Carlismo y guerra civil

La regencia de María Cristina (1833-1840)

En 1830 nace Isabel, la primera de las dos hijas que el rey Fernando VII tuvo con su cuarta esposa, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias. Según la Ley Sálica de 1713, las mujeres no podían acceder al trono, por lo que el sucesor debía ser el hermano del rey, Carlos María Isidro. Sin embargo, Fernando VII derogó la Ley Sálica (Pragmática Sanción) poco antes de morir y dejó como heredera a su hija.

A su muerte, en 1833, María Cristina asumió la regencia hasta que Isabel alcanzara la mayoría de edad. Sus primeros tres años, en plena guerra carlista, sirvieron para que los liberales moderados fueran afianzándose en la política: políticos como Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa o el conde de Toreno. En ese mismo año, María Cristina, apoyada por estos liberales moderados, aprobó la nueva organización del Estado español, una propuesta realizada por el ministro Javier de Burgos, ministro de Fomento en ese momento, organizándose territorialmente el Estado en 49 provincias (1833).

Un año más tarde, a instancias del liberal Martínez de la Rosa, se aprobó el Estatuto Real, una especie de carta otorgada que no reconocía la soberanía nacional ni las libertades políticas, no contemplaba la división de poderes y dejaba la iniciativa legislativa en manos del monarca, acabando así con buena parte de la obra legislativa realizada por las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. En este Estatuto Real las Cortes eran bicamerales: una cámara alta o “Estamento de Próceres”, cuyos miembros eran designados directamente por la regente, y la cámara baja o “Estamento de los Procuradores”.

Revueltas, la Granja y la Constitución de 1837

El clima de descontento en todo el país provocó el comienzo de una serie de sublevaciones en el verano de 1836 en ciudades como Barcelona, Zaragoza o Málaga, con la exigencia de mayores libertades. En este contexto de excitación popular, un grupo de suboficiales entró por la fuerza en el Palacio de San Ildefonso de La Granja, lugar donde María Cristina pasaba sus vacaciones de verano; este hecho, conocido como el Motín de La Granja, obligó a la regente a firmar un decreto para restituir la Constitución de 1812 y derogar el Estatuto Real.

Así se hizo necesaria la redacción de una nueva Constitución, la de 1837, una constitución de consenso fruto del acuerdo de liberales y progresistas, aunque bastante más moderada que la de 1812. En esta constitución, el poder ejecutivo recaía en el rey, con la potestad de nombrar y deponer ministros y con derecho de veto. El poder legislativo era compartido entre el rey y las Cortes, que eran bicamerales (Congreso y Senado), y el poder judicial correspondía a jueces y tribunales. Con respecto al sufragio, era de carácter censitario: tenían derecho a voto un número reducido de ciudadanos en función del nivel de rentas.

Además, en este nuevo marco constitucional se aprobaron leyes de gran impacto social y económico, entre las que destacan:

• Abolición del diezmo (la décima parte de la cosecha que se debía entregar a la Iglesia).
• Eliminación de aduanas interiores.
• La primera gran desamortización a manos del ministro Mendizábal en 1836.
• La disolución de los gremios para favorecer la industria.

Cuando finalizó la guerra carlista, el Gobierno del moderado Pérez Castro intentó nuevamente limitar las reformas y la participación de las clases medias urbanas, promulgando una Ley de Ayuntamientos (1840) que suprimía el derecho de los ciudadanos a elegir a sus alcaldes, pasando éstos a ser nombrados directamente por el Gobierno, en contra de lo que solicitaban los liberales progresistas, que proponían la elección municipal por los vecinos.

La Primera Guerra Carlista (1833-1839)

En 1833 comenzó la Primera Guerra Carlista, un conflicto civil que se mantuvo a lo largo del siglo XIX; la de mayor importancia fue, sin duda, la primera. Esta guerra se desarrolló en algunas zonas de la península, especialmente en Cataluña, el Maestrazgo, el País Vasco y Navarra. Sin embargo, pese a la influencia del carlismo en estas zonas, los carlistas nunca consiguieron ocupar las grandes ciudades vasco-navarras. En 1835 fracasaron en su intento por conquistar Bilbao; en el asedio murió Tomás de Zumalacárregui, el principal general del ejército carlista. En 1836 también fueron incapaces de tomar San Sebastián.

A pesar de estas derrotas militares, el carlismo logró su máxima expansión gracias a una nueva estrategia basada en extender el conflicto fuera de sus bases tradicionales (Dios, patria y fueros) mediante expediciones. Una de estas expediciones, dirigida por el general Miguel Gómez, recorrió Asturias, Galicia y León para seguir por Castilla hacia la región levantina, donde halló la ayuda del general Ramón Cabrera. La derrota en Villarobledo (Albacete) impidió llegar a Madrid, por lo que la expedición se dirigió a Andalucía, donde tomó Córdoba y, más tarde, Extremadura.

