La Revolución Liberal en el Reinado de Isabel II (1833-1868)

La Regencia de María Cristina (1833-1840)

Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija y heredera al trono, Isabel II, contaba con tan solo tres años. Por ello, su madre, María Cristina de Borbón, fue nombrada reina regente (1833-1839). Los absolutistas, descontentos con la corona por su política de acercamiento hacia los liberales, optaron por Carlos María Isidro como pretendiente al trono, basándose en la Ley Sálica (derogada en 1830 por Fernando VII para garantizar los derechos dinásticos de su hija). Estalló así la Primera Guerra Carlista entre el bando partidario del infante don Carlos, apoyado por absolutistas, campesinos tradicionalistas y el clero, y el bando cristino, formado por liberales, moderados, la burguesía, las clases populares y el ejército.

Desarrollo y Fin de la Primera Guerra Carlista

La guerra se inició con el levantamiento de los carlistas en el País Vasco, Navarra y el Maestrazgo, con los generales Zumalacárregui y Cabrera al frente. La falta de apoyos carlistas y los triunfos del ejército liberal llevaron al general Maroto a pactar su rendición ante Espartero mediante el Convenio de Vergara de 1839, por el que los carlistas reconocieron a Isabel II como reina y se puso fin a la guerra.

El Estatuto Real de 1834 y la División del Liberalismo

La Primera Guerra Carlista obligó a la regente a buscar apoyos en los liberales. De este modo, Martínez de la Rosa, un doceañista muy moderado, gobernó introduciendo pequeños cambios en el régimen absolutista. El más significativo fue el Estatuto Real de 1834, mediante el cual se crearon unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), formadas por el Estamento de Próceres y el Estamento de Procuradores. La monarquía conservaba todos sus poderes y no se hizo ninguna declaración de derechos.

Sin embargo, el liberalismo ya no era un bloque unido en su rechazo al Antiguo Régimen. Se había dividido en dos grandes tendencias:

• Moderados: Representaban los intereses de la oligarquía terrateniente y financiera. Eran defensores del sufragio restringido y la soberanía compartida entre el monarca y las Cortes.
• Progresistas: Defendían la ampliación del sufragio, la soberanía nacional, la creación de ayuntamientos elegidos por los vecinos, limitar el poder de la Iglesia y ampliar los derechos colectivos.

El Gobierno Progresista y la Constitución de 1837

Los progresistas, que rechazaban el Estatuto Real, promovieron movimientos revolucionarios por todo el país. La regente se vio obligada a entregar el gobierno a Mendizábal, un político progresista y hombre de negocios que, para recaudar fondos destinados a luchar contra el carlismo, ordenó la desamortización de los bienes del clero. Debido a la presión de la Iglesia, Mendizábal fue destituido, provocando el Motín de la Granja (1836) que obligó a la regente a restablecer la Constitución de 1812. Esta fue revisada por las Cortes, dando lugar a la Constitución de 1837, con la que se buscaba un consenso con los moderados. Recogía principios progresistas como la soberanía nacional, la división de poderes, los derechos ciudadanos y la aconfesionalidad del Estado. También incluía características moderadas, como el bicameralismo, la ampliación de las atribuciones reales y el mantenimiento económico del clero.

Fin de la Regencia de María Cristina

Finalmente, el voto fue otorgado solo a los propietarios, por lo que las elecciones dieron el triunfo a los moderados. El gobierno moderado legisló de manera que los derechos ciudadanos se vieron restringidos, aumentando el malestar popular. Pero fue el proyecto de Ley de Ayuntamientos el desencadenante del fin de la regencia de María Cristina, al pretender el gobierno sustituir la elección directa de los alcaldes por el nombramiento real en el caso de las capitales de provincia. La presión progresista sobre la regente llevó a esta a cesar en el cargo, siendo sustituida por el general Espartero.

La Regencia de Espartero (1840-1843)

La regencia de Espartero (1840-1843) se desarrolló en un contexto de gran conflictividad política. Los métodos autoritarios del general, la radicalización de los movimientos ciudadanos, el descontento de los industriales por la política librecambista y de los campesinos ante una desamortización que solo favorecía a los propietarios, provocaron la renuncia de Espartero tras una conspiración del general Narváez. Para evitar una tercera regencia, las Cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II.

El Reinado Efectivo de Isabel II (1843-1868)

El sistema político parlamentario consolidado por la Constitución de 1837 se basaba en la existencia de dos tendencias políticas: moderados y progresistas. Con el tiempo, surgirían nuevas agrupaciones, como los demócratas y los republicanos, escindidos de entre los progresistas; y la Unión Liberal, un grupo centrista que se separó de los moderados.

