La Transición Española (1975-1982): De la Dictadura a la Democracia
Tras la muerte de Franco en 1975, España experimentó un proceso fundamental conocido como la Transición, que la llevó de una dictadura a una democracia. En este proceso participaron tanto los gobiernos de la monarquía, herederos del Régimen Franquista, como la oposición política, compuesta por partidos de izquierda y nacionalistas de Cataluña y el País Vasco. El resultado culminó con la aprobación de la Constitución de 1978, que consagró la monarquía parlamentaria y un Estado descentralizado con Autonomías.
Un Proceso Impulsado desde Dentro
A diferencia de lo ocurrido con la llegada de la Segunda República, la Transición fue un proceso impulsado desde dentro del sistema. Juan Carlos I, designado por Franco como sucesor, juró el cargo de Jefe de Estado el 22 de noviembre de 1975. Por lo tanto, no se produjo una ruptura clara con el Régimen. Aunque se basó en pactos entre políticos, la Transición respondió a una fuerte presión social que reclamaba cambios sustanciales. Se considera que fue un proceso complejo, no exento de huelgas y atentados de ETA y GRAPO, que finalmente posibilitó la instauración de la democracia en España.
El Relevo de Arias Navarro por Adolfo Suárez
Con Juan Carlos I en la Jefatura del Estado, Arias Navarro fue confirmado inicialmente como presidente del Gobierno. Sin embargo, su postura intransigente ante los cambios chocó con el deseo del monarca de ser el “rey de todos los españoles”. Sus desavenencias culminaron con su dimisión en julio de 1976, en un contexto de fuerte confrontación política y politización de la vida pública. Juan Carlos I nombró entonces a Adolfo Suárez presidente del Gobierno.
La Ley para la Reforma Política y la Legalización de Partidos
Adolfo Suárez y la LRP
Suárez era un político joven proveniente del Movimiento Nacional, lo que generó desconfianza tanto entre los españoles de mentalidad progresista como entre los políticos veteranos del franquismo. De hecho, tuvo dificultades para formar gobierno y tuvo que recurrir a políticos de su misma generación, procedentes de círculos católicos (como Landelino Lavilla) y del propio Movimiento (como Martín Villa).
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue la aprobación de la Ley para la Reforma Política (LRP). Esta ley establecía las Cortes Bicamerales, compuestas por:
- Congreso: Diputados elegidos por sufragio universal.
- Senado: Una quinta parte de sus miembros designados directamente por el rey.
La LRP fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976. A partir de ese momento, el objetivo principal fue la legalización de los partidos políticos de cara a las elecciones. La integración en el sistema político de los nuevos partidos se produjo a cambio de que suprimieran de sus programas los aspectos que el Gobierno de Suárez consideraba más radicales, tales como el republicanismo, la revolución social, la independencia o la petición de responsabilidades políticas a los dirigentes del franquismo por la vulneración de los Derechos Humanos durante la Dictadura.
Surgimiento de las Principales Fuerzas Políticas
En este contexto, comenzaron a surgir numerosos partidos políticos, entre los que destacaron:
- Alianza Popular (AP): Formación derechista liderada por Manuel Fraga, que representaba el conservadurismo de la clase dirigente del Franquismo.
- Unión de Centro Democrático (UCD): Grupo de centro liderado por Suárez, que reunía a liberales, democristianos y socialdemócratas.
- Partido Socialista Obrero Español (PSOE): Encabezado por Felipe González, con un discurso muy directo dirigido a los trabajadores.
La Legalización del Partido Comunista (PCE)
El punto más complicado en el proceso de legalización fue el del Partido Comunista Español (PCE), liderado por Santiago Carrillo, debido al fuerte anticomunismo difundido durante cuarenta años de dictadura. Suárez preparó su legalización de forma muy discreta, la cual se produjo finalmente durante las vacaciones de Semana Santa de 1977. Este acto generó una fuerte oposición dentro del Ejército y provocó dimisiones en el Gobierno.
