Los Primeros Conflictos en Cuba: La Guerra Grande (1868-1878)

El primer conflicto, conocido como la Guerra Grande (1868-1878), se inició solo días después de la Revolución Gloriosa en la península. El descontento en Cuba por la política de la metrópoli era profundo, especialmente entre los dueños de las grandes plantaciones azucareras. A este poderoso núcleo se unió una alta burguesía de origen metropolitano, cuyos intereses económicos, vinculados al sector tabaquero, chocaron con los de la tradicional “sacarocracia” (la aristocracia azucarera cubana).

En la base de este malestar convergían causas políticas —como la grave limitación de derechos básicos, la ilegalidad de partidos políticos y la labor de intelectuales criollos como José Antonio Saco o Félix Varela— con causas socioeconómicas, que incluían la alta presión fiscal, el severo control sobre el comercio y las relaciones con otros países (especialmente con los Estados Unidos), y las escasas inversiones en la isla. A estos motivos de fondo se sumaron, en los años previos a 1868, factores coyunturales como los duros efectos de las crisis económicas de 1857 y 1866, así como evidentes antagonismos ideológicos y sociales. Estos últimos estaban relacionados con las disputas entre las clases acomodadas criollas y peninsulares, las tensiones entre esclavistas y abolicionistas, y la dicotomía entre los partidarios de mantener la vinculación con España y aquellos que defendían un antiespañolismo, ya fuera para la independencia o la anexión a los Estados Unidos.

La Guerra Grande se inició con el Grito de Yara, proclamado el 10 de octubre de 1868 por Carlos Manuel de Céspedes. Este manifiesto recogía las pretensiones, objetivos y razones que habían llevado a los sublevados a tomar aquella decisión. La guerra puede calificarse como un movimiento anticolonial y antiesclavista, razón por la cual los ricos hacendados de la parte más occidental de la isla antepusieron sus intereses económicos a la causa del independentismo.

Los rebeldes nombraron un Gobierno en Armas y aprobaron un texto constitucional en la Asamblea de Guáimaro. Con ayuda económica de los Estados Unidos desde 1872, lograron mantener la guerra, ya que los intentos pacificadores de Domingo Dulce no dieron fruto. De este modo, el conflicto bélico se prolongó en el tiempo, desgastando por igual a ambos contendientes, a pesar de la superioridad de medios de la que disponían las tropas españolas.

Finalmente, la intervención del general Martínez Campos fue decisiva para poner fin a la contienda con la Paz de Zanjón (10 de febrero de 1878). Este breve documento establecía la rendición de los sublevados a cambio de concesiones como una amplia amnistía para quienes se habían alzado en armas contra España, la liberación de los esclavos que habían formado parte de los insurrectos y la concesión a Cuba de un régimen de autonomía.

Sin embargo, la Paz no satisfizo a parte de los insurrectos, lo que originó la Protesta de Baraguá, en la que Antonio Maceo manifestó su descontento al general Martínez Campos. Posteriormente, ante el incumplimiento de buena parte de los acuerdos por los españoles, surgió la denominada Guerra Chiquita, un levantamiento militar (agosto de 1879-septiembre de 1880) cuya conclusión no supuso una reducción de la tensión, sino que esta acabaría estallando definitivamente con gran fuerza quince años después.

Independencia de Cuba y Puerto Rico: La Guerra Necesaria (1895-1898)

Tras estos acontecimientos, la cuestión de la emancipación de las últimas colonias españolas no se resolvió, y años más tarde resurgió de forma más virulenta. Tras la firma de la Paz de Zanjón, los cubanos quedaron a la espera de las reformas prometidas por las autoridades españolas. La posibilidad de constituir partidos políticos fraguó en la creación de dos grandes formaciones políticas:

• La Unión Constitucional: partido españolista fuertemente arraigado entre los peninsulares residentes en Cuba.
• Partido Autonomista: integrado esencialmente por cubanos, con un programa que reivindicaba la autonomía y las reformas económicas y políticas, y que había conseguido una importante representación en las Cortes madrileñas.

