El Periodo de Regencias en España: Consolidación del Estado Liberal (1833-1843)

1. El Periodo de Regencias (1833 – 1843)

Tras la derogación de la Ley Sálica mediante la Pragmática Sanción (1830), Fernando VII nombró heredera a su hija Isabel. Isabel II accedería al trono con tres años de edad, por lo que sería su madre, María Cristina de Borbón, quien asumiría la Regencia, a la que seguiría la del general Espartero. Este periodo concluye con el adelanto de la mayoría de edad de Isabel a los trece años.

La coronación de Isabel supuso el triunfo del liberalismo moderado. Durante esta etapa se inicia de forma efectiva la construcción del estado liberal en España. Al mismo tiempo comenzarán a configurarse los dos partidos que marcarán la política española de la primera mitad del siglo XIX:

  • El Partido Moderado: Defensor de un liberalismo muy conservador, basado en la soberanía compartida de las Cortes y la Corona; un sufragio muy restringido; y una mayor restricción de libertades y derechos. Estuvo integrado por figuras como Narváez o Martínez de la Rosa.
  • El Partido Progresista: Partidarios de la soberanía nacional; y una mayor ampliación de derechos y libertades, lo que implicaba una ampliación del censo electoral (sin llegar al sufragio universal). Destacan Espartero y Mendizábal.

1.1. La Regencia de María Cristina (1833 – 1840)

Primeros Gobiernos y el Estatuto Real de 1834

El primer gobierno de la Regencia será presidido por Cea Bermúdez, conformado por ministros absolutistas. Llevará a cabo unas tibias reformas, siendo la más relevante la división provincial de Javier de Burgos, de 1833. Este gobierno contará con el rechazo de los absolutistas, contrarios a las reformas, así como de los liberales, que las considerarán insuficientes.

El agravamiento de la guerra carlista obligó a la Regente a aproximarse más a los liberales. A inicios de 1834, llama a formar gobierno a Martínez de la Rosa, quien constituyó un gabinete de liberales moderados, muchos de ellos antiguos protagonistas del Trienio Liberal. Este gobierno aprobará el Estatuto Real de 1834, una constitución con carácter de carta otorgada, es decir, una concesión de la Corona, que no emanaba de unas Cortes constituyentes.

El texto establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, que se organizaban de forma bicameral, y apenas recogía derechos ni libertades individuales. Las cámaras eran las siguientes:

  • Estamento de los Próceres: Cámara alta, aristocrática, eran elegidos por la Corona.
  • Estamento de los Procuradores: Cámara baja, elegido por un sufragio muy restringido. Para poder votar debías ser rico, y para poder ser elegido mucho más.

El Estatuto será rechazado por los progresistas y las clases medias excluidas del sistema político, generando tensión social y política. Esta situación se vio agravada por la epidemia de cólera que desembocó en la matanza de frailes de julio de 1834, acusados de haber propagado la enfermedad, en un contexto de fuerte anticlericalismo, alimentado por el apoyo del clero a la causa carlista. Tras el desorden social y la inestabilidad política, la Regente destituyó a Martínez de la Rosa y nombró presidente al conde de Toreno, algo menos moderado.

Los Gobiernos Progresistas (1835-1837)

Durante estos dos años, en los que predominarán gobiernos progresistas, será cuando se consoliden los pilares del nuevo sistema liberal, culminando con la transición del Antiguo Régimen.

El conde de Toreno había adoptado la medida demagógica de expulsar a los jesuitas. En 1835 se habían producido los denominados motines anticlericales, revueltas populares contra el clero. Ello provocó la ruptura de relaciones con la Santa Sede, mientras los progresistas seguían viendo insuficientes las reformas.

María Cristina llamará al progresista Mendizábal a formar gobierno. Éste aplicará algunas reformas de carácter progresista, como la reorganización de la Milicia Nacional. La más relevante será su famosa desamortización, articulada entre 1836 y 1837, mediante la cual se expropiarán para poner en venta las tierras amortizadas o en “manos muertas” de la Iglesia.

Objetivos y Consecuencias de la Desamortización

Esta medida tuvo varios objetivos:

  1. Económico: Mejorar la agricultura, al poner en circulación estas tierras y que su explotación fuese más productiva.
  2. Político: Crear una nueva clase de propietarios capitalistas, afín a la causa liberal, y obtener más recursos para sanear la Hacienda y financiar la guerra carlista.

Así, se desamortizó un tercio de la tierra cultivable en España. No obstante, esta no resultó en el éxito económico que se esperaba: la deuda no se saneó y tampoco se llegó a crear esa clase media propietaria, beneficiados los grandes propietarios y burgueses que cambiaron sus privilegios por la propiedad. Ello conllevó la destitución de Mendizábal por un gobierno moderado de nuevo.

La Constitución de 1837

En este contexto, tiene lugar el motín de los sargentos de La Granja, donde un grupo de militares obliga a la Regente a restablecer la Constitución de 1812 e instaurar algunas políticas progresistas como la supresión de los privilegios gremiales, disolución del régimen señorial, y el gobierno local pasaba a ser elegido por sufragio universal masculino.

Este gobierno terminará aprobando una nueva carta magna: la Constitución de 1837. De carácter progresista, pretendía recuperar los principios de la Constitución de 1812, pero con un aspecto más de consenso con los moderados. Se reconocía la soberanía nacional, pero atribuyéndosela a las Cortes y al monarca; las Cortes pasaron a ser bicamerales, denominadas Congreso de los Diputados (elegidas por sufragio censitario), y Senado (elegidos por la Corona).

Los Gobiernos Moderados (1837-1840)

Entre 1837 y 1840, le seguirán una serie de gobiernos moderados que retrocederán en muchas de las reformas realizadas por los progresistas, aprobando leyes más conservadoras. La más relevante y polémica será la Ley de Ayuntamientos de 1840, por la cual la Corona se reservaba el derecho de nombrar a los alcaldes de los municipios más importantes. Esta ley intensificó las tensiones con los progresistas, que llevaron a la abdicación de María Cristina, quien hubo de marchar a París. En su lugar, asumirá la Regencia el general Espartero, quien había ganado mucho prestigio tras la guerra carlista.