Introducción: El Liberalismo y la Cuestión Agraria en España (1833-1868)

Entre 1833 y 1868 se produjo en España, al igual que en Europa Occidental, la implantación del liberalismo político y económico. Las pautas comunes con Europa fueron:

• La creación de una monarquía constitucional y parlamentaria.
• La transformación de la propiedad feudal en propiedad privada-capitalista.
• La libertad de comercio e industria.

Sin embargo, en España este proceso presentó peculiaridades:

El predominio de la burguesía agraria sobre la industrial (lo que favoreció la implantación de modelos muy conservadores) y, derivada de la hegemonía conservadora, una gran conflictividad política y social entre las diferentes facciones políticas y socio-ideológicas. Por ello, las desamortizaciones fueron un hecho fundamental en el proceso de configuración del liberalismo. No solo implicaron un cambio esencial en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra, sino que se trataron del principal instrumento político de los liberales para ganar apoyos entre la antigua nobleza y la burguesía.

Desarrollo: La Reestructuración Económica y Social

El Sector Agrícola: Estancamiento y Cambios de Propiedad

Aunque a lo largo del siglo XIX fue perdiendo peso, la agricultura siguió siendo el sector económico más importante de nuestra economía, lo cual es indicativo del escaso desarrollo industrial de España en ese periodo. Los cambios más importantes en el sector agrícola afectaron a la estructura de la propiedad y a la creciente comercialización de los productos. En cambio, la productividad siguió siendo baja debido al uso de técnicas arcaicas. Por eso periódicamente se siguieron produciendo crisis de subsistencias, que afectaban al conjunto de la economía española.

El Proceso Desamortizador

El elemento clave en la reestructuración de la propiedad agraria fue la desamortización, proceso jurídico-político que consiste en sacar al mercado libre bienes que durante el Antiguo Régimen eran inalienables, de los ayuntamientos y de la Iglesia (bienes de “manos muertas”).

Objetivos Iniciales vs. Realidad

En un principio, el objetivo fundamental de las desamortizaciones sería crear un campesinado libre que explotaría las tierras compradas con mentalidad capitalista de obtención del máximo beneficio económico, lo cual redundaría en un aumento de la producción y de la riqueza nacional. El modelo a seguir sería el de la Francia revolucionaria de 1789. Pero la realidad no fue así:

Los compradores de las tierras desamortizadas fueron los banqueros, comerciantes, industriales y nobles, es decir, los únicos sectores poseedores de dinero en efectivo. En consecuencia, no fue posible constituir en España, salvo excepciones, una clase de campesinos de propiedades medianas, como sí había sucedido en Francia durante la Revolución. Por el contrario, el latifundismo de baja productividad se acentuó.

La Necesidad Financiera del Estado

Para comprender el proceso de desamortización también es muy importante tener en cuenta las grandes dificultades de la Hacienda Pública española (deuda pública acumulada y déficit presupuestario crónico), lo que se debe tanto a las guerras que se amontonan en las cuatro primeras décadas del siglo XIX como a la necesidad de financiación de un estado moderno con un creciente número de funcionarios y, en consecuencia, generador de un mayor gasto. La Hacienda española, abrumada por la magnitud de la deuda pública acumulada, no tuvo más remedio para financiarse que acudir a la vía revolucionaria, que no es otra que la apropiación y posterior venta de las riquezas naturales del suelo y del subsuelo. Por tanto, la agricultura y la minería fueron los sectores afectados. Es decir, el Estado expropia los bienes de “manos muertas” y posteriormente los pone en venta mediante pública subasta.

Trascendencia Política

Es importante tener en cuenta que fueron los progresistas, en las escasas ocasiones que estuvieron en el gobierno, los que promulgaron las leyes de desvinculación y desamortización. El Partido Moderado (y los carlistas) estuvo en contra de dichos procesos, aunque algunos de sus seguidores se beneficiaron del lucrativo negocio. De ahí se deduce que la desvinculación y la desamortización, aunque se trate de fenómenos de naturaleza económica, tuvieron también una importante trascendencia política.

Ya a finales del XVIII y principios del XIX se habían llevado a cabo ciertas medidas desamortizadoras (Godoy en 1798, José I Bonaparte desde 1808, Cortes de Cádiz entre 1810 y 1814, Trienio Liberal desde 1820). Ahora bien, estas no tuvieron grandes efectos. Las dos principales desamortizaciones tuvieron lugar durante el reinado de Isabel II.

La Desamortización de Mendizábal (1836-1837)

En plena guerra carlista, el ministro de Hacienda Juan Álvarez Mendizábal, del Partido Progresista, disolvió las órdenes religiosas (excepto las dedicadas a la enseñanza y a la asistencia hospitalaria) y organizó por decreto del 16 de febrero de 1836 la incautación y posterior subasta de los bienes de las órdenes regulares. Otra ley del 29 de julio de 1837 amplió ese proceso a los bienes del clero secular. Al comenzar la Década Moderada, que puso freno a la desamortización, cerca de las tres cuartas partes de las tierras de la Iglesia habían sido expropiadas y subastadas y, por tanto, pertenecían ahora a dueños particulares. La finalidad de estas leyes de desamortización fue múltiple:

• Obtener fondos para sufragar los gastos de la guerra carlista.
• Eliminar la deuda pública (los compradores podían pagar con títulos de la deuda). El saneamiento de la Hacienda Pública permitía al Estado obtener nuevos préstamos.
• “Castigar” a la Iglesia por su adscripción mayoritaria al bando carlista. Las leyes de desamortización provocaron la ruptura de las relaciones diplomáticas de la España liberal con Roma. Además, el Papa excomulgó a quienes compraran bienes que habían pertenecido a la Iglesia. Sin embargo, esta amenaza de nada sirvió para frenar el afán de lucro de los compradores. En compensación por los perjuicios ocasionados, el Estado se comprometió a subvencionar el culto y a pagar a los sacerdotes, con lo que estos pasaban a ser una especie de “funcionarios” dependientes económicamente del Estado liberal.
• Atraer a las filas liberales del gobierno a la nueva clase de burgueses que adquieren los bienes desamortizados, ampliando así la base social del régimen isabelino. También fueron favorecidos muchos nobles por la compra de tierras a muy bajo precio. Nobles y burgueses eran los únicos sectores sociales que tenían el dinero necesario para efectuar las compras.

Consecuencias de Mendizábal

La desamortización de Mendizábal decepcionó a quienes confiaban en que serviría para realizar un reparto de las tierras expropiadas entre los campesinos. El Estado dio a los compradores pocas facilidades de pago y se decidió por adjudicar cada puja al mejor postor, que casi siempre era un aristócrata o un empresario burgués. Las consecuencias a largo plazo de estas medidas agravarían tanto la oposición de la Iglesia (más afectada) y los sectores más tradicionalistas de la sociedad como la desconfianza hacia el liberalismo del campesinado. Además, la desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores: los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Además, la desamortización provocó un reforzamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía, Extremadura y La Mancha, y el minifundismo en el Norte.

La Desamortización de Madoz (1855)

Tras el parón que sufrió la desamortización con la llegada al poder de los moderados (Década Moderada, 1844-54), la vuelta de los progresistas en 1854 (Bienio Progresista) supuso un nuevo impulso. Promovida la nueva ley desamortizadora por el ministro Pascual Madoz (1855), salieron a la venta:

• Bienes eclesiásticos no vendidos anteriormente.
• Bienes del Estado.
• Bienes de las Órdenes Militares.
• Bienes de propios (pertenecientes a los ayuntamientos, cuyas rentas por su alquiler se destinaban al mantenimiento de los mismos).
• Bienes de comunes (también propiedad de los ayuntamientos, pero cuyo disfrute correspondía libremente a todos los vecinos del municipio).

Es decir, fueron privatizadas todas las tierras que hasta entonces eran de propiedad colectiva. El valor total de los bienes desamortizados por Madoz duplicó el de la desamortización de Mendizábal. Aunque el procedimiento desamortizador de 1855 fue similar al anterior (expropiación y venta mediante subasta pública), el dinero obtenido tuvo un fin distinto: la compra de deuda pública por parte de los ayuntamientos (así se pretendía garantizar el mantenimiento de ingresos por parte de estos ayuntamientos por medio de los intereses) y favorecer la industrialización mediante la construcción del tendido del ferrocarril principalmente. Si bien favoreció la modernización económica e industrial y permitió vertebrar un mercado nacional mediante el ferrocarril; de nuevo, no llegó a ser una verdadera reforma agraria, ya que la venta de los bienes municipales privó a los ayuntamientos de recursos y a los campesinos les privó de las tierras y del uso colectivo de esos bienes, acentuándose el latifundismo en el centro y sur de la península. En este proceso, la burguesía con dinero fue de nuevo la gran beneficiaria.

La “Desamortización del Subsuelo” (1868)

A las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz hay que sumar una tercera durante el Sexenio, la impulsada por el ministro de Hacienda Figuerola (Ley de bases sobre las minas, 1868). Se trataba de liberalizar el sector minero fomentando la inversión de capital extranjero. Permitió un espectacular crecimiento de la extracción y la exportación de plomo, pirita de cobre, azogue, carbón y mineral de hierro en minas de Granada, Almería, Riotinto, Almadén, Asturias o Vizcaya, Cartagena,…

Conclusión: Legado de las Desamortizaciones

Las principales consecuencias de las desamortizaciones fueron:

1. Acceso a la propiedad frustrado: Muy pocos campesinos sin tierra pudieron acceder a la propiedad de las fincas desamortizadas, pues no se les ofrecieron suficientes facilidades de pago. La propiedad agraria en el centro y sur del país continuó concentrada, incluso más que antes, en unos pocos latifundistas.
2. Productividad estancada: La burguesía compradora a veces siguió imitando el tradicional modelo de explotación de la tierra de la nobleza (vivir de rentas y especulación), por lo que la productividad de las tierras no mejoró sustancialmente.
3. Agravamiento social: Se agravó la situación de más de tres millones de campesinos no propietarios, que resultaron muy perjudicados por la privatización de las tierras municipales, lo que desembocó en situaciones de violencia (sobre todo en el Sur) y en una emigración masiva hacia las ciudades y el extranjero.
4. Finanzas públicas: Aunque las desamortizaciones aliviaron los problemas de la Hacienda Pública, el dinero obtenido por el Estado fue muy inferior al valor real de las fincas.
5. Patrimonio artístico: Se perdieron muchos tesoros artísticos al desaparecer los templos afectados por la desamortización.
6. Transformación urbana: Por otra parte, la liberalización de terrenos no solo se produjo en el campo; también se pusieron a la venta miles de lotes urbanos, que permitieron realizar remodelaciones urbanísticas (“ensanches”) y cambios de función de inmuebles.