Cuestión foral tras la Primera Guerra Carlista

El tema principal del texto es la cuestión foral tras el enfrentamiento de los carlistas e isabelinos en la Primera Guerra Carlista, y las principales ideas hacen referencia a la confirmación de los fueros en las Provincias Vascongadas y Navarra y a la posible obligatoriedad de la acomodación de los mismos a la propia Constitución.

La ley de 25 de octubre de 1839 y las decisiones de las Cortes

Reunidas las Cortes en Madrid, trataron el asunto de los fueros existentes en las Provincias Vascongadas y Navarra, resolviendo el problema a través de la ley promulgada el 25 de octubre de 1839. Esta ley está firmada por la reina regente, Doña Cristina, ya que la reina Isabel era menor de edad. El origen del problema está en el Convenio de Vergara, en el que el general Espartero se comprometió a defender los fueros ante las Cortes. En el fondo, es una concesión a los numerosos fueristas liberales que, tras la victoria, se habrían sentido tan sancionados como los derrotados carlistas.

En el texto podemos ver la decisión que tomaron las Cortes españolas:

Primer artículo

La confirmación de los fueros: es decir, se mantienen vigentes. Sin embargo, no lo hacen sin más, sino añadiendo una pequeña coletilla que dice «sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía», es decir, siempre que estén de acuerdo con la Constitución española. Pero la realidad fue que nada cambió sustancialmente y los fueros permanecieron, en gran medida, inalterables.

Segundo artículo

Como resultado de lo anterior, se autoriza a las Cortes a revisar los fueros a la luz de la Constitución para ver si alguna de sus leyes debiera modificarse o eliminarse. Su objetivo era conciliar los intereses recogidos por los fueros y los propios intereses del Estado español. Esta ley serviría para resolver las dudas y las dificultades que pudieran darse.

Protagonistas y fases de la contienda

En ella se enfrentaron los carlistas, apoyados por gran parte del campesinado, la pequeña nobleza terrateniente y el bajo clero rural; tenían como base territorial las Provincias Vascongadas, Navarra y el Maestrazgo. Defendían el absolutismo, los privilegios de los estamentos y los derechos de la Iglesia. Los isabelinos estaban formados por propietarios, intelectuales, hombres de negocios, funcionarios, nobles y el alto clero; defendían la monarquía constitucional y las ideas de la Ilustración.

La Primera Guerra Carlista (1833-1840) se puede dividir en tres etapas:

• 1833-1835: se caracteriza por las victorias carlistas hasta la muerte de su general Tomás de Zumalacárregui en Bilbao.
• 1835-1837: correspondió a las expediciones de los carlistas por toda España y al segundo intento de tomar Bilbao.
• 1837-1840: se caracteriza por la división de los carlistas en posibilistas e intransigentes.

El conflicto finaliza con el Convenio de Vergara de 1839, en el cual los militares Espartero y Maroto firmaron la paz, en la que ambos contendientes aceptaban una serie de condiciones: el reconocimiento de Isabel como reina y el mantenimiento de los cargos militares. Espartero, a su vez, se comprometió a defender ante las Cortes la permanencia de los fueros, que eran unos estatutos jurídicos aplicables a un determinado territorio otorgados por el rey.

Los fueros se mantuvieron más o menos estables hasta la llegada de los Borbones. Éstos abolieron los fueros de la Corona de Aragón y, tras ello, sólo quedaron vigentes los de las Provincias Vascongadas y Navarra. La Constitución de Cádiz de 1812, en sus ansias de igualdad, había acabado con ciertos fueros, pero la vuelta de Fernando VII los restableció.

Por tanto, al final de la Primera Guerra Carlista se reviven los fueros, si bien queda claro que hay que introducir cambios que no perjudiquen la unidad constitucional de la monarquía. Estos cambios se delegan en las Cortes.