Sin embargo, la ineptitud de los políticos españoles para profundizar en la vía de las reformas y el autogobierno, y para controlar los abusos sobre los trabajadores de las grandes plantaciones, fue radicalizando los ánimos en Cuba. En este contexto, apareció el Partido Revolucionario Cubano, impulsado por José Martí en Nueva York, defensor de la emancipación y apoyado por los Estados Unidos. Esta aproximación fue facilitada por los intereses estadounidenses en la zona, fuertemente perjudicados desde el arancel proteccionista de 1891, y por el expansionismo imperialista del gobierno de Washington, en su búsqueda de una hegemonía neocolonial sobre el área caribeña y centroamericana, cuyas bases ideológicas se encontraban en la Doctrina Monroe.

La Guerra de Emancipación o Guerra Necesaria (1895-1898) estalló el 24 de febrero de 1895 con el Grito de Baire. Fue instigada por figuras como Antonio Maceo y, sobre todo, por Máximo Gómez y José Martí al frente del Partido Revolucionario Cubano, siendo estos últimos los autores del Manifiesto de Montecristi, firmado el 25 de marzo de 1895 en la República Dominicana.

Dado que la contienda proseguía y las enfermedades diezmaban las tropas españolas, Cánovas encomendó en febrero de 1896 al general Valeriano Weyler una política duramente represiva, que incluyó la concentración de campesinos en asentamientos fuertemente custodiados y la aplicación de penas de muerte. Weyler obligó a los insurrectos a refugiarse en las áreas montañosas, aunque no logró acabar con el conflicto, ya que los guerrilleros recibían suministros y material procedente de los Estados Unidos.

Sagasta, al ocupar una vez más la Presidencia después del asesinato de Cánovas en 1897, reemplazó a Weyler por Blanco y aprobó distintas medidas para intentar calmar los ánimos. Sin embargo, estas llegaron demasiado tarde, pues los Estados Unidos estaban a punto de desatar la Guerra Hispano-Estadounidense, que supondría para España la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

El aumento de los intereses norteamericanos en las empresas azucareras de Cuba en la década de 1890 incrementó las ansias imperialistas de Washington sobre la zona, evidenciadas especialmente en la Nota Olney (4 de abril de 1896), una propuesta de mediación en el conflicto si el gobierno de Madrid ofrecía ciertas reformas.

El motivo de la guerra fue la explosión del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana el 15 de febrero de 1898, en la que fallecieron más de dos centenares y medio de sus tripulantes y que la prensa sensacionalista atribuyó, sin pruebas, a agentes españoles. Tras un último rechazo español a una posible venta de la isla, Washington presentó un ultimátum el 20 de abril de 1898, que era en realidad una declaración de guerra. Frente a esto, el inferior gobierno español no se rindió, estallando un conflicto en el mar. El 12 de agosto se firmó el Protocolo de Washington, un armisticio previo a la capitulación en la Paz de París.

La guerra contra los Estados Unidos tuvo otro escenario en Puerto Rico (25 de julio de 1898), cuando un cuerpo expedicionario norteamericano bajo las órdenes del general Nelson desembarcó en Guánica, luchando contra los españoles en diversos combates, hasta que se llegó a la rendición de España tras el reconocimiento de sus derrotas en Cuba y Filipinas.

La Rebelión en Filipinas y su Destino

En paralelo con el conflicto de Cuba, se produjo la rebelión de las islas Filipinas. Los movimientos independentistas y de protesta contra el excesivo poder de las órdenes religiosas fueron canalizados por la Liga Filipina, fundada por José Rizal en 1892. Detenido por sus actividades, Andrés Bonifacio tomaría el testigo independentista tras fundar el Katipunan, base del ejército revolucionario que en 1896 se alzaría tras el Grito de Balintawak. Finalmente, Rizal sería detenido, juzgado por sedición y por ser uno de los instigadores de la sublevación, y fue fusilado el 30 de diciembre de aquel mismo año.

