativo español en tres grados de enseñanza y que estuvo vigente durante más de un siglo.

El “Gobierno Largo” de la Unión Liberal (1858-1863)

El gobierno de O’Donnell fue el de mayor estabilidad del reinado. Durante estos años se:

• Liberalizó la Constitución de 1845, disminuyendo el control sobre la prensa.
• Aumentó la autonomía de los ayuntamientos y se reforzó el poder judicial.
• Continuó con la legislación económica del Bienio, impulsando la expansión del ferrocarril, la desamortización civil y la inversión en obras públicas.

Hasta 1866, España vivió una etapa de expansión económica acompañada de una activa y agresiva política exterior para recuperar el prestigio internacional, participando en diversas operaciones militares:

• Expedición a Cochinchina (1858-1862).
• Intervención en México junto a Francia y Reino Unido.
• Campaña de Marruecos (1859-1860), que otorgó gran prestigio al general progresista Juan Prim. La Paz de Wad-Ras permitió la ampliación de Ceuta y la ocupación de Ifni.

La crisis final del sistema (1863-1868)

A partir de 1863, el sistema isabelino entró en su crisis final. Progresistas, demócratas y republicanos, excluidos del sistema, responsabilizaban directamente a Isabel II de su mal funcionamiento. La situación se agravó con la crisis financiera y de subsistencias de 1866. En ese mismo año, progresistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende, un acuerdo para derrocar a Isabel II y convocar unas Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal masculino. En 1867, tras la muerte de O’Donnell, los unionistas, con importantes mandos militares, se unieron al pacto, dejando a la reina sin apoyos.

Consecuencias del Reinado

El Pacto de Ostende sentó las bases para la Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”. Este levantamiento provocó el exilio de Isabel II y el inicio del Sexenio Democrático (1868-1874), un periodo de profundas transformaciones políticas que incluyó la promulgación de la Constitución de 1869 y la proclamación de la Primera República en 1873.

El Sexenio Democrático (1868-1874)

Contexto

El Pacto de Ostende de 1866, firmado por progresistas y demócratas (y al que más tarde se unieron los unionistas), fue el detonante de un levantamiento militar y popular contra el gobierno moderado y la monarquía de Isabel II.

Desarrollo

La Revolución “Gloriosa” y el Gobierno Provisional (1868-1870)

La revolución, conocida como “La Gloriosa”, se inició el 18 de septiembre de 1868 en Cádiz con el pronunciamiento del almirante Juan Bautista Topete, al que se unieron los generales Prim (progresista) y Serrano (unionista). En su manifiesto, denunciaban la corrupción de la monarquía y prometían la formación de un gobierno provisional y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal masculino. Las tropas leales a la reina fueron derrotadas en la batalla del Puente de Alcolea, lo que provocó el exilio de Isabel II a Francia.

La Constitución de 1869

Las Cortes Constituyentes elaboraron la Constitución de 1869, considerada la primera constitución democrática de la historia de España. Sus características principales fueron:

• Amplia declaración de derechos y libertades, como el derecho de manifestación, la libertad de enseñanza y la libertad de culto.
• Establecimiento del sufragio universal masculino.
• Soberanía nacional.
• División de poderes.
• Establecimiento de una monarquía parlamentaria, en la que el poder del rey estaba muy limitado: el poder legislativo residía exclusivamente en las Cortes y el monarca no tenía derecho a veto, aunque sí sancionaba las leyes.

La Monarquía de Amadeo de Saboya (1871-1873)

Una vez aprobada la Constitución, que definía a España como una monarquía, se inició la búsqueda de un nuevo rey. El general Prim, principal valedor de la nueva monarquía, consiguió que las Cortes eligieran a Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. Sin embargo, Amadeo contó con un apoyo muy reducido en las Cortes (esencialmente progresistas y unionistas) y se enfrentó a una fuerte oposición. Trágicamente, su principal apoyo, el general Prim, fue asesinado en un atentado en Madrid justo antes de la llegada del nuevo rey.

La Primera República (1873-1874)

Ante la imposibilidad de gobernar y la falta de apoyos, Amadeo I abdicó en febrero de 1873. Para solucionar el vacío de poder, el Congreso y el Senado, reunidos en Asamblea Nacional, proclamaron la República. Sin embargo, la República nació dividida entre los que la veían como una solución de emergencia (monárquicos) y los que la consideraban una oportunidad de profunda transformación (republicanos).

El proyecto de Constitución Federal de 1873

Durante la presidencia de Francisco Pi y Margall, se elaboró un proyecto de Constitución que no llegó a aprobarse. Proponía una República Federal compuesta por 17 estados (incluyendo Cuba y Puerto Rico), con instituciones propias y una amplia autonomía económica, administrativa y política.

Conflictos y problemas de la República

La Primera República fue un periodo de extrema inestabilidad, marcado por graves conflictos:

• La Tercera Guerra Carlista, que se recrudeció en el norte de España.
• La Guerra de los Diez Años en Cuba, que continuaba desde 1868.
• La sublevación cantonal: Un movimiento revolucionario que proclamó cantones (estados) independientes en diversas ciudades, especialmente en el Levante y Andalucía, combinando aspiraciones federalistas radicales con reivindicaciones sociales.

Inestabilidad política y fin de la República

La inestabilidad se reflejó en la sucesión de cuatro presidentes en menos de un año: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall (que dimitió al verse desbordado por el cantonalismo), Nicolás Salmerón (que dimitió por negarse a firmar sentencias de muerte contra los cantonalistas) y Emilio Castelar, un republicano unitario y conservador que suspendió las Cortes y gobernó por decreto para restablecer el orden. Cuando las Cortes se reabrieron para retirarle la confianza, el golpe de Estado del general Pavía en enero de 1874 disolvió la asamblea y puso fin a la República federal. Se instauró un régimen autoritario liderado por el general Serrano, que sería el preludio de la restauración monárquica.

Consecuencias del Sexenio

El fracaso de la Primera República y el periodo autoritario de Serrano culminaron con el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto en diciembre de 1874, que proclamó rey a Alfonso XII, hijo de Isabel II. Esto dio inicio a la Restauración borbónica (1875-1931), un nuevo sistema político promovido por Antonio Cánovas del Castillo. Este sistema se basó en una monarquía parlamentaria, conservadora y oligárquica, fundamentada en el bipartidismo y el turno pacífico en el poder de los partidos Conservador y Liberal.