El Proceso de Desamortización y los Cambios Agrarios en España

Desarrollo Histórico del Proceso Desamortizador

La revolución agraria es una condición previa para el desarrollo industrial, ya que la agricultura debe proporcionar alimentos a las ciudades, materias primas, mano de obra sobrante y mercado para los productos industriales. Para que esta se produzca, es necesaria la transformación del sistema de propiedad feudal (vinculada) existente en el Antiguo Régimen por un sistema capitalista (libertad en el uso de la tierra) y la introducción de avances tecnológicos.

La reforma del sistema de propiedad se llevó a cabo mediante las desamortizaciones. En el Antiguo Régimen, gran parte de la tierra era considerada de manos muertas: tierras vinculadas a la nobleza o a la Iglesia que no tributaban ni podían ser vendidas y, por tanto, no podían ser adquiridas por propietarios que les sacaran más rendimientos. También existían las tierras pertenecientes a los ayuntamientos (bienes de propios y comunes), cultivadas o sin cultivar, que ayudaban a subsistir a los campesinos del municipio.

Los primeros en plantear el cambio del sistema de propiedad vinculada por la propiedad libre fueron los ilustrados en el reinado de Carlos III, pero su aplicación se haría posteriormente. El proceso se llevaría a cabo de forma discontinua: la primera desamortización fue la de Godoy y las más importantes, las de Mendizábal y Madoz.

Fases Principales del Proceso Desamortizador

Antecedentes (Carlos III, Godoy y José I)

• Carlos III (1766-1770): Se produjo la venta de algunos bienes estatales (conseguidos en parte por la expropiación de los jesuitas) y municipales con el objetivo de asentar jornaleros sin tierra y mejorar la producción.
• Carlos IV y Manuel Godoy: Con el objetivo de obtener dinero para costear las numerosas guerras en las que España se involucró, se desamortizaron tierras de hospitales, hospicios, cofradías, casas de misericordia, etc.
• José I (1808-1813): Puso en marcha la desamortización de tierras pertenecientes a miembros del clero y de la nobleza que se habían resistido a la invasión francesa. Se desconoce la cantidad de los bienes desamortizados, ya que la mayor parte de ellos volvieron a sus antiguos propietarios.

El Decreto de las Cortes de Cádiz (1813)

En el marco de la importante labor legislativa de las Cortes de Cádiz por desmantelar el Antiguo Régimen, se aprobó el Decreto general de desamortización de 1813. Este preveía la nacionalización y venta de una importante masa de bienes eclesiásticos y civiles, pero no se llevó a la práctica por la llegada de Fernando VII y la instauración del poder absoluto.

La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836-1837)

Será en la década de los 30 del siglo XIX cuando la desamortización entre en su fase definitiva. A través de dos decretos de 1836 y 1837, Juan Álvarez de Mendizábal, nombrado por la Regente María Cristina tras ser presionada por los liberales, ponía en marcha la desamortización de los bienes del clero secular y del clero regular. Estos decretos establecían la disolución de todas las órdenes que no se dedicaran a la enseñanza o la asistencia hospitalaria, y que sus tierras fueran incautadas por el Estado y vendidas.

Los objetivos principales eran:

• Reducir la Deuda Pública y que el Estado pudiera conseguir recursos para vencer al carlismo.
• Crear una base social de propietarios que, a partir de ese momento, estarían muy interesados en el triunfo del liberalismo.

La Ley de Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1835) –de los bienes del clero regular– suprimía numerosas órdenes religiosas. El decreto proponía la venta en lotes pequeños pero rentables, que no podían ser acumulados, con el fin de crear una clase media agraria. Sin embargo, las comisiones municipales fueron las encargadas de hacer los lotes y, al estar controladas por la oligarquía o los campesinos más ricos, hicieron grandes lotes inasequibles a los pequeños propietarios. No se exigió el pago en metálico.

La Desamortización Civil de Madoz (1855)

El siguiente paso en el proceso de desamortización llegó de la mano de Pascual Madoz, ministro durante el Bienio Progresista. La desamortización de Madoz fue una desamortización civil, es decir, afectó fundamentalmente a los bienes del Estado, las órdenes militares, las cofradías y, sobre todo, a los de los ayuntamientos (los llamados bienes de propios y comunes).

El objetivo principal era conseguir recursos para la modernización del país, sobre todo para la construcción de ferrocarriles (asunto en el que España llevaba un retraso considerable).

La Ley General de Desamortización de Madoz (1855) puso en venta las tierras cultivadas del patrimonio municipal, estatal y de las Órdenes Militares, y concluyó la venta de las tierras del clero. Se obligó a los Ayuntamientos a vender las tierras de propios (alquiladas a los vecinos) y los baldíos; se prohibió la venta de tierras comunales (usadas por los vecinos de forma gratuita), pero, como no siempre era fácil diferenciarlas de las anteriores, muchos ayuntamientos también vendieron las tierras comunales. La urgencia por solucionar los problemas financieros del Estado hizo que la desamortización tuviera sobre todo una finalidad recaudatoria: las propiedades eran subastadas y adjudicadas al mejor postor (se exigió el pago en metálico).

Los beneficios obtenidos sirvieron para afrontar el problema de la Deuda Pública, financiar la guerra carlista y poco más. La desamortización no contribuyó a crear la clase media rural que deseaban sus promotores.