Fraccionados los rebeldes por las disputas internas entre quienes defendían a Emilio Aguinaldo y los que apostaban por Bonifacio, la llegada a la Capitanía General de Filipinas de Fernando Primo de Rivera supuso una pacificación momentánea. Sin embargo, la paz fue efímera y las hostilidades no tardaron en reanudarse. En el contexto de la Guerra Hispano-Estadounidense, los insurgentes filipinos volvieron a la carga, liderados por Aguinaldo, quien proclamó la independencia el 12 de junio de 1898. Esta independencia fue solo simbólica, pues ni España ni los Estados Unidos la reconocieron, quedando Filipinas en manos norteamericanas hasta 1946.

El Tratado de París de 1898

La rendición española se plasmó, tras diferentes negociaciones, en el Tratado de París (10 de diciembre de 1898). Con este tratado, España renunciaba definitivamente a su soberanía sobre Cuba y cedía a los Estados Unidos Puerto Rico, la isla de Guam y las Filipinas. Al año siguiente, el gobierno de Madrid firmaría la venta a Alemania del resto de las Marianas, Palaos y las Carolinas.

El Tratado supuso un gran salto adelante para el imperialismo estadounidense y para los cubanos, que vieron cómo en 1902 se proclamaba la República de Cuba, con Tomás Estrada Palma como presidente. En cuanto a España, la rápida derrota y la escasa resistencia ofrecida al enemigo, sumadas a la dureza de las condiciones impuestas por los vencedores, suscitaron una profunda polémica y acentuaron el proceso que conocemos como la Crisis del 98.

Repercusiones de las Guerras Coloniales y la Crisis del 98

En los diversos frentes de combate entre 1895 y 1898, se calcula que fallecieron unas 120.000 personas, la mitad de ellas soldados españoles. El cuestionamiento sobre la inutilidad de su sacrificio se incardinó con fuerza en todos los grupos sociales.

Económicamente, con el “desastre” se perdieron los ingresos procedentes de las colonias y de los mercados privilegiados asociados a productos como el azúcar, el cacao o el café.

En el ámbito político, la crisis fue inevitable y la pérdida de prestigio y autoridad de los líderes tradicionales fue evidente, dando lugar a la aparición de nuevos políticos en los puestos dirigentes. De todos modos, la institución más desprestigiada fue el Ejército, que, dada la dureza de la derrota, no estaba preparado para un conflicto de tal magnitud y salió con una imagen muy dañada, lo que traería posteriores consecuencias ya en el siglo XX.

La Crisis del 98 fue esencialmente una crisis moral e ideológica, tan profunda y amplia que hizo tambalearse al sistema de la Restauración. La sociedad y la clase política se sumieron en un estado de frustración y desencanto ante la toma de conciencia del verdadero papel de España en el contexto internacional. El nacionalismo cobró más fuerza, el republicanismo y el movimiento obrero se generalizaron, las críticas al sistema canovista se multiplicaron e incluso se apreció un creciente militarismo. Pero de la derrota también surgirían nuevos impulsos como el regeneracionismo, cuyo principal representante fue Joaquín Costa.

El influjo de Costa también fue patente en los miembros de la Generación del 98, un grupo de literatos muy heterogéneo que convergían en el tratamiento de los problemas de España y en la búsqueda de soluciones posibles para su resurgimiento. De todos modos, aunque su crítica supuso un valioso revulsivo, no se concretó en un movimiento político. Sin embargo, parte de los ideales y propuestas de los regeneracionistas influyeron en políticos destacados de finales del siglo XIX, como Antonio Maura y, especialmente, Francisco Silvela, autor del famoso artículo España sin pulso, publicado en El Tiempo el 16 de agosto de 1898. También se manifiesta en el pensamiento de figuras más progresistas, como Santiago Alba, José Canalejas o Manuel Azaña.

