Isabel II: las regencias, las guerras carlistas, los grupos políticos, el Estatuto Real (1834) y la Constitución de 1837
Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel II accedió al trono con solo tres años, lo que dio lugar a un período de regencias. La primera fue la de su madre, María Cristina de Borbón. La sucesión provocó un grave conflicto, ya que los absolutistas no aceptaron a Isabel como reina y apoyaron a Carlos María Isidro, hermano del rey fallecido, iniciándose así la Primera Guerra Carlista.
La Primera Guerra Carlista (1833–1839)
La Primera Guerra Carlista enfrentó a los isabelinos, defensores del liberalismo y de Isabel II, con los carlistas, partidarios del absolutismo. Estos últimos contaron con un importante apoyo social en zonas rurales del norte, especialmente en el País Vasco, Navarra y Cataluña.
- En una primera fase (1833–1835), la guerra tuvo un carácter de guerrillas; destacó Tomás de Zumalacárregui como organizador del ejército carlista.
- En la segunda fase (1835–1837), el general liberal Baldomero Espartero logró romper el sitio de Bilbao, mientras que los carlistas realizaron expediciones militares sin obtener victorias decisivas.
- En la tercera fase (1837–1839), el carlismo se dividió entre transaccionistas e intransigentes, finalizando la guerra con el Abrazo de Vergara entre Espartero y Maroto.
El conflicto tuvo graves consecuencias humanas y económicas, con alrededor de 150.000 muertos.
Regencia de María Cristina y reformas
Durante la regencia de María Cristina, la regente se apoyó en los liberales para asegurar el trono de su hija. En un primer momento, el gobierno de Cea Bermúdez llevó a cabo reformas muy limitadas. Posteriormente, Martínez de la Rosa redactó el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada que no reconocía la soberanía nacional, pero que supuso un avance moderado hacia el liberalismo.
Entre 1835 y 1836, el progresista Mendizábal impulsó reformas clave como la desamortización de los bienes del clero y la abolición de los señoríos, con el objetivo de consolidar el sistema liberal. La oposición de los moderados provocó su destitución. En 1836, el motín de los sargentos de La Granja obligó a la regente a devolver el poder a los progresistas, restablecer provisionalmente la Constitución de 1812 y convocar elecciones.
De este proceso surgió la Constitución de 1837, de carácter progresista, que establecía la soberanía nacional, amplios derechos y Cortes bicamerales. Tras las elecciones, los moderados regresaron al poder y comenzaron a frenar las reformas.
El intento de María Cristina de aprobar la Ley de Ayuntamientos, que otorgaba a la Corona la elección de alcaldes, provocó levantamientos progresistas y forzó su salida del poder.
La regencia de Espartero (1840–1843)
La regencia de Espartero comenzó con un amplio apoyo popular, pero pronto derivó hacia un gobierno autoritario. Sus conflictos con moderados, progresistas e industriales catalanes, así como el bombardeo de Barcelona en 1843, provocaron su caída tras un pronunciamiento militar, siendo proclamada reina Isabel II con trece años.
El reinado efectivo de Isabel II: grupos políticos y constituciones
Durante el reinado efectivo de Isabel II se mantuvo el modelo político heredado de las regencias, caracterizado por la inestabilidad y los pronunciamientos militares. Los principales partidos fueron:
- Partido Moderado, liderado por Narváez, defensor del orden, la propiedad y un fuerte poder real.
- Partido Progresista, más favorable a la soberanía nacional y las libertades.
- Otros grupos emergentes: la Unión Liberal de O’Donnell, el Partido Demócrata y el Partido Republicano.
La Constitución de 1845 y la Década Moderada (1843–1854)
La Constitución de 1845 reflejó el triunfo del moderantismo, al establecer una soberanía compartida entre el rey y las Cortes, un poder ejecutivo fuerte y la exclusividad de la religión católica. Esta Constitución sentó las bases del liberalismo conservador.
La Década Moderada estuvo dominada por Narváez. Se disolvió la Milicia Nacional y se creó la Guardia Civil en 1844. Se impulsó una política centralista, se realizó una reforma fiscal, se reguló la educación mediante la Ley Moyano y se implantó el servicio militar obligatorio. Durante este periodo se produjo la Segunda Guerra Carlista y una crisis de subsistencias, reprimidas duramente.
