El Problema Sucesorio y la Primera Guerra Carlista (1833-1840)

Cuando Fernando VII consiguió tener descendencia en 1830, se planteó un problema dinástico, ya que tuvo una niña, Isabel, hija de María Cristina de Borbón. En España, los Borbones habían implantado la Ley Sálica, que impedía a las mujeres acceder al trono. Esto suponía que la corona recaería en el hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro. Sin embargo, el rey aprobó una Pragmática Sanción que permitía a las mujeres reinar. Esta decisión provocó el enfrentamiento entre dos posturas principales:

El Carlismo

• Partidarios de Don Carlos y de la monarquía absoluta.
• Defensores de la preeminencia de la Iglesia.
• Mantenimiento del Antiguo Régimen.
• Conservación del sistema foral.
• Su apoyo social provenía de una parte significativa del clero, la pequeña nobleza agraria y una amplia base social campesina.

Los Isabelinos

• Contaban con el apoyo de la alta nobleza, los funcionarios y un sector de la jerarquía católica.
• Para ampliar estos apoyos, la regente María Cristina buscó la adhesión de los sectores liberales, la burguesía y las clases populares urbanas.

Así se inició una guerra civil (1833-1840) con levantamientos carlistas en las zonas mencionadas. El jefe carlista firmó con Espartero en 1839 el Convenio de Vergara, que puso fin al conflicto. Este acuerdo mantuvo los fueros vasco-navarros e integró al ejército carlista en el real.

La Implantación del Estado Liberal (1833-1843)

Regencia de María Cristina (1833-1840)

A la muerte de Fernando VII, el poder quedó en manos de la regente María Cristina, asesorada por un Consejo de Gobierno compuesto por absolutistas moderados. La extensión de la insurrección carlista convenció a los asesores y militares que rodeaban a la regente de que debían conseguir el apoyo de los liberales. Así, se llamó a formar gobierno al liberal moderado Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real. Este documento, con apariencia de Constitución, fue creado por voluntad de la Regente y su gobierno. Las reformas, como la creación de unas Cortes bicamerales, resultaron insuficientes y provocaron la división entre los liberales, que se separaron en moderados y progresistas.

Los Moderados

• Partidarios de la autoridad y el orden, y de que el poder residiera en una minoría.
• Defendían la soberanía compartida entre las Cortes y la Corona.
• Apoyados por la Corona, terratenientes, la antigua nobleza, la alta burguesía, el alto clero y los altos mandos del ejército.

Los Progresistas

• Partidarios de la soberanía nacional, representada por las Cortes, y de las libertades individuales y colectivas.
• Apoyados por la mediana y pequeña burguesía, oficiales de graduación media y las clases populares urbanas.
• Como fuerza, contaban con el dominio de la Milicia Nacional y las Juntas revolucionarias.

Descontentos con el poder de los moderados, los progresistas iniciaron una serie de revueltas urbanas, con asaltos y quemas de conventos en el verano de 1835. En ellas demandaban más reformas y una leva (reclutamiento) para acabar con el carlismo. María Cristina llamó al gobierno a Mendizábal, quien decretó la desamortización de los bienes del clero. Por ello, fue destituido en 1836. Entonces estallaron de nuevo las revueltas, y un levantamiento de los sargentos del Palacio de la Granja forzó a María Cristina a restablecer la Constitución de Cádiz y entregar el poder a los progresistas.

Se disolvió el régimen señorial, se desvincularon los mayorazgos y se desamortizaron las propiedades del clero regular que no se dedicara a la enseñanza o a la asistencia hospitalaria, siendo expropiadas por el Estado y luego subastadas. Además, se liberalizó la economía, eliminando los gremios, las aduanas internas y los diezmos. El nuevo texto constitucional tuvo las siguientes características, propias de un liberalismo censitario o moderado:

• Establecimiento del principio de la soberanía nacional.
• Organización del Estado siguiendo la división de poderes.
• Recogida de diferentes derechos individuales y libertad de imprenta.
• No prohibición de otras religiones.
• Compromiso del Estado de mantener al clero, en pago a las expropiaciones sufridas con las desamortizaciones.

Una vez aprobada la Constitución, las elecciones de 1837 fueron ganadas por los moderados, quienes restringieron la Ley Electoral, limitaron la libertad de imprenta y controlaron los alcaldes de las capitales de provincias a través de la Ley de Ayuntamientos. Esto provocó nuevas insurrecciones, formándose Juntas Revolucionarias que pedían el poder para los progresistas. María Cristina dimitió y Espartero, vencedor de las Guerras Carlistas, se convirtió en el nuevo regente.

Regencia de Espartero (1840-1843)

Espartero ejerció el poder de manera autoritaria. En 1842, aprobó medidas librecambistas que permitían la apertura del mercado español a los tejidos ingleses, lo que provocó el levantamiento de los productores barceloneses. Ante esto, Espartero bombardeó la ciudad. Una conspiración moderada, encabezada por Narváez y O’Donnell, hizo que Espartero abandonara la regencia en 1843 y que se proclamara la mayoría de edad de la reina Isabel II para evitar el nombramiento de otra regencia.

