La desamortización de Mendizábal

La desamortización de Mendizábal. Fue tras la muerte de Fernando VII cuando la revolución liberal burguesa se afianzó, y en 1836, en medio de la guerra civil con los carlistas, Mendizábal puso en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas). De esta forma quedaron en manos del Estado y se subastaron no solamente tierras, sino casas, monasterios y conventos con todos sus enseres. Al año siguiente, 1837, otra ley amplió la acción al poner en venta los bienes del clero secular.

Para lograr el establecimiento del nuevo régimen liberal en 1836 era condición necesaria ganar la guerra carlista, y para ello se necesitaban los recursos económicos que proporcionara la desamortización y el apoyo social de la burguesía al régimen liberal. Además, al amortizar la deuda pública, el Estado saneaba la Hacienda y aparecía como más solvente, con lo que podría suscribir nuevos empréstitos en el extranjero en mejores condiciones.

La desamortización de Madoz

La desamortización de Madoz. En 1855 el ministro de Hacienda Pascual Madoz, también progresista, promulgó su Ley de Desamortización General. Se ponían en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los eclesiásticos quedaron excluidos y los propios de los pueblos —los llamados bienes de propios, que proporcionaban renta al Concejo al estar arrendados— y los bienes comunales, que no proporcionaban renta y eran utilizados por los vecinos del lugar.

El procedimiento utilizado para las ventas fue similar al de Mendizábal, aunque hubo algunas diferencias: el dinero obtenido fue dedicado en parte a financiar la industrialización del país y a la expansión del ferrocarril. Por otra parte, en muchos casos el propietario final no fue el Estado, sino los ayuntamientos o particulares que adquirieron los lotes subastados.

Cánovas y la monarquía alfonsina

El principal objetivo de Cánovas fue asegurar la estabilidad política del país y asentar firmemente la Monarquía como una institución fuera de toda discusión, recuperando el prestigio perdido de la institución durante el reinado de Isabel II. En esencia, la monarquía alfonsina se entendía oficialmente como:

• Un sistema de integración. Se trataba de crear un sistema válido para moderados, unionistas, progresistas y demócratas, con la sola condición de que aceptaran la Monarquía y la alternancia en el gobierno. Pero si debía integrar a todos, el ejercicio efectivo del poder debía fundamentarse en un par de fuerzas que se complementaran y equilibraran: a un partido conservador había que sumar otro más liberal. El rey debía servir de árbitro entre los partidos, decidiendo cuándo uno debía sustituir al otro, valorando su grado de cohesión y el grado de exigencia del poder por parte de la oposición.
• Un régimen civil. El Ejército debía volver a los cuarteles y cumplir su misión constitucional.

La consecución de estos objetivos sacrificaba cualquier veracidad del sistema electoral, que era puramente una imagen formal.

Fernando VII, el absolutismo y la represión

Terminada la guerra, las Cortes se trasladaron a Madrid. El problema consistía en saber si el rey aceptaría o no la Constitución de 1812, ya que la opinión española se encontraba entonces dividida en dos bandos irreductibles: los absolutistas y los liberales. Fernando VII, en 1814, abolió todo lo que habían hecho las Cortes de Cádiz y restauró el absolutismo (con todos sus elementos característicos).

El golpe de Estado se completó con la represión: exilio en masa de los liberales y detención de algunos ministros y diputados. Los liberales no exiliados pasaron a la clandestinidad, siendo eliminados de toda participación en el sistema político. Las razones de su decisión hay que buscarlas, en primer lugar, en su propia voluntad, pero también en el hecho de que en la Europa de la época, una vez vencido Napoleón, triunfara el sistema de la Restauración y la ideología de la Santa Alianza.

Le indujo también a tomar esta decisión un manifiesto firmado por sesenta y cinco diputados realistas, el llamado «Manifiesto de los Persas». Finalmente, no podemos olvidar la actitud del pueblo, en su mayoría absolutista, que lo aclamaba como rey deseado.