En 1851, la Iglesia aceptó la desamortización mediante el Concordato, recuperando influencia ideológica.
El Bienio Progresista (1854–1856) y la etapa posterior
El Bienio Progresista comenzó con la Vicalvarada y el Manifiesto de Manzanares. Se aprobaron importantes leyes económicas como la desamortización de Madoz, la Ley de Ferrocarriles y la creación del Banco de España. Se redactó una nueva Constitución que no llegó a promulgarse. Las tensiones sociales y políticas llevaron a la represión y al fin del Bienio.
Entre 1856 y 1868 se sucedieron gobiernos moderados y de la Unión Liberal. Hubo un breve auge económico y una política exterior intervencionista sin grandes resultados. La crisis económica, la corrupción y la intervención directa de la reina provocaron el desprestigio del régimen. El Pacto de Ostende unió a progresistas, demócratas y unionistas contra Isabel II, culminando en la Revolución Gloriosa de 1868.
El Sexenio Revolucionario: la Constitución de 1869 y la evolución política
La Revolución Gloriosa comenzó en septiembre de 1868 con el pronunciamiento de Topete en Cádiz, apoyado por Prim y Serrano. La victoria en la batalla de Alcolea obligó a Isabel II a exiliarse; se formaron Juntas Revolucionarias y reapareció la Milicia Nacional.
El gobierno provisional impulsó reformas como el sufragio universal masculino y amplias libertades. En 1869 se aprobó una Constitución democrática basada en la soberanía nacional, una declaración de derechos y una monarquía parlamentaria en la que el rey reinaba pero no gobernaba. Serrano fue nombrado regente y Prim presidente del gobierno.
A pesar de las libertades, el régimen tuvo que enfrentar la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista y el auge del movimiento obrero. Tras la muerte de Prim, Amadeo de Saboya fue proclamado rey en 1871, pero su reinado estuvo marcado por inestabilidad política y conflictos sociales, por lo que abdicó en 1873.
La Primera República se proclamó en febrero de 1873 y se caracterizó por su extrema debilidad. Los presidentes Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar se enfrentaron a guerras, crisis económicas y la sublevación cantonal. El golpe del general Pavía puso fin a la República parlamentaria. Finalmente, el pronunciamiento de Martínez Campos en 1874 restauró la monarquía borbónica con Alfonso XII.
El sistema canovista: la Constitución de 1876 y el turno de partidos. La oposición al sistema
La Restauración (1874–1923) fue el régimen político tras el pronunciamiento de Sagunto y la proclamación de Alfonso XII, caracterizado por la Constitución de 1876 y el sistema canovista, impulsado por Antonio Cánovas del Castillo. Este sistema buscaba estabilidad mediante la alternancia pacífica de dos partidos: el conservador, liderado por Cánovas, y el liberal, encabezado por Sagasta.
Se trataba de un parlamentarismo limitado y poco democrático que eliminó la intervención militar directa y reforzó al rey como jefe del ejército. La Constitución de 1876 estableció soberanía compartida entre la Corona y las Cortes, definió un Estado confesional sin libertad de culto plena, garantizó la inviolabilidad del monarca y le otorgó amplias competencias ejecutivas y legislativas. Las Cortes eran bicamerales y el poder judicial independiente.
Los partidos dinásticos compartían la defensa de la monarquía, la Constitución y el centralismo. El conservador defendía la Iglesia, el orden social y el voto censitario, mientras que el liberal proponía medidas progresistas y laicas, como el sufragio universal y la limitación de privilegios eclesiásticos. El sistema se mantenía mediante caciquismo y pucherazo, coordinado por el Ministerio de Gobernación, provocando abstención masiva y apatía.
