El Golpe de Estado
El 13 de septiembre de 1923, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, lideró un golpe de Estado que triunfó en todo el país con el respaldo del rey Alfonso XIII, quedando así la monarquía vinculada al destino del dictador.
Ante la negativa del Rey de destituir a los militares sublevados, el gobierno de García Prieto dimitió. Alfonso XIII nombró a Primo de Rivera Presidente del Directorio Militar mediante un Real Decreto del 15 de septiembre. Ese mismo día, Primo de Rivera publicó un “Manifiesto al País y al Ejército”, en el que prometía liberar a España de la vieja política y emprender reformas urgentes.
La dictadura fue una solución transitoria al colapso del sistema de la Restauración, marcada más por la improvisación que por un plan político estructurado. Su duración, de más de seis años, se debió principalmente a sus éxitos iniciales como el restablecimiento del orden público, la solución del conflicto en Marruecos y una favorable situación económica internacional.
El Directorio Militar (1923-1925)
En la primera etapa de su dictadura, considerada provisional, Primo de Rivera asumió todos los poderes mediante un Directorio Militar. Suspendió la Constitución de 1876, disolvió las Cortes, prohibió partidos políticos y sindicatos, censuró la prensa y disolvió las diputaciones. Los gobiernos civiles fueron ocupados por militares y los alcaldes nombrados por el gobierno.
Su programa pretendía resolver los grandes problemas del país: desorden social, caciquismo, la cuestión de Marruecos y la crisis económica. Para restablecer el orden público, se suprimieron libertades y se intensificó la represión contra los sectores más radicales del movimiento obrero. La delincuencia común se redujo notablemente. La prohibición de manifestaciones y la censura de prensa fueron claves para esa represión, que se dirigió especialmente contra el nacionalismo, la intelectualidad, la CNT y la prensa crítica.
En Cataluña, prohibió los símbolos catalanistas y en 1925 liquidó la Mancomunidad, lo que alejó a sectores moderados como la Lliga Regionalista y radicalizó al nacionalismo.
Uno de sus principales objetivos era la regeneración política. Para acabar con el caciquismo se aprobaron el Estatuto Municipal (1924) y el Provincial (1925), disolviendo todos los ayuntamientos, sustituidos por juntas de vocales designadas por gobernadores militares. Sin embargo, al eliminarse los procesos electorales, la regeneración se redujo a cambiar unos caciques por otros.
Se creó la Unión Patriótica, un partido nacional, apolítico y gubernamental sin programa definido, que debía dar apoyo social a la dictadura. Estaba integrado por católicos, funcionarios y caciques, y pretendía agrupar a personas dispuestas a servir lealmente a la Patria.
En política social, se reprimió a los sindicatos más radicales (la CNT fue ilegalizada), pero también se aplicaron algunas medidas reformistas y paternalistas: seguro de enfermedad, descanso dominical, viviendas protegidas y enseñanza profesional. Para mediar en los conflictos laborales se creó el Consejo Nacional de Trabajo (1924), precursor de la Organización Corporativa del Trabajo (1926).
El conflicto de Marruecos fue prioritario para Primo de Rivera, quien en 1924 asumió el cargo de Alto Comisionado. Desde 1925 colaboró militarmente con Francia, destacando el exitoso desembarco de Alhucemas. Tras varias derrotas, Abd-el-Krim se rindió en 1926. En 1927 se dio por finalizada la ocupación efectiva del Protectorado.
El éxito en Marruecos y los logros económicos alcanzados durante los primeros dos años reforzaron el poder personal de Primo de Rivera, quien intentó institucionalizar la dictadura sustituyendo el Directorio Militar por uno Civil. Esto marcó un cambio: la dictadura, que nació como provisional, comenzaba a buscar permanencia como régimen, dando paso al Directorio Civil.
El Directorio Civil (1925-1930)
Con el país más estable y tras ganar popularidad por poner fin a la guerra de Marruecos, Primo de Rivera decidió no retirarse y en diciembre de 1925 formó un nuevo gobierno con la inclusión de civiles como Calvo Sotelo y el conde de Guadalhorce. En esta etapa buscó institucionalizar la dictadura mediante la creación de un régimen que sustituyera al de la Restauración.
Para ello convocó un plebiscito en 1926 que dio lugar a la Asamblea Nacional Consultiva en 1927. Aprovechando la bonanza de los “felices años veinte”, el Directorio impulsó un notable desarrollo económico. Se promovió un ambicioso plan de obras públicas: construcción de carreteras, mejora de ferrocarriles, obras hidráulicas mediante las Confederaciones Hidrográficas y creación de monopolios estatales como CAMPSA, Iberia, Tabacalera y la Compañía Telefónica.
Se fomentó la industria eléctrica y química, principalmente en Madrid y Barcelona, así como el sistema financiero con nuevas entidades y sociedades anónimas. El sector servicios también creció, con más funcionarios, bancos, transporte y telecomunicaciones, lo que favoreció la expansión de una clase media urbana. Todo esto culminó en la Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, ambas en 1929 y con gran despliegue propio de una dictadura.
Sin embargo, a mediados de 1928 comenzó la decadencia del régimen. La oposición creció y se diversificó (republicanos, anarquistas, comunistas, nacionalistas, estudiantes e intelectuales como Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón). Dentro del ejército aumentó el malestar por las arbitrariedades del dictador.
A esto se sumaron problemas económicos: el Estado estaba endeudado, sin capacidad para aplicar una reforma fiscal progresiva por la resistencia de las clases altas. La Exposición de Sevilla elevó aún más la deuda y la crisis de 1929 agravó la situación. La reaparición de conflictos sociales y huelgas hizo que los socialistas se apartaran del régimen.
Enfermo y debilitado, Primo de Rivera presentó su dimisión al rey Alfonso XIII el 27 de enero de 1930, quien la aceptó rápidamente ante la presión de políticos conservadores y liberales que querían restaurar el parlamentarismo. Primo de Rivera se exilió en París, donde murió dos meses después.
La Caída de la Monarquía (1930-1931)
Tras el fracaso de la dictadura, Alfonso XIII nombró al general Berenguer para restaurar la Constitución de 1876 y salvar la monarquía, cada vez más impopular. Berenguer instauró la llamada “Dictablanda”, pero la oposición creció y en agosto de 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián entre diversas fuerzas republicanas, socialistas y nacionalistas catalanas con el objetivo de acabar con la monarquía.
Berenguer dimitió en febrero de 1931 y fue sustituido por el almirante Aznar, quien convocó elecciones municipales para el 12 de abril. Aunque los partidos monárquicos obtuvieron más concejales en total (gracias al voto rural y al caciquismo persistente), la victoria republicano-socialista fue abrumadora en las grandes ciudades y capitales de provincia, lo que se interpretó como un plebiscito y un claro rechazo popular al rey y su vinculación con la dictadura.
Ante la falta de apoyos y la presión popular, Alfonso XIII decidió suspender la potestad real y abandonar el país para evitar una guerra civil. El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República Española.