La guerra de Cuba (1895–1898)

Cuba, durante el siglo XIX, fue la principal exportadora mundial de azúcar y también destacó en la producción de café y tabaco. España mantenía un monopolio sobre el comercio colonial mediante aranceles que perjudicaban a los hacendados cubanos, lo que fomentó un fuerte sentimiento autonomista, ya que estos consideraban que la autonomía política era la única forma de mejorar la economía de la isla. Al mismo tiempo, Estados Unidos incrementó sus intereses en Cuba, siendo el principal receptor de sus exportaciones de azúcar e invirtiendo en la modernización de su producción; por ello apoyó a los sectores independentistas con la intención de vincular la isla a su mercado económico.

A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se produjeron varias insurrecciones contra España. La primera gran guerra fue la Guerra de los Diez Años (1868–1878), seguida por la Guerra Chiquita (1879–1880), ambas motivadas por la represión española frente a las demandas autonomistas. Sin embargo, no fue hasta 1895 cuando comenzó la guerra definitiva de independencia, liderada por José Martí. Martí organizó guerrillas que provocaron graves daños al ejército español, que además sufrió más bajas por epidemias y por las duras condiciones del clima que por la lucha directa.

Los intentos de pacificación por parte de España fracasaron. El general Arsenio Martínez-Campos intentó negociaciones sin éxito, y su sucesor, Valeriano Weyler, aplicó métodos represivos extremos, que incluso pusieron en peligro la riqueza de la isla. En 1897, tras la muerte del líder español Cánovas, el gobierno de Sagasta envió al general Ramón Blanco, quien decretó la autonomía de Cuba y una amnistía política, pero estas medidas llegaron demasiado tarde. Estados Unidos ya había decidido intervenir militarmente, acelerando el final del dominio español sobre la isla y marcando el comienzo de un nuevo periodo histórico para Cuba.

Consecuencias del 98

Consecuencias del Desastre del 98:

• a) Pérdidas demográficas: 60.000 soldados españoles murieron entre 1895 y 1898, muchos de ellos por enfermedades infecciosas. La mayoría pertenecían a familias pobres, que no podían pagar la redención o exención del sorteo militar.
• b) Economía: La economía española no se sintió muy afectada en términos generales; si bien la industria catalana perdió un mercado para sus productos y unas materias primas baratas (café y azúcar), la repatriación de capitales sirvió para el desarrollo industrial de nuevos sectores.
• c) Críticas profundas al sistema:
  • Desde la clase política gobernante se percibía la necesidad de democratizar el país desde arriba (figuras como Maura y Canalejas).
  • Desde los intelectuales regeneracionistas, como J. Costa, se criticaba el sistema de la Restauración por corrupto y fraudulento, proponiendo programas basados en la reorganización política, la dignificación de la vida parlamentaria, la reforma educativa, la acción orientada a la ayuda social y, en definitiva, una política encaminada al bien común y no al beneficio de los intereses de la oligarquía.
• d) Fortalecimiento de los nacionalismos: se reforzaron el nacionalismo catalán (Lliga Regionalista, desde 1901) y el vasco (PNV), y en menor medida los movimientos gallego y valenciano.
• e) Movimiento literario: nacimiento de la llamada Generación del 98: Pío Baroja, Azorín, Miguel de Unamuno y Valle-Inclán reflexionaron sobre los problemas de España y sus posibles soluciones.
• f) Desprestigio militar: derivado de la dureza de la derrota; era evidente que las fuerzas armadas no estaban preparadas para un conflicto de estas características. El ejército salió muy dañado, lo que traería graves consecuencias para el futuro.
• g) Cambio en la política exterior: se reemplazó la presencia en ultramar por una mayor atención al norte de África, con consecuencias importantes en el futuro.

El período parlamentario en España (Alfonso XIII)

El período parlamentario durante el reinado de Alfonso XIII, que comenzó con su mayoría de edad en 1902, se desarrolló en un contexto de crisis del sistema de la Restauración. Durante los primeros años del siglo XX se impulsaron los intentos regeneracionistas, orientados a renovar la vida política y social, acabar con el caciquismo y frenar el fraude electoral. Entre 1902 y 1912 se sucedieron gobiernos conservadores y liberales: Francisco Silvela (conservador, 1902–1905), Segismundo Moret (liberal, 1905–1907), Antonio Maura (conservador, 1907–1909) y José Canalejas (liberal, 1909–1912).

