“Puedo prometer y prometo”: Adolfo Suárez y la UCD en la Transición Española

La Transición a la democracia desmontó el franquismo desde dentro, a través del consenso con la oposición de izquierda. Su punto de partida se sitúa en la muerte de Franco en 1975 y el ascenso a la Jefatura del Estado del rey Juan Carlos I. Tras el cese de Arias Navarro, el rey nombró en 1976 jefe de Gobierno a un hombre del sector aperturista del régimen, Adolfo Suárez, líder de un nuevo partido, la Unión de Centro Democrático (UCD), que agrupaba a franquistas moderados, socialdemócratas y democristianos. Suárez puso en marcha la Ley para la Reforma Política (1976), que afirmaba los valores democráticos (sufragio universal, soberanía nacional, división de poderes) y legalizó los partidos políticos (incluidos PSOE y PCE), condiciones esenciales previas para poder celebrar elecciones a Cortes Constituyentes. Estas se celebraron en junio de 1977 y la UCD obtuvo la victoria, pero sin mayoría absoluta. Tal situación obligó a Suárez a buscar el consenso con otras fuerzas políticas, como se evidenció en los Pactos de la Moncloa, firmados por el Gobierno, los empresarios, sindicatos y partidos para hacer frente a la fuerte crisis económica. El consenso entre las principales fuerzas políticas (UCD, PSOE, PCE, AP, CiU) estuvo también detrás de la nueva Constitución, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, que establecía la monarquía parlamentaria y creaba el Estado de las Autonomías. El acuerdo con los nacionalistas permitió la aprobación de los Estatutos de Autonomía de Cataluña y País Vasco en 1979. En las elecciones de 1979, la UCD volvió a ganar sin mayoría absoluta, pero surgían ya fuertes divergencias internas en su seno (Ley del Divorcio, generalización de las autonomías) que condujeron a la dimisión en 1981 de Adolfo Suárez.

La Integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE)

En 1982, el PSOE ganó las elecciones. El nuevo Gobierno, liderado por Felipe González, convirtió en su gran objetivo romper el histórico aislamiento del país, lo que suponía la integración de España en la Comunidad Económica Europea (CEE). Esta se produjo en 1986 con la firma del Tratado de Adhesión de España y Portugal. La integración favoreció la llegada de inversiones extranjeras y España se vio beneficiada de las ayudas de la Comunidad Europea a los países más pobres, gracias a la llegada masiva de los llamados fondos de cohesión, que ayudaron a reactivar la economía, sirviendo para mejorar las infraestructuras de comunicación del país y desarrollar el Estado del Bienestar. Con la integración se abolieron progresivamente los obstáculos para la libre circulación de mercancías y personas entre España y el resto de países miembros, lo que supuso la creación de un Mercado Único Europeo. Esto implicó dos cosas: nos integrábamos en un mercado de gran tamaño y no podíamos aplicar barreras aduaneras y aranceles para evitar la competencia de los productos de los restantes países miembros. Se rompía así con la tradición proteccionista del siglo XX español y aumentaban las exigencias de competitividad para nuestras empresas. La culminación de este proceso de unidad se produjo en 1993 con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht (firmado en 1992), que supuso la creación de la Unión Europea y sentó las bases de la actual Unión Económica y Monetaria. En 2002, la moneda única europea, el euro, sustituyó a la peseta.

La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías

A partir del consenso, representantes de los principales partidos políticos (UCD, PSOE, PCE, AP, CiU) elaboraron un proyecto de Constitución, aprobado en referéndum el 6 de diciembre de 1978. En ella se definía España como un Estado social y democrático de Derecho cuya forma era la monarquía parlamentaria: establecía un Estado liberal y democrático (sufragio universal, división de poderes, soberanía nacional), el predominio del poder legislativo en manos de unas Cortes bicamerales (Congreso y Senado), la reducción de los poderes de la monarquía (papel simbólico), una amplia declaración de derechos individuales y un Estado aconfesional. A nivel económico, establecía un modelo mixto, defensor de la propiedad privada y el mercado libre, pero también de la intervención estatal en la vida socioeconómica (Estado del Bienestar). Más problemática fue la cuestión territorial. En su Título VIII promovía un Estado descentralizado (reconocía los fueros vasco-navarros y los gobiernos regionales autónomos); pero, por otro lado, en el artículo 2 se defendía la unidad nacional y la indivisibilidad de la soberanía española, lo que supuso el rechazo de los nacionalistas vascos. El nuevo Estado de las Autonomías se generalizó a todo el territorio, que fue dividido en comunidades autónomas, en contra de aquellos que defendían tan solo los derechos de los territorios históricos (Cataluña, Euskadi y Galicia). Se establecieron dos vías de acceso: una rápida para las comunidades históricas más Andalucía, que se acogía al artículo 151 de la Constitución, y otra vía lenta para el resto (art. 143).