La Desamortización en España: Transformación Agraria y Social

Las desamortizaciones supusieron la puesta en el mercado, a través de subasta pública, de tierras y propiedades en “manos muertas”. Principalmente, se trataba de bienes de la Iglesia y de los baldíos y tierras comunales de titularidad municipal, previamente expropiados de modo forzoso. Fueron procesos históricos de carácter político y económico.

Antecedentes del Proceso Desamortizador

Desde la Edad Media, el régimen más común de propiedad de la tierra fue la amortización. Vinculados a una persona jurídica, los bienes amortizados eran detentados por sus propietarios en régimen de posesión, lo que permitía disfrutar de su usufructo, pero no la posibilidad de cambiarlos o venderlos. Esto se ratificó en España con las Leyes de Toro (1505), que instruyeron el mayorazgo para evitar la pérdida de poder económico de la nobleza por el fraccionamiento de sus bienes derivado de herencias o ventas. Los privilegiados se hicieron con grandes propiedades que les facilitaron la vida como rentistas y el mantenimiento de su posición socioeconómica dominante, aunque estos bienes amortizados quedaron fuera del circuito económico del mercado al no poderse poner en venta.

Las doctrinas fisiocráticas de la Ilustración criticaron este sistema por considerarlo poco racional, un lastre para la modernización de las explotaciones y por ser “manos muertas” los beneficiarios. Además, lamentaban que los campesinos no pudieran adquirir la propiedad de las tierras que cultivaban, limitándose a ser arrendatarios que debían afrontar elevadas rentas y una excesiva presión fiscal. El remedio para esto implicaba que el Estado arbitrara los mecanismos precisos para hacerse con las tierras amortizadas y ponerlas en venta. Los liberales decimonónicos lo apoyaban, entendiéndolo como un elemento clave para la desaparición del Antiguo Régimen y para la generación de una riqueza que permitiría el saneamiento de la Hacienda Pública. Para ellos, el único modo de hacer del campo una fuente de ingresos para la Hacienda nacional y un elemento dinamizador de la Revolución Industrial era una reconversión del mundo agrario que pasaba por una modificación de la estructura de la propiedad, haciendo que los propietarios de las tierras aplicaran sobre ellas criterios “empresariales” para aumentar la productividad y generar riqueza, lo que a su vez aumentaría la demanda de productos industriales y llenaría las arcas del Estado. Desde estos planteamientos, el liberalismo acometió las desamortizaciones, estructuradas siempre en dos pasos sucesivos: la nacionalización de los bienes de “manos muertas” y la venta de estos bienes a propietarios individuales.

Las grandes desamortizaciones decimonónicas tuvieron importantes antecedentes en España. Estos parten desde la Real Provisión del conde de Aranda (1766), que permitió el arrendamiento de tierras de propiedad municipal a los vecinos más necesitados, pero no ofreció resultados y, al tratarse de alquileres, no se considera una desamortización. Las reformas de Olavide, que pusieron en el mercado tierras procedentes sobre todo de las propiedades confiscadas a la Compañía de Jesús, tampoco se consideran desamortización. De hecho, la primera desamortización como tal fue la de Godoy, entendida como solución a los problemas crónicos de la Hacienda española con Carlos IV y aplicada mediante la emisión de deuda pública a través de “vales reales”. Así, en 1798 se promulgó una Real Orden que afectó a bienes de instituciones eclesiásticas. Aplicada hasta su paralización por Fernando VII en 1808, acabó suponiendo la confiscación y venta de una sexta parte de los bienes de la Iglesia española.

