Introducción a las Desamortizaciones en España
Una desamortización es la acción jurídica que posibilita la venta de bienes pertenecientes a manos muertas o entidades que no podían venderlos, como la Iglesia, la Corona o la nobleza, siendo enajenados de sus propietarios.
La nobleza, gracias al mayorazgo, había constituido un patrimonio de bienes rústicos y urbanos a raíz del proceso de la Reconquista.
La Iglesia también era usufructuaria de grandes extensiones de tierras por donaciones.
Los municipios eran usufructuarios de tierras que eran concesiones reales durante la Reconquista, siendo principalmente bosques o terrenos áridos.
Debido a esto, la tierra era considerada de manos muertas al estar inmovilizada, lo que hacía casi imposible acceder a la propiedad de la tierra.
Ministros ilustrados de Carlos III ya habían observado que el bajo rendimiento de los campos se debía al atraso técnico agrícola, lo que provocaba que el agricultor tuviese poco capital para mejorar la producción.
A todo ello se sumaban las limitaciones respecto a la comercialización de determinados productos, así como su precio, área de venta, etc.
Por ello, la agricultura suponía un problema económico y social que requería ser reformado.
La desamortización española fue un largo proceso ligado a la ideología liberal y llevado a cabo principalmente por el partido progresista. Consistía en poner a subasta pública de manera forzosa las tierras que se encontraban bajo manos muertas.
El objetivo principal de las desamortizaciones era reducir la deuda pública y aumentar los ingresos del Estado.
Las Principales Desamortizaciones en la Historia de España
La Primera Desamortización: Carlos IV (1798)
Se llevó a cabo en 1798 por Carlos IV, con el fin de reducir el déficit y las deudas que sufría la Hacienda Real tras la Guerra de la Convención contra la República Francesa.
Los bienes desamortizados fueron los de instituciones benéficas de la Iglesia, los de los colegios mayores y los de los jesuitas que no se hubieran vendido ya tras el reinado de Carlos III.
Gran parte de los fondos recaudados fueron utilizados por Godoy para financiar una guerra contra Gran Bretaña, de la cual la Corona Hispánica fue derrotada en la Batalla de Trafalgar (1805), imposibilitando las comunicaciones con América debido a la pérdida de la flota. Esto provocó que Godoy recurriese en 1806 al endeudamiento, a nuevas desamortizaciones y a la venta de la séptima parte de los bienes eclesiásticos.
Esta desamortización no solucionó los problemas de la Hacienda, ya que su aplicación se suspendió tras el Motín de Aranjuez y la subida al trono de Fernando VII.
La Desamortización de José I (1809)
Tras las Abdicaciones de Bayona, José I fue declarado Rey de España.
Este desmanteló todo tipo de estructuras económicas, políticas y sociales que pertenecían al Antiguo Régimen, promulgando el 18 de agosto de 1809 el Estatuto de Bayona, que suprimía órdenes regulares, monacales, etc.
José I confiscó las tierras de la oposición que apoyaba la vuelta de Fernando VII, obteniendo sus rentas para financiar los gastos de las tropas francesas.
Sin embargo, todas estas medidas dejaron de tener efecto con la vuelta de Fernando VII y el restablecimiento del Antiguo Régimen mediante el Decreto del 4 de Mayo de 1814.
Las Desamortizaciones de las Cortes de Cádiz (1811-1813)
A partir de la convocatoria de las Cortes de Cádiz, los diputados reconocieron la enorme deuda acumulada en forma de vales reales durante el reinado de Carlos IV. Con el decreto del 6 de agosto de 1811, se abolió el régimen señorial, distinguiendo los señoríos jurisdiccionales de los territoriales y procediendo a la desvinculación de títulos nobiliarios y tierras.
Por el Decreto del 13 de septiembre de 1813, se denominaron bienes nacionales a las propiedades incautadas por el Estado y puestas a la venta en subasta pública.
Los bienes desamortizados procedían de los considerados traidores, como Manuel Godoy o los llamados afrancesados, además de los bienes de las órdenes militares españolas, fincas de la Corona o baldíos de los municipios.
Esta desamortización no se llevó a cabo plenamente debido al regreso de Fernando VII y la restauración absolutista.
Las Desamortizaciones del Trienio Liberal (1820-1823) y Mendizábal (1836)
Tras el Sexenio Absolutista y la vuelta de Fernando VII, el 1 de enero de 1820 se llevó a cabo un pronunciamiento militar liderado por Rafael del Riego, obligando a Fernando VII a jurar lealtad a la Constitución de 1812 y dando inicio al Trienio Liberal.
Ante la necesidad de sanear la Hacienda, financiar un ejército y la negación del monarca a que los privilegiados pagasen impuestos, el Gobierno Liberal impuso la igualdad de todos los ciudadanos ante las obligaciones fiscales, desamortizando las mismas tierras que en procesos anteriores.
