La situación de la agricultura española en el siglo XIX

Según el Censo de Godoy de 1797, el 80 % de la población activa trabajaba en la agricultura. Esta presentaba numerosos lastres: mediocres rendimientos por hectárea y el uso del arado romano, aunque las mulas sustituían a los bueyes, arando más rápido pero menos profundo. Los latifundios seguían dominando en Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, y sus dueños no estaban interesados en invertir, sino solo en mantener sus rentas. Por contra, los minifundios resultaban insuficientes para alimentar a una familia.

El vino y sus derivados eran los principales productos de exportación, destacando los vinos de Jerez, cuyo desarrollo fue espectacular en la década de 1870 debido a la epidemia de filoxera (un insecto parásito de la vid) en los viñedos franceses, lo que multiplicó por diez las exportaciones de vino español.

Estructura de la propiedad y tenencia de la tierra

El mayorazgo y la nobleza

Los estados señoriales estaban sujetos al mayorazgo, una institución creada por los Reyes Católicos en las Cortes de Toro (1505), según la cual las propiedades de un señor debían pasar intactas a su hijo primogénito, quien, a su vez, no podía venderlas o enajenarlas para evitar la fragmentación de las posesiones de los grandes nobles.

Campesinos propietarios

Existían campesinos propietarios de tierras y ganados, grandes o pequeños, que a menudo arrendaban sus fincas a otros campesinos. En Cataluña, practicaban también el mayorazgo (el hereu), por el cual las tierras familiares pasaban íntegramente al hijo mayor.

Campesinos arrendatarios

Los campesinos arrendatarios, como los enfiteutas catalanes y foreros gallegos, arrendaban tierras por períodos amplios (tres vidas o la vida de tres reyes) a cambio de un censo o renta fija. Por el contrario, en Castilla y Andalucía dominaban los arrendamientos a corto plazo (2, 3 o 5 años), con rentas que aumentaban con frecuencia, trabajados por los pelentrines.

Jornaleros y pelentrines

La peor situación se vivía en Andalucía. Los grandes latifundistas arrendaban sus tierras a arrendatarios que cultivaban las mejores tierras del ruedo o alfoz mediante jornaleros. Según Pablo de Olavide, los jornaleros andaluces eran los hombres más pobres y desgraciados de la Tierra. Las tierras de peor calidad eran subarrendadas a campesinos que poseían algún animal de trabajo y aperos de labranza (pelentrines) mediante contratos a corto plazo y rentas muy elevadas.

Las reformas necesarias en la agricultura

Por todo ello, eran necesarias reformas estructurales para lograr una Revolución Agrícola, siguiendo el modelo británico. La labor del Estado liberal fue garantizar la propiedad privada y aumentar el número de propietarios, mediante tres medidas diferentes:

• La abolición de los señoríos.
• La desvinculación de los mayorazgos.
• La desamortización de los bienes eclesiásticos, municipales y de otras “manos muertas”.

Con estas medidas, se trataba de liberalizar las tierras, romper las ataduras que impedían su venta, acabar con la preponderancia económica de la Iglesia y lograr el desarrollo del capitalismo en la agricultura.

Las desamortizaciones y desvinculaciones del siglo XIX

Estos procesos se desarrollaron en varias fases:

• La desamortización de Godoy (1798-1808)
• La desamortización de José I (1808-1813)
• Las medidas desamortizadoras de las Cortes de Cádiz
• Las medidas desamortizadoras del Trienio Liberal (1820-1823)
• La desamortización de Mendizábal (1836-1851)
• La desamortización del gobierno progresista de José María Calatrava (1836-1837), continuada en la Regencia de Espartero (1840-1843)
• La desamortización de Madoz (1855-1924)

La desamortización de Godoy (1798-1808)

Fue una desamortización eclesiástica. Estas tierras fueron vendidas en pública subasta y podían ser pagadas, al menos en parte, con vales reales. Entre 1798 y 1808 se puso en venta una sexta parte de las propiedades eclesiásticas de la Corona de Castilla por un valor no bien conocido, lo que sirvió para amortizar gran parte de los vales reales. Las tierras fueron compradas por ricos comerciantes y terratenientes y no por los labradores, al carecer estos del dinero necesario para la subasta.