La Década Moderada (1844-1854)

Tras acceder al trono, Isabel II mostró desde un principio su preferencia por los moderados, dejando fuera del juego político al partido progresista, que sufrió además una dura represión. En mayo de 1844, se formó un gabinete presidido por el General Narváez, la gran figura de los moderados. Estas fueron las principales medidas adoptadas durante esta década:

• Creación de la Guardia Civil, fuerza policial armada encargada de aplicar la ley y el orden esencialmente en el medio rural.
• Como medida complementaria, se suprimió la Milicia Nacional.
• Constitución de 1845: De carácter moderado, se diferencia de la de 1837 en una serie de aspectos esenciales:
  • Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes.
  • Confesionalidad del Estado.
  • Recorte de los derechos individuales, especialmente la libertad de expresión.
• Ley de Ayuntamientos de 1845.
• Reforma del sistema fiscal de 1845, elaborada por Alejandro Mon, que estableció un nuevo sistema fiscal.
• Servicio militar obligatorio mediante el sistema de quintas.
• Racionalización de la Administración.
• Ley Electoral de 1846, que configuró un verdadero régimen oligárquico.
• Concordato de 1851: Acuerdo con la Santa Sede por el que el Papa reconoció a Isabel II como reina y aceptó la pérdida de los bienes eclesiásticos ya desamortizados. A cambio, el Estado español se comprometió a subvencionar a la Iglesia, a entregarle el control de la enseñanza y a encargarle labores de censura.
• Creación de un sistema nacional de educación pública.
• Realización de infraestructuras y adopción del sistema métrico decimal.

La vida política se decidía en la «camarilla» que rodeaba a la reina. Al descontento de amplias capas sociales y de los progresistas se unió un nuevo levantamiento carlista en Cataluña en apoyo del nuevo candidato a la corona, Carlos VI. El autoritarismo se iba agudizando en la última etapa moderada, con Bravo Murillo, lo que llevó a un nuevo movimiento revolucionario en 1854.

El Bienio Progresista (1854-1856)

Iniciado por el general O’Donnell en Vicálvaro, el golpe militar se radicalizó tras la publicación por los rebeldes del denominado Manifiesto de Manzanares, que demandaba el cumplimiento de la Constitución, la reforma de la Ley Electoral, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia. Finalmente, el golpe triunfó y propició la formación de un gobierno presidido por Espartero. La otra gran figura del gobierno, el general O’Donnell, creó un nuevo partido, la Unión Liberal, que trató de cubrir un espacio de centro entre moderados y progresistas. Durante este corto período, destacaron las siguientes medidas:

• La desamortización general de Madoz en 1855, que culminó el proceso desamortizador, incluyendo los bienes de los municipios además de los del clero. Pretendía obtener recursos para la Hacienda y financiar el ferrocarril.
• Unas nuevas Cortes Constituyentes.
• Ley Municipal.
• Se adoptaron medidas para propiciar la modernización económica del país, como la Ley de Ferrocarriles de 1855.
• La Ley del Trabajo, que introducía mejoras laborales y permitía las asociaciones obreras.

El malestar ante las crisis de subsistencia, junto con las leyes que ampliaban los derechos y libertades, fomentaron el movimiento obrero y las huelgas, atemorizando a los conservadores.

La Descomposición del Sistema Isabelino (1856-1868)

Los Gobiernos Moderados (1856-1858) y Unionistas (1858-1863)

La agitación social creciente provocó la ruptura entre Espartero y O’Donnell, quien lo sustituyó en el gobierno mediante un golpe militar en julio de 1856. La desconfianza de la reina puso de nuevo en el poder a los moderados dirigidos por Narváez, quien inició un proceso de revisión de la labor del bienio, eliminando libertades y desamortizaciones. Destaca la creación de la Ley de Instrucción Pública o Ley Moyano (1857), que reformó la educación pública para combatir el alto grado de analfabetismo. Se realizaron también expediciones de prestigio en el exterior: la expedición a Indochina (1858-1863) y la Guerra de Marruecos (1859-1860), en la que se ampliaron los territorios españoles de Ceuta y se ocupó Ifni. La inestabilidad de los últimos gobiernos unionistas hizo que la reina volviera a nombrar a Narváez para el gobierno.

La Vuelta de los Moderados (1863-1868)

La vuelta de Narváez al poder en 1863 marcó el inicio del período terminal del partido moderado. La inestabilidad política y la deriva autoritaria de los gobiernos caracterizaron una etapa en la que la bonanza económica llegó a su fin tras la crisis económica de 1864. El creciente autoritarismo del anciano Narváez, quien cerró las Cortes, llevó a la formación del Pacto de Ostende: unionistas, progresistas y demócratas se aliaron para derribar a Isabel II y el régimen moderado. Ante el grave desprestigio de la monarquía, derivaron hacia el republicanismo. La revolución que se fraguó en 1868 puso fin a este régimen y a la monarquía isabelina, y dio lugar al primer período democrático de la historia de España: el Sexenio Democrático.