La más importante de estas expediciones tuvo lugar en 1837: la conocida como Expedición Real, que llegó hasta Madrid y estaba dirigida personalmente por don Carlos María de Isidro, autoproclamado rey de España. La primera guerra concluyó en 1839 cuando el general Espartero, líder de la causa isabelina, y el general carlista Rafael Maroto firmaron el Convenio de Vergara (agosto de 1839), dando por concluido el conflicto en los territorios vasco-navarros. No obstante, el carlismo conservó actividad en Cataluña y, sobre todo, en el Maestrazgo, al mando de Ramón Cabrera, hasta que Espartero tomó Morella en 1840.

La regencia de Espartero (1840-1843)

Cuando María Cristina renunció en 1840, fue nombrado regente el general Baldomero Espartero, que contaba con el apoyo de los liberales progresistas, el ejército y gran parte de la burguesía catalana. El militar gobernó hasta 1843 de manera autoritaria, reprimiendo a los moderados y sin someterse al Parlamento, por lo que perdió los apoyos que lo habían ayudado en su ascenso al poder. Su política librecambista puso en peligro la industria textil catalana, llegando a firmar un acuerdo de libre comercio con Inglaterra. El enfrentamiento con Barcelona llegó a ser muy grave y terminó con el bombardeo de la ciudad por parte de Espartero.

Asimismo, algunos sectores progresistas que inicialmente le habían apoyado terminaron enfrentándose a su forma autoritaria y represiva y, después de tres años, nadie le apoyaba. En 1843 se inició una revuelta militar encabezada por Ramón Narváez, que hizo caer el Gobierno; Espartero se exilió en Londres, aunque volvería al poder durante el Bienio Progresista (1854-1856).

Se llevó a cabo una política centralista, plasmada en la reforma de leyes fundamentales y en la reestructuración de la Administración central. Entre las reformas legales y medidas destacadas cabe citar:

• La Ley Municipal, que dispuso la designación gubernamental de los alcaldes de las ciudades.
• La promulgación de un Código Penal en 1848 para todo el territorio y la supresión de la Milicia Nacional.
• Una reforma de la hacienda (1845), obra de Alejandro Mon, que intentó ordenar las finanzas públicas creando impuestos uniformes y distribuidos por toda España. Sin embargo, la reforma fracasó al permitir que la mayoría de los impuestos recayesen sobre las clases populares (impuestos de consumo) y no sobre los grandes propietarios.
• Un acercamiento de los políticos moderados a la Iglesia tras la desamortización de 1836; en 1851 se firmó un concordato con el Vaticano auspiciado por Bravo Murillo, por el que la Iglesia recuperaba muchos privilegios y era autorizada a intervenir en la enseñanza.
• La creación de la Guardia Civil en 1844, fundada por el duque de Ahumada, como cuerpo policial de carácter militar destinado a mantener el orden en zonas rurales y a asegurar la propiedad de los terratenientes.

Construcción y evolución del Estado liberal (1843-1868)

2.1 La Década Moderada (1844-1854)

Isabel II, con tan solo 13 años, asumió el trono de España en 1843 y encargó la formación de gobierno al Partido Moderado, liderado por el general Ramón Narváez (1844). Durante su reinado se rodeó de los sectores más conservadores del liberalismo y por una “corte de los milagros” compuesta por confesores y personas religiosas que la influenciaron en su acción de gobierno. Con el apoyo de los sectores burgueses más conservadores, los moderados gobernaron durante diez años con mano dura. Se derogó la Constitución de 1837 y se redactó otra en 1845, más conservadora, que otorgaba más poderes a la Corona y al Gobierno y recortaba los del Parlamento. Asimismo, el poder legislativo era bicameral (Senado y Congreso de los Diputados).

Por tanto, solo podían ejercer el derecho a voto y ser elegidas las personas procedentes de los sectores sociales con propiedades o aquellas distinguidas por su profesión (abogados, cargos gubernamentales, magistrados, etc.). Además, se reconoció el catolicismo como religión de la Nación española, con la obligación del Estado de mantener su culto y a sus ministros.

Contexto económico y social

En 1866 el ciclo expansivo del ferrocarril había llegado a su fin; a esto se sumó una crisis industrial y financiera que supuso el hundimiento de casi todos los bancos y un período de malas cosechas y crisis de subsistencia. En este contexto, tras la destitución de los profesores universitarios republicanos Castelar y Sanz del Río y las protestas estudiantiles que siguieron, el Ejército actuó con gran violencia (noche de San Daniel). Hubo nuevos pronunciamientos progresistas alentados por el general Juan Prim que llevaron a una represión durísima, con el fusilamiento de los sargentos del cuartel de San Gil.