Consecuencias del Proceso Desamortizador

Las consecuencias de la desamortización fueron:

• Cambio de propiedad y consolidación del latifundismo: El 40% de la tierra cambió de manos. Los compradores fueron aristócratas o sectores de la burguesía urbana (comerciantes o industriales) que veían la tierra como un signo de prestigio y estabilidad económica. De esta forma, no se creó una clase media rural, sino que se consolidó el latifundismo. La nueva burguesía agraria se comportó como la aristocracia, a la que trataba de imitar, viviendo de las rentas y no convirtiendo sus nuevas propiedades en modernas explotaciones capitalistas, con algunas excepciones.
• Perjuicio a los campesinos: Los pequeños agricultores salieron muy perjudicados al perder los derechos tradicionales de arrendamiento y de uso comunal sobre bosques y prados, con cuyos recursos completaban sus escasas rentas. Empiezan a predominar los jornaleros sin tierra (dos millones). Además, el 95% de los campesinos seguían siendo pequeños propietarios que se encontraban en los niveles mínimos de subsistencia (cinco millones). Por tanto, la desamortización fue una causa directa del aumento de la conflictividad social en el campo.
• Agravamiento de la estructura de la propiedad: El problema de un sistema de propiedad inadecuado se agravó: las grandes propiedades (latifundios) predominaron en el sur, las pequeñas propiedades (minifundios) en el norte y en la huerta de Valencia, y escasearon las propiedades medias. Esto se convirtió en el principal obstáculo para el desarrollo y modernización de la agricultura. Los latifundios se caracterizaron por el desinterés del propietario, la escasa inversión, los bajos rendimientos y el empleo masivo de jornaleros con bajos salarios (paro estacional y analfabetismo). Los minifundios no permitían acumular capital y hacer inversiones.
• Aumento de la producción agraria (temporal): La producción agraria aumentó hasta 1880. La desamortización fue un estímulo para la agricultura, ya que los nuevos dueños querían sacar provecho de lo adquirido. El aumento de la producción agraria se debió al aumento de la superficie cultivada, a veces tierras marginales. La vid tuvo un crecimiento espectacular: la aparición de la filoxera en Francia fue aprovechada por España para convertirse en la primera potencia mundial. Este es el momento en el que se configuran las zonas vitícolas españolas (Rioja, Jerez, Penedés…). Pero, a partir de 1880, se produjo una crisis motivada por la baja productividad agraria, a lo que se sumó la crisis de la viticultura en 1890, cuando la filoxera atacó a las viñas españolas. La crisis agraria se intentó salvar mediante el proteccionismo y una reconversión que llevaría a sustituir el vino por otros productos de exportación como las naranjas, almendras o corcho a comienzos del siglo XX.

En 1900, el 66% de la población activa seguía dedicándose al sector primario, lo que indica una escasa modernización de la agricultura española.

Valoración y Balance Crítico del Proceso

A través de las desamortizaciones, de la abolición de los señoríos, de la supresión del mayorazgo, etc., los liberales convirtieron la tierra en una mercancía que se podía vender y comprar. Este conjunto de cambios forma parte de la sustitución del Antiguo Régimen por una sociedad capitalista.

Logros y Fallos

• Propiedad de la Iglesia: La desamortización desmanteló casi por completo la propiedad de la Iglesia y sus fuentes de riqueza; el diezmo, su otra fuente de ingresos, fue también suprimido en 1837.
• Deuda Pública y Hacienda: No resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo. Se consiguió rescatar 5.000 millones de reales de los 14.000 acumulados y se pusieron a tributar una enorme cantidad de propiedades que hasta entonces habían permanecido exentas, aumentando así los ingresos de la Hacienda.
• Método de Pago: Se hizo de mala manera: para la compra de los bienes enajenados no era imprescindible pagar en dinero metálico, ya que podían pagarse con títulos de la Deuda Pública. Esto favoreció a los especuladores y a los propietarios de tierra que poseían estos títulos, y no a los campesinos modestos como se pretendía. Los nuevos propietarios eran, en general, personas más interesadas en obtener beneficios rápidos que en dedicarse en serio a la agricultura: funcionarios, militares, comerciantes, propietarios y antiguos propietarios de tierras, etc.
• Producción Agraria: No produjo un aumento sostenido de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nuevos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.
• Refuerzo de la Estructura Social: El proceso desamortizador reforzó la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el latifundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros constituyeron la nueva élite terrateniente que detentaría el poder durante el reinado de Isabel II.
• Exclusión de las Clases Humildes: Tanto en el medio rural como en las ciudades, la clase humilde de la nación no podía comprar, bien porque no llegaba información de las subastas, o bien porque se encontraban con subastas amañadas por los potentados locales, que solían estar en connivencia con quienes presidían las subastas. La alta burguesía acaparó los mejores edificios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la periferia.
• Impacto Ambiental: Provocó un proceso de deforestación, pese a las prohibiciones del gobierno en ese sentido.

En realidad, como han puesto de manifiesto muchos historiadores, se perdió una oportunidad muy buena para haber hecho una auténtica reforma agraria, que hubiera puesto la tierra en manos de quienes tenían verdadero interés en ella: los campesinos.