Pero la vuelta al absolutismo, con su política de privilegios y arbitrariedades, también tenía importantes enemigos. La burguesía comercial, bastante poderosa en las ciudades del litoral, se oponía a un gobierno ineficaz y proclive a los intereses de los estamentos privilegiados. Las clases medias urbanas, que habían conocido el liberalismo, no podían conformarse con un régimen despótico que las condenaba al silencio y al inmovilismo. El liberalismo, además, había penetrado en una institución básica de poder: el ejército.

Condenados al exilio o a la clandestinidad, los liberales tuvieron que depositar todas sus esperanzas en un sector del ejército y hubieron de limitarse a la estrategia conspiradora. Estas intentonas de golpe de Estado recibieron el nombre de pronunciamientos, porque habitualmente las precedía un discurso o arenga en que se explicaba el objetivo político del movimiento.

Fases del conflicto entre liberales y absolutistas

El primero de estos pronunciamientos fue en Pamplona, en septiembre de 1814, y lo protagonizó el general Francisco Javier Mina, héroe de la Guerra de la Independencia. Otros oficiales (Lacy, Porlier, Milans del Bosch…) lo imitaron en los años posteriores. Los pronunciamientos pusieron de manifiesto el malestar del ejército, pero también las dificultades de la oposición liberal para organizar un movimiento popular de gran alcance, a causa sobre todo de la dura represión política.

Además de por la represión, esta etapa destacó por la inestabilidad e ineficacia de los sucesivos gobiernos, incapaces de llevar una gestión mínimamente eficaz, ya que el verdadero gobierno lo constituía la llamada “camarilla” del rey. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en los estériles intentos de paliar la quiebra financiera del Estado, que venía de muy atrás y se había agravado con la guerra. El verdadero problema era que la mayor parte de las tierras de cultivo no contribuía con impuestos ante la negativa insistente de los grupos privilegiados, y los destrozos ocasionados por la propia guerra también contribuyeron.

Paz de París y España

Paz de París — España. El Tratado de París supuso que España cediera Filipinas, Puerto Rico y Guam a Estados Unidos y que Cuba obtuviera la independencia nominal, bajo tutela norteamericana. En 1899 España se vio obligada a vender a Alemania los archipiélagos de las Marianas, Carolinas y Palaos.

Alrededor de 60.000 soldados españoles perdieron la vida en este conflicto; la mayoría de ellos a causa de enfermedades infecciosas. A ello se añadía la desmoralización del país, consciente de su propia debilidad. La crisis política resultó inevitable, y con ella el desprestigio de los dos partidos dinásticos. A partir de ese momento los partidos de la oposición cobrarían nueva fuerza: nacionalistas periféricos, republicanos y socialistas. Pero quizás fue más grave el desprestigio militar, derivado de la dureza de la derrota. Aunque, en último extremo, la responsabilidad del fracaso era más política que militar, el Ejército salía muy dañado en su imagen.

Causas y desarrollo del proceso de independencia de las colonias americanas

La coyuntura de la ocupación francesa de la metrópoli y el secuestro de sus titulares en Bayona hicieron que las Juntas creadas en América, a imagen y semejanza de las peninsulares, empezaran a funcionar de forma muy autónoma, acabando por derivar hacia la emancipación definitiva de España, en un proceso largo y lleno de altibajos, pero que acabaría siendo definitivo, y una expresión más de las transformaciones que se estaban produciendo en todo el mundo debido a la extensión de las revoluciones políticas y económicas.

Causas determinantes:

• Político-ideológicas: a los nuevos ideales políticos liberales difundidos por la Ilustración se unieron los ejemplos proporcionados por las revoluciones norteamericana y francesa. La estructura monárquica y absolutista a la que estaban sometidos como territorios coloniales era cada vez menos tolerada, y la propia situación política de España tras la ocupación napoleónica proporcionó la ocasión adecuada para poner en práctica los nuevos ideales.
• Sociales: los criollos constituyeron el grupo social llamado a dirigir el proceso de independencia. Esta minoría de origen español dominaba la vida social y económica en las colonias y aspiraba a controlar el poder político, que se les negaba sistemáticamente.
• Económicas: el monopolio comercial disfrutado por España, incluyendo la prohibición de comerciar libremente con el extranjero, suponía un grave inconveniente para la burguesía criolla.
• Internacionales: la oportunidad para llevar adelante los propósitos independentistas la proporcionaron las circunstancias críticas por las que atravesaba España en el siglo XIX, como la pérdida de su poder naval tras la derrota de Trafalgar y la crisis dinástica.

