La crisis final del reinado de Isabel II y la Revolución de 1868
En los últimos años del reinado de Isabel II se vivió una profunda crisis que provocó diversas revueltas. El gobierno liberal conservador de Narváez llevó a que algunos burgueses y militares se distanciaran del régimen autoritario, que usó la violencia contra los manifestantes. La reina era criticada por su vida privada y su aparente despreocupación por el gobierno. En 1866 se firmó el Pacto de Ostende, donde progresistas, republicanos y demócratas acordaron expulsar a los Borbones del trono y democratizar la vida política. La Unión Liberal, dirigida por el general Serrano, se sumó posteriormente a este acuerdo.
Los conspiradores se pronunciaron en Cádiz en septiembre de 1868, liderados por el general Prim, el general Serrano y el almirante Topete. Paralelamente, se crearon Juntas Revolucionarias en diversas ciudades. Esta revolución, conocida como “La Gloriosa”, provocó el exilio de la reina a París y el triunfo de la coalición anti-borbónica. Tras ello, se formó un gobierno provisional, liderado por Serrano, que convocó elecciones a Cortes Constituyentes, en las que obtuvieron la victoria los progresistas de Prim. Una de sus primeras medidas fue disolver las Juntas para controlar los posibles desmanes provocados por la situación de anarquía.
El Gobierno Provisional y la Constitución de 1869
Se elaboró una nueva Constitución en 1869, considerada la primera constitución democrática de la historia de España. En ella destacaban los siguientes principios:
- Proclamación de los Derechos del Ciudadano.
- Soberanía nacional.
- Sufragio universal masculino.
- Libertad religiosa, aunque el Estado se comprometía a mantener el culto católico.
La forma de gobierno establecida fue la Monarquía Parlamentaria, es decir, el rey reinaba pero no gobernaba, estando sometido a la soberanía de las Cortes.
El reinado de Amadeo I de Saboya (1871-1873)
Una vez aprobada la Constitución, el general Prim, como jefe de Gobierno, inició la búsqueda de un candidato para ocupar el trono español. La tarea fue compleja, ya que varias casas reales europeas declinaron la oferta. La candidatura de un Hohenzollern (prusiano) provocó un conflicto diplomático que desembocó en la Guerra Franco-Prusiana. Finalmente, Prim consiguió que Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia Víctor Manuel II, aceptara la Corona a finales de 1870.
El nuevo rey sintió el rechazo de gran parte de la clase política y popular desde el principio. Su principal valedor, el general Prim, fue asesinado en un atentado en Madrid justo antes de la llegada de Amadeo I a España. Este magnicidio dejó al monarca sin su apoyo más importante, lo que auguraba un reinado difícil. El régimen amadeísta, falto de apoyos sólidos, estaba abocado al fracaso desde su inicio. De esta inestabilidad política salieron beneficiados principalmente los republicanos, que contaban con el apoyo de sectores obreros y campesinos.
Conflictos durante el reinado
Durante estos años, el movimiento obrero ganó fuerza con el establecimiento en España de la sección de la Asociación Internacional de Trabajadores (A.I.T.), fundada, entre otros, por Karl Marx. La Internacional promovió el enfrentamiento de las clases trabajadoras contra la burguesía gobernante y fue declarada ilegal. Además, la inestabilidad se agravó en 1872, cuando los carlistas iniciaron la Tercera Guerra Carlista. El nuevo pretendiente, Carlos VII, supo dar al movimiento un aire renovador y de preocupación social, alejándose de los planteamientos puramente absolutistas, lo que le granjeó apoyos significativos, sobre todo en el norte del país.
Ante la imposibilidad de gobernar, la creciente oposición y los múltiples conflictos abiertos, Amadeo I abdicó en febrero de 1873. Inmediatamente después, las Cortes proclamaron la Primera República Española.
La Primera República Española (1873-1874)
La Primera República fue proclamada por la Asamblea Nacional (la unión del Congreso y el Senado). Se eligió un primer gobierno de coalición radical-republicana, bajo la presidencia de Estanislao Figueras.
Los desafíos iniciales
La República se enfrentó desde el primer momento a graves problemas. Los grupos locales más radicales intensificaron sus posturas frente a los propietarios, especialmente en Andalucía. En Cataluña, se llegó a proclamar el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, lo que generó tensiones. Además, se produjo un profundo desencanto entre las masas obreras, que habían esperado una República con transformaciones sociales profundas que no llegaban a materializarse.