Ya durante la Guerra de la Independencia, se aprobaron diversas medidas desamortizadoras. Entre ellas sobresalen, por un lado, las confiscaciones que siguieron al Decreto firmado por José Bonaparte en 1809 para la abolición de las Órdenes religiosas masculinas, y por otro, las incautaciones promovidas por Canga Argüelles para la venta en pública subasta de los bienes confiscados a conventos, afrancesados y parte de los baldíos municipales, suprimidos durante la contienda. Ambos procesos se paralizaron con el retorno de “El Deseado” y la promulgación de los Decretos de Valencia en 1814. Por último, precedente inmediato de las desamortizaciones isabelinas fueron las disposiciones promulgadas durante el Trienio Liberal y recogidas en Decretos aprobados en octubre de 1820, que suponían la aplicación de medidas aprobadas en su momento por las Cortes de Cádiz. Lógicamente, la restauración del absolutismo en 1823 supuso la paralización de estas confiscaciones y ventas.

La Desamortización de Mendizábal (1836)

Cuando murió Fernando VII, diversas causas hicieron que el proceso desamortizador alcanzara sus mayores proporciones en el Reinado de Isabel II. Destacan la necesidad de la regente María Cristina de conseguir fondos para afrontar la guerra contra los carlistas, la favorable acogida de medidas antieclesiásticas por muchos españoles que rechazaban el apoyo de la Iglesia a Carlos María Isidro, y la presión de los compradores de propiedades desamortizadas durante el Trienio que exigían su restitución (lo cual se consiguió durante el gobierno del conde de Toreno).

La primera gran desamortización corresponde a Mendizábal con su desamortización de bienes eclesiásticos en 1836. Entre sus objetivos socioeconómicos, financieros y políticos, destacamos: acabar con el poder económico de los privilegiados para terminar con la sociedad estamental, permitir a los campesinos el acceso a la propiedad, aumentar la superficie de cultivo, conseguir fondos para sostener la guerra, el pago de la deuda pública que debía afrontar el gobierno y la creación de una nueva clase de propietarios. El proceso comenzó con el Decreto de 11 de octubre de 1835, que ordenó la exclaustración general de los conventos y la disolución de todas las Órdenes religiosas, con excepción de las dedicadas a la enseñanza y la asistencia hospitalaria. Tras ello, los bienes y rentas de estas Órdenes quedarían afectados por el Decreto de 19 de febrero de 1836, que dictaba su expropiación por parte del Estado. Convertidas en bienes nacionales, estas propiedades fueron vendidas en subasta pública. Los lotes subastados sobrepasaron las posibilidades económicas de los pequeños propietarios y del campesinado; por ello, la gran mayoría de las tierras las compraron nobles o burgueses adinerados, de modo que aquel teórico objetivo de permitir el acceso a la propiedad a la gran masa de campesinos no se consiguió.

De todos modos, esta desamortización fue especialmente relevante por su volumen, la rapidez con que se realizó y porque significó la irreversibilidad del proceso de cambio en la estructura de la propiedad que se desarrolló a lo largo de todo el siglo XIX. A este proceso contribuyó también, en esos mismos años, la Ley de Desvinculación del Patrimonio de la Nobleza de 1837, que, al desvincular las tierras de sus propietarios, permitía su reparto o su venta. La desamortización mendizabalista continuó aplicándose incluso durante la Regencia de Espartero, en la que se pretendió extenderla al clero secular, aunque con el acceso al trono de Isabel II, los nuevos gobernantes moderados la detuvieron en un intento de recuperación de las buenas relaciones con la Iglesia, que acabaría plasmándose posteriormente en el Concordato de Bravo Murillo de 1851.

La Desamortización de Madoz (1855)

Durante el Bienio Progresista (1854-1856) y con los progresistas en el poder, se reanudó la política desamortizadora a partir de las disposiciones impulsadas por el ministro de Hacienda Pascual Madoz en 1855. Un Decreto del 3 de mayo de 1855 establecía la venta de toda clase de propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, a la Iglesia, los bienes de propios, baldíos y comunes de los Municipios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados, esta vez con indemnización, además de los que se habían expropiado a los Borbones carlistas. A esta se le denomina desamortización civil, si bien puede considerarse una denominación inexacta, pues fueron también muchos los bienes de la Iglesia los que se pusieron en venta. Estuvo vigente, salvo el período entre octubre de 1856 y 1858, hasta su derogación en 1924. Las cantidades recaudadas se emplearon en cubrir el déficit presupuestario del Estado, amortizar la deuda, realizar importantes obras públicas y, en virtud de los acuerdos vigentes con la Santa Sede, reedificar y reparar templos católicos.