Períodos del proceso independentista

El primer período (1810-1814): los principales focos independentistas se establecieron en México, Venezuela y Argentina, aprovechando los insurgentes el hecho de que gran parte del territorio peninsular estuviera ocupado por las tropas de Napoleón. Sólo en México tuvo la insurrección un carácter especialmente sangriento; allí, el cura de Dolores, Miguel Hidalgo, dirigiendo un ejército de indígenas, mestizos y criollos, protagonizó una matanza de españoles en Guanajuato. Acabada la guerra de la Independencia todos los focos de insurrección fueron sometidos.

El segundo período (1815-1826): la insurrección alcanzó grandes éxitos gracias al apoyo prestado por Inglaterra y Estados Unidos y como consecuencia de la revolución de 1820. Chile fue la primera nación en declararse independiente gracias a las victorias del general San Martín en Chacabuco y Maipú. Venezuela y Nueva Granada se independizaron tras las victorias de Simón Bolívar en Boyacá y Carabobo (1821). México fue declarado independiente por el general Agustín Iturbide. Finalmente, las victorias de Sucre en Pichincha y Ayacucho aseguraron la liberación de Perú, Bolivia y Ecuador.

El resultado de todo este proceso, tras reajustes entre los nuevos territorios independientes, fue la creación de numerosos estados, todos ellos liberales pero débiles, sometidos a las minorías criollas que acaparaban todo el poder político y económico y dependientes de los intereses de las potencias que les ayudaron en su emancipación, especialmente Estados Unidos. Aunque la desigualdad social y el dominio oligárquico no cambiaron sustancialmente con los nuevos gobernantes, sí se consiguieron tres objetivos muy claros: la independencia política, el establecimiento de regímenes republicanos y la libertad de comercio.

División: republicanos y la Primera República

División en la Primera República.

a) La república unitaria (febrero-mayo). Figueras fue designado por la asamblea presidente de una república unitaria, pero inmediatamente chocó con los republicanos federales. Su principal cometido era convocar unas Cortes Constituyentes para promulgar una nueva constitución. Los problemas más graves radicaban en la crisis de la Hacienda, la incipiente guerra carlista en el norte y el problema de Cuba.

b) La república federal (mayo-agosto). La República unitaria carecía de apoyos sociales, de manera que el resultado de las primeras elecciones dio el triunfo a los republicanos federales. Las nuevas Cortes proclamaron la República Federal y propusieron como presidente del Gobierno al catalán Pi y Margall.

Los republicanos federales se encontraban divididos en dos tendencias: los transigentes o centristas, que consideraban primordial conseguir el orden social para después construir una república federal desde arriba, y los intransigentes, que querían comenzar por la construcción de la federación desde abajo, lograda la cual llegaría la paz social. En ese contexto, una sublevación popular exigiendo el establecimiento de cantones libres (cada población se proclamaba cantón independiente del poder central) comenzó en Cartagena y luego se extendió por otras ciudades. Las clases populares creían encontrar en el federalismo la panacea de sus males —tierras de labor, igualdad plena y un mayor reparto de la riqueza— y siguieron a los federales intransigentes.

Pi y Margall, al no poder alcanzar la aprobación del proyecto de constitución, dimitió, sucediéndole Salmerón. Este, durante el escaso mes y medio de mandato, se limitó a restablecer militarmente el orden y a reprimir de modo especial los movimientos obreros internacionalistas, como sucedió en Alcoy.

c) La república autoritaria (agosto-enero). Salmerón dimitió por problemas de conciencia (no quiso firmar penas de muerte) y fue elegido nuevo presidente Castelar. Su programa se redujo, básicamente, a restablecer el orden interior, la guerra con los carlistas en el norte y la de Cuba. Para dejar las manos libres al ejecutivo en la tarea de imponer el orden se suspendieron, momentáneamente, las reuniones de las Cortes.

d) La república presidencialista. El 2 de enero de 1874 se reabrieron las sesiones de las Cortes, donde la mayoría federal aprobó una moción de censura contra Castelar. Eso suponía la dimisión del presidente y el retorno al poder de los federales. Ante esta eventualidad, al día siguiente, el general Pavía entró en el Congreso de los Diputados al frente de un contingente de la Guardia Civil y disolvió las Cortes.