El regeneracionismo se centró en criticar los aspectos más visibles de la política española, como la manipulación electoral y el control de los caciques, proponiendo reformas “desde arriba” para evitar un estallido social. Destacaron figuras como Silvela y Maura por el Partido Conservador, y Canalejas por el Partido Liberal, quienes buscaban modernizar el sistema y garantizar un orden político más justo y eficiente.

Canalejas se mostró inflexible frente a las huelgas y conflictos laborales, que fueron reprimidos militarmente. Su asesinato en 1912, a manos de un atentado anarquista, marcó el fin de la etapa regeneracionista. A partir de ese momento, la crisis política se agudizó, con divisiones internas dentro de los partidos del turno y una creciente dificultad para mantener acuerdos entre liberales y conservadores.

Gobierno liberal (1905–1907)

Segismundo Moret, del Partido Liberal, asumió el poder en 1905 y tuvo que afrontar la crisis generada por el asalto de 300 oficiales a la revista satírica Cu-Cut! tras un chiste antimilitarista. El gobierno no castigó a los militares y, cediendo ante el estamento militar, promulgó la Ley de Jurisdicciones, que establecía que los delitos contra la nación y el ejército serían juzgados por tribunales militares.

Gobierno conservador (1902–1905)

Francisco Silvela, sucesor de Cánovas al frente del Partido Conservador, encabezó los primeros intentos regeneracionistas para modernizar la política española. Sin embargo, sus reformas fracasaron al chocar con los grandes intereses y los obstáculos del sistema, por lo que abandonó la política y dio paso a Antonio Maura.

Gobierno conservador (1907–1909) – Antonio Maura

Antonio Maura asumió la presidencia del Gobierno conservador en 1907 e impulsó reformas regeneracionistas para acabar con el caciquismo, como la ley electoral que buscaba controlar mejor las juntas electorales. También intentó integrar el catalanismo, mejorar la actividad económica y las condiciones laborales e impulsó el intervencionismo militar en Marruecos.

Sin embargo, su mandato se vio marcado por la Semana Trágica de Barcelona (1909). La derrota española en el Barranco del Lobo frente a los rifeños del Rif obligó a enviar más tropas, incluyendo reservistas casados, lo que provocó un gran descontento, especialmente en Cataluña. Las protestas comenzaron como huelgas de obreros y socialistas, pero pronto fueron lideradas por anarquistas, produciéndose enfrentamientos con el ejército, saqueos e incendios de edificios religiosos. La represión fue muy dura, con la ejecución de cinco personas, entre ellas el pedagogo Ferrer i Guàrdia, lo que generó protestas en España y Europa y la campaña popular de “¡Maura no!”, provocando la caída del gobierno.

Gobierno liberal (1909–1912) – José Canalejas

Tras la caída de Antonio Maura, los partidos liberales aprovecharon la situación para aliarse con fuerzas de izquierda, como republicanos y socialistas, y exigieron la dimisión del presidente conservador. Ante esta presión, Alfonso XIII destituyó a Maura y nombró a Segismundo Moret como jefe de Gobierno, lo que supuso la ruptura del Pacto del Pardo (firmado en 1885 entre Cánovas y Sagasta para alternarse pacíficamente en el poder). Tras un breve mandato de Moret, el rey encargó la formación de un nuevo gabinete al también liberal José Canalejas, quien asumiría el liderazgo del Partido Liberal y continuaría con el programa regeneracionista.

Canalejas impulsó importantes reformas políticas, sociales y económicas. Con la Ley del Candado pretendió reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad, prohibiendo temporalmente la implantación de nuevas órdenes religiosas. Para atender las demandas regionales, elaboró la Ley de Mancomunidades, que permitía a varias provincias unirse para gestionar servicios públicos de forma conjunta. Además, reformó el sistema fiscal introduciendo un impuesto sobre las rentas urbanas y promovió la Ley de Reclutamiento, suprimiendo la redención en metálico del servicio militar, medida que buscaba hacer más equitativo el cumplimiento de las obligaciones militares.