Los republicanos federales vieron la necesidad de disolver la Asamblea y convocar nuevas elecciones a Cortes Constituyentes. Antes de su disolución, se aprobaron dos leyes de gran calado:
- La abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
- La abolición de las quintas, el sistema de reclutamiento militar obligatorio, que fue sustituido por un ejército de voluntarios.
La inestabilidad política y social provocó que muchos miembros de las clases más acomodadas abandonaran el país. En esta misma época, el Movimiento Obrero Internacional vivió la escisión entre marxistas (autoritarios) y anarquistas (bakuninistas o antiautoritarios). Estos últimos gozaban de una mayor influencia dentro del movimiento obrero español.
La Rebelión Cantonal
Las nuevas Cortes republicanas de 1873, de mayoría federal, elaboraron un proyecto de Constitución Federal. En este proyecto, España quedaba constituida por diecisiete estados federales (quince en la península e islas, más Cuba y Puerto Rico), que de forma voluntaria se unían en la Nación Española.
Sin embargo, la aplicación del federalismo desde abajo, antes de que la Constitución fuera aprobada, condujo a una serie de revueltas conocidas como la Rebelión Cantonal. Diversas poblaciones, a través de Juntas Revolucionarias, se proclamaron cantones independientes. Este movimiento se relaciona con el desencanto de sectores de la baja burguesía y el proletariado hacia una República que no colmaba sus aspiraciones. El movimiento alcanzó pronto tintes muy violentos, como en Alcoy, donde el alcalde fue asesinado, o en Cartagena, donde los sublevados se hicieron con el control del arsenal y la escuadra naval.
En julio de 1873 estallaron las revueltas cantonales, lo que provocó la dimisión del presidente Pi y Margall, defensor de un federalismo pactado y contrario a la insurrección. Fueron principalmente poblaciones de las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía las que se declararon cantones independientes. El Cantón de Cartagena fue el más importante y duradero. En una primera fase, se dedicó a propagar el movimiento insurreccional y, en una segunda, a defenderse hasta su derrota final. La flota naval a sus órdenes llegó a ser declarada pirata por el gobierno central en su lucha contra la escuadra gubernamental.
En Andalucía, los cantones más importantes se establecieron, entre otros lugares, en Sevilla, Málaga y Cádiz. Estos movimientos estuvieron a menudo ligados a los problemas agrarios y al reparto de la tierra, por lo que los anarquistas y otros grupos revolucionarios vieron en ellos la posibilidad de llevar a cabo la regeneración social que anhelaban.
El fin de la experiencia republicana
Las revueltas cantonales agudizaron las divisiones internas entre los republicanos y favorecieron el auge de las posturas centralistas y autoritarias. Además, otorgaron al ejército un protagonismo y un poder que, finalmente, utilizaría contra la propia República.
Nicolás Salmerón, sucesor de Pi y Margall, se propuso restablecer el orden y reprimió duramente las revueltas cantonales, enviando para ello a militares de talante conservador y monárquico, como los generales Pavía y Martínez Campos. Salmerón dimitió al negarse a firmar las sentencias de muerte de los sublevados. El último cantón en caer fue el de Cartagena, ya en enero de 1874. Paralelamente a la rebelión cantonal, en Alcoy se produjo una importante huelga general con carácter revolucionario, de inspiración anarquista.
El giro hacia el conservadurismo se acentuó con la llegada a la presidencia de Emilio Castelar en septiembre de 1873, lo que propició el regreso de financieros y propietarios burgueses que habían abandonado el país. Su programa se basaba en el restablecimiento del orden, la autoridad y el gobierno a cualquier precio. Para ello, suspendió las sesiones de las Cortes y gobernó de forma autoritaria, depositando su confianza en el ejército. Cuando las Cortes se reanudaron el 3 de enero de 1874 con la intención de retirarle la confianza, las tropas al mando del general Pavía irrumpieron en el Congreso y lo disolvieron por la fuerza, poniendo fin a la República federal.
El golpe de Estado de Pavía supuso el prólogo de la Restauración borbónica en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. Como transición entre ambos sistemas, se estableció una república unitaria autoritaria, una dictadura de facto dirigida por el general Serrano, que se mantuvo en el poder hasta que el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, en diciembre de 1874, proclamó rey a Alfonso XII, dando inicio a la Restauración.