Durante el reinado de Alfonso XII (1874–1885) se buscó pacificar el país y consolidar el régimen. Se aumentó el presupuesto militar, se derrotó definitivamente a los carlistas, se abolieron los fueros vascos aunque se concedió un concierto económico, y se firmó la Paz de Zanjón en Cuba. En 1881, el Partido Liberal ganó sus primeras elecciones, y con la muerte del rey en 1885 comenzó la regencia de María Cristina de Habsburgo, aplicando el turno de partidos mediante el Pacto del Pardo. Entre 1885 y 1890 se promovieron reformas como la ley de asociaciones, la abolición de la esclavitud en Cuba y la ley del jurado. La corrupción, la corta duración de los gobiernos y la guerra cubana de 1895–1898 afectaron la estabilidad. En 1897, Cánovas fue asesinado y en 1898 España perdió sus últimas colonias, provocando la primera gran crisis del sistema.
La oposición política y social
La oposición en la Restauración se articuló en torno a:
- Nacionalismos regionales: en Cataluña la Renaixença y la Lliga Regionalista; en el País Vasco, Sabino Arana fundó el PNV (Partido Nacionalista Vasco), inicialmente independentista y luego más moderado en su demanda de autonomía; en Galicia, el Rexurdimento promovió la cultura y denunció la marginación política.
- Republicanismo, que buscaba la república y reformas sociales, aunque con escaso éxito electoral.
- Carlismo, que perdió apoyo social y se reorganizó parcialmente en el Partido Católico Nacional.
- Movimiento obrero, con socialistas (PSOE y UGT, fundados en 1879 y 1888 respectivamente) y anarquistas (mayoritarios en la FRE). Los anarquistas se dividieron entre corrientes pacíficas, que apostaban por la educación y la acción de masas, y sectores terroristas, que promovieron atentados contra las autoridades; la represión contra el anarquismo fue más intensa que contra los socialistas.
Las guerras de Cuba, el conflicto frente a Estados Unidos y la crisis de 1898
Los últimos territorios coloniales españoles eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas, en un contexto de expansión europea. La guerra de los Diez Años en Cuba (1868–1878), iniciada con el Grito de Yara de Carlos Manuel de Céspedes, concluyó con la Paz de Zanjón, que prometía representación en las Cortes y la abolición de la esclavitud.
Entre 1879 y 1880 se produjo la Guerra Chiquita, surgieron partidos locales como la Unión Constitucional y el Partido Liberal Cubano, y durante el gobierno de Sagasta se abolió la esclavitud (1888), aunque el comercio siguió protegido por aranceles, generando tensiones con Estados Unidos.
Entre 1895 y 1898 se intensificó el deseo de independencia cubano. José Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano y, en 1895, el Grito de Baire dio inicio a la insurrección armada. Valeriano Weyler aplicó una dura represión; las medidas conciliadoras de Sagasta y Ramón Blanco no evitaron la guerra con EE. UU. tras la explosión del Maine en febrero de 1898. Estados Unidos declaró la guerra, desembarcó en Puerto Rico y Cuba se rindió en agosto de 1898.
En Filipinas, José Rizal lideró la Liga Filipina, y tras su fusilamiento en 1896 la insurrección se reactivó con la intervención estadounidense. La derrota española en la batalla de Cavite consolidó el control de Estados Unidos sobre el archipiélago.
La evolución de la población y de las ciudades: de la sociedad estamental a la sociedad de clases
Durante el siglo XIX, la población española creció de manera sostenida, pasando de 10,6 millones en 1800 a 18,6 millones en 1900, con incrementos más notables en el litoral y en ciudades como Madrid, por su capitalidad. Este aumento se debió al descenso de epidemias, la mejora de la alimentación y la expansión de la superficie cultivada. La natalidad se mantuvo alta, aunque descendió lentamente hasta 35‰ en 1900, y la mortalidad disminuyó, elevando la esperanza de vida de 30 años en 1860 a 35 en 1900.
Los movimientos migratorios internos fueron escasos al inicio del siglo, pero el éxodo rural se intensificó con las desamortizaciones, desplazando población hacia Madrid, Barcelona y otras ciudades debido a los bajos salarios y la escasez de tierras. Paralelamente, la emigración exterior hacia América creció, destacando Galicia como región principal de origen.