La Década Moderada (1844-1854)

Con Narváez al frente y el liberalismo doctrinario como base ideológica, dio comienzo la llamada Década Moderada (1844-1854). Durante este periodo, el gobierno moderado diseñó un modelo de Estado centralizado que se articuló a partir de la Constitución de 1845 y las leyes que la desarrollaron. Esta Constitución establecía la soberanía compartida, la ampliación de los poderes reales, una organización territorial centralizada, la confesionalidad del Estado y el sufragio censitario.

Reformas Clave de la Década Moderada

Además de la Constitución, el gobierno moderado aprobó otras importantes reformas:

• En 1845, la reforma de la Hacienda unificó la fiscalidad, creando una contribución directa sobre la tierra y los impuestos indirectos sobre el consumo.
• La Ley Electoral de 1846 redujo el número de electores al 1% de la población.
• Se limitó la libertad de imprenta, se suprimió la Milicia Nacional y se paralizó la desamortización eclesiástica.
• En 1851, se firmó el Concordato con la Santa Sede, por el que la Iglesia aceptaba la desamortización de los bienes ya vendidos a cambio de la devolución de los que no habían sido subastados, el restablecimiento de las órdenes religiosas suprimidas, el mantenimiento económico del culto y del clero por parte del Estado y la supervisión de la educación.
• La centralización de la administración se hizo efectiva a través del nombramiento real de gobernadores y alcaldes, según la Ley de Administración Local y Provincial de 1845. Se mantuvieron las Juntas Generales Vascas y de Navarra para atraer al foralismo próximo al carlismo.
• A esa misma unificación contribuyó la aprobación del Código Penal de 1848 y del Código Civil en 1855.
• Para mantener el orden público y la defensa de la propiedad en el campo, se creó la Guardia Civil en 1844, como un cuerpo de seguridad pública, formado por civiles armados y profesionalizados, bajo disciplina militar y vinculados al gobierno.

El Bienio Progresista (1854-1856)

La inestabilidad política, la corrupción y la unión de la oposición y los sectores más aperturistas del moderantismo contra el proyecto de Bravo Murillo de reformar la Constitución con medidas extremadamente conservadoras, acabaron con la Década Moderada. En junio de 1854, O’Donnell encabezó un pronunciamiento militar en Vicálvaro y llamó a la insurrección a través del Manifiesto de Manzanares, escrito por Antonio Cánovas del Castillo. La sublevación se extendió por las ciudades, donde se formaron juntas revolucionarias con el apoyo de las clases populares. Ante el temor a la radicalización de la protesta, Isabel II encargó formar gobierno a Espartero, líder de los progresistas, con la participación de O’Donnell, quien fundaría el partido centrista la Unión Liberal. Se iniciaba así el llamado Bienio Progresista (1854-1856).

Medidas del Bienio Progresista

Durante este breve período se tomaron importantes decisiones en el campo económico con el objetivo de impulsar la industrialización de España:

• Se aprobó la Ley de Ferrocarriles de 1855 para incentivar su construcción.
• Muy relacionada con la anterior, la Ley de Bancos y Sociedades de Crédito organizó el sistema bancario.
• La Desamortización de Madoz determinó la expropiación y puesta en venta de todas las propiedades que aún permanecían amortizadas.

En el ámbito político, se elaboró la Constitución de 1856, de carácter progresista, pero no llegó a ser promulgada por la entrada en crisis de la coalición gobernante. Las medidas económicas solo habían beneficiado a la burguesía y perjudicado a las clases bajas. Esto provocó diversos motines y reivindicaciones que resultaron en la dimisión de Espartero y la formación de un gobierno por parte de O’Donnell para acabar con las protestas.

Últimos Años del Reinado de Isabel II (1856-1868)

O’Donnell formó gobierno apoyado por la Unión Liberal, que aunó a los sectores más centristas del liberalismo e intentó llevar una política de equilibrio entre ambas tendencias. Además, se benefició del crecimiento económico que siguió a la legislación del Bienio y se volcó en una política exterior de prestigio que centrara la atención de los españoles, como las campañas en Indochina, México y Marruecos.

En 1863, sin embargo, la presión de los moderados por volver al poder precipitó la sustitución de O’Donnell por Narváez. Las formas más autoritarias de los moderados radicalizaron a los progresistas, que, con el apoyo de los demócratas, recurrieron de nuevo a la sublevación. La dura represión gubernamental, tanto del levantamiento del cuartel de San Gil como la de los estudiantes en la Noche de San Daniel, restó apoyos al gobierno.

Crisis Final del Sistema y Caída de Isabel II

A la crisis final del sistema también contribuyó la crisis económica generalizada desde 1866, la falta de liderazgo en los principales partidos políticos tras la muerte de O’Donnell y Narváez, y el propio desprestigio de la reina, tanto por su vida personal como por su injerencia política a favor del moderantismo.

Estas circunstancias unieron a progresistas, demócratas y republicanos en el Pacto de Ostende de 1866 con el objetivo de derrocar a Isabel II.