En esta situación, la corte de Isabel II y la propia reina perdían prestigio y el malestar social llevó a una alianza de progresistas y demócratas. Fruto de esta unión, en 1866, en la ciudad belga de Ostende, republicanos, unionistas, progresistas y demócratas firmaron un acuerdo conocido como Pacto de Ostende, que tenía como objetivo principal el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes Constituyentes por sufragio universal para definir el futuro. En este momento se produjo la muerte de O’Donnell y Narváez, quedándose la reina sin dos de sus grandes apoyos.

Finalmente, en septiembre de 1868 se produjo una revolución conocida popularmente como la Gloriosa, que supuso la salida del país de Isabel II y su corte y el inicio de una nueva etapa en la historia de España: el Sexenio Revolucionario.

2.2 El Bienio Progresista (1854-1856)

El llamado Bienio Progresista se inició con un pronunciamiento militar conocido como la Vicalvarada, pues tuvo lugar en los cuarteles de Vicálvaro en Madrid. Su instigador fue el general Leopoldo O’Donnell, líder del partido Unión Liberal, que contaba entre sus máximos dirigentes con políticos andaluces. En este alzamiento, de carácter revolucionario, participaron también amplios sectores liberales y populares de ciudades como Zaragoza, Madrid y Barcelona. El movimiento no pretendía destronar a la reina Isabel II, enemiga declarada del constitucionalismo, sino forzarla a admitir las reformas democráticas interrumpidas en 1844. Al mismo tiempo se redactó el Manifiesto de Manzanares, que insistía en la necesidad de una verdadera revolución liberal en el país, la reducción de impuestos y el cese de la “camarilla” que rodeaba y aconsejaba a la reina.

A partir de este golpe de Estado comenzó una nueva etapa política que duró dos años, en la que se comenzó a elaborar una nueva carta constitucional que finalmente no fue puesta en práctica, por lo que se conoce como constitución “non nata”, además de otras reformas significativas.

Después de la Vicalvarada, Isabel II pidió al general progresista Espartero que formara gobierno, intentando llevar a cabo medidas liberales avanzadas. En materia religiosa, por ejemplo, los jesuitas fueron expulsados de España bajo la acusación de conspirar con los antiliberales, y se prohibieron procesiones y manifestaciones externas del culto católico.

2.3 El desmoronamiento de la monarquía isabelina (1856-1868)

El Bienio Progresista terminó por la reacción de los liberales moderados y las presiones de la Corona y de los sectores eclesiásticos. Narváez se puso de nuevo al frente del Gobierno y comenzó un largo período caracterizado por el predominio de tres sectores sociales en la política: los terratenientes, los militares conservadores y la Iglesia, bajo el marco legal de la Constitución de 1845.

En estos años se sucedieron los gobiernos de los generales Narváez y O’Donnell, este último con posiciones más moderadas que en 1854. Desde entonces los liberales exaltados quedaron marginados del Gobierno. En este periodo destacan:

• La paralización de la desamortización de 1855.
• El reconocimiento a la Iglesia de muchas de sus prerrogativas y privilegios tradicionales.
• La dura represión contra las revueltas campesinas llevada a cabo por la Guardia Civil.
• El establecimiento de prácticas electorales corruptas: compra de votos, pucherazos (añadir o quitar votos de las urnas) y la creación de un sistema de caciques locales que controlaban las elecciones a cambio de cargos u otros beneficios.

Cabe destacar de esta época la aprobación de la Ley de Instrucción Pública (1857), obra de Moyano, que intentó combatir el elevado analfabetismo del país, superior al 73% de la población en aquel momento.

El periodo de mayor prosperidad durante esta etapa conservadora coincidió con el gobierno del general O’Donnell, fundador de la Unión Liberal, conocido como el “Gobierno largo”. Este gobierno se benefició de una época de buenas cosechas y de expansión comercial, favorecida por las bases coloniales en Cuba y Filipinas. Además, la guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865) favoreció la exportación de productos españoles.

También se inició una política exterior a imagen de las grandes potencias coloniales europeas: se enviaron tropas a Cochinchina (Vietnam) y al norte de África, operaciones que no solucionaron los problemas sociales y económicos del país. Frente a la política conservadora de los moderados, crecieron en España las aspiraciones por mayor libertad y derechos civiles. Entre las capas intelectuales surgió el Partido Demócrata, cuyos dirigentes principales fueron los andaluces Emilio Castelar y Ramón Cala, apareció el republicanismo y se crearon las primeras organizaciones obreras; se produjeron también agitaciones entre el campesinado jornalero. Concretamente, Andalucía fue escenario de revueltas y motines rurales durante todo el reinado de Isabel II, reprimidos por el gobierno y la Guardia Civil.