A partir de este momento, los partidos nacionalistas adquirieron mayor influencia, especialmente en Cataluña (Esquerra Republicana y Convergència i Unió), que lograron el restablecimiento de la Generalitat en 1977, y el histórico PNV en el País Vasco.
Las Primeras Elecciones Democráticas y la Constitución
Elecciones de 1977 y Pactos de la Moncloa
Las primeras elecciones libres y plurales en España desde 1936 se celebraron el 15 de junio de 1977. Para la traducción de votos en escaños se aplicó la Ley D’Hondt, un sistema que favorece a las grandes formaciones y a las provincias menos pobladas frente a las áreas industriales y urbanas.
El triunfo fue para la UCD de Suárez, que, sin embargo, tuvo que gobernar en solitario, necesitando pactos con otras fuerzas políticas para elaborar una nueva Constitución y constituir el Estado de las Autonomías.
Los Pactos de la Moncloa (1977)
En octubre de ese mismo año se firmaron los conocidos como Pactos de la Moncloa. Este acuerdo trascendental se estableció entre el Gobierno, los principales partidos de la oposición, la patronal (como representante de las empresas) y los sindicatos (en nombre de los trabajadores).
Se trataba de un acuerdo económico y social que proponía un nuevo modelo de relaciones laborales para rebajar la conflictividad social. También contenían regulaciones importantes en materia educativa, de Seguridad Social y de medios de comunicación.
La Constitución de 1978
La redacción de la Constitución comenzó con el trabajo de una Comisión formada por siete miembros pertenecientes a UCD, PSOE, PCE, AP y Minoría Catalana, quienes redactaron un anteproyecto debatido posteriormente en las Cortes.
Se trata de uno de los textos constitucionales más extensos de la Historia de España, contando con 169 artículos. Establece como forma política la monarquía parlamentaria, con el Rey como Jefe del Estado, y consagra la división de poderes:
- Poder Ejecutivo: En manos del Gobierno.
- Poder Legislativo: En las Cortes Generales.
- Poder Judicial: Independiente.
Principios y Derechos Constitucionales
Los principios constitucionales vinculan la libertad con los derechos inviolables que recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, concretando estas ideas básicas en una declaración específica de derechos y garantías de los españoles. El elemento más novedoso que introduce el texto es el reconocimiento del pluralismo político.
En cuanto a deberes, derechos y libertades, la Constitución de 1978 afirma que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, por lo que recoge numerosos derechos de carácter social y económico. Entre ellos se establecen:
- El libre desarrollo de la personalidad.
- El derecho a la educación y a la vivienda.
- La mayoría de edad a los dieciocho años.
- El derecho de sindicación y de huelga, y la libertad de cátedra.
- El derecho a la información.
- El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
- El respeto a la ley y a los derechos de los demás.
Desafíos y Culminación de la Transición
La Transición fue un proceso complejo debido a la coyuntura de crisis económica mundial, la oposición de los sectores franquistas, las reivindicaciones sociales y los continuos atentados terroristas.
El último episodio de resistencia al cambio fue el intento de golpe de Estado del 23F (febrero de 1981), cuyo fracaso aceleró la victoria de la izquierda en las elecciones de octubre de 1982.
La Victoria del PSOE en 1982
Las elecciones de 1982 dieron un vuelco al panorama político español. En cuanto a resultados, el PSOE, un partido homogéneo en planteamientos y liderazgo, logró la primera mayoría absoluta en la democracia española, obteniendo 202 de los 350 escaños posibles.
Esta victoria fue un hito, ya que un partido vinculado al movimiento obrero, combatido y perseguido durante la dictadura franquista, llegaba al poder. La significación de este triunfo electoral, protagonizado por los considerados herederos políticos de quienes habían perdido la Guerra Civil, supuso la culminación del proceso democrático iniciado en 1975 y el fin definitivo de los ideales de la dictadura.