La desamortización durante la Guerra de la Independencia (1808-1813)

Durante la Guerra de la Independencia, ambos bandos continuaron la desamortización eclesiástica.

José I mandó suprimir las órdenes regulares mendicantes (agosto de 1809), como los trinitarios, dominicos, carmelitas y mercedarios, y confiscó sus rentas para abastecer al ejército y los gastos de guerra de las tropas francesas.

Las Cortes de Cádiz, además de la Constitución de 1812, promulgaron una serie de leyes que pretendían desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales. Los principales hitos fueron:

• La Ley de Señoríos de 6 de agosto de 1811, que suprimió los señoríos y los privilegios de los señores, como sus tribunales especiales, el nombramiento de las autoridades municipales o el cobro de rentas señoriales. Incluso se prohibió el uso de los términos “señor” y “vasallo”.
• El decreto de 4 de enero de 1813, que expropió las tierras de los conventos con menos de 12 frailes y estableció la venta de baldíos y comunales.
• Un decreto de febrero de 1813 que nacionalizó los bienes raíces de los afrancesados, jesuitas, los de la Orden Militar de San Juan de Jerusalén (o de los caballeros hospitalarios) y los conventos suprimidos o destruidos por la guerra.

Sin embargo, durante el Sexenio Absolutista (1814-1820), Fernando VII invalidó todas las leyes de las Cortes de Cádiz: devolvió a los conventos la totalidad de los bienes confiscados y restableció el Régimen Señorial.

La desamortización durante el Trienio Liberal (1820-1823)

Podemos distinguir dos fases:

• Gobierno de los doceañistas o moderados (1820-1822): Presidido por Martínez de la Rosa, llevó a cabo la «Ley de reforma de comunidades religiosas» (1820), que suprimió los conventos y colegios de las órdenes militares (Santiago, Calatrava, Montesa y Alcántara) y prohibió fundar nuevas casas religiosas o aceptar nuevos miembros. Junto a ello, facilitó la compra de bienes enajenados a los menos favorecidos económicamente.
• Gobierno de los veinteañistas o exaltados (1822-1823): Destacó una nueva expulsión de los jesuitas y la venta de tierras de los conventos de menos de 24 frailes.

La desamortización de Mendizábal (1836-1851)

Durante el gobierno progresista de Mendizábal (septiembre de 1835 – mayo de 1836), la principal medida fue la desamortización de bienes eclesiásticos a través de tres decretos: la supresión de órdenes religiosas de frailes y monjas (octubre de 1835), excepto las dedicadas a la enseñanza, la beneficencia y las misiones en Filipinas; la ley de 19 de febrero de 1836 que nacionalizó estos bienes, que pasaron a propiedad del Estado; y su posterior venta en subasta pública, no solo de las tierras, sino también de casas, monasterios, conventos y sus enseres, incluidas obras de arte y libros.

Su objetivo era triple: obtener dinero para saldar la enorme deuda pública del Estado, pagar una leva de 100.000 hombres para poner fin a la Primera Guerra Carlista y atraer a la burguesía a las filas liberales.

Resultados:

• Afectó a un 15-20% de las tierras cultivadas del país, porcentaje muy superior a la Ley de Reforma Agraria de la II República.
• Las tierras fueron adquiridas por la burguesía enriquecida. Por ello, aumentó el número de latifundistas y terratenientes, y los que ya lo eran (por ejemplo, el duque de Alba) aumentaron sus propiedades.
• El Estado obtuvo 327 millones de reales en metálico y 4.224 millones en títulos de la deuda del Estado, pero solo fue un parche que permitió financiar la guerra carlista y saldar una parte de la Deuda Pública.
• Mendizábal mandó a la calle a más de 30.000 frailes. Ello provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y la Santa Sede. La cuestión se resolvió con el Concordato con la Santa Sede de 1851, por el cual se puso fin a la desamortización.

Las medidas de José María Calatrava (1836-1837)

Tras el Motín de la Granja de 1836, se formó un nuevo gabinete de Liberales Progresistas (1836-1837), presidido por José María Calatrava, quien nombró a Mendizábal ministro de Hacienda. Ambos pusieron de nuevo en marcha algunas leyes del Trienio Liberal:

• La ley de señoríos de 16 de agosto de 1837, que recuperó la ley de 1811.
• Continuación de la desamortización eclesiástica (julio de 1837), que expropió ahora las propiedades del clero secular, es decir, los bienes de catedrales e iglesias.
• La desvinculación de los mayorazgos de 1837, que permitió a los nobles vender sus tierras libremente. A partir de esta ley, enormes extensiones de tierras salieron al libre mercado.