El pago se aceptaba no solo en dinero en efectivo, sino también en “vales reales”. Mediante el Decreto del 29 de junio de 1822, se revalidaron también los decretos sobre venta de baldíos y bienes de los municipios, pero todo esto se suspendió con la vuelta del absolutismo de Fernando VII con la ayuda de la Santa Alianza. Sin embargo, tras la muerte de Fernando VII, se desató la Primera Guerra Carlista por la sucesión a la corona. La regente María Cristina, esposa de Fernando, tuvo que aceptar un Gobierno Progresista en 1835 con el fin de conseguir un mayor apoyo. Por ello, se llevaron a cabo una serie de reformas agrarias que pondrían fin a las estructuras económicas del Antiguo Régimen.
La Desamortización de Mendizábal (1836)
El ministro Juan Álvarez Mendizábal procedió de nuevo a la disolución del régimen señorial, a la desvinculación y a la desamortización. Mendizábal defendía la necesidad de poner los bienes en manos de quienes podían sacarles provecho.
La desamortización de Mendizábal tenía tres aspectos principales:
- La supresión de órdenes religiosas.
- La incautación forzosa de sus bienes y su conversión en bienes nacionales.
- La venta de estos bienes en subasta pública.
Los terrenos desamortizados fueron únicamente los del clero regular.
Se podía pagar tanto en efectivo como con títulos de deuda pública. Los objetivos de Mendizábal eran:
- Reducir el déficit.
- Financiar un ejército contra los carlistas.
- Crear una nueva clase terrateniente.
No tuvo el éxito esperado, obteniendo un fracaso económico relativo debido a las altas expectativas, siendo incapaz de paliar totalmente el déficit y mantener la guerra.
La Desamortización de Espartero (1841)
Espartero decidió desamortizar las tierras del clero regular y secular, pero el Estado siguió subvencionando a la Iglesia.
Esta desamortización fue abolida en 1844 por Narváez, quien decidió dar por buenas las ventas ya realizadas, devolviendo únicamente los bienes incautados pero no vendidos. Esta decisión fue corroborada por el Papa mediante el Concordato de 1851, por el cual el Papa, a cambio, reconocía a Isabel II como heredera legítima.
La Desamortización de Pascual Madoz (1855)
En 1854, tras la dictadura tecnocrática de Bravo Murillo, Narváez, O’Donnell y dirigentes del Partido Progresista protagonizaron ‘La Vicalvarada’, dando lugar al Bienio Progresista, periodo en el cual se reanudó el proceso desamortizador.
El ministro Pascual Madoz decretó una nueva Ley de Desamortización en 1855. El objetivo principal se centró en las tierras comunales de los ayuntamientos y las tierras del clero regular aún no desamortizadas.
La finalidad era sanear el déficit de la Hacienda y obtener ingresos para impulsar la construcción de una red ferroviaria que promoviera la industrialización del país.
Los métodos de pago aceptados fueron en efectivo y con títulos de la deuda pública.
Esta desamortización logró construir la red ferroviaria, aunque con capital extranjero, y posteriormente dio lugar a una burbuja bursátil.
La Desamortización de O’Donnell
Durante la última etapa del reinado de Isabel II, el gobierno unionista continuó con el proceso desamortizador, ya que se consideraba el mejor mecanismo para obtener recursos para el Estado.
El dinero recaudado sería destinado a impulsar la política imperialista de la Unión Liberal.
Consecuencias de las Desamortizaciones en España
La reforma agraria, representada por las desamortizaciones, se concibió como el primer paso para crear una nueva clase terrateniente y emprendedora que llevara a cabo una revolución agrícola previa a la industrialización.
Se consiguió convertir la tierra en propiedad privada. Los nuevos propietarios fueron principalmente la nobleza y la burguesía, que pudieron al fin acceder a la propiedad de la tierra. El gran beneficiado fue el Estado, mientras que los perjudicados fueron:
- El clero (al que se le abolieron las tierras).
- La Corona (porque desapareció el diezmo).
- Los campesinos.
- Los ayuntamientos (propietarios de tierras comunales).
La intención principal de las desamortizaciones siempre fue reducir el déficit público.
Las condiciones de los campesinos seguían siendo precarias, lo que provocó que el campesinado se proletarizara, dando lugar a revueltas campesinas y asaltos a las fincas cada vez que había una crisis de subsistencia.
Las sucesivas desamortizaciones produjeron una expansión de la tierra cultivada, pero no un incremento de la productividad, ya que no se había llevado a cabo un proceso de mecanización ni el uso de nuevas técnicas.
Esta expansión tuvo el efecto negativo de la deforestación, ya que se produjo una tala indiscriminada de árboles.
Tampoco se obtuvieron los resultados financieros esperados, ya que al pagar con títulos de deuda pública, el Estado reducía el déficit pero no incrementaba los ingresos en efectivo.
Los ayuntamientos perdieron sus tierras comunales, lo que les obligó a depender más de los impuestos para obtener ingresos.
Los Rendimientos Agrícolas en España y Andalucía en el Siglo XIX
El 80% del suelo agrícola español se dedicaba principalmente al cultivo de cereales, sobre todo el trigo.
La ganadería ovina, especialmente la lanar, también era importante.
La baja productividad fue fruto de una orografía desfavorable y se debió a la falta de implantación de nuevas técnicas. Los propietarios y el Estado preferían importar cereales de América.