El crecimiento urbano fue continuo, pasando del 10 % de población urbana en 1800 al 30 % en 1900. La división provincial de 1833 favoreció el desarrollo de capitales como Madrid y Barcelona, que superaron los 500.000 habitantes en 1900. Las ciudades se expandieron más allá de sus murallas mediante planes de ensanche, mejorando los barrios burgueses con calles amplias, alumbrado y ocio en cafés, teatros y jardines, mientras que los barrios obreros permanecieron densamente poblados, con trazado laberíntico y escasos servicios, reflejando la desigualdad social.
La sociedad evolucionó de estamental a clases sociales: la alta burguesía y la nobleza conservaban tierras y poder económico; la clase media, numerosa en ciudades, promovía cambios políticos e imitaba a la élite; y la clase baja, formada por campesinos y obreros, creció rápidamente y sufrió duras condiciones, favoreciendo la conciencia social y el surgimiento del movimiento obrero. La mujer permaneció subordinada al hombre, aunque sus reivindicaciones fueron aumentando.
El movimiento obrero se organizó desde principios del siglo XIX, con protestas urbanas y sociedades de protección mutua. En el ámbito rural surgieron revueltas por escasez de tierras y desamortizaciones. Entre 1868 y 1874, durante el internacionalismo, la AIT introdujo posiciones de socialismo utópico y anarquismo, siendo este último mayoritario. Tras la Restauración, el movimiento sufrió un retroceso inicial; el socialismo se difundió lentamente, fundándose el PSOE en 1879 y la UGT en 1888, mientras el anarquismo mantenía tendencias pacíficas y terroristas, esta última minoritaria pero violenta, con fuerte represión estatal.
Las desamortizaciones
Las desamortizaciones transformaron el sector primario y acercaron la agricultura al capitalismo. La desamortización eclesiástica de Mendizábal (1836) buscó financiar la Primera Guerra Carlista, aumentar tierras cultivadas, crear propietarios afines al liberalismo y reducir el poder de la Iglesia. Se suprimieron órdenes religiosas y diezmos, vendiéndose las tierras en subasta pública, lo que concentró la propiedad y generó descontento campesino.
La desamortización de Madoz (1855) continuó esta política, afectando a bienes del Estado, ayuntamientos y órdenes militares, consolidando la propiedad privada, fomentando la agricultura de mercado y financiando infraestructura como el ferrocarril.
La estructura agraria quedó marcada por minifundios en el norte, destinados al autoconsumo, y latifundios en el sur, concentrados en grandes propietarios. Esto provocó emigración y conflictividad social, con jornaleros bajo contratos precarios y pagos en metálico. La producción agrícola se centró en la «trilogía mediterránea» (trigo, vid y olivo), con cultivos complementarios como maíz, patata, cítricos y arroz, y mejoras técnicas como la introducción de abonos. A finales del siglo XIX se aplicaron aranceles proteccionistas para defender la producción nacional.
La industrialización y el sector terciario
La industria española se desarrolló con la Segunda Revolución Industrial. La libertad de industria de 1836 permitió la mecanización textil, especialmente en Cataluña, y la introducción de la máquina de vapor. La minería creció gracias a leyes de 1855 y 1868 que liberalizaron el sector, destacando el carbón en Asturias, el hierro en el País Vasco y las minas de Almadén y Riotinto. La siderurgia se consolidó en el País Vasco, con la fundación de los Altos Hornos de Vizcaya en 1902. En otras zonas, la industrialización fue limitada a talleres artesanales y a la industria de alimentos.
El sector terciario creció lentamente debido al relieve montañoso y la falta de ríos navegables, lo que dificultó el transporte y la comunicación interior. La red ferroviaria se inició en 1848, y la ley de 1855 promovió una red radial. Se desarrolló el comercio interior con la supresión de aduanas internas y el comercio exterior con Francia y Gran Bretaña.
En banca y moneda, tanto bancos privados como públicos emitían billetes, destacando el Banco de España (1856). En 1868 se estableció la peseta como moneda única. El Estado intervino en la economía alternando proteccionismo y librecambismo, predominando los aranceles para proteger la producción nacional frente a la competencia extranjera, en defensa de intereses de terratenientes e industriales.