La desamortización de Madoz (1855-1924)

Las desamortizaciones se interrumpieron durante la Década Moderada (1844-1854), pero todo cambió durante el Bienio Progresista (1854-1856). Destacó la Ley de Desamortización General de 1 de mayo de 1855, apadrinada por Pascual Madoz, ministro de Hacienda. Su venta se prolongó hasta 1924, con el Estatuto Municipal de Calvo Sotelo.

Los objetivos fueron lograr el desarrollo político (enriquecimiento de los terratenientes y la burguesía agraria favorable al régimen liberal) y el desarrollo económico (sanear la Hacienda y potenciar obras públicas y el ferrocarril).

El procedimiento de venta fue una copia del de Mendizábal con algunas diferencias: los pagos debían hacerse en metálico y solo en casos excepcionales en títulos de la Deuda Pública. El dinero obtenido se dedicó a la expansión del ferrocarril. Los propietarios serían indemnizados con títulos de la deuda pública, con una detracción del 20% para el Estado.

Resultados:

• El año 1855 fue el de más ventas en todo el siglo. La Iglesia protestó, el gobierno rompió las relaciones con el Vaticano y se prohibieron los periódicos católicos.
• Duplicó en volumen y valor a la de Mendizábal (con cerca de 8.200 millones de reales).
• La burguesía, formada por comerciantes, hombres de negocios y profesionales liberales, fue la gran beneficiaria, ya que compró las fincas más caras.
• Por contra, el campesinado pobre fue el gran perjudicado, a pesar de que Madoz dispuso la cesión gratuita de algunas suertes de propios y comunales a los vecinos.
• Provocó la quiebra de las haciendas municipales.
• Solo en Asturias, Galicia y el Levante, con dominio del minifundismo, muchos colonos lograron incrementar sus propiedades.
• Hubo un aumento de la superficie cultivada y, por tanto, de la producción, pero no tanto de la productividad.
• Significó la ruina total de las órdenes religiosas.

De 1856 a 1858 la desamortización estuvo parada. En octubre de 1856, Narváez suspendió su aplicación, pero se reanudó dos años después, en octubre de 1858, con Leopoldo O’Donnell como presidente del Consejo de Ministros. Desde entonces, las ventas no cesaron hasta finales del siglo XIX. El Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo de 1924 derogó definitivamente la desamortización de Madoz.

Consecuencias generales de las desamortizaciones

Consecuencias económicas

A lo largo del siglo XIX pasaron a manos de particulares 19 millones de hectáreas, es decir, el 39% de la superficie nacional. Pero, según Jordi Nadal, no se intentó una verdadera reforma agraria, sino conseguir dinero para los planes del Estado: eliminar la deuda pública, ganar la guerra carlista, la expansión del ferrocarril, etc. Las tierras no se repartieron entre los menos favorecidos; fueron compradas por la burguesía terrateniente, funcionarios, comerciantes y militares. Ya en el siglo XIX, las desamortizaciones fueron criticadas por figuras como Flórez Estrada (economista y ministro) en 1836 y Claudio Moyano.

Consecuencias sociales

Supuso la ruina total de las órdenes religiosas, y el clero secular pasó a depender de la «dotación de Culto y Clero». La gran nobleza mantuvo sus grandes latifundios y, junto a ella, creció una nueva clase de grandes terratenientes, formada por la burguesía enriquecida que invirtió su dinero o títulos de la deuda en tierras, en lugar de en inversiones industriales. Los pequeños campesinos salieron muy perjudicados con la pérdida de bienes comunales tras la desamortización de Madoz y el endurecimiento de las condiciones de los arrendamientos. Se consolidó un proletariado agrícola de jornaleros con muy malas condiciones de trabajo, de tipo estacional.

Consecuencias culturales

Destaca la pérdida de obras de arte y la desaparición de escuelas parroquiales y conventuales, lo que provocó una tasa de analfabetismo del 70%.