Consecuencias de las Desamortizaciones

En cuanto a las consecuencias de los procesos desamortizadores, hemos de indicar, en primer lugar, las repercusiones económicas: se produjo el ingreso de más de 14.000 millones de reales en la Hacienda Pública, se acrecentó la concentración de tierras en pocas manos, se incrementó la superficie cultivada y la producción agraria (causada más por la extensión del cultivo a tierras yermas que por una verdadera modernización, aunque no puede negarse que parte de los nuevos propietarios invirtieron en la mejora de la productividad e incentivaron la especialización de cultivos). Como aspecto negativo, se causó cierta deforestación ante la tala indiscriminada de árboles para aumentar las tierras de labor u obtener un beneficio inmediato con la venta de la madera.

Entre las consecuencias sociales, el proceso desamortizador ayudó a la sustitución de la estructura señorial heredada del Antiguo Régimen por otra capitalista. De todos modos, los grandes beneficiados no fueron los trabajadores de la tierra, de manera que las desamortizaciones fueron un factor importante en la consolidación de las clases medias urbanas, que al adquirir las fincas públicas se enriquecieron y diversificaron sus patrimonios. Por otro lado, la expropiación de los bienes de propios, baldíos y comunes empobreció a los Ayuntamientos, al tiempo que la privatización de las tierras comunales afectó muy negativamente a la economía ya de subsistencia de quienes antes se beneficiaban de su uso. Además, se ocasionó el desmantelamiento casi por completo del poder económico de la Iglesia, cuya pérdida de recursos se acentuaría con otras medidas, como la supresión del diezmo en 1837. Por último, se originó la exclaustración de miles de religiosos, iniciada por la Real Orden de 25 de julio de 1835, y la modificación del paisaje urbano por la desaparición de numerosos establecimientos eclesiásticos.

Entre las consecuencias políticas, hemos de destacar que los beneficiados por las desamortizaciones se convirtieron en una masa de incondicionales a la causa liberal, aunque en el polo opuesto se encontraban quienes se mostraban más afines a la Iglesia, que rechazaban un proceso que directamente la perjudicaba. Igualmente, se produjo una escalada de tensiones entre la propia Iglesia y el Estado liberal, dada la violación de acuerdos concordatarios que supusieron las leyes desamortizadoras. No obstante, se desaprovechó la ocasión de crear una clase media agraria capaz de estimular la demanda del mercado e impulsar las inversiones tanto en el campo como en otros sectores económicos. En ese sentido, fracasó como intento de reforma, puesto que hizo más mísera la condición del campesinado, al tiempo que posibilitó la constitución de una oligarquía agraria que durante largo tiempo ejerció el poder político y económico. Andalucía no fue ajena a esta situación, donde se consolidó el latifundismo, quedando las grandes propiedades en manos de personas que poco hicieron para remediar los problemas de su campesinado.

En cuanto a la historiografía, para historiadores como Jaime Vicens Vives o Raymond Carr, el proceso desamortizador fue un proyecto fracasado de una verdadera reforma agraria que desembocó en un enriquecimiento burgués, paralelo a la mayor pobreza del jornalerismo. Para otros, como Josep Fontana, se limitó a un conjunto de medidas tendentes al remedio de la Hacienda Pública. Por su parte, Francisco Tomás y Valiente lo calificó como un intento bienintencionado y necesario, pero realizado con mecanismos inadecuados. En suma, aunque la desamortización de Mendizábal sirvió para salvar al gobierno cristino de la bancarrota y la de Madoz supuso un gran empuje para la construcción de los ferrocarriles, ninguna de las dos supuso la solución de los males endémicos de la agricultura española, por más que esto se antojara como su objetivo fundamental.