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El texto que se presenta es un documento histórico de notable carácter político, jurídico y económico. Se trata de un fragmento de la minuta del decreto redactado por Juan Álvarez Mendizábal, quien ejercía como jefe de Gobierno en aquel entonces. Este decreto fue elaborado pocos meses después de los acontecimientos revolucionarios del verano de 1835 en Madrid y se publicó el 21 de febrero de 1836 en la Gaceta de Madrid, mismo año en que Mendizábal fue forzado a dimitir.

El documento está dirigido a la regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias (cuya regencia se extendió desde 1833 hasta 1840, durante la minoría de edad de su hija, la futura Isabel II). En él, se exponen detalladamente los motivos que impulsaron el trascendental proceso desamortizador.

Principales Argumentos del Decreto

En el texto se identifican los siguientes argumentos esenciales:

• Una justificación del interés nacional de poner a la venta la masa de bienes previamente declarados bienes nacionales. El fin prioritario era sanear la Hacienda Pública, fuertemente endeudada: “el beneficio de aminorar la fuerte suma de la deuda pública”.
• En segundo lugar, al convertir esos bienes inmuebles (especialmente la tierra) en propiedad privada y plena, se abriría un proceso de creación de riqueza. El decreto menciona la intención de “vivificar una riqueza muerta”, refiriéndose a la nueva situación de los bienes inmuebles, que podrían salir al mercado, ser capitalizados, etc. Esto, a su vez, redundaría en una mejora de la industria y el comercio.
• Posteriormente, se señala un objetivo político: obtener el apoyo al nuevo régimen liberal, encarnado en la reina Isabel II, quien representaba la nueva sociedad liberal como “símbolo de orden y libertad”.
• Finalmente, se hace una extensa mención a cómo la estabilidad del nuevo régimen liberal debía fundamentarse en una amplia base social de propietarios. Se esperaba que estos, trabajando por su propio beneficio y disfrute, lograran alcanzar la prosperidad de la patria, reducir la deuda del Estado y procurar la felicidad pública: “la alta idea de crear una copiosa familia de propietarios,…”.

Contexto Histórico: La Reforma Agraria Liberal

Los gobiernos liberales del siglo XIX, especialmente los progresistas, partían de una nueva concepción jurídica de los derechos de propiedad. Esta concepción implicaba la liquidación de las formas propias del Antiguo Régimen y la consolidación de la propiedad privada de la tierra como elemento esencial para la nueva organización capitalista de la economía.

Objetivos de la Reforma Agraria

Con este fin, emprendieron una reforma agraria liberal a través de un conjunto de medidas cuyo objetivo esencial era liberar la tierra de las trabas que imponía el Antiguo Régimen al desarrollo de la propiedad privada y de la economía de mercado. Tras estas reformas, la tierra pasó a ser una mercancía que podía ser vendida y comprada libremente.

Medidas Clave (1836-1837)

En el corto período entre 1836 y 1837, los gobiernos progresistas, encabezados por Mendizábal y Calatrava, consagraron los principios de la propiedad privada y de libre disponibilidad de la tierra a partir de tres grandes medidas:

• La disolución del régimen señorial: Así, el antiguo señor se convirtió en el nuevo propietario de las tierras, y muchos campesinos pasaron a la condición de arrendatarios o jornaleros.
• La desvinculación (supresión de mayorazgos): Significó el fin de los patrimonios unidos obligatoriamente y a perpetuidad a una familia o institución. Sus propietarios fueron libres para poder venderlos sin trabas en el mercado.
• La desamortización: Había sido un elemento recurrente desde el gobierno de Manuel Godoy como medio para conseguir recursos para el Estado con la venta de tierras propiedad de la Iglesia y de los ayuntamientos.

La Desamortización de Mendizábal

En el año 1836, el presidente Mendizábal decretó la disolución de las órdenes religiosas y estableció la incautación por parte del Estado del patrimonio de las comunidades afectadas. Con tal fin, dictó dos decretos fundamentales: uno que afectaba al patrimonio del clero regular (febrero de 1836) y otro, bajo el gobierno de Calatrava con Mendizábal como ministro de Hacienda, que ampliaba la acción a los bienes del clero secular (julio de 1837).

Los bienes desamortizados fueron puestos a la venta mediante subasta pública, a la que podían acceder todos los particulares interesados en su compra. Mendizábal pretendía así conseguir los recursos necesarios para financiar al ejército liberal, recuperar vales de la deuda y aminorar el grave déficit presupuestario del Estado.

Consecuencias de la Desamortización

La desvinculación de la tierra y las desamortizaciones permitieron que miles de propiedades salieran al mercado, lo que comportó una profunda modificación de la propiedad territorial. Como resultado de todo este proceso, a finales del siglo XIX se habían incrementado y diversificado el número de poseedores.

Sin embargo, la desamortización no sirvió para que las tierras se repartieran entre los campesinos. La expulsión de campesinos de los nuevos latifundios y la concentración de la propiedad de la tierra generaron un aumento del proletariado agrario.

Por otro lado, la desamortización trajo un aumento de la superficie cultivada y, por tanto, un incremento de la producción agrícola.

La desamortización también tuvo consecuencias culturales significativas, como la pérdida y el expolio de los bienes artístico-culturales de los antiguos monasterios. Muchos edificios se arruinarían y bienes muebles fueron vendidos a precios irrisorios.

Trascendencia y Consecuencias Finales

Este decreto es un documento de gran trascendencia por varios motivos. Su puesta en práctica supuso la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma y, además, removió y dividió profundamente la opinión pública de la época.

En sus diferentes dimensiones, el impacto fue notable:

• En el aspecto jurídico: Significó el fin de las tierras amortizadas, transformando la estructura de la propiedad.
• En el aspecto político: Tuvo como objetivo atraer al liberalismo a los nuevos propietarios beneficiados por el proceso.
• En el aspecto financiero: Buscó la reducción de la considerable deuda pública.
• En el aspecto social: Se planteó la creación de una pequeña y mediana clase agraria propietaria, aunque los resultados en este ámbito fueron complejos y no siempre alcanzaron las expectativas iniciales de un reparto más equitativo.