Partidos no dinásticos durante la Restauración y el caciquismo

El caciquismo. Con este término se alude a la falta de veracidad de los resultados electorales. Los caciques eran individuos o familias que, por su poder económico o por influencias, controlaban una determinada circunscripción electoral. Una buena parte de la población estaba sometida a sus intereses, puesto que de ellos dependía el tener o no trabajo, la resolución de trámites administrativos y, en definitiva, la posibilidad de una subsistencia aceptable.

Por tanto, el fenómeno del caciquismo no se limitaba a las elecciones, pues implicaba consecuencias cotidianas favorables para los afectos al cacique —su “clientela”— y negativas para sus contrarios. En la práctica, los electores sólo decidían voluntariamente en los grandes núcleos de población, mientras que en los distritos rurales los notables o el propio gobierno, a través de las autoridades administrativas, imponían unos resultados aceptables para sus intereses.

Sin embargo, lo verdaderamente característico de la Restauración no fue tanto el caciquismo como el encasillado, es decir, la manipulación de los resultados de tal modo que, consiguiendo siempre la mayoría el gobierno, la oposición conservara una cierta representación, incluida aquella que ni siquiera aceptaba la Monarquía. Los pucherazos o fraudes electorales se gestaban desde las primeras fases del proceso: el censo electoral se veía aumentado con la inscripción de un gran número de difuntos o de desconocidos. El día de las votaciones, algunos funcionarios subalternos se encargaban de votar en su nombre en las distintas mesas electorales; además, en determinadas mesas se añadían votos a manos llenas o se falsificaba el recuento. Esta práctica a menudo se repetía en las juntas electorales, encargadas de hacer el recuento global.

El objetivo, que siempre se lograba, era que ganase el partido dinástico de turno —de ahí la expresión «el turno de los partidos»—, aquel al que el rey había mandado previamente formar gobierno, ya fuera el Conservador o el Liberal. El resto de las formaciones eran “toleradas” y se les permitía una representación parlamentaria testimonial, que normalmente se obtenía en las zonas urbanas, más modernizadas socialmente y más difíciles de manipular.

División del liberalismo durante el Trienio Liberal (1820-1823)

Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se produjo una escisión en el seno del liberalismo español, al crearse dos grupos que recogían diferentes sensibilidades frente a los distintos temas:

• Doceañistas (luego Partido Moderado): pretendían una reconciliación con las antiguas clases dirigentes que hiciera del liberalismo una síntesis de lo viejo y lo nuevo. Defendían la soberanía nacional como emanación de dos instituciones: el Rey y las Cortes; concebían un poder legislativo bicameral en el que una de las cámaras —el Senado— estaría integrada por miembros natos o elegidos por la Corona, por lo tanto no sería representativa, y sería útil para “moderar” un Congreso que pudiera ser demasiado progresista. La otra cámara —el Congreso— sería elegida mediante sufragio censitario. Apoyaban, además, un Estado centralizado y un poder ejecutivo fuerte. En materia de derechos y libertades eran más restrictivos y en el tema de la religión se declaraban católicos y no aceptaban la libertad religiosa. A esta opción política pertenecieron la alta burguesía —terratenientes, hombres de negocios y fabricantes— e importantes sectores de las clases medias.
• Radicales (luego Partido Progresista): defendían que la soberanía nacional residía exclusivamente en las Cortes, aunque en la práctica aceptaban el papel moderador de la Corona y el sistema legislativo bicameral, limitando las prerrogativas del trono. Admitían el sufragio censitario, pero defendían un cuerpo electoral más amplio; amparaban la libertad de prensa y el carácter democrático de los ayuntamientos. Eran partidarios de la Milicia Nacional. En él se integraron las clases medias, artesanos de la ciudad, pequeños comerciantes, empleados y ciertas clases del ejército. En general, aunque también pertenecientes a propietarios, buscaban más modernidad, mayor avance en los cambios y mayores dosis de libertades y derechos civiles.