Impulso del ferrocarril en España y la Ley de Ferrocarriles

La idea principal del texto es impulsar la construcción del ferrocarril en España, y las principales ideas hacen referencia al liderazgo del Gobierno, a las condiciones exigidas y a los beneficios que podían obtener los inversores. Las ideas más importantes son:

• El proyecto de construcción del ferrocarril corresponde al Estado: el Estado es, pues, el encargado de verificar o conceder su construcción.
• El Estado contribuirá con fondos propios o garantizará a las empresas constructoras intereses fijos a cambio de los capitales invertidos.
• El Estado protegerá los capitales extranjeros y garantizará a las empresas que participen en la construcción del ferrocarril una serie de beneficios, entre ellos la desaparición de los aranceles para importar los materiales y productos necesarios.
• Se desamortizan los bienes municipales, dado que a la Iglesia ya se le había desamortizado anteriormente.
• Subasta pública para la adjudicación de contratos y concesiones.

Contexto: el Bienio Progresista

En cuanto a la época, la ley fue promulgada en la época del Bienio Progresista. El bienio comenzó con un pronunciamiento militar y un posterior levantamiento popular. Con Espartero como jefe del Gobierno, el Ejecutivo progresista inició una serie de medidas: reunió nuevas Cortes para elaborar una nueva constitución; el ministro Madoz desamortizó los terrenos comunales; y se adoptaron medidas para fomentar la modernización económica, como la Ley de Ferrocarriles.

Esta ley pretendía dar un impulso a la construcción del ferrocarril en España. Inglaterra, Francia y Alemania tenían ya construidos, para mediados del siglo XIX, los tramos más importantes de sus redes ferroviarias.

En España, en cambio, antes de la promulgación de esta ley sólo existían dos tramos significativos: Mataró-Barcelona y Madrid-Aranjuez. El retraso económico de España explica esta tardanza. En efecto, España era un país agrícola; la mayoría de la población eran campesinos pobres y la demanda de productos industriales era muy baja.

Esto entorpeció el impulso de la industria y no hay que olvidar que el desarrollo del ferrocarril en Europa coincidió con la Revolución Industrial, ya que el ferrocarril fue el nuevo sistema de transporte de materias primas y productos manufacturados. Pues bien, en España, cuando tras esta ley se inicia la construcción del ferrocarril, la industrialización sólo se había iniciado en el entorno de Barcelona y no existía una siderurgia moderna capaz de atender la demanda de acero necesaria para construir la red ferroviaria.

Además, debido al mencionado retraso, en España los capitales eran escasos y muchos se destinaron a la compra de tierras desamortizadas en lugar de a la creación de nuevas industrias y actividades. Por eso la ley dio facilidades a las compañías y capitales extranjeros; la burguesía y los capitales foráneos representaron, en gran medida, a los nativos en la construcción del ferrocarril.

Como consecuencia de la ley, en diez años se construyeron aproximadamente 4.000 km de vías férreas, especialmente con capitales extranjeros. La red ferroviaria resultó radial por motivos políticos (centralismo) y económicos (exportación de cereales y minerales interiores a Europa), pero no conectó adecuadamente los territorios que se estaban industrializando en España: Cataluña y la zona cantábrica (Asturias, País Vasco). Así pues, Madrid conectaba con puntos de la periferia y las zonas mineras con los puertos; aun así, el tren contribuyó a unir y articular el mercado español. Por el contrario, la mayor anchura de las vías en España respecto a Europa dificultó la conexión con el continente.

Valoración final

Esta ley puso en marcha la construcción del ferrocarril español, imprescindible para crear un mercado común y modernizar la economía. Por otra parte, la ley puso de manifiesto el retraso que experimentaba España: falta de capitales, escasa industria local, etcétera. En efecto, en lugar de favorecer el desarrollo de la industria nacional, la ley dio facilidades a las compañías y capitales extranjeros para que construyeran el ferrocarril, dando así impulso a la industria de los países europeos.